Por Diego Rijos, Académico de Número
El próximo domingo, Uruguay vuelve a ser ejemplo regional con un acto cívico que refuerza la convicción del país con la democracia. Como cada quinquenio, el país vuelve a elegir el rumbo que quiere tomar en el próximo lustro.
No obstante, en esta particular elección nos jugamos mucho más que el rumbo del país por los próximos cinco años. No estoy hablando precisamente de la elección presidencial, sino del plebiscito de la seguridad social.
Hará poco menos de un año, en este mismo medio, hablaba de la importancia de tener un debate serio sobre el sistema de seguridad social y entender las causas que han llevado a que el sistema actual necesite recalibraciones en un futuro. Ciertamente, aunque lejos de ser perfecta, la reforma de la seguridad social llevada a cabo por el actual gobierno fue un paso hacia la sostenibilidad del sistema previsional, el primero de muchos que se van a tener que tomar.
Por las razones que explicaré en esta columna, nos encontramos ante una decisión que puede llegar a cambiar el futuro del país, lamentablemente para mal.
En resumidas cuentas, la aprobación del plebiscito, implica que en la Constitución quede plasmada la edad de retiro en 60 años y 30 años de servicio, la prohibición del ahorro individual con fines jubilatorios y que ninguna jubilación o pensión sea inferior al salario mínimo nacional.
Es conveniente analizar las implicaciones de que se aprueben estos puntos.
- La primera, es que, de aprobarse, éstos no pueden ser cambiados a menos que sean otra vez puestos a consideración de un plebiscito o cualquier otra modalidad de reforma de la Constitución. Esto implica que la reversibilidad de esta decisión es, cuanto menos, difícil de llevar a cabo.
- En segunda instancia, la necesidad de financiamiento que implica dejar fijada la edad mínima de retiro a los 60 años y pasar a un sistema puro de solidaridad intergeneracional. Fijar la edad implica dejar de lado la existencia del cambio demográfico, es decir, una mayor esperanza de vida y una menor tasa de natalidad. Esto trae como consecuencia práctica un aumento en las necesidades de financiamiento para mantener el sistema. Esta necesidad deberá ser cubierta con aportes de trabajadores y empresas, un aumento en los impuestos, un aumento en el stock de deuda externa o bien un mix de estos. Estimaciones de un grupo de economistas pertenecientes al Frente Amplio auguran que, para poder cubrir este déficit, será necesario aumentar el IVA de 22% al 35%, con las consecuencias regresivas que esto trae para los sectores de menores recursos.
- Por otro lado, la reforma plebiscitada implica la eliminación de las AFAP, e incluso va más allá, la prohibición de generar fondos de inversión o productos financieros cuyo destino sea complementar la jubilación del sistema de solidaridad intergeneracional. Tal como explicaba en la columna de octubre de 2023, el pilar de ahorro individual viene a ser una válvula de escape que permite que el sistema sea más sostenible que uno puramente de solidaridad intergeneracional. Estimaciones del JPM, esperan un aumento del déficit del BPS respecto al PIB cercano al 4% del PIB para 2040 y 8% del PIB para 2100. Indistintamente de la perdida de esta válvula de escape, conviene resaltar que la eliminación de las AFAP implica un retroceso en términos de estabilidad jurídica. Uruguay se ha caracterizado históricamente por su fortaleza institucional y sus reglas de juego claras, y la aprobación de este plebiscito sería un hito que puede cambiar la perspectiva de los inversores internacionales respecto a este tema.
- Además del cambio percibido en la seguridad jurídica, la eliminación de las AFAP genera como corolario un problema no menor: cuál es el destino de los fondos aportados por parte de los trabajadores a los distintos fondos de pensión. La solución propuesta es que dichos fondos sean traspasados a un fideicomiso de administración, cuyo objeto sea administrar las inversiones hasta su vencimiento. Se propone que el fideicomitente de dicho fideicomiso sea el BPS, no obstante, el dueño de las cuotapartes de los portafolios de las AFAP no es el BPS, sino cada uno de los trabajadores. Por tanto, los fideicomitentes deberían ser estos últimos. Esto implica que se socialicen los aportes individuales, y se genere una especie de apropiación por parte del Estado de los fondos aportados por cada trabajador. Una implicación no menor es que los trabajadores podrían demandar al Estado por la apropiación de sus aportes, lo que generaría un aluvión de demandas y juicios contra éste, con fuertes probabilidades de ganarlos.
- Por otro lado, la eliminación de las AFAP, generaría un revés muy importante a la canalización de fondos hacia proyectos de alto impacto mediante el mercado de capitales local; en especial, proyectos de infraestructura vial y edilicia que han probado ser capaces de encauzar el ahorro hacia la concreción de rutas, locales educativos, entre otros proyectos. Este efecto derrame del sistema de capitalización individual ha sido uno de los mayores logros de este sistema.
- Corolario del aumento en la presión fiscal, el cambio en la seguridad jurídica percibida por el inversor y el cambio en ratios que observan las calificadoras de riesgo (déficit/PIB, deuda bruta/PIB), es posible que genere la baja de algunos escalones en la calificación de la deuda soberana. En especial, podría darse la pérdida del grado inversor. Esto impactaría fuertemente en la tasa en la que el gobierno se endeuda y en consecuencia a la que las familias y empresas consiguen financiamiento. En términos reputacionales, perder el grado inversor podría ser devastador y borraría todo el trabajo hecho por la República luego de las crisis de 2002 en materia de generación de confianza con la base inversora. En términos económicos, implica un menor dinamismo de la economía nacional, lo que impacta en la generación de empleo y de inversión doméstica.
Como comentaba al comienzo de esta columna, el próximo domingo no nos jugamos el rumbo de los próximos cinco años, sino el Uruguay de largo plazo. Ante una campaña llena de eslóganes vacíos, sin un fuerte debate técnico al respecto, es momento de reflexionar sobre las consecuencias de aprobar este plebiscito y actuar en consecuencia respecto a lo que cada uno quiere para el futuro del Uruguay. Confío que la sensatez cobrará fuerza y el plebiscito no saldrá. Pero un fuerte apoyo a éste implica que los próximos gobiernos deberán volver a ajustar el sistema de seguridad social para poder hacerlo sostenible, al igual que comunicar de una mejor forma cómo se procede al respecto.
