La piratería audiovisual impide a gobiernos de Latam recaudar US$ 1.800 millones en impuestos al año. El dato se dio a conocer en el trigésimo Summit de Propiedad Intelectual, organizado por Laapip en Buenos Aires. El sector privado propone a los estados acciones público-privadas dinámicas y ágiles para luchar contra el flagelo.
El robo de los contenidos audiovisuales a las empresas a través de acciones criminales como la piratería le está impidiendo a los gobiernos de América Latina la posibilidad de recaudar al menos US$ 1.800 millones extra al año (contemplando únicamente el Impuesto al Valor Agregado) e imposibilita la creación de unos 68.000 nuevos empleos calificados en la industria.
Estas cifras impactantes se desprenden del Summit de Propiedad Intelectual organizado por la entidad internacional Latin America Anti-Piracy and Intellectual Property (Laapip) en la ciudad de Buenos Aires, con el auspicio de LaLiga de España, la Alianza Contra la Piratería Audiovisual; Vrio Corp (Directv, SKY Brasil y DGO) y Videocites.
“El 58% de la población conectada a internet consume contenidos pirateados y la mitad no sabe de su proveniencia ilegal. Existe un impacto monstruoso de la piratería en la industria audiovisual”, dijo Jorge Bacaloni, presidente de Alianza y gerente regional Antipiratería de Vrio Corp.
Bacaloni, a su vez, explicó cómo las compañías vienen trabajando en la región a través de Alianza en articulación con el sector público (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para ir mejorando la lucha antipiratería a través de bloqueos dinámicos, una herramienta que permite la protección de la propiedad intelectual pero que genera enormes desafíos por la velocidad, masividad y escala en la que operan las redes de robo de contenidos.
“Las empresas privadas podemos proveer tecnología, información, reportes y evidencia para mejorar los procesos de prevención y bloqueo de sitios de piratería. Pero necesitamos que los procesos judiciales sean más dinámicos porque tener eficacia en la tarea conlleva tener en cuenta el factor tiempo. Para bloquear una retransmisión de un contenido en vivo hay que actuar en el acto”, añadió Bacaloni.
