Hernán Bonilla, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)
El director ejecutivo del CED señaló que ya no queda margen para que la economía se siga deteriorando sin poner en riesgo el grado inversor. El combo de atraso cambiario, altos costos, regulación laboral de mediados del Siglo XX, elevadas tarifas públicas, alta carga fiscal y mala inserción internacional complican severamente a la producción nacional, apuntó. Y si bien el actual gobierno debe tomar medidas para corregir el rumbo, señaló que las reformas indispensables seguramente deberán esperar un próximo mandato.
Si bien la economía uruguaya creció un 1.6% durante el año 2018, acumulando su decimosexto año de crecimiento consecutivo, desde el punto de vista técnico el país se encuentra en recesión al acumular dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. Todo esto sin perder en cuenta el contexto regional y que el país afronta un año electoral. ¿Cuáles son los desafíos en materia económica que tiene el Uruguay en ese escenario?
Desde el punto de vista macroeconómico, en el corto y en el mediano plazo Uruguay enfrenta una coyuntura de virtual estancamiento, con un creciente problema fiscal, deterioro del mercado de trabajo y pérdida de competitividad. Este año la economía crecerá menos que el anterior, lo que acentuará el panorama de una economía virtualmente estancada.Los desafíos, por lo tanto, son varios, de los que el más acuciante es el frente fiscal.
Con un déficit fiscal de 4.5% del PBI de acuerdo al último dato disponible, y una relación deuda bruta – producto del 65%, no hay margen para que se siga deteriorando sin poner en riesgo el grado inversor. El actual gobierno debe tomar medidas para corregir el rumbo porque no podemos esperar un año entero en la inercia de deterioro actual.
Por otro lado, la competitividad que afecta a las empresas es el principal problema para la economía real. El combo compuesto por atraso cambiario, altos costos, regulación laboral de mediados del siglo XX, elevadas tarifas públicas, alta carga fiscal y mala inserción internacional complican severamente a la producción nacional. En todos estos temas se puede y se debe actuar para revertir esta situación, clave para que la economía vuelva a crecer y a generar empleos.
Aún queda un año para el cambio de gobierno. ¿Qué puede hacer la actual administración para dejar el país en las mejores condiciones posible? ¿O hay que esperar al 2020 para ver, por ejemplo, una reforma del BPS, o cambios en la educación, las empresas públicas, una adecuación de la normativa laboral a los nuevos tiempos, o una regla fiscal, entre otros temas que son vitales para el país?
Sobre los temas de la coyuntura macroeconómica, aunque no es lo que ha sucedido históricamente en el país, el actual gobierno debe actuar para reducir el déficit fiscal, aunque estemos en año electoral. Para entender la gravedad de la situación, basta recordar que tenemos el mayor déficit fiscal en 30 años, lo que no es razonable ni sostenible.
Desde el punto de vista de las reformas estructurales, evidentemente lo que no se hizo en los primeros cuatro años no se hará en el último y, por lo tanto, lamentablemente, reformas indispensables, como la del sistema de seguridad social, la reforma educativa y la laboral y la del gobierno de las empresas públicas deberán esperar al próximo gobierno.
¿Cuáles son las fortalezas que tiene el país para transitar este período?
Uruguay cuenta con algunas fortalezas para atravesar esta etapa, como los sólidos indicadores de calidad institucional en cuanto a democracia y derechos personales que nos distinguen en el continente. La plena vigencia del sistema democrático, de libertad de expresión irrestricta, de libertades individuales y sociales es un capital del país que debemos preservar. También tenemos algunas fortalezas económicas que vale la pena destacar: un sistema financiero sólido que aleja la posibilidad de una crisis bancaria, un sistema de tipo de cambio flexible que nos distancia de una crisis cambiaria, acceso a financiamiento internacional y buen nivel de reservas internacionales.
¿Cuáles son las principales amenazas y de dónde provienen?
La incertidumbre de la economía internacional es una amenaza, aunque también se pueden generar oportunidades. Es una buena noticia que la tasa de interés en Estados Unidos no vaya a volver a subir este año e incluso que pueda bajar el año próximo para la entrada de capitales y el acceso al crédito. Es una amenaza un nuevo deterioro en la situación regional. Desde Argentina, si se profundiza la desconfianza macro que lleve a una nueva devaluación y a una mayor recesión. En Brasil, si el gobierno de Jair Bolsonaro no logra aprobar algunas de las reformas que impulsa, puede perder pie. La incertidumbre política en Europa hasta que se termine de resolver el problema del Brexit y la posible desaceleración de la economía china son amenazas potenciales para nuestro país.
¿Qué aspectos hay que corregir para volver a la senda de un crecimiento sólido?
Uruguay debe corregir los problemas macroeconómicos de la coyuntura que mencionamos anteriormente, pero lo fundamental para volver a una senda de crecimiento sostenido es instrumentar un programa que apuntale fuertemente el crecimiento a partir de un incremento de la inversión. Al respecto, el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, que recibió un país creciendo al 1.5% en el último año de Bachelet y logró pasar al 4% en su primer año es un buen ejemplo. Para esto es clave mejorar la competitividad con reformas estructurales que mejoren nuestra productividad y el nivel de inversión. Esto incluye reforma educativa para mejorar la calidad del capital humano, dónde nuestro país tiene un rezago importante. También un cambio importante en la política de inserción internacional que busque agresivamente nuevos tratados comerciales con el mundo, la reforma de la ley de participación público-privada y su ejecución para lograr mayor inversión en infraestructura. De igual forma, la reducción de la burocracia y los costos ocultos a la inversión que inciden pesadamente en algunos sectores y los cambios en la regulación del mercado de trabajo para contemplar el dinamismo necesario en el Siglo XXI. Menciono, además, la reforma del gobierno de las empresas públicas para evitar los problemas de los últimos años y lograr tarifas competitivas a nivel internacional. En síntesis, tres grandes reformas: reforma educativa, reforma pro-competitividad y nueva política de inserción internacional.
