Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente
El proyecto de ley forestal elaborado por Cabildo Abierto (CA) fue aprobado con los votos del Frente Amplio (FA), lo cual, de acuerdo con Amarilla, no le hace bien al funcionamiento de la coalición de gobierno. Entrevistado por CRÓNICAS, el viceministro conversó acerca de los principales desafíos del Ministerio de Ambiente (MA) e informó que el año próximo planea avanzar en la creación de un juzgado en materia ambiental.
El menú: El jerarca degustó una entrada para compartir de prosciutto San Daniele, queso parmesano estacionado, corazón de gruyere, aceitunas, pimientos y berenjenas marinadas, y como plato principal eligió brótola en crumble de pan y hierbas con ensalada de quinoa. Acompañó el menú con limonada.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-¿Qué opinión le merece el proyecto de ley forestal que elaboró CA?
-El proyecto de ley está dirigido a un tema de ordenamiento de territorio y también vinculado a la distribución de los tipos de suelos para las diferentes producciones, tal vez intentando amortiguar el impacto o favorecer a determinados sectores en contra de la forestación. Sin embargo, no tiene componentes ambientales.
Las herramientas de protección ambiental en la producción forestal están en la Ley de Impacto Ambiental. Además, el Ministerio ha venido trabajando bien en el área. Más allá de algunas situaciones un poco más complejas en Colonia, en la zona oeste del país, en el resto del territorio la forestación no genera una problemática ambiental.
-Más allá de esto, ¿cuál es su punto de vista sobre la iniciativa?
-La forestación ha tenido un crecimiento importante, generó una actividad económica en zonas que estaban muy deprimidas y sería contradictorio limitarla. Si nosotros vamos a reglamentar qué se puede hacer y qué no en cada pedazo del territorio, estaríamos dirigiéndonos hacia una economía socialista, y acá el principio que rige es la libertad, con algunas excepciones. Se puede ir por el lado de la promoción, como se hizo en su momento con la forestación, o de las herramientas impositivas para desestimular actividades en determinada zona, pero sería una mala señal comenzar a regular con prohibiciones.
-Lo que plantea CA es que se pueda plantar en tierras de prioridad forestal y no en otros territorios que son aptos para la agricultura o la ganadería. ¿No es de recibo el argumento?
-Yo creo que no, porque más allá de algunas distorsiones que ha habido y que capaz que hay que corregir, por lo general, la forestación se ha ubicado en aquellos suelos que son más aptos para esa actividad. En suelos más fértiles no se producen tan bien árboles como en las otras zonas arenosas. La naturaleza se encarga de corregir eso, creo que no hay que reglamentarlo a nivel de una ley.
-¿El hecho de que se haya aprobado con los votos de CA y el FA hizo que la coalición quedara tensionada?
-No quedó tensionada. No es una buena señal para lo que debería ser el funcionamiento normal de la coalición. Yo fui muchos años diputado de la oposición y vi cómo el FA discutía los temas, los analizaba a la interna, y solamente pasaban al plenario aquellos que tenían el consenso de todo el partido. Entonces, que un sector de la coalición incluya un tema en la agenda política vinculándose a la oposición, no es una buena señal. No es un drama, pero es algo que hay que corregir en el futuro.
-¿Comparte la decisión del presidente de vetar la ley?
-Él lo dijo muy bien: con la misma libertad que CA sintió para presentar un tema fuera de la agenda –porque no estaba en el “Compromiso por el país”-, el presidente no tuvo más remedio que vetar esa ley. Es una herramienta que está en la Constitución y la han usado todos los presidentes de la democracia.
-¿Cuál es el principal desafío que hoy enfrenta el MA?
-El primer desafío tiene que ver con la calidad de las aguas, donde es muy importante revertir el proceso que ha habido en los últimos 20 años de afectación de las aguas superficiales. Uruguay era un país donde uno tomaba agua en un arroyo, en una cañada, y estaba apta para beber, inocua y sin contaminación. Hoy, lamentablemente, no es así; desde hace un tiempo que diferentes conductas han generado impacto. El avance de la frontera agrícola, el descuido en las zonas urbanas, la falta de tratamiento de efluentes urbanos y la mala gestión de los residuos, que terminan impactando en la calidad del agua, son cuestiones que tenemos que revertir.
Allí, tenemos proyectos importantes para el abordaje de la calidad del agua en la cuenca del Río Uruguay y la cuenca del Río Negro. Estamos trabajando en la Iniciativa Río Negro, que es un grupo de proyectos que están en la órbita de un comité integrado por el MA, el Ministerio de Ganadería (MGAP) y el Ministerio de Industria (MIEM), que se financian con parte de un fideicomiso.
Otro tema relevante es el proyecto de extracción de agua del Río de la Plata para consumo en el área metropolitana, que no es menor, porque ahí bajamos la presión. Es decir, si bien tenemos que mejorar la cuenca de Santa Lucía y también estamos trabajando en eso, es necesario buscar una fuente alternativa para no depender de un solo lugar para proveerle agua potable a Montevideo.
Después, tenemos que avanzar en el tratamiento de las aguas urbanas en todo el país, con una gran inversión para extender el saneamiento del 50% al 85%. Esa sería la mayor inversión ambiental, no solo de este período, sino de la historia del Uruguay, y mejoraría la calidad de vida de mucha gente del Interior.
-¿Cuáles son los lineamientos de gestión en materia de residuos?
-El problema de los residuos demuestra la falta de cultura ambiental de la sociedad, que ha mejorado mucho en los últimos tiempos, pero todavía falta. En ese aspecto es necesario mejorar la gestión de los residuos, y no solo deben hacerlo los gobiernos departamentales, sino también las empresas y los ciudadanos. Ahí hace falta un cambio de cultura.
Yo tengo el sueño del reciclaje o la clasificación en domicilio, pero la gente te dice que lo hace y que después va la Intendencia y junta todo en un solo contenedor y lo lleva al mismo lugar, entonces, no es lo ideal. Tenemos que buscar que el consumidor cambie su conducta, que la Intendencia haga recolección selectiva, y que lo que se pueda reciclar vaya a un proceso de economía circular. Las empresas pueden mejorar los envases y los residuos que genera su actividad comercial o industrial, para que también tengan retorno.
-¿Cómo es la coordinación con las intendencias?
-Es buena, estamos avanzando y tenemos un grupo de trabajo con el Congreso Nacional de Intendentes.
-La Intendencia de Montevideo está trabajando en ese sentido. ¿Va en la línea correcta?
-Ha hecho una buena tarea. Las intendencias en general tienen sus circuitos verdes, que son importantes, pero hay mucho más para hacer y hay que pasar del plan piloto a lo integral. Es hora de avanzar con pasos firmes y reciclar todo, no podemos seguir en un 3% o un 5% de residuos reciclados.
-¿Se está buscando fomentar prácticas de reciclaje?
-Hay varias iniciativas interesantes con el papel, el cartón, los metales. Ahora estamos regulando los residuos eléctricos y electrónicos, que deberían tener un retorno a la industria a través de determinados procesos. Y estamos avanzando con campañas de educación, es importante que la gente tome conciencia. Si logramos tener planes, limpiamos el Uruguay y tenemos una acción concreta en el territorio que sea eficiente, pero no cambiamos la conciencia de la gente, en poco tiempo vamos a estar en el mismo lugar.
-¿Cómo ha sido hasta el momento la evaluación por parte del MA de las obras de UPM?
-En general, positiva. Hubo una suerte de rispidez con la empresa porque comenzó obras sin tener las autorizaciones culminadas o cumplir los requisitos que planteaba el Ministerio, y ahí se aplicaron sanciones, pero ahora está ajustada a los permisos ambientales. Hay reuniones periódicas muy intensas entre los técnicos de UPM y los del MA y hay un control estricto del cumplimiento de todas las etapas por parte del organismo.
Es una inversión muy importante para el país, pero se controla igual que las demás. Aparte, el desempeño de UPM 1 en Fray Bentos nos da la tranquilidad de que el Ministerio ha actuado bien y la empresa se ha comportado correctamente en cuanto a los requisitos ambientales. Hay mucha prensa atrás, mucho ruido en las redes sociales, pero el Ministerio ha actuado como con cualquier otra empresa.
“Sería necesario contar con algún juzgado en materia ambiental”
-¿Cómo se encuentra el país en materia de normativas medioambientales?
-A pesar de que yo soy abogado, no creo que los temas se resuelvan con nuevas leyes, sino con el cumplimiento de las que ya existen. Hay dos elementos que hay que agregar al sistema normativo desde el punto de vista ambiental. Uno es un capítulo de delitos ambientales que está en el Parlamento y que sería importante para evitar las agresiones a la naturaleza. Hay sanciones administrativas, clausuras de emprendimientos, y hay que tener presente en la legislación la figura de delitos ambientales. En este período deberíamos avanzar en eso.
También sería necesario contar con algún juzgado en materia ambiental. No sé si en todo el territorio o no, pero establecerlo, porque a veces lo que pasa, tanto en Montevideo como en el Interior, es que la gente reclama por temas ambientales, se presenta con abogados especializados, pero la Justicia tiene otras urgencias, los jueces son multimateria y no pueden abarcar todo. Y la disciplina ambiental es bastante compleja y poco conocida en el ámbito judicial, por eso precisamos un juzgado. Tal vez nos pongamos a hablar con la Suprema Corte de Justicia para que encamine algo de ese tipo. Es un tema que quiero encarar en 2022.
“La ministra Arbeleche tiene conciencia ambiental y ha tenido un discurso en ese sentido”
-¿Cómo se ha manejado el Ministerio con las limitaciones presupuestales?
-Tuvimos algunas dificultades al principio con la transferencia del Ministerio de Vivienda al de Ambiente, por instrumentar algunas oficinas de cero, como la Dirección General del Ministerio. No teníamos ni vehículos y debíamos usar algunos antiguos o prestados, pero hemos ido superando los problemas y hemos cumplido las competencias y las obligaciones que tenemos por mandato legal, y con la articulación con organismos como el MGAP, el MIEM, las intendencias y OSE, entre otros.
Hemos tenido el apoyo del Ministerio de Economía. La ministra (Azucena) Arbeleche tiene conciencia ambiental y ha tenido un discurso en ese sentido, algo que parecía imposible en otra época. Ella misma nos ayudó a conseguir fondos para resolver el tema edilicio y para fortalecer el presupuesto en el apoyo a los funcionarios, que son muy calificados, con experiencia, pero que se veían seducidos por la actividad privada.
-Hoy varias reparticiones del MA funcionan en Presidencia. ¿Para cuándo está previsto que tengan una sede propia?
-Estamos tratando de reordenar la parte edilicia, que hoy está fraccionada en diferentes locales, algunos de los cuales son alquilados por un alto precio y son inadecuados para el funcionamiento de cualquier oficina pública. La idea es concentrarnos en un solo edificio y tener a todo el Ministerio junto trabajando para cumplir de mejor manera la gestión. Eso está previsto para los primeros meses de 2022.
-¿Con qué presupuesto cuenta el MA?
-Con unos 17 millones de dólares anuales. Es el presupuesto más bajo. Con eso hay que funcionar, sumado a algún recurso que consigamos de fondos internacionales sin retorno, pero con eso podemos encarar buenos proyectos que tengan impacto.
-¿Cuánto sería el óptimo?
-Un poco más, no mucho, como para mantener los recursos humanos actualizados, y tener infraestructura mínima como un parque vehicular ágil para estar en el territorio y equipamientos de control de calidad de aire y de agua.
