Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)
El principal desafío para la Cámara de Industrias del Uruguay es volver a obtener rentabilidad para recuperar lo invertido. De todas maneras, el sector reconoce que la situación no es de las más favorables para lograr el objetivo con soltura.
¿Cuáles son las expectativas que tiene para el sector en 2019, sin perder de vista que es un año electoral y que todos los anuncios apuntan a una desaceleración de la economía?
No tenemos argumentos para pensar que la actividad privada no siga estancada como desde 2014. Seguimos perdiendo competitividad con la región y con los países de extrazona. Por ejemplo, en 2018 Uruguay devaluó 12%, nuevamente mucho menos que Brasil (18%) y Argentina (100%). Como venimos alertando, el PIB de Uruguay crece por los sectores donde prima la actividad pública, como las telecomunicaciones o la energía, que además no generan empleo. Por el contrario, la actividad empresarial no está aumentado la producción por los altos costos y la baja rentabilidad, con impactos muy negativos en el empleo, las empresas y la inversión.
En ese contexto que hablábamos antes, ¿cuáles son los desafíos que tiene por delante el sector y cuáles los temas de preocupación?
El principal desafío es volver a obtener rentabilidad para cubrir el retorno del capital invertido dados los riesgos del negocio industrial. Tenemos muchas empresas con graves dificultades por los altos costos, discontinuando líneas de producción, reduciendo personal o, directamente, cerrando. En este camino no podemos pensar en que haya nuevas inversiones, que son la fuente genuina de crecimiento y riqueza económica.
¿Qué le pediría al próximo gobierno?
Lo mismo que le pedimos a este gobierno, que todavía tiene mucho tiempo para hacer. Pedimos que se reduzca y mejore la calidad del gasto público, que no se malgaste el dinero de los uruguayos. El manejo fiscal y la inflación inciden en el tipo de cambio, por lo cual hay que mejorar el manejo macroeconómico y alinear dichas variables a niveles de países del primer mundo. Además, pedimos que se modifiquen las normas que impiden un adecuado funcionamiento del mercado laboral, adoptando las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También necesitamos que las empresas públicas provean bienes y servicios a precios razonables, que se fijen las tarifas de acuerdo a los costos y no a las necesidades del gobierno de turno. Para ello, es necesario fortalecer e independizar, como era su contenido original, a las unidades reguladoras y mejorar las prácticas de gobierno en las empresas públicas. Por último, necesitamos mejores condiciones de acceso en los mercados internacionales, con acuerdos equilibrados.
