El Banco Central (BCU) presentó dos investigaciones, una del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y otra de CPA Ferrere, en la que se busca contribuir al debate público sobre el nivel de precios en la economía local. El CED presentó un análisis enfocado en los desvíos a la “ley de un solo precio”, del que se concluye que “Uruguay sería 27% más caro que el promedio de 43 economías en 2017”, mientras que CPA se enfocó en el impacto a la baja en los precios que tendría la apertura de las importaciones de frutas y verduras.
El BCU realizó ayer jueves una presentación de los trabajos de investigación, que surgieron de una convocatoria a investigadores externos, que permitieran cuantificar los efectos del nivel de precios; ayudar a entender los factores detrás de las diferencias con otros países; y contribuir a la conversación pública sobre el tema.
La presentación estuvo a cargo de los autores de las investigaciones: Ignacio Umpierrez del CED, y Alfonso Capurro de CPA Ferrere, en una instancia que contó con la participación del presidente del BCU, Diego Labat; el vicepresidente del BCU, Washington Ribeiro; el gerente de Asesoría Económica del BCU, Gerardo Licandro; y el comisionado de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía, Daniel Ferrés.
Abrí la puerta
Al presentar el trabajo realizado por CPA Ferrere, Alfonso Capurro remarcó que, si bien se suele abordar el análisis de precios de la economía en base a aspectos macroeconómicos, la investigación tiene un “enfoque en lo microeconómico”, al analizar las regulaciones que influyen en la fijación de precios en la economía uruguaya. Explicó que algunas regulaciones surgen con una motivación bromatológica de control, pero terminan generando un impacto en los precios. La investigación se enfocó en los precios de frutas y verduras, productos que tienen un elevado peso dentro de la canasta del Índice de Precios al Consumo (IPC) y que “son muy volátiles”.
De acuerdo al estudio, en Uruguay hay unos 5.000 establecimientos que producen frutas y verduras, la mayoría empresas familiares, y que representan un “área pequeña del país”, principalmente en la zona sur y litoral norte. Su producción se destina mayormente a consumo interno, un 5% va la industria y tan solo un 1% se exporta. A su vez, dos tercios de los trabajadores son asalariados y presentan una mayor tasa de informalidad que el resto de la población. Asimismo, la incidencia de las importaciones es “casi nula” en el mercado, y la mayoría de los productos que se consumen son de producción nacional. En ese sentido, Capurro se cuestionó, “¿por qué no se importa? ¿Porque somos eficientes o porque hay barreras?”.
En cuanto a los resultados, el estudio mostró que las importaciones de las manzanas, tomates, zanahorias, cebollas, morrones y papas, se disparan cuando hay problemas severos de oferta que encarecen mucho el consumo interno, como lo fue la sequía el año pasado. Las compras provienen mayormente de Brasil y Argentina, y -en menor medida- de Chile y Europa.
De esta forma, la investigación concluyó que, habilitando la importación desde Brasil, se habrían bajado los precios, con un impacto de entre 0,6 y 0,7 puntos a la baja del IPC. “El nivel de precios de la última década habría sido en promedio 0,6% más bajo y de 2,4% en el índice de alimentos y bebidas”, detalló Capurro.
El estudio destaca que la apertura de las importaciones para estos productos generaría una mejora en el bienestar de los consumidores, aunque los trabajadores y productores del sector podrían verse perjudicados. En tal sentido, se aclara que el documento no realiza un análisis desde la óptica del bienestar general, sino que hace un análisis parcial enfocado en precios.
Ley de un solo precio
Por su parte, el estudio del CED se enfoca en los desvíos a la ley de un solo precio (LOP, por sus siglas en ingles) en Uruguay y que impacto tienen en el bienestar del consumidor. La LOP establece que, en un mundo sin fricciones, los precios de productos idénticos serían iguales en todas las ubicaciones geográficas. Sin embargo, la evidencia empírica revela que el mundo está lejos de ser sin fricciones, y que las diferencias de precios entre distintas ubicaciones geográficas suelen ser considerables y persistentes.
En este marco, de acuerdo a datos del Banco Mundial e institutos de estadística, el informe del CED marca que “Uruguay sería 27% más caro que el promedio de 43 economías en 2017”. Los mayores desvíos ocurren en mercados con alta oferta de productos importados como alimentos, higiene y tecnología. Estas diferencias de precios persistirían en el tiempo más allá de la volatilidad cambiaria, sugiriendo un «efecto país» relacionado a condiciones de mercado y competitividad.
Una eliminación de desvíos en 47% de la canasta del IPC uruguayo implicaría una rebaja de 1,2 puntos porcentuales en el indicador. El mayor efecto provendría de productos de higiene personal, alimentos y electrónica, con fuerte impacto regresivo dada la proporción del gasto de estos productos según deciles de ingreso.
De acuerdo al estudio del CED, las mayores regulaciones laborales y tasas impositivas están relacionados a los desvíos a la LOP en Uruguay. De la otra parte, la mayor proporción de insumos importados se destaca como una variable estadísticamente significativa correlacionada con los desvíos a la LOP. En tal sentido, advierte que la prevalencia de barreras no arancelarias y la competencia a nivel doméstico parecen factores relevantes en la formulación de precios. Asimismo, se advierte por un nivel de concentración moderada a alta en la mayoría de los productos estudiados.
“Estos desvíos tienen implicaciones significativas en el bienestar del consumidor y en la asignación de recursos. Reducir estas brechas requerirá de esfuerzos para aumentar la competencia y competitividad de mercados, especialmente aquellos con alta participación de producción importada”, señala el estudio del CED.
