Pablo Zerbino, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU)
La búsqueda de mejores políticas macro y sectoriales en lo que refiere a la producción agrícola es el objetivo de la ARU. La economía depende de este rubro, por eso se exigen mejoras en el ámbito.
¿Cómo imagina a la ARU en el mediano y largo plazo, y jugando qué rol, teniendo en cuenta que es una organización inmersa en un sector como el de los agronegocios, que está en continua transformación, pero, a la vez, muy dependiente de factores externos como el clima, la demanda, los precios internacionales, etc.?
Imagino una Asociación Rural en la misma función y con el mismo compromiso de toda la vida, el que ha tenido desde su fundación en el año 1871, es decir, con la misma preocupación por la defensa y el fomento de los intereses de la producción agraria e industria complementarias y derivadas, así como la promoción de los trabajadores rurales de todo el país en todos los planos humanos.
El mundo está en continua transformación, por lo que nuestra Asociación debe, necesariamente, adaptarse a los cambios, a las transformaciones, y hacerlo sin dejar de lado nuestra idiosincrasia, respetando las características que definen -y han definido- a nuestro país. A su vez, rescatando la forma de integración al mundo comercial que nos han permitido desarrollar sistemas de producción confiables, ofreciendo así materias primas de alta calidad y seguridad sanitaria, aceptada por los mercados más exigentes.
Tanto el clima como los precios internacionales no los hemos manejado ni lo vamos a lograr nunca. En cuanto al clima, es notorio el avance en el mundo sobre los pronósticos de mediano y largo plazo. Estos se van a seguir perfeccionando, y es así cómo serán cada vez más aliados del productor en el momento de decidir la siembra de sus cultivos en función de las expectativas climáticas durante el ciclo vegetativo y de cosecha del cultivo en cuestión. Uruguay dispone hoy de una ley de riego que procura una mejora de las disposiciones anteriores en la materia. Es de esperar que una vez puesta en práctica, con el adecuado entrenamiento, sea un elemento fundamental para controlar el déficit hídrico, uno de los peores factores que inciden negativamente en los rendimientos de los cultivos de secano.
En cuanto a la demanda, es responsabilidad de todos cuidarla, tanto de los productores como de quienes tienen la obligación de preservar nuestras condiciones de producción y nuestra credibilidad en el concierto internacional para mantener el interés al máximo por todos y cada uno de los productos generados en el país.
¿Qué tareas fundamentales debería encarar el próximo gobierno en forma prioritaria pensando en el desarrollo del sector de los agronegocios?
Todavía falta un largo trecho para el próximo gobierno, por lo que la esperanza -y por esa esperanza es que hemos trabajado y seguimos trabajando- es que las acciones más tarde que nunca las tome el actual gobierno en aras de impedir que el deterioro general del agronegocio continúe, y en ese tobogán sigamos perdiendo productores y puestos de trabajo como consecuencia de una menor inversión tanto interna como externa.
Toda economía que gasta más de lo que genera, genera, y valga la redundancia, endeudamiento. Si éste no es corregido en tiempo y forma, provoca gradual y progresivamente un descalabro a nivel socio económico que termina en déficit fiscal.
El déficit fiscal es la madre del borrego y de todos los males que afectan al sector productivo, al empleo, al empresario y al país. Así como el déficit fiscal se formaliza gradualmente, no es posible solucionarlo de golpe, sus raíces son profundas y las consecuencias pueden ser muy caras y dolorosas en muchos estratos de la sociedad, en particular entre los más desprotegidos.
El principal desafío es bajar el déficit fiscal. Esto le va a mejorar la competitividad a todo el sector productivo, básicamente al exportador.
Sabemos que no es sencillo trabajar sobre el déficit fiscal, debemos sí trabajar sobre el gasto público. El gasto público es una estructura que vive de los impuestos. En los últimos años, el gasto público ha pasado a ser el 34% del producto bruto interno; hoy está en US$ 5.400.000.000 por año.
Sumado a esto, el gobierno debe atender inmediatamente los costos de producción. La forma más rápida de mejorar la competitividad del sector productivo pasa por mejorar los costos de producción; tanto energía eléctrica, como combustibles. Uruguay está despegado en la región y en mundo en los costos para producir y para agregar valor, por lo que se hace imprescindible ajustar estas variables a la realidad productiva actual.
Otro capítulo que incide en la menor competitividad, y que también implica, costos refiere a la gran cantidad de regulaciones a la que se ve enfrentado quien pretenda llevar a cabo actividades productivas. Estamos sobresaturados de regulaciones y trámites que inciden directamente en la gestión de las empresas y deberían ser revisados uno por uno. Seguramente no afectan las finanzas públicas, y hasta permitirían reducir el costo de un Estado sobre estructurado a partir de una madeja que infiltra la vida privada y complica en grado extremo la actividad de los ciudadanos.
En otro orden, se hace imprescindible revisar y modificar cuanto antes la política de inserción internacional. El contexto internacional nos presenta una OMC disminuida en su incidencia en el multilateralismo, con una Ronda Doha donde nuestra principal preocupación -la eliminación a las distorsiones en los mercados de productos agrícolas- ha sido menospreciada desde aquella declaración que promovía la supresión de las ayudas agrícolas lograda en la Cumbre Ministerial de Nairobi, en el 2015. Desde entonces, transcurrieron tres años, con una nueva cumbre ministerial el año pasado en Buenos Aires; pero aquella decisión no parece haber tenido mayor incidencia en el comercio mundial de productos de origen agropecuario. Más aún, la irrupción del actual presidente de los Estados Unidos con sus arrebatos proteccionistas y descrédito a la institucionalidad internacional ha aumentado aún más las incertidumbres y la credibilidad de la OMC como órgano rector del comercio mundial. Y esta guerra comercial, instalada con China y con la Unión Europea, solo opera en contra de nuestros intereses por acceder a un mercado mundial donde las normas multilaterales pongan a resguardo a las economías más débiles de los arrebatos de los países industrializados.
Todos somos conscientes de los cambios ocurridos a nivel del comercio mundial en los últimos años, con la fuerte demanda proveniente de China, a la que se sumará India y dónde los acuerdos de libre comercio que se han implementado entre países inteligentes procuran consolidar canales de comercialización a resguardo de las intemperancias de un comercio mundial debilitado en sus formalidades. En este contexto no es lógico, ni posible, que una minoría dentro del partido de gobierno impida o condicione acuerdos que son reclamados a gritos por la exportación, el propio Parlamento y las secretarías de estado más vinculadas al sector productivo.
“La forma más rápida de mejorar la competitividad del sector productivo pasa por mejorar los costos de producción; tanto energía eléctrica, como combustibles”.
¿Cuáles son los temas en que Uruguay, como país, tendría que poner énfasis, sin importar nivel ni sector de actividad, apuntando a un mayor desarrollo de su sociedad y de su economía en la próxima década?
Desde el punto de vista social, debemos apuntar a mejorar la educación. Hemos visto caer el nivel educativo de nuestro país en forma alarmante. Son necesarias reformas estructurales fundamentales para, a través de una buena educación, mejorar la inserción de los jóvenes al mundo laboral y así lograr una mejor calidad de vida basada en valores éticos y morales acordes a una vida digna y fructífera para beneficio propio y de toda la sociedad.
Otro capítulo en el que el sector público esta omiso refiere a la inversión en infraestructura. Históricamente, el país invirtió entre 3.5 % y 3.7 % del PBI; en los últimos años no pasamos de invertir 2.2 % del producto. Las deficiencias en infraestructura afectan por igual a la producción que debe ser llevada a los puertos para ser exportada como a la población rural en su calidad de vida. Peor aún, existe un evidente desfasaje en la inversión para acceder al Uruguay turístico con el necesario para recorrer el país rural profundo.
Desde el punto de vista laboral, debemos desregular la política salarial; la actual no reconoce las dificultades del empresario y no hace más que ahondar las dificultades para mantener el pleno empleo y, consecuentemente, disminuye las oportunidades laborales, como ya lo hemos venido advirtiendo.
Una última reflexión: como economía pequeña que somos frente al mundo, Uruguay debe ser un gran exportador. Sin embargo, nuestra relación entre exportación de bienes y servicios con respecto al PBI es del 23%, mientras que las economías pequeñas exitosas tienen una relación del 55%. En ese sentido, algunos países -los exitosos- exportan muchos bienes y servicios; otros, en cambio, mucha gente.
Tenemos la obligación de potenciar todos y cada uno de los sectores competitivos, es decir, los agronegocios, los servicios turísticos, los servicios globales, etc. No hay margen para desaprovechar oportunidades; al país no le sobran.
