POR AZUCENA ARBELECHE, MINISTRA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
El aniversario número 40 de CRÓNICAS es una buena oportunidad para pensar el país en perspectiva, más allá de los acontecimientos de la coyuntura, analizando los temas de fondo que determinan el bienestar de los uruguayos.
Desde marzo de 2020, la pandemia ha ocupado el centro de nuestras preocupaciones y la estrategia del gobierno estuvo enfocada en la preservación de la vida humana, tomando todas las medidas que se entendieron necesarias en términos sanitarios, sociales y económicos, con todos los recursos necesarios correspondientes.
Pero no nos ocupamos solamente de la atención de la pandemia, también hemos comenzado a procesar importantes reformas estructurales, aquellas que procuran cambiar características fundamentales de nuestra economía para lograr que todos los uruguayos, y particularmente los más vulnerables, vivan cada día mejor. El común denominador de estas reformas es alcanzar una economía más estable y virtuosa, que impulse la inversión, la creación de puestos de trabajo y la mejora en los ingresos de los hogares, al tiempo que permita sostener y mejorar las políticas sociales.
Una de las principales reformas que está en marcha es la nueva institucionalidad fiscal, cuyo componente más destacado, aunque no el único, es el establecimiento de una verdadera regla fiscal. Nuestro país ha sufrido históricamente de ciclos económicos profundizados por el mal manejo de las finanzas públicas, particularmente por dos elementos: el incremento desmedido del gasto público cuando la economía crece y el marcado ciclo electoral que sigue el gasto público. Esto ha conducido a déficit fiscales elevados y a acumulación de deuda pública que impide la realización de políticas anticíclicas cuando son más necesarias, vale decir, en circunstancias desfavorables.
La regla fiscal que estamos aplicando desde el año pasado procura cuidar los recursos de todos los uruguayos, lograr finanzas públicas saneadas y alcanzar la sostenibilidad de las políticas públicas, especialmente las políticas sociales.
La nueva regla fiscal tiene tres pilares. El primero es una meta indicativa de resultado estructural, esto es, depurado de la fase del ciclo económico y de los efectos extraordinarios. Un segundo pilar es un tope de incremento de gasto real, que de acuerdo a la estimación de crecimiento potencial estimado es 2,3%. Y el tercero es una nueva forma de establecer el tope de endeudamiento, que incluye una cláusula de salvaguarda ante efectos inesperados. Uno de los logros alcanzados en 2020 fue, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, haber cumplido, por primera vez en muchos años, las metas fiscales establecidas en la instancia de presentación del Presupuesto Nacional.
Una segunda transformación estructural de gran importancia para el país es la reforma de la seguridad social. Uruguay no podía seguir postergando una reforma central para mejorar la equidad intergeneracional y asegurar la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones. La Comisión de Expertos en Seguridad Social creada el año pasado ya entregó su informe de diagnóstico y actualmente se encuentra discutiendo el documento de propuestas concretas. La amplia representatividad de la Comisión, su nivel técnico y el intenso diálogo social que llevó adelante escuchando todas las opiniones son señales alentadoras de que estamos en las puertas de un avance significativo. El gobierno está comprometido en alcanzar esta iniciativa clave para defender las mejores características de nuestro sistema previsional y enfrentar los desafíos que presenta.
Una tercera reforma estructural en marcha es la del mercado de combustibles. La misma tiene como meta fundamental alcanzar las condiciones para reducir los costos nacionales asociados a la producción, distribución y comercialización de combustibles, promover la eficiencia en toda la cadena, dotar a los agentes de los incentivos correctos, así como presentar información transparente y clara al público en general respecto a la fijación de precios de los distintos combustibles. En este sentido se ha avanzado durante el último año y medio.
Una cuarta reforma de vital importancia para el país es la nueva estrategia de inserción internacional, que propone la flexibilización y modernización del Mercosur para que todos los países del bloque puedan avanzar en la materia de la forma que entiendan conveniente. Nuestro gobierno es muy respetuoso de las estrategias de desarrollo económico de todos los países, cada uno es soberano para decidir su estrategia de inserción en la economía global. La estrategia de Uruguay es de apertura al mundo y acceso preferencial a terceros mercados.
Existen otras reformas que podríamos destacar, como la vinculada a la mejora del ambiente de negocios, con medidas que promueven la inversión, generen puestos de trabajo genuinos en el sector privado y mejoran el entorno macro y microeconómico para promover el crecimiento económico y el desarrollo social. O el relanzamiento de la Comisión de Promoción de Mercado de Valores con el objetivo de desarrollar este aspecto clave de toda economía moderna en que Uruguay tiene mucho por avanzar.
Para finalizar, quiero destacar una reforma que no debe pasar desapercibida, que es la jerarquización de los aspectos ambientales en todas las áreas del gobierno nacional, pero especialmente en la economía. Se han tomado una serie de medidas de gran relevancia para plasmar en la realidad que el medioambiente debe ser una prioridad, por ejemplo, incorporando en la Ley de Presupuesto Nacional del año pasado este tema declarando, específicamente, que el país procurará que la planificación y diseño de las políticas económicas y las finanzas públicas contemplen los objetivos nacionales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático. Otro cambio relevante está planteado en el proyecto de ley de rendición de cuentas actualmente a estudio del Parlamento, que propone la creación de un gravamen por tonelada de CO2 emitido en la combustión de las naftas, mediante una sustitución parcial del actual Imesi.
Como podemos apreciar, existe una importante agenda de reformas estructurales, de la que solo hemos podido realizar un esbozo. Nuestro país tiene importantes desafíos que afrontar en las próximas décadas, pero confiamos que con los cambios propuestos lograremos alcanzarlos en mejores condiciones. A las tradicionales fortalezas institucionales y sociales que tiene el Uruguay le estamos incorporando importantes avances en materia de instituciones económicas, cuyos frutos iremos apreciando a medida que avancen y se vayan sintiendo sus efectos.
