En agosto de 1982, el profesor e historiador J. Ariel Madeiro López inició precisamente en el semanario Crónicas Económicas, una serie de artículos que debían constituirse en una historia económica de nuestro país. La grave enfermedad que le afectaba y por la cual falleció, hizo imposible proyectar la idea.
Fue ahí que Crónicas Económicas invitó al reconocido historiador Dr. José Claudio Williman (H), integrante también del Consejo Editorial de esta casa periodística, a continuar con la idea de desarrollarla. La aceptación de Williman implicó que durante años, semanalmente, se publicaran sus columnas sobre el tema, las que finalmente dieron forma al libro “Historia Económica del Uruguay”. Allí, en el primer tomo de dicho trabajo, relata con minucioso y característico estilo la gestación del Banco de la República, introduciéndonos en la realidad social y económica que el Uruguay vivía en ese momento.
Como homenaje a los 125 años de creación del banco, y al Dr. Williman, por supuesto, compartimos con nuestros lectores el capítulo del libro donde narra el nacimiento del que se transformaría con el correr del tiempo en el principal banco del país.
El Banco de la República
Luego de la caída del Banco Nacional, la contracción del crédito que se produjo constituyó un grave problema para la plaza, tanto en el sector urbano como en el rural, los que habían contado en los últimos años con la liberalidad de las colocaciones de la institución desaparecida. Ya en agosto de 1890, luego de la crisis bancaria, Martín C. Martínez desde El Siglo observaba que el billete se había reducido de «15 millones que teníamos en circulación, a 3 millones y medio».
El doctor Daniel García Acevedo dedicaba duras críticas a los usureros, «de ordinario el pulpero de la localidad», en su tesis para el doctorado titulada «Algunas consideraciones sobre el crédito agrícola y su organización en la República». Por cierto que el Banco Hipotecario, creado en 1892, no estaba en condiciones de sustituir en materia crediticia la función que había cumplido el Banco Nacional y tampoco lo hacían las instituciones que integraban el sector bancario que hacia 1895 ascendían a siete, a saber: Banco Comercial, que en enero de 1889 había instalado una agencia en Buenos Aires 162; el de Londres y Río de la Plata; el Italiano del Uruguay; el de España y Río de la Plata; el Inglés de Río de Janeiro (luego transformado en Británico de América del Sur); el de Londres y Brasil; y el Anglo Argentina De ellos tan solo el de Londres y Río de la Plata y el Italiano estaban facultados para emitir billetes mayores de $ 10.
«…el crédito bancario era privilegio de las clases adineradas. Los modestos capitalistas, los pequeños industriales, los comerciantes menores, y especialmente las clases rurales, poco disfrutan de los beneficios del crédito bancario, limitado a las ciudades de Montevideo, Salto y Paysandú, únicas localidades donde existían casas de banca. Los productores rurales, huérfanos del crédito bancario desde que la quiebra del Banco Nacional obligó a la clausura de las sucursales departamentales que tantos beneficios produjeron durante su breve pero fecunda acción, eran sin duda los que más sufrían con este régimen centralista que los condenaba finalmente a caer en manos de la usura».
Fue este panorama el que llevó al ministro de Hacienda de la época, don Federico R. Vidiella a plantear la idea de la fundación de un Banco Nacional de descuentos, depósitos y emisión. Había integrado el Directorio del Banco Nacional en su etapa final y conocía directamente las dificultades que había creado su liquidación. Ante los antecedentes, en las últimas décadas, se fue abriendo camino la idea de un Banco con privilegios especiales y obligaciones correlativas para con el Estado. Pero la experiencia frustrada del Banco creado por Reus había dejado un clima negativo en los años inmediatos, como para que prosperara un impulso similar, destinado a captar nuevos capitales privados.
Ante esta dificultad, el gobierno de Iriarte Borda resolvió plantear la iniciativa con recursos del Estado, para lo cual el ministro Vidiella, en agosto de 1895, se conectó en absoluta reserva con la Casa Levita y Cía., de París, representante de capitales europeos, para obtener en Europa los capitales necesarios. Los citados banqueros hicieron notar que la solución era perjudicada por la caducidad que el gobierno había declarado respecto de la Compañía Uruguay Limitada, referente a la construcción de los Ferrocarriles del Oeste. El problema estaba sometido a los Tribunales pero los capitalistas, lógicamente vinculados entre sí, exigían previamente la solución de este problema.
Ante esa dificultad, el gobierno resolvió enviar un representante especial a Europa, designando para ello a don Manuel Lessa, figura prestigiosa, comerciante, saladerista, en quien depositaba Vidiella total confianza. Habiendo partido en setiembre de 1895, el 2 de diciembre firmaba con Ernesto Cassel, representante de los capitalistas, los contratos provisorios del acuerdo. La Misión Lessa había encontrado, como vimos, dificultades que pudo superar y «logró -al decir de Montero Bustamante- todas las ventajas que era posible obtener para el país en aquellas difíciles circunstancias».
Ya con los contratos provisorios firmados, el Presidente Iriarte Borda invitó a algunos legisladores, para imponerles de la iniciativa y de los contratos firmados. La información puede decirse que cayó bien entre los invitados, aún en algunos que conservaban reservas respecto de una solución en la cual el Estado tenía un peso como nunca había tenido en las instituciones creadas con anterioridad.
El Ministro Vidiella, verdadero autor de la iniciativa que se venía procesando, redacta entonces el proyecto de ley por el cual se autoriza la contratación del empréstito destinado a la fundación del Banco. El 10 de diciembre de 1895 el proyecto entró al Parlamento con un extenso mensaje en el que fundamentaba la iniciativa. En ese mensaje, luego de criticar indirectamente a la alta banca del país dedicada, en su «acción deficiente», solo a «suplir las necesidades del alto comercio, sin que todos los otros ramos de actividad y de la riqueza de la Nación puedan contar con otros elementos que los aislados de sus propias fuerzas, para ir avanzando lenta y penosamente», y recordar la ayuda que había representado el Banco Nacional para «nuestras industrias rurales», se afirmaba:
«Es la intención del gobierno destinar aquel importante capital (del empréstito) a producir el movimiento inicial a dar el primer impulso y sancionada la fundación del Banco, llamar enseguida a los capitales nacionales para vincularlos estrecha-mente a su vida y prosperidad. Desea vivamente el Poder Ejecutivo que los elementos nacionales tengan en el nuevo Banco amplia representación y legítima influencia».
Por el proyecto de ley se autorizaba al Poder Ejecutivo para contratar en Londres u otra plaza financiera, un empréstito por la suma necesaria para obtener, luego de abonar los gastos normales en este tipo de operación, una suma líquida de cinco millones de pesos oro. Esa suma se destinaría a crear una institución de crédito, el «Banco de la República».
El empréstito tendría un servicio de interés del 5 al 6% anual y de amortización acumulativa y a la puja del 1%. Para cubrir ese servicio se afectaba el 5.5% del total de las rentas de Aduana. El importe de lo pagado por intereses y amortización se cargaría en cuenta al futuro Banco de la República.
Polémica a propósito del Banco de la República
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, integrada por los diputados Abel J. Pérez, Antonio María Rodríguez, Manuel Herrera y Espinosa, Juan José Segundo, José F. Díaz y Manuel Solsona y Lamas, en alrededor de quince días presentó su informe referido casi exclusivamente al problema del empréstito.
No pudo evitar la Comisión, si esa fue su intención, que el debate se canalizara sacia la conveniencia o no del banco propuesto.
La polémica sobre el proyecto de banco tuvo enfoques doctrinarios y enfoques políticos, pero desde este último plano, el rechazo a un banco como el previsto, contó tanto con la oposición de legisladores colorados como blancos, aunque por distintos motivos. Varios legisladores, blancos y colorados, se negaban a otorgar nuevos recursos financieros de importancia al presidente Idiarte Borda, ya sea porque se dudara de la honradez del gobierno, duda que no compartimos, o porque no se quería dar instrumentos financieros que terminaran siendo utilizados en la lucha electoral, a favor del exclusivismo de los «colectivistas», posibilidad que pesó mucho en el voto de los legisladores del Partido Nacional y aun en el de muchos colorados, entre ellos, en el propio Batlle y Ordoñez y en la actitud de El Día.
El doctor Juan Campisteguy se declaró contrario del Banco, preocupándole la forma como quedaría ligado a las finanzas del Estado.
El doctor Antonio Bachini, vinculado a El Día, se declaró partidario del «sistema de Banco del Estado», pero advirtió que votaría negativamente el proyecto porque hacía depender el Banco de un empréstito.
Por su parte, el diputado nacionalista Evaristo Ciganda, condicionó su voto a que el Ministro de Hacienda aclarara «el negociado de los Ferrocarriles del Oeste» y el diputado Piccardo afirmó: «Creo que el banco está llamado a ser, en primer término, banco político, banco electoral”.
El 29 de enero de 1896 la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de empréstito y lo pasó al Senado. Allí contó con la encendida defensa del doctor José María Muñoz, que había integrado el grupo de colaboradores del Barón de Mauá, quien, entre otras cosas afirmó:
«El país no puede estar condenado por tiempo indefinido a renunciar a las ventajas del crédito popular, del billete bancario. Con invenciones de frases no se desnaturalizan los hechos; con invenciones de socialismo de Estado, como emplean muchos autores economistas, contradichos por otros, por otra parte, no se desnaturalizan los hechos. Con esa frase se podría decir: ‘No haya Gobierno’ porque el Gobierno no es más que un socialismo de Estado”.
«… no tengo miedo, como he dicho, al cuco del Estado, porque nosotros, digan lo que digan los tratadistas europeos, no miramos con ese odio al Estado, que es muy común en países que por tradiciones seculares de monarquías absolutas y de sistema feudal, tienen horror a la palabra ‘Estado’. Nosotros, fundados en un sistema democrático representativo, de sufragio universal, puede decirse no tenemos tal prevención… »
Defendió asimismo la posibilidad de que los funcionarios públicos administrarán la institución con «mayor garantía y acierto… que los directores de sociedades anónimas… »
La oposición en el Senado se integró especialmente con la oratoria de Carlos María Ramírez, constitucionalista y ex ministro de Hacienda de Julio Herrera y Obes, el propio Herrera y Obes, figura aún destacada del Partido Cobrado Y el también Colorado Francisco Bauzá.
La posición de Carlos María Ramírez estuvo influida por su vieja orientación liberal, por cierto mitigada, en los últimos añios, en sus aspectos económicos, no políticos, y por la imagen que conservaba de la conducta y caída del Banco Nacional.
«Comentando la actitud de este integrante del viejo patriciado -dirán Reyes Abadie y Vázquez Romero- se ha hecho notar con acierto, que su temor a otra catástrofe como la del noventa le impidió ver que al atacar la creación del Banco de la República, defendía la postura de la oligarquía orista, que tanto había hecho para destruir al Nacional, llegando a obstaculizar sus propias iniciativas para reflotarlo y superar la crisis en que se debatía el país cuando era Ministro de Hacienda. Es más, en rigor, la oposición doctrinaria a la creación de un Banco de Estado, colocó a Ramírez -como a otros integrantes del núcleo patricio, y por diferentes razones también a Bauzá- en una posición coincidente con la del alto comercio».
Luego de una nueva defensa de Vidiella, el proyecto fue aprobado, promulgando la ley el Poder Ejecutivo el mismo día, el 13 de marzo de 1896.
La nueva institución bancaria
Promulgada la ley del empréstito, y la complementaria que solucionaba el problema de los Ferrocarriles del Oeste, el gobierno envió nuevamente a Lessa a suscribir los contratos definitivos, cosa que hizo el 25 de junio de 1896. Previamente había logrado de los capitalistas que el monto efectivo del empréstito fuera elevado a cinco millones de pesos oro, en lugar de un millón de libras esterlinas. El empréstito fue emitido al tipo de 68,314%, por un valor nominal de 1:667.900 libras, equivalente a N$ 7.834.900. El saldo neto, hechas las deducciones previstas, ascendía a N$ 5.000.000 equivalentes, a su vez, a 1.063.830 libras, cotizadas a la par legal de N$ 4,70.
El 16 de julio de 1896, la Asamblea General recibió el mensaje y proyecto de Carta Orgánica del Banco de la República. Se habían tenido en cuenta, para su elaboración, todos los proyectos y leyes vinculados al tema del Banco Nacional, y más directamente, la ley promovida por José L. Terra en 1883, durante la administración Santos, la ley del Banco Nacional de Reus, del que la anterior era su antecedente directo, y la ley del Banco de Emisión, que no funcioné, y que integró el plan financiero de Carlos María Ramírez en 1891.
Vidiella, dice Montero Bustamante, había incorporado al proyecto algunas soluciones importantes, a saber: la autonomía de la administración del Banco; terminante limitación del crédito de que podía disponer el gobierno; limitación del crédito individual a sumas determinadas para impedir la absorción de los fondos por pocas personas; prohibición de intervenir en el juego de Bolsa y otorgar créditos a sociedades cuya casa matriz no estuviera en la República, y la obligación de instalar una sucursal en cada capital de departamento.
La Comisión de Hacienda del Senado, luego de algunas modificaciones que aceptó el Poder Ejecutivo, aconsejó el proyecto, haciendo notar que el respondía a la orientación de las leyes que hemos indicado, destacando como nuevas soluciones la creación del Monte de Piedad Nacional y el monopolio de la emisión, la que se haría efectiva cuando cesaran las autorizaciones concedidas al Banco de Londres y Río de la Plata (1905) y al Banco Italiano (1907).
En la discusión general, se reiteraron las objeciones que se habían hecho al «Banco del Estado» en oportunidad del empréstito solicitado para su capitalización. No obstante, se elogió al Poder Ejecutivo por la forma en que había tenido en cuenta las observaciones que se le formularan en la oportunidad anterior.
Aprobado por el Senado, lo fue también por la Cámara de Representantes, con la sola modificación de la reducción del sueldo del presidente y de las dietas de los directores, por lo que el Poder Ejecutivo pudo promulgar el proyecto el 4 de agosto de 1896.
El Banco sería una sociedad anónima, con acciones al portador, con un capital autorizado de 12 millones de pesos nominales, equivalentes a 10 millones de pesos efectivos; el capital podía duplicarse, pero con autorización del Poder Legislativo. Las acciones se dividirían en dos series de 6 millones de pesos cada una. La primera sería suscrita por el Estado, con el empréstito de 5 millones de pesos oro; y la segunda debía ser integrada por suscripción pública, en forma total o parcial, dentro o fuera del país, a juicio del Poder Ejecutivo. Las acciones de la primera serie, una vez integradas, podían ser enajenadas por el Poder Ejecutivo con autorización del Parlamento.
Ello significa que el Banco podría terminar siendo: exclusivamente del Estado, de economía mixta, o privado en su totalidad, pero los poderes públicos seguirían nombrando al presidente y vicepresidente. Los privilegios le serían otorgados por 30 años, renovables por el Legislativo.
El monopolio de la emisión otorgado, si bien mantiene al oro como puntal fundamental de la emisión, supone algunos cambios esenciales en el sistema dinerario y bancario vigente hasta entonces.
1) Existe un banco, en los hechos, estatal, que terminaría siéndolo de derecho a partir de 1911, al que se le adjudica el privilegio de la emisión, quitándosela a la actividad privada.
2) Se le impone al nuevo banco la exigencia de orientar al crédito hacia la agropecuaria y la industria, con la obligación de instalar sucursales en todas las capitales de departamento.
Sin embargo, el sistema de emisión por el cual se optó, es rígido, lo que lleva a Bucheli a afirmar que «el sistema adolece de graves imperfecciones que se harían sentir posteriormente».
«a) La emisión no puede exceder del duplo del capital realizado en billetes mayores de N$ 10 y del 50% en billetes menores de N$ 10”.
«b) Debe mantener un encaje de 140% en oro de la emisión mayor en circulación y depósitos a la vista”. La emisión quedaba entonces ligada a las tendencias del oro y a sus salidas y entradas del país.
Sobre la base de esta primera Carta Orgánica y la integración del capital por el Estado, el Banco de la República abría sus puertas el 22 de octubre de 1896, iniciándose, así, con él, un nuevo ciclo en el sistema dinerario nacional, que tendría fundamental influencia en nuestra futura economía.
