Pablo Abdala, presidente del INAU
Una investigación llevada adelante por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) detectó que, durante tres años, cerca de 30 familias constituidas en el programa de acogimiento familiar percibieron prestaciones sin tener un solo niño a su cargo. Así lo informó a CRÓNICAS el jerarca, quien dijo que se trata de enriquecimientos indebidos por sumas millonarias. Sin embargo, aclaró que “esto no es la regla ni la característica en el funcionamiento del organismo, pero cuando estos casos aparecen hay que esclarecerlos”.
El menú En la cava de Panini’s, el exdiputado degustó corvina rubia con ensalada de vegetales frescos, menú que acompañó con Coca-Cola light. Para extender la sobremesa, prefirió café.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-¿Cuál es el balance que hace del primer año de gestión en INAU?
-El balance es positivo, sobre todo en un contexto tan complejo como el que al país le tocó vivir en el 2020 como consecuencia de la emergencia sanitaria. INAU es un organismo muy grande por su extensión territorial y por el presupuesto que administra, y muy importante por el cometido que tiene, que es proteger y promover a niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos.
La Ley de Presupuesto confirmó que el gobierno puso a las políticas de infancia y adolescencia en el centro de las políticas públicas, porque hubo una muy fuerte asignación presupuestal. A pesar de las dificultades económicas y del déficit fiscal con el que se inició la actual administración, hubo un incremento en el presupuesto del INAU de más de un 13% con relación al del período anterior.
-Sin embargo, el senador del Frente Amplio (FA), Charles Carrera, dijo a CRÓNICAS que “en los recortes de las políticas públicas hay perjuicios. Por ejemplo, el año pasado no se ejecutaron 700 millones de pesos en el INAU y se ejecutó un 50% de las inversiones. Eso implica menos prestaciones para niñas, niños y adolescentes”. ¿Eso no es así?
-No es así. En el año 2020 se mantuvieron todas las prestaciones, tanto las de tiempo completo –los centros de 24 horas- como las de tiempo parcial –los CAIF, los clubes de niños, entre otros-. Además, se incorporaron más de 20 CAIF cuyas construcciones venían de la administración pasada, pero se completaron, se cancelaron las obligaciones y se está financiando la gestión de esos centros.
Es más, como el presupuesto que heredamos de la gestión del FA era deficitario, en noviembre fue necesario pedirle al Poder Ejecutivo un refuerzo presupuestal de 700 millones de pesos y la ministra (de Economía, Azucena) Arbeleche lo autorizó. Eso se hizo en medio de las dificultades sanitarias, económicas y sociales que el país enfrentó, para que INAU pudiera mantener en su totalidad las prestaciones.
A eso se le deben agregar cerca de 70 millones de pesos adicionales del Fondo Coronavirus que el Poder Ejecutivo nos asignó para financiar distintos gastos asociados a la emergencia.
-¿Cómo afectó la pandemia al INAU?
-El INAU se vio muy presionado y afectado por la emergencia sanitaria, porque, obviamente, la aparición de un caso positivo en una residencia de 24 horas genera dificultades muy grandes en cuanto a la reorganización de los equipos.
Fue necesario contratar personal para atender las emergencias, para rearmar los grupos de conducción en cada uno de los hogares. Por otro lado, tuvimos que afrontar gastos vinculados a la compra de insumos médicos, de medicamentos y la realización de protocolos sanitarios.
-¿La tarea del organismo debió limitarse por la emergencia sanitaria?
-Por la propia naturaleza de la función que cumplimos no podíamos detener la actividad. Los 138 centros de 24 horas que hay en todo el país, que son residencias que atienden a niños y adolescentes, no podían parar. Por lo tanto, fue menester realizar protocolos con el Ministerio de Salud Pública, que nos ayudó muchísimo, y establecer áreas de aislamiento para casos sospechosos.
En materia de recursos humanos hubo que contratar a más de 100 trabajadores en forma eventual para rearmar los equipos de los distintos hogares.
En los centros de tiempo parcial también se hizo un enorme esfuerzo. Tenemos 450 CAIF, más de 120 clubes de niños, más de 130 centros juveniles, que son diurnos y los niños y adolescentes van allí a recibir un complemento en materia socioeducativa. Es por esto que, en los tres meses más duros de la pandemia, de la misma forma que ocurrió en la educación formal, la actividad se detuvo. Sin embargo, mantuvimos la asistencia alimentaria para todas las familias que la solicitaran.
-El proceso de las auditorías, donde se detectaron pérdidas millonarias, adquirió relevancia en el primer año de su gestión. ¿Cómo lo analiza?
-Encontramos un organismo con muchas fortalezas y con algunas debilidades. Por un lado, el compromiso de los trabajadores y el profesionalismo de los equipos. Por otro, debilidades en los controles, asociados particularmente a la gestión de los convenios.
INAU tiene dos grandes modalidades de actuación: los servicios se brindan por administración directa, con sus propios funcionarios, o a través de los convenios, que son más de 900 en todo el país, con organizaciones sociales.
Del presupuesto tan grande que tenemos de 400 millones de dólares, casi el 50% se destina a financiar esa inmensidad de convenios, con los cuales desarrollamos una parte muy importante de nuestra tarea. En su mayoría, se cumplen satisfactoriamente, las prestaciones se llevan adelante en forma adecuada, hay un retorno social y un manejo financiero correcto. Sin embargo, en algunos casos detectamos situaciones irregulares muy graves.
-¿A cuánto ascienden las pérdidas de los casos que fueron trasladados a la Justicia?
-Hemos trasladado cinco casos a la Fiscalía General de la Nación por hechos con apariencia delictiva, que totalizan unos 150 millones de pesos de recursos públicos faltantes, o sea, que se transfirieron a esas organizaciones sociales, pero cuyo destino se desconoce.
Sobre una de esas instituciones, que se dedicaba a la atención de personas con discapacidad en Salto y Paysandú, la auditoría está analizando el eventual manejo ilegítimo de las pensiones de los beneficiarios y está por expedirse al respecto.
INAU tiene una auditoría interna muy sólida, profesional, independiente, que ha trabajado muy bien. También ha habido una tarea de ordenamiento interno que ha llevado adelante este directorio, que ha sido exitosa. Por ejemplo, creamos una Unidad de Contralor Financiero de Convenios, que ha sido muy importante. INAU la tuvo en el pasado, después dejó de tenerla, pero entendimos conveniente restablecerla.
-¿Se corrigieron esas debilidades en los controles?
-Se ha venido desarrollando una política que ha permitido regularizar la situación de cientos de convenios que estaban atrasados en las rendiciones de cuentas, que tenían partidas –que el INAU transfiere mes a mes- acumuladas más allá de lo que el reglamento permite. Eso hablaba de una administración que no era totalmente acertada y que demostraba una ineficiencia importante.
-¿Qué pasó con los servicios que brindaban las organizaciones sociales que fueron llevadas a la Justicia?
-En esos casos INAU rescindió los convenios correspondientes y mantuvo la prestación de los servicios realizando nuevos llamados y contrataciones de emergencia.
-¿Han surgido nuevos elementos en este proceso de investigaciones?
-Ahora apareció una situación nueva, que nos preocupa mucho.
Aparte de los convenios, INAU tiene un programa de acogimiento familiar con más de 800 “familias amigas”, que se hacen cargo del cuidado de niños y adolescentes como solución alternativa a la internación en un hogar de 24 horas, para que puedan desarrollarse en un ámbito familiar.
Todas ellas están sometidas a un estatuto, son supervisadas por el INAU y reciben una prestación económica para la manutención del niño, que es de dos o tres –según el caso- bases de prestaciones y contribuciones por mes, por cada niño atendido.
Acaba de llegar al directorio un informe de la División Jurídica que denuncia que cerca de 30 familias de acogida estuvieron percibiendo las prestaciones durante un período de tres años, entre 2016 y 2018, en forma absolutamente irregular, sin tener a un solo niño a su cargo.
Lo que más preocupa es que a fines de 2018 esta situación fue denunciada, pero, sin embargo, recién a inicios del 2020, cuando estábamos en plena etapa de transición hacia el nuevo gobierno, se le dio intervención a la División Jurídica. Por lo tanto, durante más de un año ese expediente estuvo detenido de manera llamativa.
-¿De cuánto son las pérdidas?
-De millones de pesos. No tengo la cifra final, porque eso va a ser parte de la investigación que se va a hacer ahora. Pero, a modo de ejemplo, detectamos que una sola familia de estas cobró durante ese período más de un millón de pesos, porque supuestamente tenía 10 niños a cargo, que en realidad no los estaba atendiendo.
Estamos hablando de enriquecimientos o pagos indebidos por varios millones de pesos, sin el control correspondiente, por tres años. Y reitero, lo que preocupa mucho es el silencio que se produjo en el año 2019, cuando esto había sido denunciado a fines de 2018 y recién en febrero de 2020, con un nuevo gobierno electo que todavía no había asumido, se dispuso el pase a la División Jurídica de INAU.
Dicha área acaba de elevar un informe al directorio denunciando la gravedad de la situación y recomendando urgentemente que se disponga una auditoría interna y una investigación administrativa.
-¿El tema ya fue tratado por el directorio?
-Fue tratado el pasado miércoles en el directorio, generó preocupación y todos coincidimos en que hay que tomar medidas, pero nos dimos una semana más para tomar la decisión final de aprobarlo porque algunos de los directores querían terminar de leer los informes. Vamos a impulsar esa auditoría y a disponer la investigación.
-¿Cuándo estaría el resultado?
-Esperemos que a la brevedad. Va a llevar un tiempo, pero la propuesta de la Jurídica, dada la gravedad de la situación, es que se actúe con la mayor diligencia posible, tanto en la auditoría como en la investigación administrativa.
Con relación a esto, y es algo que también apareció en los otros cinco casos que mencionaba, hubo omisiones llamativas en los procesos internos, donde no se controló o no se actuó como se debía por parte de determinados funcionarios en ciertas etapas del procedimiento.
Esto, repito, no es la regla ni la característica en el funcionamiento de un organismo tan grande como INAU, pero cuando estos casos aparecen hay que esclarecerlos.
-¿Se van a aumentar los controles a partir de esto?
-La mejora en los controles es una política que venimos impulsando desde el día cero. Ha sido un compromiso que asumimos a partir del 1º de abril. En el nuevo directorio, que se completó en julio, estamos comprometidos a mejorar la eficiencia de los controles y la gestión financiera por unanimidad, incluyendo a la directora del FA.
Ha habido una evolución muy saludable en cuanto a que las organizaciones sociales que están atrasadas en sus rendiciones de cuentas o que tienen partidas acumuladas más allá de lo que es admisible por el reglamento, son cada vez menos. Lo que antes era un problema extendido que involucraba a decenas de instituciones, hoy ya es una realidad superada y en ese sentido hay una mejora notoria.
Las “actitudes contradictorias” del sistema político y la sociedad
-Ha destacado la importancia del fortalecimiento institucional del INAU. ¿Por qué?
-Es importante porque yo advierto que a nivel del sistema político y de la sociedad hay actitudes contradictorias con INAU y con las políticas de infancia. Por un lado, ha habido una actitud histórica de asumir la responsabilidad y de darle al INAU la importancia que tiene en cuanto a la asignación presupuestal, pero después actúan como si eso ya estuviera resuelto.
-¿Qué quiere decir?
-Que enjuagan su conciencia asignando recursos, pero luego el tema deja de estar en el centro de la discusión y la preocupación. Eso es algo que yo he advertido porque he estado en los dos lados. Por eso he iniciado la tarea de intentar instalar el tema en la agenda, involucrar al sistema político y visitar el Parlamento con frecuencia.
Después que la sociedad asigna recursos, debería analizarse en forma mucho más recurrente y manifiesta qué se hace en el INAU con esos dineros, cómo se invierten, con qué retorno. Por ese motivo estamos tratando de hablar con el Parlamento, transparentar la gestión e informar a la sociedad de todo lo que podamos.
El trabajo infantil, la violencia y la explotación sexual a todos nos atañen y nos deberían preocupar. Eso explica la importancia del fortalecimiento de la institucionalidad, porque debemos generar conciencia con relación a esto. Tenemos que consolidar esos espacios, porque si no, no vamos a lograr mejores resultados. En esto se juega una parte muy importante del partido y a veces eso se sale del debate cotidiano.
