Por: Ec. Ana Laura Fernández, Académica de Número
En los últimos años el país logró mejorar en diversos temas, en algunos quizás no lo suficiente y en otros aún resta mucho por avanzar.
Sobre lo que sí no quedan dudas es que la economía uruguaya atraviesa ya desde hace muchos años una fase de magro crecimiento, con bajos niveles de inversión sobre el PIB, pérdida sistemática de competitividad y una situación fiscal delicada.
Al mismo tiempo, se ha logrado, en particular en los últimos años, un buen dinamismo del mercado laboral tanto en lo que refiera a la creación de puestos de trabajo como incrementos del salario real, en línea con un encause de los niveles inflacionarios al 5%. Sumado a un sistema financiero sólido que, junto con los avances en materia de institucionalidad fiscal y mejora de la gestión de la deuda pública, le han permitido al país alcanzar los mínimos históricos en lo que refiere al riesgo país, y por lo tanto se han logrado mejoras en las notas crediticias de las calificadoras más importantes.
Sin embargo, también persisten desafíos relevantes, algunos de ellos vinculados con los niveles de pobreza en particular en la primera infancia, malos resultados educativos, seguridad y crimen organizado, regulación laboral, bajos niveles de competencia en mercados clave de la economía.
Estos desafíos continuarán estando presentes bajo la nueva administración, a los cuales se la va adicionar un contexto internacional más complejo, el cual no sólo condicionará los niveles de crecimiento de la economía para el año 2025 en particular, sino también las pujas distributivas entre, por un lado, las definiciones del mercado laboral frente a una nueva ronda salarial, la estrategia de política tributaria frente a medidas anunciadas que prevén un mayor gasto, así como los objetivos de la política monetaria dadas las tensiones que se puedan generar entre inflación y competitividad.
El frente externo, será complejo para Uruguay, en particular dado el bajo crecimiento mundial, fortalecimiento del dólar, costos y tasas de financiamiento global elevados por un tiempo más (condicionando la salida de flujos de capitales y/o menor llegada de capitales a la región) así como una mayor volatilidad de los precios de los commodities con una tendencia a la caída, resultado de una menor demanda mundial. Desde la región, Brasil enfrenta importantes restricciones fiscales junto con una importante depreciación de su moneda, que condicionan sus niveles de crecimiento económico, y por lo tanto, estas no son buenas señales para la economía uruguaya, tanto en lo que respecto al comercio de bienes como servicios, en este último caso en referencia a las corrientes de turismo concretamente. Por el contrario, Argentina se presenta ante un contexto de reactivación económica y recomposición de su moneda que redundará en mejoras en el poder adquisitivo de su población y, por lo tanto, en los niveles de consumo privado. Este escenario se presenta como favorable para Uruguay, siendo un factor de impulso, en particular para aquellos sectores de actividad económica vinculados con el turismo y el comercio minorista.
Pero más allá de estos aspectos, quizás unos de los temas claves para la economía uruguaya y el cual no estuvo, dada su relevancia, de forma tan presente en la agenda de discusión de los candidatos a la presidencia, aunque en la actualidad con los últimos acontecimientos, en particular los pasos dados en la cumbre del Mercosur celebrada el pasado 6 diciembre en relación al Acuerdo Mercosur – Unión Europea, ha pasado a tener mayor relevancia, y refiere justamente a las definiciones y avances del próximo gobierno en relación a la política exterior.
Surgen interrogantes respecto a qué estrategia llevarán adelante las nuevas autoridades, y en concreto si los intentos por flexibilizar el Mercosur de los años anteriores van a continuar estando presentes, o si, por el contrario, se tenderá, y así quizás parece ser, hacia una estrategia de alinearse de forma más clara con los intereses de Brasil. Hasta qué punto se impulsará un alejamiento y/o acercamiento con el gobierno de Javier Milei, y por lo tanto con Estados Unidos y/o China. Y también cómo se definirá la estrategia de apertura más allá del contexto regional, ya sea con otros países, bloques comerciales, o avances en lograr mejores condiciones de acceso en determinados mercados y/o productos, más allá de lo estrictamente arancelario, sino también continuar profundizando la reducción de trabas no arancelarias tales como requisitos sanitarios, técnicos y regulatorios, protocolos de producción, medidas de facilitación del comercio, en los principales productos exportados por Uruguay.
Nuevamente, no existen dudas que la realidad económica del país, así como los resultados respecto a sus principales políticas macroeconómicas también dependen en gran parte de los que suceda globalmente. De todas formas, más allá de esta condición, también resultan clave las definiciones políticas y los liderazgos existentes en pos, justamente, de lograr una economía más abierta, con resultados concretos que impulsen mayores niveles de crecimiento para el país en los próximos años, de la mano no sólo de mayores corrientes comerciales sino también de inversiones.
Finalmente, también en el marco de la política exterior y las condiciones de apertura de la economía, resulta clave avanzar en lo que refiere a la flexibilización de las corrientes de bienes que ingresan al país, tanto de insumos para diferentes procesos productivos, como de bienes para consumo final. Y allí también existe una importante agenda de trabajo por conformar y avanzar, y nuevamente no sólo referente a cuestiones arancelarias, sino también paraarancelarias. A modo de ejemplo, en el caso de los productos textiles, éstos están gravados con un arancel de importación promedio del 20% y por su parte el calzado se encuentra gravado con un arancel de importación promedio del 27.3%. A este arancel, además, para el caso de productos fuera del Mercosur se le debe sumar el 5% de la tasa consular. A modo de referencia, en el caso de Chile, el arancel promedio que se cobra fuera del marco de los acuerdos preferenciales es del 6% (en Uruguay el cobro de la tasa consular ya casi alcanza a ese valor), mientras que, considerando la totalidad del comercio, es decir también aquel cubierto por acuerdos de libre comercio, el arancel efectivo ponderado es menor al 1%.
Pero, además, tal como se mencionaba, para muchos de los productos ingresados al país, se adicionan a las tasas arancelarias y la consular, medidas paraarancelarias, intervenciones de organismos que exceden en muchos casos su espíritu de control y resguardo, sino por el contrario se transforman en trabas burocráticas y meramente recaudatorias, limitando la competencia de los mercados y generando sobrecostos innecesarios.
En definitiva, si hay un desafío no sólo que tiene la próxima administración sino en definitiva todos los actores que de alguna u otra forma forman parte del Estado y/o interactúan con este, refiere justamente a lograr avances concretos en materia de una mayor eficiencia que redunde en un entrono de negocios que facilite y promueva mayores niveles de competitividad de las diferentes actividades productivas. Este es un factor clave para atraer y generar mayores inversiones, que luego se traduzcan en mayores niveles de crecimiento en el mediano y largo plazo.