Vivimos tiempos complicados. La actividad económica mundial está experimentando una desaceleración compleja, y una inflación no registrada en décadas ha obligado a la Reserva Federal (Fed) a sucesivos aumentos de la tasa de interés. A eso hay que sumarle la guerra entre Ucrania y Rusia y la política de covid cero que sigue aplicando China. Ese combo genera incertidumbre a corto plazo. Están los que dicen que esto no es más que uno de los ciclos por los que atraviesa habitualmente la economía: expansión, auge, recesión y depresión. En cambio, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, dijo en octubre que “lo peor está por venir y para muchas personas 2023 se sentirá como una recesión». ¿Cómo se para Uruguay ante ese contexto global? ¿Hay riesgo de recesión mundial? ¿Seguirán subiendo las tasas de interés? En una extensa charla con Empresas & Negocios, el economista Gabriel Oddone, socio de CPA Ferrere, da su visión sobre el mundo, la economía y sus desafíos, la geopolítica, y los temas en que Uruguay se ve inmerso hoy –seguridad social, competitividad, política monetaria, entre otros-.
Por Oscar Cestau | @OCestau
¿Cómo ve este momento económico del mundo, donde también la geopolítica juega su rol?
Además de haber un triple shock, que deriva del cambio de la política macroeconómica de Estados Unidos a raíz de la inflación, del conflicto bélico en Europa entre Rusia y Ucrania y de las políticas covid cero en China –lo que representa un golpe importante para la actividad global-, hay algunas series de tensiones de naturaleza geopolítica y de diferencias políticas internas de los países de los que no sé si somos del todo conscientes. Estamos en un momento bisagra respecto de muchos acuerdos y consensos que tuvimos en los últimos 30 o 40 años. A eso se le suma un contexto de alto descontento en las sociedades a nivel general pero en particular en los países industrializados, con liderazgos severamente cuestionados y otros emergentes de calidad dudosa. El mundo, al final de la Segunda Guerra Mundial, pero en particular desde los 90, tenía ideas generales de las cuales prácticamente no había debate. Mientras más movilidad de personas, bienes y capitales, mejor. Ese proceso de globalización nos llevó a una de las etapas más prósperas que conocemos en Occidente y a nivel global en los últimos 100 años. Pero en particular, a un escenario de paz, o de ausencia de conflictos generalizados. Esa suerte de acuerdo genérico hoy está controvertido. Y lo está, en primer lugar, por la recurrencia de una serie de fenómenos económicos severos que han tenido lugar desde 2008 en adelante, los que han dejado en evidencia que ese mundo está asociado a volatilidad en términos reales, afectando los ingresos de las personas, el empleo y, por ende, la predictibilidad de muchos aspectos. Por otro lado, tenés un escenario de gente que percibe que las mejoras que derivaron de los últimos 30 o 40 años, no se repetirán y que sus hijos no las van a tener. Eso conduce a mucha insatisfacción y demanda no satisfecha, en un contexto en el que la sociedad, desde el punto de vista cultural, está cambiando, donde las demandas ciudadanas se han fragmentado de forma extraordinaria.
¿Qué tipo de demandas?
Demandas de derechos, temas de género, de medio ambiente, todas cuestiones muy legítimas pero que están en un proceso de transición hacia un nuevo equilibrio. Eso genera una gran dificultad para la gobernanza global. Las clases medias de los países industrializados se sienten afectadas por el fenómeno de la globalización. La deslocalización industrial que tuvo lugar sobre todo a favor de China y de algunos lugares de la India genera que industrias enteras hayan ido desplazándose desde centros de producción de Estados Unidos o de las periferias de algunas capitales en Europa, y esto genera en esos sectores de ingresos medios, trabajadores, industriales, o proveedores de la industria que están localizadas allí la sensación de una gran incertidumbre. Eso hace, además de la fragmentación social y política en diversos lugares, que aparezcan fenómenos como el Brexit, los chalecos amarillos, los movimientos neofascistas en Centroeuropa o Donald Trump. Y si a eso le sumás un evento de naturaleza extra económica como la pandemia, que generó reacciones de política que trajeron algunos desequilibrios macroeconómicos, como ser el retorno de la inflación, y que a Vladimir Putin se le ocurrió que este es el momento importante para consolidar una larga aspiración, que es reconquistar sus líneas defensivas en Centroeuropa, estamos asistiendo a un momento de mucha tensión, incertidumbre y dificultad para comprender hacia dónde va el mundo quizás como nunca desde que tú y yo estamos vivos.
¿Cómo se para Uruguay en este escenario?
Las aguas en las que navegamos a nivel internacional, en particular en un país como Uruguay, pequeño y abierto al mundo, son muy diversas, al punto tal que había temas de agenda económica que eran clarísimos que había que acometer hace cuatro o cinco años, los cuales hoy, con este escenario, hay que recalibrarlos y no dar pasos que arriesguen llegar a un punto de no retorno. Uruguay está navegando muy solo porque, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, forma parte de un eje hemisférico, donde la potencia hegemónica –Estados Unidos- está absolutamente distraída o concentrada en otro lugar del mundo. Eso indica que no hay orientaciones o presión de la política exterior norteamericana hacia América Latina sobre qué rol pretende que juegue. Más bien lo que pretende es que no moleste y esté alineado a sus intereses sin dar nada a cambio. Por otro lado, en América Latina lo que tenés es una sucesión de gobiernos, algunos nuevos, no muy sólidos desde el punto de vista político, sin mucha tradición, con mandatos difusos y dispersos, y con elencos gubernamentales que no tienen mucha tradición ni arraigo de experiencia, con sistemas políticos que se han fragmentado y han generado liderazgos extraños. ¿Qué indica eso? Que el único país que queda en América Latina con un sistema de partidos políticos consolidado, donde la rotación tiene lugar y con una transición de liderazgo que es parsimoniosa y homogénea, si me apurás, es Uruguay.
¿Ve riesgo de una recesión mundial? No es un dato menor que el ministro de Finanzas de Gran Bretaña, Jeremy Hunt, confirmó que el país se encuentra en recesión.
Sí. En el caso de Reino Unido, el país tiene en sus espaldas no solamente el fenómeno de naturaleza global sino que la economía se está desacelerando. Europa va a atravesar un invierno muy severo producto de la guerra, a su vez, la economía norteamericana se está enfriando de manera aguda; el dólar se valoriza, y las tasas de interés aumentan. Todo eso configura un escenario y un ambiente para los negocios más “chaucha”, y a la vez supone que el mundo ingrese en una fase de sustancial menor crecimiento -cerca del 2%- porque no hay motores hoy que estén despertando.
Además, Gran Bretaña tiene el Brexit, por lo tanto está reconfigurando muchas cosas en cuanto a su comercio exterior porque sus ingresos privilegiados a la Unión Europea hoy están cortados. Una serie de funciones que estaban trasladadas a Europa en función del comercio exterior, de cadenas logísticas, o cadenas de generación e innovación, las tiene que reincorporar en su función pública, lo que supone un conjunto de costos extraordinarios. Eso implica, además del escenario recesivo, un escenario fiscal más complejo. Yo creo que estamos ante un contexto de muy bajo crecimiento, y el Reino Unido, en Europa, creo que es el que va a sufrir más.
¿La medida de aumentar las tasas de interés, utilizada por la Fed y seguida por muchos bancos centrales en el mundo, es la única receta para combatir la inflación?
Si bien no diría que es la única medida que puede tomarse, si entiendo que en economías con niveles de monetización “estándares”, el aumento de las tasas de interés es un instrumento al que es necesario recurrir para combatir la inflación. Un aumento de la inflación que quiere ser evitado requiere enfriar la demanda mediante una política macroeconómica contractiva. El aumento de la tasa de interés es una herramienta clave para ello. Por eso, el aumento de la tasa de inflación en casi todo el mundo a partir de comienzos de 2022, en particular en Occidente, ha promovido políticas monetarias contractivas que se han traducido, entre otras medidas, en aumentos de las tasas de interés de referencia de los bancos centrales.
En Uruguay, el Banco Central (BCU) volvió a aumentar la tasa de política monetaria buscando bajar los niveles de inflación. Algunos expertos creen que la decisión va en una dirección correcta, pero advierten que al ser una economía bimonetaria la misma tiene poco efecto sobre el nivel de precios y que se requiere de una coordinación con otras políticas, como la fiscal, para que surta mayor efecto. Asimismo, se advierte por el impacto de la decisión sobre el tipo de cambio, ya que perjudica la competitividad del sector exportador, aunque aclaran que no es el único componente que debe considerarse. ¿En qué línea está usted?
En Uruguay la mayoría de los depósitos bancarios, así como una parte importante de la deuda corporativa y pública está denominada en una moneda que no es el peso uruguayo. Las transacciones de cierto volumen (corrientes y a plazo) suelen pactarse en dólares. Incluso, a los uruguayos nos cuesta mucho dimensionar los precios en moneda local a partir de un cierto nivel. Eso quiere decir que las funciones de reserva de valor, moneda de cambio y reserva de valor del peso uruguayo son limitadas.
Debido a ello, en Uruguay la política monetaria tiene una eficacia limitada como instrumento estabilizador. ¿Eso quiere decir que no se puede usar la política monetaria para combatir la inflación? No. Significa que la política monetaria tiene menos potencia que en una economía monetizada para actuar sobre ella.
Por eso, si en Uruguay se pretende desinflacionar la economía hay que extremar las precauciones en el manejo coordinado de los instrumentos de política de modo de mitigar ciertos riesgos que pueden afectar la competitividad, la inversión, el crecimiento y el balance externo. En ese sentido es clave, en primer lugar, que la política fiscal vaya en la misma dirección que la política monetaria para evitar apreciaciones espurias del tipo de cambio real. En segundo lugar, hay otras políticas, como las de precios e ingresos, que deben ser gestionadas evitando que un evento transitorio se propague y arriesgue a introducirse en el sistema de precios de forma permanente. En otras palabras, como la economía de Uruguay tiene una serie de mecanismos que indexan precios (contratos, salarios, paramétricas) es muy importante, mucho más que en otras economías, la consistencia de la política macroeconómica.
En relación al debate actual, a pesar de que la política monetaria comenzó a endurecerse en la segunda mitad del año pasado y de que este año se volvió contractiva, la inflación siguió siendo alta e incluso aumentó hasta alcanzar casi 10% anual. En virtud de eso, alguien podría decir: “ello demuestra que la política monetaria no sirve para combatir la inflación”. No estoy de acuerdo con esa afirmación. Entre otras cosas porque no conocemos el escenario contrafáctico (cual habría sido la tasa de inflación si la política monetaria no se hubiese endurecido). En ese sentido creo que es un error concluir que el aumento de la tasa de política monetaria del BCU no tuvo ningún efecto sobre la inflación.
Sin embargo, lo anterior no supone desconocer que el accionar del BCU evitó un mayor aumento de la inflación porque favoreció una apreciación del peso uruguayo mayor de la que habría tenido lugar si no hubiera promovido los aumentos de la tasa que realizó. En otras palabras, el aumento persistente de la tasa de política monetaria contribuyó a consolidar unas expectativas sobre la variación del peso que alentaron su apreciación lo que probablemente haya evitado que la inflación haya terminado siendo mayor.
Por tanto, si bien no es posible sostener que el manejo monetario no tiene efectos sobre la inflación, se debe reconocer que en una economía bimonetaria la política monetaria tiene una efectividad limitada. Debido a ello, se debe ser muy cuidadoso en cómo se hace uso de la misma porque sus efectos colaterales pueden generar condiciones que afectan decisiones de inversión y consumo lo que puede comprometer el crecimiento y/o el equilibrio del sector externo.
¿Uruguay debería haber hecho cosas diferentes en materia monetaria?
Si se evalúa solamente la política monetaria, la respuesta es que no necesariamente deberían haberse hecho cosas diferentes dados los objetivos que la política económica tiene definidos. Me explico. Si las autoridades económicas querían hacer creíble la meta de inflación que establecieron (debajo del 4% anual originalmente, del 6% luego) para el final del período de gobierno, el endurecimiento de la política monetaria era necesario a medida que el funcionamiento de la economía se fue normalizando luego de la pandemia.
Le cambio la pregunta entonces: ¿comparte haber mantenido el objetivo de reducir la inflación por debajo del 6% en un contexto como el que se enfrentó a partir de 2022?
No. Haberlo mantenido mientras se absorbía un shock de precios internacional, en un contexto en el que la inflación aumentaba en todo el mundo y en el que la política económica tiene otros compromisos no necesariamente compatibles con la reducción de la inflación, provocó una apreciación extraordinaria del tipo de cambio que compromete la competitividad. Ello puede tener efectos negativos a medio plazo.
En mi opinión, ello ocurrió porque el gobierno no evaluó adecuadamente todos efectos de las diferentes iniciativas que fue asumiendo a partir de la segunda mitad de 2021. Fue tomando decisiones no suficientemente articuladas, sin una visión global. Ello comprometió la consistencia de las señales, lo que desalineó excesivamente la trayectoria del tipo de cambio. Concretamente, haber mantenido el sesgo contractivo de la política monetaria mientras se promovían aumentos de salarios públicos y pasividades y se alentara al sector privado a hacer lo propio con los salarios privados, dio lugar a un manejo inconsistente de algunos instrumentos de la política económica.
¿Usted cree que ello explica en parte por qué las expectativas de inflación de los analistas y empresarios no se han alineados a las metas fijadas por el BCU?
La falta de consistencia de la política afectó la credibilidad de la estrategia antinflacionaria. Esa es la principal razón -no la única, es cierto- por la que las expectativas de inflación no se han alineado a las metas establecidas por el BCU. Es que la señal trasmitida ha sido ambigua. Por un lado, la política monetaria reafirmó su sesgo contractivo para ratificar su compromiso con la meta de inflación. Por el otro, la política de ingresos fijada sugirió que el compromiso de iniciar en 2022 la recuperación del salario real se iba a lograr también por el aumento nominal de los salarios y no solamente mediante la caída de la inflación. Esa señal, alentó comportamientos que, a la postre, alentaron una apreciación del tipo de cambio. Debido a ello, el comportamiento del dólar en Uruguay se desacopló de las tendencias globales, lo que terminó por provocar una apreciación del tipo de cambio real, algo que el propio BCU reconoce cuando sostiene que su nivel actual está apartado casi 15% de sus fundamentos.
Y sí va a cumplir con el compromiso de recuperar los salarios.
El gobierno procurará cumplir con el compromiso de alcanzar el nivel del salario real que había antes de que asumiera en marzo de 2020.
Este ha sido uno de los tres objetivos económicos definidos por las autoridades económicas en 2020 que han sido: realizar la consolidación fiscal, reducir la inflación y hacer que los salarios reales alcancen al final del período de gobierno el nivel que tenían a fines de 2019. En mi opinión, en el contexto actual no es posible cumplir con los tres de forma simultánea. Alguno quedará por el camino. Yo creo que la inflación será el objetivo resignado. Por eso estimo que la tasa de inflación va estabilizarse alrededor del 8% anual a partir del segundo trimestre de 2023.
¿Por qué el objetivo resignado será el de la inflación?
Para empezar, porque no fue un objetivo explícito del gobierno antes de asumir. El compromiso se fue asumiendo durante 2020 cuando el shock de la pandemia pareció abrir una oportunidad para la reducción de la inflación por la recesión, la caída de salario real y el ajuste fiscal que estaba en curso.
Como no había un compromiso en materia de inflación, y como la suerte no ayudó por el shock de precios recibido, el juicio negativo por no lograr el objetivo de reducir la inflación no será categórico. Especialmente porque el gobierno podrá argumentar que Uruguay mantuvo la inflación promedio de los últimos 20 años, mientras que en el mundo las tasas aumentaron a niveles no observados en cuatro décadas.
¿Hay margen para elevar la carga impositiva a las empresas o la carga fiscal ya es muy elevada?
Yo creo que Uruguay va a tener que entrar en una discusión sobre la forma de financiamiento de su estado de bienestar. Hay razones de tendencias internacionales que nos llevan en esa dirección porque el impuesto a la renta mínima global va a introducir un conjunto de alteraciones que van a afectar algunos regímenes o tratamientos que en Uruguay tenemos y eso nos va a obligar, necesariamente, a ver cómo nos incorporamos a ese mundo distinto. Uruguay va a tener que discutir y revisar, por razones ni siquiera propias sino de agenda, algunos regímenes que tiene establecidos. De la reforma del 2008 quedaron una serie de temas pendientes que son objeto de discusión y a su vez emergieron otros que demandan un debate sobre cómo el Estado financia su sistema general de protección y consolidación del estado de bienestar. Tarde o temprano vamos a tener que ir a una discusión de ese tipo donde. La propia oposición está diciendo que cuando estamos discutiendo el régimen preferencial no estamos tratando el financiamiento. Hay temas de financiamiento que son cruciales. Por ejemplo, ¿seguimos pensando que el principal financiamiento de los esquemas previsionales de retiro de las personas tienen origen en impuestos sobre el trabajo –llámese aportes patronales o aportes personales-, en un mundo en el cual la gente vive más, en un mundo en el que la deslocalización de la actividad se vuelve más frecuente y puede haber personas que coticen o trabajen para jurisdicciones distintas aunque no vivan en esas jurisdicciones? ¿Tiene sentido que las cargas sobre el trabajo sean la principal fuente de financiamiento, cuando eso lo único que genera es un incentivo a acelerar el proceso tecnológico de cambios para reducir mano de obra, y eso lleva a que el sistema se desfinancie? Por ahí también hay una tendencia de naturaleza global que me va a obligar a revisar esto. El mundo está yendo a que los esquemas impositivos generales sean los que se encarguen de financiar distintas prestaciones del estado de bienestar. Por distintas razones vamos a tener que discutir estos temas. Está todo el esquema de la promoción de inversiones, de las renuncias fiscales asociadas a la captación de inversiones. ¿Hemos hecho una evaluación adecuada de la rentabilidad social entre la renuncia y la captación de inversiones de manera tal de saber que esas renuncias que tenemos asociadas en los proyectos Comap siguen siendo razonables para esta etapa del desarrollo que tenemos hoy o tenemos que revisarlas? Si vos me preguntás, te digo que en el futuro cercano vamos a tener que discutir cómo financiamos nuestro Estado, y nuestro estado de bienestar en particular. Eso supone que vamos a tener que revisar exoneraciones, la aplicación de ciertos impuestos, revisar en el IVA, por ejemplo, si vamos a mantener un esquema de tasa básica con esquema de tasa mínima o vamos a ir a un esquema de IVA personalizado.
¿Qué le parece esa propuesta de un IVA personalizado?
Yo creo que decididamente tenemos que avanzar en esa dirección, es decir, ir hacia un esquema de tasa básica y del IVA más bajo que el que tenemos, y después sí personalizar en función de algunos rubros y características de la renta de las personas, que son las que acceden a ellos con instrumentos que hoy están en condiciones de ser explotados, que no lo eran hace 20 o 30 años, y que por tanto hay que personalizar el gravamen. Porque tanto del punto de vista de la equidad como de la base imponible vamos a poder aplicar una rebaja de la tasa general porque vamos a gravar mejor. En ese contexto, vamos a tener que revisar muchas cosas dentro de las cuales están los esquemas de promoción de inversión y eso supone en algún lugar discutir niveles de IRAE, relación entre gravamen de IRAE, de IRPF, si la renta se reinvierte o no, adecuar mínimos no imponibles. Vamos a tener que hacerlo, no es materia para este periodo de gobierno, sino para el próximo.
¿Consejos de salarios con intervención del Estado o con negociación bipartita, como ya lo estableció la OIT?
La OIT claramente establece que la vinculación tiene que ser bipartita y que el acuerdo debe darse entre empresarios y trabajadores, y que el Estado no puede hacer nada. En la medida que uno forma parte del mundo de los organismos internacionales tiene que estar dispuesto a cumplir eso. Pero, al mismo tiempo, como estamos en Uruguay, en este capítulo tenemos que encontrar la manera, que no se cual es porque yo no soy un experto, donde el Estado tenga algo para decir. ¿Qué significa esto? Que tenga algo para expresar en el acuerdo final o tenga algo para decir en orientar hacia dónde va la política. Hoy tenemos que las pautas las pone el Poder Ejecutivo y las partes negocian. Y es verdad que en un porcentaje superlativo las partes negocian con esa orientación general y acuerdan. Pero la pregunta que hay que hacerles a los empresarios es: ¿qué pasa cuando no hay acuerdo y se ingresa a una zona de conflicto? Ahí son todos los que le reclaman al Estado que haga algo. Y eso no hay que perder de vista. Porque en la práctica, en la costumbre de la forma en la que funciona el mercado laboral y lo que es la cultura empresarial y la cultura sindical, la mediación del sistema político tratando de articular partes, en Uruguay es muy potente. Si me preguntás, creo que ese es un atributo positivo de Uruguay por dos razones. En primer lugar, porque efectivamente el sistema político encuentra, por razones de interés propio y de conveniencia, formas de conciliar intereses que parecen diametralmente opuestos. Porque lo que el sistema político pretende es que el conflicto se solucione para evitar una situación social o conflictiva. En segundo lugar, porque el propio sistema político muchas veces tiene capacidad de negociar con las partes cosas que no necesariamente están vinculadas con ese acuerdo que hagan que las partes se puedan acercar. Lo que Uruguay tiene armado, y lo puedo aceptar, es una gran piscina de dulce de leche en muchos sentidos, porque esta cultura del acuerdo, de la negociación, del conflicto con negociación, no es la más eficiente, por eso hay que mejorarla. Pero a la vez, no hay nadie mejor que el sistema político para entender las realidades de las empresas y de los trabajadores. Yo tomaría lo que la OIT establece, porque hay que cumplir con los criterios establecidos, pero siempre dejaría abierta la posibilidad en la institucionalidad, en la forma en la cual el Estado tenga algo para decir. Porque son los propios empresarios los que terminan reclamando que el Estado venga a resolver este conflicto que ellos no pueden resolver de manera adecuada. Ahí hay un delicado equilibrio que hay que encontrar, que no sé cómo es desde el punto de vista institucional y formal. Yo creo que se puede cumplir con las formas y dejar abiertos mecanismos de conciliación donde el Estado juegue un papel relevante.
¿Qué opina del proyecto de reforma de la seguridad social? ¿Abarca todo lo que debería?
Creo que el proyecto remitido es un buen punto de partida. En primer lugar, ataca un problema que estaba arriba de la mesa: el financiamiento. Lo ataca tratando de acotar el gasto en los esquemas previsionales, y está bien que sea así porque la prioridad en el crecimiento del gasto social no debe estar priorizado en los adultos mayores. Nosotros no podemos permitir que el fenómeno del crecimiento de transferencias de asistencia financiera a la seguridad social como resultado del fenómeno demográfico subyacente y como consecuencia de esquemas que están establecidos en nuestra Constitución, como puede ser que las pasividades estén indexadas en los salarios, supongan, en estado estacionario, que el régimen previsional cada vez pese más y que, por ejemplo, pase de 10 puntos del PIB que gastamos hoy a 12 o 13% del PIB como estaba previsto. Hay que cambiarlo, porque si gastamos tres puntos más del PIB en protección al adulto mayor claramente no estamos priorizando donde tenemos el principal problema, que es en los niños, donde gastamos 0,8 % del PIB. Nosotros tenemos que duplicar, o triplicar, el gasto público social dirigido a la niñez y la adolescencia. Para el nivel de renta que tiene Uruguay, el nivel de gasto en niñez y adolescencia es extremadamente bajo, la mitad de lo que destinan países de renta similar. Tenemos que cambiar el foco. ¡Fijate que estoy diciendo 10 puntos del PIB contra 0.8-0.7! Es una distancia muy grande. Más cuando por cada adulto mayor pobre, tengo 20 niños en la misma situación. Nuestra matriz de protección ciudadana está distorsionada. Eso significa no solo la injusticia y la perpetuación del fenómeno de pobreza en la población, sino además todas las tensiones sobre la seguridad que eso supone.
¿Cuánta urgencia hay en este tema?
Estamos menos urgidos de lo que nos encontrábamos en 2019 para implementar los cambios. En 2019 había diversas razones por las cuales estábamos presionados, entre otras cosas porque en nuestro grupo de pares teníamos la situación fiscal más impresentable de todas. Sin embargo, de 2019 a la fecha entre que mejoramos nosotros nuestro resultado fiscal y que todo el mundo empeoró sus posiciones fiscales producto de la crisis de la pandemia y demás, hoy en día volamos bajo el radar. También es muy buena la decisión de movernos, aunque de manera lenta y no muy clara, hacia la convergencia de regímenes. Acá tenemos un conjunto de regímenes que tienen beneficios extraordinarios comparados. Algunos no son deficitarios, otros sí, pero los que no son deficitarios están a punto de serlo, por lo tanto no tiene ningún sentido que sistemas que son de prestación definida, que son de reparto, que pagan mejores jubilaciones, que no son sostenibles, tengan subsidios de rentas generales. La Caja Militar, la Policial, la Bancaria, la Profesional, sobre todo, la Notarial menos, todas tienen que ir a un régimen general. No hay nada más relevante que tener economía de escala para el conjunto del sistema.
¿Qué otro aspecto resalta?
Lo otro, es constituir un regulador. Es clave que una industria tan importante, que maneja tanto dinero, tenga un regulador específico, especializado, que esté en condiciones de vigilar todos los incentivos de los actores involucrados al sistema. Por un lado, está el BPS, que es dueño de una AFAP, pero al mismo tiempo es pilar de reparto. A su vez, es una especie de agente que tiene tanta información que lleva una suerte de regulador implícito; o por más que haya una Dirección de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo, o que el BCU tiene potestad de regulación sobre las AFAP, muestra que la regulación está fragmentada. Hay mejoras en el proyecto de ley en términos de la regulación y gobernanza del sistema y a partir de la gobernanza de las cajas, donde ahora establece responsabilidades para las personas que están a cargo de la administración. Yo comparto esta iniciativa. Por supuesto que hay algunos detalles que los tengo que estudiar con más detenimiento, pero están allí arriba de la mesa. Por ejemplo, el tema de cómo se actualizan algunas de las prestaciones que se establecen, si es por IPC, si es por Índice Medio de Salario, y si eso podría generar un problema de equidad hacia adelante respecto de algunos colectivos; eso hay que estudiarlo con cuidado. Por lo tanto, yo creo que el proyecto de ley es un buen punto de partida, es una buena discusión política que el país tiene. Seguramente tenga que ser acometido en un periodo siguiente y que termine siendo aprobada por mayorías, aunque veamos que algunos artículos van a ser aprobados por unanimidad y otros que no. Tampoco me cortaría las venas porque hubiera una aprobación unánime por muchas razones. Primero, porque creo que el proyecto no es perfecto, que tiene la oportunidad de ser mejorado. Segundo, porque las unanimidades en democracia tienen que estar reservadas para aspectos muy específicos.
¿El caso Astesiano puede afectar la reputación de confiabilidad de Uruguay a nivel de inversiones?
Es un tema de reciente desarrollo y todavía no nos damos cuenta de la envergadura que tiene. Por la información que poseo hoy creo que no afecta. Considero que se trata de un caso en el que una persona o un grupo de personas arribaron a ciertos sectores de responsabilidad que los llevó a comercializar, vender, de manera probablemente exagerada su capacidad de influir. En mi opinión, se trata de un episodio menor que no va afectar ni la reputación, ni la credibilidad del país. Sí creo que es una lección para el gobierno en el sentido de ser más cuidadoso en la protección de algunos aspectos de la naturaleza republicana. Si hay algo que Uruguay tiene consolidado es la sensación de que nuestro sistema político y nuestras instituciones funcionan. Que el sistema se filtra, que a las ovejas negras las saca para afuera, que la transparencia existe, que las independencias relativas, como todo en esta vida, funcionan. Entonces, un episodio en sí mismo no constituye nada que te afecte, pero si vos tenés una sucesión de episodios deberías pensar si no hay cosas del entorno que estás gobernando que están cambiando.
¿Cuáles, por ejemplo?
Tengo la sensación de que el fenómeno del narcotráfico ha cobrado una envergadura totalmente distinta en la región, porque los centros de distribución, los canales logísticos, la forma en la que se comercializa, la manera en cómo se organizan las bandas delictivas, hoy tiene su sofisticación. Y me parece que nuestro sistema político, salvo excepciones, ha subestimado el problema. Por algunas conversaciones que a veces tengo, me da la impresión de nos creemos impolutos, que estamos protegidos; un poco aquello de we are fantastic. Algo parecido, salvando las distancias, a lo que tuvo lugar en la década del 60 con los fenómenos asociados a las consecuencias de la revolución cubana y el conflicto social que emergió entre los sectores más conservadores y más desafiantes. En los años 60 Uruguay vivió de espalda al precipicio. “A nosotros no nos va a pasar, somos la tacita de plata, somos el país más institucional, la mejor democracia de América”. Y muchas de estas cosas hoy también se dicen. En este tema del narcotráfico, nuestro sistema político, en su mayoría, subestima el problema, y se lo sigue atacando con las herramientas tradicionales, pero es un fenómeno de naturaleza totalmente distinta. Y si no nos ponemos al tanto de eso, nos podemos encontrar una sorpresa. El caso Astesiano es una muestra infinitesimal, pero si yo le agrego el tema de los pasaportes que emitimos, le sumo la fuga de Morabito, que se dio en la administración pasada, ya tengo varios indicadores que me dicen “hay algo que no estás controlando bien, hay algo que no está funcionando”. Yo no subestimaría el problema. Me da la sensación que en el caso Astesiano el presidente y su entorno tuvieron la típica actitud de subestimación. Por lo que hemos sabido hasta ahora, fue advertido, y que él, por esa cuestión que lo hace una persona muy enjundiosa y muy decidida para actuar bajo ciertas circunstancias, subestimó las advertencias. No se puede manejar las instituciones republicanas con un criterio personal. La respuesta de que “yo le di el cuidado de mis hijos” no la recibo. El problema es que no estamos hablando de los hijos, estamos hablando de la Presidencia de la República. La Presidencia de la República tiene que tener un conjunto de cuidados adicionales, más importantes que los de la familia. El cuidado personal es el mismo, pero desde el punto de vista de la representatividad no podés cometer un error de forma. Con tu familia lo podrías llegar a cometer si lo corriges a tiempo, pero con la representatividad institucional no.
Si hay alguien o hay un conjunto de gente que te advierte, hay que llevar la investigación hasta el fondo y llegar a una conclusión. Lo importante es que se resolvió bien, que Presidencia cuando encontró el problema actuó de manera quirúrgica y no hubo ninguna ambigüedad, lo cual demuestra, afortunadamente, que era un fenómeno aislado porque es evidente, por lo menos hasta ahora, que esa persona no tenía capacidad de extorsionar a nadie para decir que “si me sacás yo delato acá”. Es un tema más, que hay que vigilar, porque no somos inmunes, pero nadie va a dejar de venir a Uruguay por eso.
