Uruguay volvió a ubicarse en el puesto 65 sobre 162 economías en un índice global sobre libertad económica, lo que representa “un resultado global positivo”, según destaca un informe del CED (Centro de Estudios para el Desarrollo). De todas formas, advierte que al analizar las áreas que componen el índice se constatan resultados diversos, con buenas posiciones en estabilidad de la moneda y libertad de comercio internacional, pero un resultado intermedio en tamaño del estado y regulación, y un mal puntaje en marco legal y derechos de propiedad.
Los datos surgen del Índice de Libertad Económica 2018 elaborado por el Fraser Institute de Canadá, y copublicado en Uruguay por el Centro de Estudios para el Desarrollo, que por tercer año consecutivo realizó un informe especial sobre Uruguay.
De acuerdo a las entidades que realizan el relevamiento, el informe de 2018 muestra “evidencia contundente respecto de los beneficios económicos y sociales que presenta la libertad económica para los países”. “A mayor libertad económica se encuentra un mayor ingreso por habitante, en especial para las personas más pobres de cada país, menores porcentajes de pobreza e indigencia, más respeto por el medio ambiente, menor brecha de género, mayor expectativa de vida, entre otros”, destaca el comunicado publicado por el CED.
Tras haber alcanzado el puesto 37 en el ranking en el año 2011, con un puntaje de 7,39 puntos en una escala que va de 0 a 10, Uruguay ha ido perdiendo posiciones, hasta ocupar en la actualidad el puesto 65 del ranking global. Sin embargo, ello no se debe tanto a la pérdida de puntos, Uruguay presentó un puntaje de 7,16 en este informe, sino principalmente al fuerte aumento de otros países, como por ejemplo Perú, que sustituyó a nuestro país como el segundo más libre en América del Sur. En la región, Chile, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Perú, Nicaragua y Dominicana obtienen mejores puntajes que Uruguay.
Liberté, égalité, fraternité
El Índice de Libertad Económica (ILE), que se elabora desde el año 1996, mide el grado en que las políticas e instituciones de un país apoyan la libertad económica. En ese sentido, establece que “las piedras angulares” de la libertad económica son la libertad individual, el intercambio voluntario, la libertad de entrar y salir de mercados y competir, y la seguridad personal y de la propiedad privada. El ILE está compuesto por 42 indicadores, que se agrupan en cinco grandes áreas: Tamaño del Estado; Marco Legal y Derecho de Propiedad; Acceso a una moneda estable; Libertad de comercio internacional; y Regulación del crédito, el trabajo y los negocios.
Desde que comenzó a relevarse el indicador general, se observó “una importante correlación positiva entre mayores puntajes de libertad económica y resultados económicos y sociales positivos para los países de todas las regiones del mundo”. “El informe del presente año no es la excepción”, subraya.
En el ILE 2018 los países que encabezan el ranking son Hong Kong (8,97), Singapur (8,84), Nueva Zelanda (8,49), Suiza (8,39) e Irlanda (8,07). El primer latinoamericano en aparecer es Chile en el puesto 15 con un puntaje de 7,80. Los países con los peores puntajes son República del Congo (5,02), Syria (5,02), Argelia (4,99), Argentina (4,84), Libia (4,74) y Venezuela (2,82).
Al agrupar los países en cuartiles según su puntaje de libertad económica, se constata en primer lugar que existe “una estrecha correlación positiva entre la libertad económica y la calidad de vida de los habitantes de un país”. El informe fundamenta que mientras los países con mayor libertad económica tienen un ingreso por habitante de 40.376 dólares, los menos libres tienen un ingreso por habitante de solo 5.649 dólares.
También se advierte que “no es cierto” el argumento de que la libertad económica logra un mayor crecimiento pero generando una mayor desigualdad. “El porcentaje del ingreso del 10% más pobre de la población es independiente del grado de libertad económica. Pero (…) el ingreso por habitante en los países menos libre es solo de 1.345 dólares mientras que en los más libres es de 10.660 dólares, casi exactamente 10 veces mayor”, detalla el documento. Estos datos confirman que las personas más pobres viven sustancialmente mejor en los países más libres que en los menos libres.
Asimismo, el ILE 2018 también constata que la mayor libertad económica se refleja en mayores derechos civiles y políticos, una menor brecha de género y mayor expectativa de vida entre otros aspectos positivos. “Es indudable que si a cada individuo se le diera a elegir en qué país prefiere vivir en base a información objetiva preferiría un país con un elevado puntaje de libertad económica. Y para quienes no viven en ese tipo de países, sería sensato promover reformas que aumentaran la libertad económica”, sostiene.
Estabilizados
Uruguay tuvo en este informe un puntaje de libertad económica de 7,16 puntos, ubicándose en el puesto 65 a nivel global sobre 162 economías, y colocándolo en el segundo cuartil de países con mayor libertad económica. De todas formas, se advierte que aunque Uruguay obtiene un resultado global positivo, puede observarse una gran disparidad entre las distintas áreas que componen el índice: los mejores puntajes se ubican en Moneda estable (8,97) y Libertad de Comercio Internacional (7,79), en un término medio estaría Tamaño del Estado (6,84) y Regulación (6,82) y el peor puntaje lo registra Marco legal y derechos de propiedad (5,36). En la comparación internacional, la libertad para comerciar internacionalmente es donde se obtiene el mejor lugar ocupando el puesto 48 mientras que en el capítulo de regulación donde quedamos peor posicionados (102/162). Dentro de la libertad para comerciar hay subindicadores que nos posicionan en lo más alto de la tabla, como la ausencia de mercados negros de moneda y de controles de capitales. Por el contrario hay otros componentes en los que el resultado es peor como todo lo referente a barreras al comercio.
Por el contrario, cuando analizamos el área de regulación, se observa que la regulación del mercado de créditos nos ubica en la posición 123 y la del mercado laboral en la 92. Dentro de esta última el puntaje es particularmente malo en la libertad para contratar y despedir trabajadores.
La “estabilidad de la moneda” ocupa el puesto 71, algo por debajo de nuestra posición promedio en el ILE 2018. “Parece claro que los niveles de inflación y varianza de la inflación, mayores a los de la mayoría de los restantes países, perjudican este componente. Por el contrario, la libertad para tener cuentas bancarias en moneda extranjera obtiene el mayor puntaje”, detalla.
“Uruguay debe encaminarse hacia un modelo que propicie una mayor libertad económica y política para poder alcanzar el grado de desarrollo económico y social al que aspiramos”
En cuanto al “sistema legal y derechos de propiedad” la posición es intermedia pero con claros espacios de mejora. Se destaca el bajo puntaje obtenido en la aplicación legal de los contratos (3.59), los costos empresariales del crimen (4,44) y en particular el deterioro en los últimos años de la imparcialidad de las cortes que era 6,67 en el 2000 y fue 4,36 en 2016. Por el contrario, la independencia judicial sigue siendo un importante activo de nuestro país con un puntaje de 7,65.
En términos históricos, se advierte que el puntaje de Uruguay muestra “pequeñas variaciones” y “oscila en torno a valores apenas superiores a los 7 puntos”. “Luego de la crisis del 2002 el indicador mejora fundamentalmente por una mayor estabilidad monetaria y en los últimos años se destaca la tendencia a la baja en el valor del indicador, con la excepción del año pasado donde nuestro país cambia la tendencia y mejora su puntaje que se mantiene casi incambiado el presente año”, describe.
En cuanto a la posición en el ranking, se sostiene que luego de ocupar el puesto 37 en 2011 Uruguay cayó al puesto 54 en 2013 y en 2016 se ubicó en la posición 65 que se mantiene en la actualidad.
“Podemos concluir en base a los resultados expuestos que Uruguay debe encaminarse hacia un modelo que propicie una mayor libertad económica y política para poder alcanzar el grado de desarrollo económico y social al que aspiramos. En definitiva, es el camino para llegar a ser un país desarrollado, más libre, justo y próspero”, concluye el CED en su informe.
