POR EL PROFESOR YAMANDÚ ORSI, INTENDENTE DE CANELONES
Estamos en un momento crítico que nos ofrece una oportunidad –o nos impone el compromiso- de repensarnos y transformarnos. Las repercusiones totales de la pandemia nos son aún desconocidas. Pero lo que sabemos ya es más que suficiente para terminar de asumir ciertas deficiencias en nuestros sistemas.
Las decisiones que hemos tomado –como humanidad- hasta el momento, no han logrado salvaguardarnos ni de nosotros mismos.
Estamos obligados a innovar, pero innovar no es solo aplicar tecnología, ni implica necesariamente la creación de algo nuevo. Innovar debe comprender quiénes somos, quiénes hemos sido, qué potencial no hemos sabido poner al servicio y elegir ser mejores colectivamente en algo tan básico como defender la vida como causa superior.
La vida que no es solo la nuestra. La vida que nos demuestra una y otra vez que es un todo y que si no aprendemos a relacionarnos diferente ya no habrá modo de remendar las consecuencias.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define al sistema alimentario como la suma de los diversos elementos, actividades y actores que, mediante sus interrelaciones, hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos.
En la década del 70 los problemas respecto a la seguridad alimentaria se centraban en la suficiencia de alimentos y la estabilidad de disponibilidad global. En la década del 80, se incorporó a la discusión internacional la interrogante de quién accede al alimento y de qué manera. En los 90, a la reflexión se sumaron los aportes nutricionales de los alimentos y el uso y consumo de los mismos.
En 2007-2008 una crisis alimentaria global impactó particularmente en las regiones más pobres del mundo y, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que adoptó la ONU en 2015, la seguridad alimentaria y la nutricional se incorporaron como urgentes.
Para el 2060 se necesitarán alimentos para más de 9.000 millones de personas. América Latina y el Caribe deberán aportar una gran parte de esa necesidad. El rendimiento deberá crecer, pero la intensificación deberá producirse de manera sostenible. Las políticas públicas de la región se enfrentan a un gran desafío presente con mirada en el futuro.
Se viene trabajando hace algunos años en la incorporación de las ciudades intermedias como instrumentos de política pública y analizando su ser determinante en términos de productividad y competitividad nacional y regional.
Las ciudades intermedias somos una alternativa sostenible y sustentable, necesaria en este momento de incertidumbre, no solo como puente entre lo rural y lo urbano, entre la acumulación y la vulnerabilidad, sino también un puente temporal entre nosotros y las generaciones que vienen.
Tenemos la posibilidad de contribuir a acortar la brecha desde nuestro rol de unir extremos: acercarlos; invitar a vivir en otra escala más humana, equitativa, diversa e integrada.
Somos todos y todas, parte de la transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles.
Este año se llevará adelante la Cumbre de Sistemas Alimentarios de 2021 de las Naciones Unidas y sería muy valioso que nuestras voces contribuyeran a la misma. En este camino, hace unas semanas organizamos en Canelones un Diálogo Independiente de la Red de Ciudades Intermedias y Sistemas Agroalimentarios, con el objetivo de visibilizar el rol de los gobiernos locales, en tanto ciudades intermedias, en la construcción de sistemas alimentarios sostenibles. Y eso lo hicimos tanto en el contexto de pandemia como pospandemia, así como para presentar a la Red de Ciudades Intermedias como un nuevo espacio de intercambio y articulación de nivel local sobre los sistemas alimentarios.
En el intercambio de experiencias diversas y la exploración colectiva de alternativas, estoy seguro de que esta región, nuestra América Latina, tiene grandes contribuciones al futuro.
Entramar en una red la riqueza de nuestro territorio, nuestro patrimonio humano y natural, desde nuestras particularidades como gobiernos departamentales, provinciales o municipales, en conjunto con actores locales (empresarios, sociedad civil, academia) nos hace una red de contención e impulso.
Ese entramado, apuntado a establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes partes y eslabones del sistema alimentario, nos permite ser importantes agentes de cambio.
Canelones, como una de las representantes de esas ciudades intermedias (departamento en nuestro caso), protagoniza estos sistemas. Conformamos ese bloque de territorios, ciudades, parajes humanos, alineados en la iniciativa de la FAO, por lo que comenzamos a dialogar y coordinar acciones.
El hambre cero, objetivo número 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una pieza fundamental de futuro. El hambre perjudica el alcance de todos los demás objetivos porque frena el desarrollo humano en su fundamento vital.
Tenemos una poderosa herramienta en nuestras manos: alimento.
Canelones es tierra fecunda para una tan diversa como heterogénea producción agropecuaria. Como dicen en mi departamento y como me lo han comentado varios embajadores recientemente, Canelones es “la chacra del Uruguay”.
Promover los productos de cercanía, los productos kilómetro cero, es un modo de enfrentar el enorme desafío de la sostenibilidad ambiental. Y no me refiero solo al equilibrio natural, sino también al necesario equilibrio social y económico, permitiendo que se consuman mejores alimentos, en mejores condiciones, favoreciendo una economía más justa, respetando a la vez el ambiente y los derechos humanos.
A juicio de Lawrence Haddad, director ejecutivo de la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición (GAIN por su sigla en inglés), “los alimentos nutritivos son los más perecederos, y por ende los más vulnerables a la pérdida. No solo se pierden los alimentos, sino la inocuidad de los mismos, y se menoscaba la nutrición”.
Cerca de 3.000 millones de personas no pueden permitirse dietas saludables, 13% de los adultos son obesos y 39 millones están con sobrepeso, mientras que en 2017 se registró en el mundo la muerte de 4,5 millones de personas por causas relacionadas con la obesidad. En Uruguay, casi el 40% de los escolares uruguayos tienen sobrepeso u obesidad, según estudios de la ANEP que involucraron a centros educativos públicos y privados.
La magnitud ya conocida de estos datos no deja dudas del imperativo que tenemos los gobernantes por delante: acción coordinada a todo nivel, acción mancomunada de actores públicos y privados y cero espacios para la especulación y la ventaja menor. Se trata de nuestra gente.
