Elisa Facio, ministra de Industria, Energía y Minería
En entrevista con CRÓNICAS, Facio explicó que el exhorto a Ancap de no participar en el proyecto HIF Global, que derivó en la renuncia de Alejandro Stipanicic, se debió a que la inversión “la deben hacer los privados”, que son quienes deben tomar el riesgo. Al respecto, dijo que el criterio es cuidar la plata de los contribuyentes, que es “el propósito detrás de todo” y tras ser consultada sobre negocios que dan pérdida a empresas públicas, como es el caso del portland de Ancap, recordó que Stipanicic trató de privatizar el cemento en 2023, pero que “no se presentó nadie por los problemas que hay con el sindicato”.
Por Mateo Castells | @teocastells
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-¿Qué balance realiza de la gestión del MIEM sobre el cierre de la administración?
-Creo que el MIEM en este período tuvo un cambio enorme, que viene de la mano de Omar Paganini, que me precedió y fue quién estructuró los lineamientos estratégicos que llevó el ministerio adelante. Se fortalecieron muchas áreas que estaban abandonadas, como la Autoridad Nacional Reguladora de Radioprotección o la Dirección Nacional de Protección Industrial, que son áreas donde se hizo una gestión muy profesional. También se profesionalizó y modernizó mucho el MIEM y se le dio un clarísimo impulso a la innovación, con todos los proyectos de hidrógeno verde, el Uruguay Innovation Hub y el impulso de la aprobación de la adhesión del país al Tratado Común en Materia de Patentes (PCT). Se trata de cosas que van hacia la innovación, que nosotros creemos que el MIEM debe tener un rol fundamental en el impulso del desarrollo del país, que debe darse de la mano de la innovación de la industria y de lo que llamamos la economía del conocimiento. También, hay muchas cosas que se pueden hacer con los recursos naturales que tenemos, si impulsamos la innovación y todo lo que proviene del saber y del conocimiento, como lo es el hidrógeno verde o la biotecnología.
-¿Faltó presupuesto para la ciencia, la tecnología y la innovación?
-Siempre falta presupuesto para la ciencia, la tecnología y la innovación. En este caso, faltó tiempo. En el presupuesto de 2022 se creó el Uruguay Innovation Hub y se dispusieron US$ 30 millones, de los que se llevan ejecutados casi US$ 10 millones. Esto ha sido algo en lo que se ha avanzado, pero no tan rápido como hubiésemos querido. Pero, en el poco tiempo que tiene el programa, ha avanzado mucho y creo que esa es la manera en que este gobierno ha fomentado este segmento, además de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que se le dio mucho presupuesto. Siempre se necesita más, pero lo que menciono son avances interesantes. También el Uruguay Innovation Hub tiene laboratorios abiertos, uno con Microsoft que ya lleva un año y medio funcionando en Uruguay y que ha tenido resultados muy buenos. Hay otro laboratorio que se llama Newlab, con un esquema diferente, que busca empresas con desafíos y aspectos a resolver y las junta con startups que buscan y producen soluciones para ese tipo de problemas.
-Muchas de las inversiones que llegan al país, y que apalancan el crecimiento económico del país, lo hacen a través de regímenes excepcionales que, de cierta forma, solventan los problemas de escala y sobrecostos que tiene Uruguay. ¿Usted considera que es posible atraer inversiones extranjeras sin recurrir a estos regímenes que le menciono?
-Eventualmente, alguna inversión puede llegar. Pero la realidad es que, como país, competimos con otros países para que lleguen inversiones y algunos tienen regímenes tributarios muy favorables. Creo que esto se trata de un equilibrio; algunas inversiones llegarán igual sin regímenes excepcionales y hay otras que habrá que ayudar a que arriben. Yo creo que está bien que se ayude a que lleguen inversiones extranjeras, porque las que lo hacen con algún tipo de beneficio generan trabajo, divisas para el país e impuestos que cobrar, que es algo positivo para los uruguayos. Debemos abrirnos y favorecer las inversiones, más allá de que tenemos muchas ventajas como país, con una economía estable y con una estabilidad jurídica y política que otros que tienen más beneficios no cuentan, porque por algo vienen a Uruguay. Como país tenemos muchas virtudes, y ahora se sumó en los últimos años la matriz de generación eléctrica que es casi 100% renovable, lo que ayuda a que vengan inversiones. En definitiva, hay que estudiar cada caso; hay inversiones y proyectos que vale la pena acompañar, porque realmente van a tener mucho impacto y hay otros que no, que si desean instalarse, bienvenido sea, pero no tenemos porqué estar haciendo todo nosotros.
-Meses atrás el gobierno exhortó a Ancap a que no participara del proyecto HIF Global, de hidrógeno verde, argumentando que era una inversión de altísimo riesgo dado que la empresa pública, para participar, debería invertir US$ 1800 millones. ¿Qué lleva al Ejecutivo a llevar a cabo este exhorto y a plantear que se trata de un negocio que cuenta con alto riesgo?
-Sobre el hidrógeno verde hay una hoja de ruta, que no es una garantía. Es algo hacia lo que queremos ir y una industria que queremos impulsar. Entendemos que es una gran oportunidad para el país, porque tiene una matriz de generación eléctrica casi 100% renovable, con capacidad de generar más energía eléctrica de la que hoy se genera y un territorio que le permite desplegar este tipo de proyectos. Pero también contamos con una combinación de sol y viento muy interesante, que hace que los proyectos se puedan sostener de buena forma. Nosotros, desde el Ejecutivo, impulsamos estos proyectos y entendimos que Ancap no debía participar de este proyecto. Ancap tiene, por estilo, cuando hace licitaciones o llamados, usar cláusulas de participación. Es habitual en las empresas petroleras que cuando se hace un contrato con otra empresa para que haga una exploración en busca de petróleo se utilicen cláusulas de participación, por ejemplo. En ese caso, son negocios seguros, porque tiene un mercado, un valor y que se sabe cómo funciona. Esa es la razón por la que Ancap puso la cláusula, porque la pone siempre. En el caso del hidrógeno verde, es distinto. Nosotros entendemos y creemos que este nuevo energético va a prosperar y será una manera de sustituir algunos usos muy difíciles de los combustibles fósiles, como en la industria o el transporte, pero no hay un mercado, una certeza y la seguridad de que habrá un comprador que adquiera el producto a un precio adecuado. Hoy por hoy, estos combustibles sintéticos, son mucho más caros que los combustibles fósiles y no está claro que la gente vaya a dejar de usar los fósiles para pagar más caro por estos nuevos. Entonces, hay que ser muy prudente y es mucho dinero el que invertiría Ancap. Nosotros entendemos que la inversión la deben hacer los privados y el riesgo lo deben tomar estos. Como gobierno, debemos actuar para que los privados se vengan a instalar al país, pero no poner plata de los contribuyentes en un negocio que eventualmente no funcione.
-El criterio, entonces, es cuidar la plata del pueblo.
-Sí, es el propósito detrás de todo, junto con buscar el mejor destino.
-Y si ese es el criterio detrás de todo, ¿por qué se siguen manteniendo negocios, por ejemplo, como el portland en Ancap, que suele registrar pérdidas?
-Ese es un problema bastante difícil. El mismo Alejandro Stipanicic trató de llevar el cemento a manos privadas en 2023, cuando se hizo un llamado para que privados se hicieran cargo de las plantas de cemento y no se presentó nadie. Acá hay muchas dificultades. No se presentó nadie por todos los problemas que hay con el sindicato, que puso muchas trabas e hizo muchos paros. De hecho, el país ha pagado muchos millones de dólares por esas trabas, porque todos esos paros que se hicieron en ese momento no solamente contribuyeron a que nadie se presentara en el llamado, sino que también llevó a que se atrasara la parada de la refinería de Ancap. Y por ese hecho la empresa tuvo dificultades financieras. Entonces, a veces los sindicatos cometen el pecado de mirar sólo su ombligo y sus intereses, olvidando que hay un país detrás y que ellos también están arrastrados en esa deuda que Ancap debe financiar para cumplir sus compromisos, y no se dan cuenta todo lo que se pierde cuando solo se preocupan por ellos mismos.
-¿Cree que Ancap está preparada para competir, en caso de que en el mediano plazo se permita el ingreso de competidores en el mercado de los combustibles?
-Las empresas públicas siempre están preparadas para competir y la muestra más clara la tenemos con Antel o el Banco de Seguros. Parecía que iba a ser un drama, y en realidad el drama nunca ocurrió. Tengo mucha confianza en nuestros profesionales y las empresas tienen mucha capacidad de reinventarse y creo que es más un temor a lo desconocido o a mantener el statu quo, que una realidad de que no puedan competir. Confío en que Ancap podría competir perfectamente en el mercado de combustibles.
-Luego de que se permitiera el ingreso de cableoperadores al mercado y Antel empezó a competir, los precios de la banda ancha bajaron 10,3%. ¿En los combustibles puede ocurrir lo mismo?
-Los precios del combustible pueden bajar, lo que pasa es que no hay competencia. Lo que hace el gobierno, para los combustibles, es fijar un precio máximo. O sea que, en realidad, cualquier estacionero podría vender el combustible más barato y en cambio ellos eligen vender al precio máximo, pero la competencia podría existir. Si hubiera otro operador, tal vez sería más evidente porque tendría esa intención. Ancap vende y los usuarios compramos el precio que nos marcan, que es el precio máximo.
“Nosotros estamos dándole el valor más bajo que le podemos dar al combustible”
-Yamandú Orsi manifestó que no le convencía la fijación mes a mes de los precios del combustible. ¿Qué opina al respecto?
-Sería un error. Tal vez se puedan revisar algunas cosas, como que se pueda revisar cada dos meses o que se revise en función de cómo se va modificando el precio del petróleo, pero yo creo que este método es muy bueno porque nosotros estamos dándole el valor más bajo que le podemos dar al combustible, en definitiva. Y eso es bueno para la producción nacional, para el transporte y la ciudadanía. De hecho, hay una gráfica que muestra que en los 10 años anteriores al cambio de gobierno, la población pagó un sobrecosto de US$ 900 millones por precios de combustible por encima del Precio de Paridad de Importación (PPI) y que desde 2021 hasta acá, la población pagó casi US$ 500 millones menos del PPI. En realidad, es un beneficio enorme que se generó.
