Luis Mosca, economista, exministro de Economía y Finanzas e integrante del consejo editorial de Empresas & Negocios
En su opinión, el déficit fiscal condiciónó la gestión económica de la actual administración y tuvo sus derivaciones sobre el tipo de cambio real y en la pérdida de competitividad. A la hora de realizar sus previsiones para el 2019, en medio de una economía en desaceleración, opina que se seguirá con problemas en el tema deuda pública y con persistentes inconvenientes en el mercado de trabajo.
En materia económica, repasando lo hecho en esta última administración de gobierno, ¿qué se puede rescatar y en qué temas- si así lo considera-, se desvió de rumbo?
Esta última administración ingresó con un abultado déficit fiscal y un excesivo nivel del gasto público. Se llevaron a cabo tres ajustes fiscales. Del 1.1% al 1.3% del PBI, en el 2015; del 1.4% al 1.5% del PBI, en el 2016; y del 0.7% al 0.8% del PBI, en el 2017. Y en el 2018, el tradicional ajuste de las franjas para el pago del IRPF se hizo nuevamente por el IPC y no por IMS (Índice Medio de Salarios), lo que implicó un miniajuste superior al 0.1% del PBI.
En total, entonces, en cuatro años, el ajuste impositivo se ubicó entre un 3.3% y un 3.7% del PBI.
Pese a ello, el déficit fiscal global se mantuvo por encima del 3.5% del PBI desde fines del 2014.
Y la presión fiscal, medida como corresponde, por el gasto público global (incluyendo cajas para-estatales y empresas satélites, propiedad de entes autónomos como Ancap) se ubicó próxima al 38% del PBI. Excesivamente alto. Esta circunstancia, ciertamente, condicionó a la gestión económica, tuvo sus derivaciones sobre el tipo de cambio real y sobre la pérdida de competitividad de la economía.
¿Cuáles fueron las debilidades y cuáles las fortalezas que tuvo el gobierno en materia económica?
Todos los recursos asociados a los ajustes fiscales fueron gastados. No hubo ninguna reforma relevante en el sector público, ni en la Administración Central, ni en las empresas públicas; aunque en estas últimas se restableció el orden en lugares que, como en Ancap, era un desquicio absoluto.
El mérito, entonces, se centra en evitar un desmadre mayor y de frenar algunas propuestas inconvenientes en materia de incrementos de impuestos planteadas por algunos sectores de la coalición de gobierno. Otras no se pudieron frenar, como la mala solución planteada a través de la denominada “ley de los cincuentones”, que fuera finalmente aprobada.
¿Qué desafíos tiene el país en materia económica en 2019, teniendo en cuenta que es año electoral y que todos los anuncios apuntan a una desaceleración de la economía y que contexto regional aparece como complicado?
Tanto en el 2019 como en el 2020, de acuerdo a la última rendición de cuentas, se prevé un incremento de gastos de unos US$ 150 millones por año. Se confía en financiarlo con mejoras en la recaudación, asociadas a un crecimiento proyectado que luce ciertamente muy optimista (3.3% y 3.0%, en 2019 y 2020, respectivamente).
O sea, que seguiríamos transitando por un sendero de la deuda pública que no es sustentable. La deuda bruta del sector público crecería al 71% s/PBI a fines del 2019. Esto con un nivel de actividad económica que se desaceleraría (en el 2018 se alcanzaría en promedio una tasa algo superior al 2%) y con persistentes problemas en el mercado de trabajo.
Se incrementaría la pérdida de empleos que, como es sabido, en el último cuatrienio superó los
55.000 y también más personas abandonarían la búsqueda de trabajo por no encontrar solución.
Más de 30.000 personas desistieron de dicha búsqueda en el período setiembre 2014/setiembre 2018.
Ni el año electoral facilita la puesta en práctica de programas ni reformas, ni tampoco da la impresión de que la administración tenga fuerza para afrontar estos problemas.
Pensando más allá del 2019, ¿qué medidas fundamentales deberían formar parte de la agenda y estrategia económica del próximo gobierno?
Mucho se ha hablado sobre la agenda básica para afrontar los principales desafíos desde el primer minuto del próximo período de gobierno.
Menciono alguno de ellos:
– Fortalecer la inserción internacional mediante la concreción de acuerdos comerciales con otros países, levantando las restricciones de orden ideológico que nos inhibieron durante varios años.
– Terminar con las proclamas sobre educación y actuar. En particular, nos interesa agregar este punto. Las empresas modernas se edifican alrededor de plataformas y redes; con fuertes inversiones en los denominados activos intangibles. Ya no sería tan relevante la inversión de capital en maquinaria y equipos. Y eso naturalmente que afecta al empleo. Se pierden y van a perder más empleos. Esto sólo cambia si la educación y los niveles de habilidad se mantienen por delante del ritmo de cambio tecnológico.
Hay que desarrollar programas de estímulo para facilitarle este proceso a las empresas. Y también hay que disponer de un marco normativo con incentivos para la radicación de proyectos asociados a la economía digital en el país.
– Plan fiscal que asuma medidas de corto y largo plazo. Dicho plan debería ir desde el congelamiento del gasto público en términos reales y de severas restricciones al ingreso a la función pública, hasta la confección de un presupuesto que se plantee un proyecto de reestructura, de rediseño de la Administración Central (recordar la “matriz de esencialidad” confeccionada en la Ley de Presupuesto de 1995).
Debería ir acompañado por un proyecto de regla fiscal que sea sustentable a largo plazo. Y también debería llevarse a cabo una revisión de la gobernanza de las empresas públicas, complementado con la exigencia de topear el precio de todo servicio público, cuyo ajuste debería asociarse al precio de la paridad de importación.
A su vez, debería también, rápidamente, llevarse a cabo una revisión de la normativa previsional. En 1995, año en que se aprobó la ley de reforma de la seguridad social que estableció el régimen mixto, los egresos totales del BPS por pasividades eran aproximadamente equivalentes al 10% del PBI. Luego se ajustaron a la baja y en los últimos años volvieron a crecer. Ya representan en la actualidad un 8.8% s/PBI.
Habría que adicionar los servicios a activos (seguros de desempleo, etc.) y el Fonasa, cuyo gasto total supera actualmente al 6.5% s/PBI.
Hay que revertir leyes y medidas administrativas del año 2007/2008 (exceso de jubilaciones por incapacidad y de beneficios jubilatorios con la prueba de testigos).
Y también hay que modificar la edad de retiro, como se está haciendo o ya se hizo en muchos países y/o graduar la tasa de reemplazo incentivando el retiro en forma tardía.
