Jorge Chediak, director nacional contra el Lavado de Activos
El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, entrevistado por CRÓNICAS, destacó que no se ha dado el vaticinio “un poco catastrófico” de que la LUC iba a habilitar a lavar dinero masivamente y que Uruguay pasó de ser un destino de tráfico de drogas a “uno de acopio”. A su vez, resaltó que, “no estando vacunado en contra de nada” no se ha detectado que la política esté financiada con capitales ilícitos.
Por Mateo Castells | @teocastells
Menú: El entrevistado degustó, en la cava de La Corte, fetuccini Alfredo con camarones, que acompañó con Coca Cola light y de postre optó por helado de vainilla y chocolate.
-Ha dicho que la estructura antilavado del país puede ser “perforada”. ¿Qué considera que hace falta para que la estructura funcione adecuadamente?
-Tenemos el diagnóstico, el tratamiento al que aspiramos y más de cinco años para instrumentar los cambios que sean necesarios para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Hay mejoras para hacer a la estructura actual, tenemos en principio una estructura que habrá que analizar si se modifica o no, donde está el Banco Central del Uruguay (BCU), que supervisa en relación al lavado de activos a todo el sistema bancario y financiero, y nosotros, que supervisamos al resto. Especialistas han entendido que sería mejor tener un solo organismo, que no sea algo nuevo, sino que se trate de una unificación de Senaclaft con la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU. También estamos tratando de mejorar el tema de aduanas en relación a los delitos precedentes, que es notorio que nos ha llevado todo este período de gobierno. Al comienzo de la administración teníamos funcionando un solo escáner, que nuestro sistema de controles no dejó bien parado al país en relación a algunos cargamentos de drogas que transitaron por nuestro puerto y que fueron descubiertos en Europa. En este apartado hubo una importante inversión, que hemos apoyado e incluso se destinaron fondos del Fondo de Bienes Decomisados, que la Senaclaft también integra, a los efectos de la adquisición de estos tres nuevos escáneres, que aparentemente por fin estarán operativos y multiplicarán la capacidad de controlar el tránsito de drogas y elementos prohibidos de nuestras fronteras, donde hay un debe y se ha señalado que hay un avance del narcotráfico regional.
-Recientemente Senaclaft pidió presupuestar 15 empleados, pero el pedido fue negado por la asesoría jurídica de la prosecretaría de Presidencia porque se detectaron posibles inconstitucionalidades. ¿A qué se debe esto?
-Tenemos una observación pendiente desde nuestra evaluación de 2019, de que nuestra estructura no es adecuada, debido a que todo nuestro personal está en calidad de pase a comisión, lo que no tiene estabilidad que trascienda gobiernos y que permita que el país aproveche la capacitación actual. A esta altura tenemos un número importante de personal, que lleva 10 años de capacitación, pero que siguen siendo funcionarios en comisión, que están sujetos al requerimiento eventual de sus organismos de origen. La DGI en su momento entendió, con toda razón, que teníamos demasiados contadores en comisión, que la mitad de ellos fueron devueltos a origen, y este es un riesgo que tenemos en relación a los organismos de origen donde revisten nuestros funcionarios. Y la recomendación de Gafilat es que se tenga una estructura permanente y una estructura en sí. La pandemia nos presentó limitaciones presupuestales y recién cuando cesaron las limitaciones de la política de austeridad de la pandemia planteamos con éxito al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo la creación de estos 15 cargos. No pedimos más cargos que aquellos que pensamos que puedan resultar de interés para los funcionarios que hoy revisten a la Senaclaft. Quedan muchas cosas pendientes, pero para un período de gobierno que tendrá tres años en lugar de cinco, creo que ha habido más logros que frustraciones.
-De las principales controversias que trajo la LUC fue la posibilidad de pagar hasta US$ 100.000 en efectivo, a lo que la oposición y parte del oficialismo reaccionó diciendo que favorecería el lavado de activos. Usted ha defendido este punto y ha dicho que este artículo no ha movido la aguja, pero, aun así, Uruguay está lejos de la media internacional, que usualmente permite hasta US$ 20.000. ¿Cómo se justifica, a su entender, la pertinencia de este artículo?
-Esto es cierto, nos fuimos de un extremo al otro, porque antes el tope estaba en el entorno de los US$ 4.000. En este tema se trató de ser extremadamente cuidadosos, no solo atendiendo observaciones de los técnicos y también de la oposición. Si mal no recuerdo, los artículos de la LUC vinculados a la inclusión financiera y al lavado de activos son los que más modificaciones tuvieron en este período. Tratamos de incorporar y morigerar las objeciones, porque ante la idea de que bajaba el nivel de controles y se aumentaban los riesgos, nosotros buscamos no bajar el nivel de controles y que el riesgo no aumente. Es por ello que se permite, vinculado a la libertad individual, que todos puedan elegir si utilizar efectivo o medios bancarios y establecimos, en la redacción final, que esa utilización del dinero en efectivo que la ley hoy admite, constituye una presunción de riesgo. Si se utiliza dinero en efectivo, hay una presunción de riesgo que obliga a acreditar el origen del dinero.
-¿Cómo se ataca y desmantela una organización y estructura de la magnitud de Sebastián Marset?
-El crimen organizado y el lavado de activos, vinculado al crimen organizado, tiene la dificultad de tratarse de organizaciones importantes que manejan mucho dinero, generalmente con ramificaciones en varios países y con estructuras complejas, destinadas a lavar dinero de origen ilícito, realizadas con gran asesoramiento. Contratan abogados, escribanos, contadores y distintos asesores en inversión, asesores bancarios y expertos informáticos para manejar criptomonedas. Estas organizaciones pueden obtener el más alto asesoramiento profesional para lavar dinero y las automotoras son uno de los modelos de negocio más utilizados. Eso lleva a que, en todas las jurisdicciones, la persecución exitosa de estos delincuentes sea muy difícil y desmontar todos estos mecanismos es muy complejo. Hay protocolos y esquemas, pero aun así es muy complejo.
-¿Se ha identificado parte de la estructura de lavado de Marset en Uruguay?
-No me consta. Nosotros, sobre todo, tenemos competencia en la parte de prevención. Es verdad que la unidad de apoyo a Fiscalía participa en la parte represiva con las investigaciones, pero eso se hace en apoyo al fiscal y es información reservada. Como gran parte de nuestras actividades, es un tema que está limitado a la reserva.
¿Es una ingenuidad pensar que el narcotráfico no esté financiando la política uruguaya?
-Este es un fenómeno que en otros países se ha dado y en algunos casos con una fuerza muy grande. Nosotros hace más de dos años que comenzamos investigaciones en este sector y, pese a que la tramitación de los expedientes aún no está finalizada, como apreciación general, encontramos lo que era normal presumir que íbamos a encontrar, que es un cumplimiento dispar de los partidos políticos de la normativa, con errores u omisiones, que era esperable porque no se había podido supervisar adecuadamente. Y sin elementos que llamaran particularmente la atención en relación al financiamiento de los partidos políticos, y pese a que la ley actual y que está en discusión se podría mejorar mucho, no tenemos evidencia de que en los partidos políticos haya financiamiento de parte del crimen organizado. No estando vacunados en contra de esto, no hemos detectado que la política esté financiada con capitales ilícitos.
“Uruguay pasó de ser un destino de tránsito de drogas a un país de acopio, que lo muestra los volúmenes incautados”
-¿A qué responde la dificultad de controlar a nivel de aduanas? ¿Es una cuestión presupuestal o de burocracia?
-Un déficit importante de nuestra extensa frontera es la falta de radares de detección a baja altura, lo que nos dificulta controlar las avionetas con cargas ilícitas, que pueden aterrizar en cualquier campo medianamente. Uruguay pasó de ser un destino de tránsito de drogas a un país de acopio, que lo muestran los volúmenes incautados. En el caso de los escáneres, que ha llevado mucho tiempo y no se pudo concretar en la administración anterior, pese a que existió la intención, fue necesario decidir si se iba a realizar una adquisición o se iba a realizar a través de un arriendo con mantenimiento. Por supuesto que esto es el inicio; desde alguna autoridad internacional se nos ha indicado que tres escáneres no son suficientes porque tenemos tres puertos. Aun así, es un avance muy importante en relación con lo que teníamos.
“No se ha dado el vaticinio un poco catastrófico de que la LUC iba a habilitar a lavar dinero masivamente”
-¿Se observó un aumento del uso de dinero en efectivo?
-Mantuvimos una vigilancia importante. El Observatorio de Análisis Estratégico de la Senaclaft recibió la indicación de vigilar las operaciones del mercado inmobiliario en efectivo para corroborar si existía un corrimiento como se señalaba. No hubo una variación sensible hacia la utilización del mismo, porque incluso antes de la ley de inclusión financiera los uruguayos no utilizábamos dinero en efectivo para compras de gran magnitud por razones de seguridad, sino que optábamos por otros medios. No se ha dado el vaticinio un poco catastrófico de que la LUC iba a habilitar a lavar dinero masivamente.
