MARIO ARIZTI, MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
El balance del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en 2024 es positivo: se recuperaron empleos perdidos, se redujo el desempleo al 7,3% y la informalidad cayó al 21,7%. Se destacan la implementación de la RedEmpleoUy, avances en derechos laborales y la reforma previsional. Los desafíos para 2025 incluyen consolidar reformas, abordar la inteligencia artificial en el empleo y mejorar la formación laboral.
¿Qué balance hace de este año en lo que respecta a la gestión del MTSS?
El balance es muy positivo y se refleja en los indicadores del mercado de trabajo, los cuales muestran un aumento en la tasa de actividad (64,3%), de empleo (59,6%), alcanzando niveles de 2015 y 2016, junto a una disminución de la tasa de desempleo, la cual en octubre de 2024 se ubica en 7,3%. Por otra parte, la informalidad se ubica en un 21,7%, al menos 3% por debajo del quinquenio 2015-2019.
En este año impulsamos, con el subsecretario Daniel Pérez, experto en políticas de empleo, la RedEmpleoUy, que nuclea en su primera fase a más de 20 instituciones públicas, teniendo previsto incorporar al sector privado y organizaciones de la sociedad civil y que en breve contará con una nueva plataforma digital y una aplicación móvil disponible para la ciudadanía.
Terminamos 2024 constatando que a pesar de todos los infortunios económicos se ha logrado un buen desempeño a nivel de empleo. Hemos recuperado todos los empleos perdidos por la pandemia, y también los que se habían perdido entre 2015-2019. Esta recuperación, junto con la creación de nuevos empleos, permite decir con satisfacción que a octubre de 2024 hay unas 90.000 personas más aportando al BPS que en octubre de 2019.
En setiembre de 2024 había casi 40.000 personas en seguro de paro, lo cual representa una baja de 10.000 personas con ese subsidio respecto al mismo mes de 2019. Además, desde 2020 se amplió el acceso al seguro de paro: por suspensión parcial, para las trabajadoras domésticas con más de un empleo y se flexibilizaron las condiciones de acceso de los trabajadores rurales.
En materia de políticas activas de empleo, se aprobaron normas para promover el acceso al trabajo de jóvenes, mayores de 45 años y personas con discapacidad, y se extendió el programa “Yo estudio y trabajo” al sector privado.
Es importante resaltar que, en 2020, ante la pandemia, se llegó a un acuerdo con los actores sociales priorizando la protección del empleo antes que los ajustes salariales. Posteriormente, con las negociaciones de 2022 y 2024, se logró la recuperación salarial en el sector público y en el privado, que se ve reflejada en el nivel del salario real global, con un incremento del 2,5% respecto de setiembre de 2019. En 2023, la participación de la masa salarial sobre el Producto Interno Bruto fue del 50%, contra un 48% del año 2019.
En materia de derechos fundamentales del trabajo, se trabajó para aprobar nuevas disposiciones y ajustar otras ya existentes, atendiendo por fin a cuestionamientos que la OIT venía reiterando desde hacía más de 10 años.
Con las normas incorporadas a la Ley 19.889 se garantizó el ejercicio pacífico del derecho de huelga en armonía con otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo y el libre acceso a las instalaciones de las empresas, y se declaró la ilegitimidad de los piquetes que impiden la libre circulación de personas, bienes o servicios. Posteriormente, se aprobó la ley de registro y personería jurídica de las organizaciones de empleadores y trabajadores, y se modificó la ley de negociación colectiva.
También se aprobó una ley que permite a la trabajadora embarazada y su pareja ausentarse del trabajo para controles de embarazo cuatro horas al mes, sin descuento del salario. Se extendió la duración de las licencias paternales y períodos de inactividad compensada, se los declaró obligatorios e irrenunciables, y protegió con una indemnización especial al padre que sea despedido al ejercer sus derechos.
En este gobierno se aprobó la reforma del sistema previsional, pendiente desde hacía muchos años. En ese sentido, en la LUC se institucionalizó un diálogo sobre la reforma previsional al crear la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que se integró con miembros de la academia, partidos políticos, trabajadores y empresarios. Durante más de un año de trabajo se produjo un diagnóstico del sistema previsional y posteriormente emitió sus recomendaciones. Creó un sistema previsional común, comprensivo de los diferentes subsistemas, aseguró su sustentabilidad, creó derechos como la compatibilidad entre jubilación y trabajo, la posibilidad de jubilarse parcialmente y un suplemento solidario que permite mejorar las jubilaciones más bajas. Esta reforma permitirá dedicar recursos a otras políticas públicas necesarias que brinden apoyo a la infancia y juventud.
Por último, hay que mencionar que se dio un paso importante en la modernización del control del cumplimiento de las normas laborales y las condiciones de seguridad e higiene en el lugar de trabajo, con la aprobación del Decreto 371/022.
En definitiva, el año y la gestión terminan con un balance que considero altamente positivo.
¿Cuáles son las expectativas que tiene para el mercado laboral en 2025, teniendo en cuenta el cambio de signo político en el gobierno, pero también la situación actual de la economía tanto aquí como mundial?
Durante esta gestión de gobierno, la economía uruguaya ha superado todas las crisis que surgieron desde 2020. La política monetaria permitió cerrar el año 2023 con una inflación de 5,1%, la más baja de los últimos 18 años. Este es un aspecto muy importante, ya que la inflación perjudica en mayor medida a los trabajadores de menores ingresos y a los pasivos. En esta gestión mejoró el resultado fiscal, disminuyendo la carga tributaria, aumentando los recursos disponibles para personas y empresas.
La confianza internacional se refleja en la mejora del grado inversor, destacando las calificadoras de riesgo la mejora de la sostenibilidad financiera del sistema de jubilaciones y pensiones a partir de la Ley 20.130.
En ese marco creemos que, si se continúa con las políticas macroeconómicas, captando inversiones y con las reformas que ha encarado este gobierno, entre ellas la reforma educativa, es de esperar que nuestro país continúe por la senda del crecimiento en materia de empleo.
Confiamos en que la administración entrante pueda continuar en una senda de crecimiento económico, promoviendo en sus normas y prácticas un ambiente propicio para “las empresas productivas, rentables y sostenibles”, las que “junto con una economía social sólida y un sector público viable, son fundamentales para un desarrollo económico y oportunidades de empleo sostenibles”, como proclama la OIT.
¿Qué desafíos cree que deberán sortearse hacia 2025? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones en ese sentido?
Uno de los desafíos más importantes para el año 2025 es garantizar la efectividad de las reformas legales en materia laboral y de seguridad social, que cuentan con el apoyo de la OIT y fueron confirmadas en sendas consultas populares.
En materia previsional, también se logró modificar el régimen de la Caja Bancaria, quedando pendiente atender la situación de la Caja de Profesionales Universitarios. Habrá que buscar acuerdos en el sistema político y con los sectores sociales, afiliados activos y pasivos del ente previsional. El aporte que deja este gobierno es el proyecto de ley que fue presentado al Parlamento, es un buen punto de partida para esa búsqueda de acuerdos en la próxima legislatura.
En materia laboral, los desafíos que pueden suponer para el empleo la introducción de innovaciones tecnológicas y la inteligencia artificial exigen la acción del Estado, las organizaciones de trabajadores y empleadores, para diseñar procesos educativos de máxima productividad. La negociación colectiva tendrá que incorporar estos temas.
Hemos apostado por la formación profesional de los trabajadores, poniendo énfasis en la culminación de la educación media, la alfabetización digital y las tecnologías de la información. En ese sentido, es necesario perfeccionar las políticas de empleo juvenil, atendiendo a los jóvenes de menor calificación.
El Inefop tendrá que extremar acciones que procuren anticiparse a esta revolución tecnológica permanente, ajustando los programas de formación profesional y de recapacitación de los trabajadores.
Lamentamos que hasta la fecha no se haya aprobado el proyecto de ley del MTSS que procuraba la protección de todos los trabajadores, autónomos o dependientes, que prestan servicios de transporte de pasajeros y entrega de bienes mediante plataformas digitales.
Finalmente, con las exigencias de formación profesional y recalificación que trae la revolución tecnológica, hay que profundizar la tendencia a aprobar normas que faciliten la conciliación entre la vida familiar, los estudios y el trabajo. Es urgente estudiar una ley marco de reordenamiento de los tiempos de trabajo y descansos, que habilite expresamente las modificaciones y adaptaciones por la vía de la negociación colectiva, y también por acuerdos individuales cuando el caso lo justifique.
