Ricardo Gil Iribarne, experto en lavado de activos y asesor designado de la Senaclaft
El exdirector de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que asesorará a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), considera que en esta administración faltó investigación en lo que refiere a lavado de activos y cuestionó que en solo un año se haya procesado solo a cuatro personas por ese delito. En este sentido, dijo que no se deben incluir en las leyes elementos que después no se cumplen y resaltó que Uruguay no necesita nuevas leyes para el lavado de activos, sino que “la ley se aplique”.
Menú: De la extensa carta de La Corte, el entrevistado eligió omelette de cebolla y queso, que acompañó con Coca-Cola Zero. Para extender la sobremesa, optó por café.
-Es sabido que usted asesorará a Sandra Libonatti, quien será la titular de la Senaclaft. ¿Cuál será su rol específicamente?
-Lo que acordamos fue apoyar la formación de un equipo nuevo, que tanto nosotros como el equipo que asumirá entendemos que es fundamental. Daniel Espinosa y yo hace muchos años que estamos en esto y creo que es hora de armar equipos nuevos. Estamos encantados de dar una mano, pero necesitamos gente más joven y con más fuerza. La idea es que se arme un equipo que siga por muchos años, en un tema donde no hay mucha gente capacitada. Hay dos temas que me interesan específicamente. Uno es la capacitación, donde hay que rearmar equipos que se han desarmado, y otro es la investigación. Ese punto es fundamental, porque una de nuestras críticas a este período es que prácticamente no se ha investigado y es seguro que no hay resultados.
-¿A qué atribuye que no se haya investigado? ¿Falta de voluntad?
-Hay varias cosas. En esto es fundamental la voluntad política, que depende de muchas cosas.
-¿Cree que hay complicidad?
-No tiene por qué haber complicidad, pero lo que digo es que hay una percepción de riesgo distinta a la que yo tengo. Uruguay está expuesto a riesgos importantes en lo que tiene que ver con el lavado de activos, porque es la expresión del crimen organizado, y no tengo dudas de que este crimen ha crecido en el país. En 2023, según las cifras de Senaclaft, hubo cuatro condenas por lavado. Parece un resultado muy pobre. Además, las autoridades han transmitido una idea de que seguramente en Uruguay se lava, pero se lava en todo el mundo y que no estamos mejor ni peor que nadie. Eso hay que cambiarlo investigando y ver si efectivamente se está lavando en Uruguay sistemáticamente. Acá hay desde las grandes organizaciones que meten droga para Europa, hasta las que meten droga en el país y abastecen las bocas, que es de lo que el gobierno más habla. Ahí hay delincuencia y lavado, pero lo que alimenta eso son organizaciones muy poderosas que, si no las tocás, siguen operando.
-La atención parece estar mayormente puesta en las bocas de los barrios y la inseguridad que generan, y no tanto en las organizaciones que financian ese microtráfico. ¿Hay error de diagnóstico?
-Este negocio tiene dueños, mayoristas, capataces y asesores importantes. Esta gente no vuelca la plata al microtráfico en los barrios, esta gente se la lleva. El tema es que se ha apuntado abajo y el propio ministro Heber dijo que había que atacar el lavado en pequeña escala y es exactamente el mismo planteo, diciendo que los que lavan son los pobres. Yo digo que los que lavan más son los ricos, la gente poderosa que hace mucho dinero con el tráfico de armas, el tráfico de personas, la corrupción y los ciberdelitos. Hay que atacar las dos zonas, pero el análisis que hacemos es que atacando a los que más tienen es donde hay más efectos. Eso se logra investigando. En cada caso de tráfico de drogas, armas y personas, siempre hay lavado. El tema es si se investiga y si es sustancial, pero desde mi experiencia, la gran mayoría de casos surgieron a partir de una operación policial sobre el delito que genera la plata. A partir de eso, trabajando con la fiscalía, la policía y los jueces, llegamos a investigar a fondo y logramos buscar donde metieron la plata, porque no alcanza con sacarle el último auto o casa que se compró.
-¿Uruguay cuenta con las herramientas para investigar a fondo?
-No estoy seguro, porque además de investigar un caso, hay un tema de inteligencia global. Cómo se mira lo que pasa en toda la sociedad y cómo se aprovechan las bases de datos que tiene el Estado, es clave para investigar, pero hoy no se está haciendo. Si se investiga, se descubrirá que existen fuentes de información muy grandes, pero implica una mirada más desde afuera, estratégica y de inteligencia, que creo que la tiene que aportar la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, que no ha trabajado en esto, y para nosotros es un actor importante. Hay que ver todos los sectores de la sociedad, hasta en aquellos que no registraron casos de lavado pero que llaman la atención. Nosotros tuvimos un caso en 2008 donde estaban implicadas varias de las principales casas de cambio, que traían oro escondido desde Argentina y después lo exportaban. No se pudo probar el lavado porque no se comprobó el origen, pero hasta que hicimos esa operación, Uruguay había exportado US$ 104 millones en oro y al año siguiente solo se exportaron US$ 5 millones. No hubo procesamiento por lavado, pero sí hubo instituciones cerradas por el Banco Central del Uruguay (BCU) por mentir a clientes. Si alguien hubiera mirado las cifras de exportaciones de Uruguay, se habría dado cuenta de que había algo raro, pero todos estábamos persiguiendo otra cosa. Hoy todos hablan de Conexión Ganadera, que con el diario del lunes es fácil de opinar. Capaz que un actor que con independencia analiza la economía, puede decir que, sea ganado, forestación u ovejas, hay una operación que no cierra.
-¿Quién falló en el caso de Conexión Ganadera?
-No me voy a meter en la parte judicial, porque si asesoro a la Senaclaft me puede tocar asesorar a la Justicia en estos temas y no puedo salir prejuzgando. Sí puedo plantear que, en un negocio de este tipo, se puede lavar sin lugar a dudas. Si un cliente trae US$ 150.000, que la Ley de Urgente Consideración (LUC) le permite llevarlos en efectivo y nadie le pregunta nada, como está demostrado, a los años se lleva ese dinero, más los intereses que generó. Ese dinero que recibe el cliente es producto de un negocio lícito. Eso es lavar. Pero la otra zona a tener en cuenta, es que el que arma el negocio esté lavando, porque si junta 10 clientes y US$ 500.000, y compra ganado por US$ 800.000 y la diferencia la pone él, proveniente de dinero delictivo, cuando recupere ese dinero, va a estar lavado. O si el dueño no empieza haciendo eso y después el negocio se le cae, y para preservarse se lleva dinero de sus clientes y se termina demostrando que hubo una estafa, es otra cosa. Porque si hay estafa, hay lavado, porque la estafa es un delito precedente al lavado. Está claro cuál es el riesgo. En mi opinión, y con el diario del lunes, salir a buscar culpables para atrás, me parece que no es acorde. Acá se la comió todo el mundo, porque si vos decís que vas a hacer todo y todo bien, es mentira. Entonces, de la misma manera que el oro, en el caso que yo comentaba, no llamaba la atención hasta que la policía descubrió una maniobra, en este caso a nadie le llamó la atención ni se preocupó por este tema, hasta que se detectó que 4.000 personas fueron afectadas en su patrimonio.
-¿Cree que de acá en más este tipo de negocios deben estar regulados por el BCU?
-Este tipo de negocios deben ser supervisados por alguien, en el plano del lavado y en el plano de la afectación del ahorro público. Son tipos de empresas que compiten con otras inversiones que se ofrecen al ahorrista uruguayo. Y, efectivamente, el ámbito natural para regular este tipo de negocios es el BCU, porque es el que hace controles en ambas zonas.
-Uno de los argumentos fue que no había intermediación financiera en este caso.
-Las casas de cambio no hacen intermediación financiera, sin embargo, el BCU las supervisa, por protección al consumidor y por riesgo de lavado. Si hoy corremos atrás de las vacas, mañana capaz que hay un negocio igual con edificios, tractores o lo que sea, entonces, me parece que debemos hacer un mapa de riesgos donde evaluar, razonablemente, dónde se puede atacar. Por otro lado, hay un negocio que me llama la atención. Desde que tengo uso de razón, en Uruguay existen prestamistas pesados, que prestan mucha plata y hasta hace un tiempo nadie los controlaba, porque no había intermediación financiera. Alguien tiene que estar mirando este tipo de negocios y tratando de anticipar problemas, porque a mí me genera miedo que se pongan regulaciones que nadie cumple. Escuché a algún actor decir que este tipo de negocios deberían ser sujetos obligados en materia de lavado de dinero. Hoy, los sujetos obligados en materia de lavado de dinero son todo el sector financiero y el sector controlado por el BCU y los no financieros controlados por Senaclaft, que son muchos rubros.
-¿En las zonas francas se lava dinero?
-Sí, es un sector de riesgo. No todos los que están en las zonas francas son lavadores y lo que hay que hacer es analizar qué riesgos hay. Pero no hay que satanizarlas, hay que controlarlas. Los sujetos obligados no son sospechosos, sino que son zonas que pueden ser utilizadas para lavar. No se deben poner cosas en las leyes que después no se cumplen.
-¿Que existan leyes que no se cumplen, es algo que hoy ocurre?
-Sin dudas.
-Y esa realidad, ¿cómo la va a cambiar el gobierno entrante?
-Con el compromiso de saber que esto es en serio. Yo lo palpo. Uruguay necesita combatir en serio el lavado de activos y aplicar las normativas que tiene. Uruguay no precisa nuevas leyes para el lavado de activos, precisa que la ley se aplique.
Aumento de tope para pagos en efectivo por la LUC de hasta 1.000.000 UI “viola la normativa internacional”
-¿Van a modificar lo implementado por la LUC, sobre la posibilidad de pagar en efectivo hasta 1.000.000 de Unidades Indexadas (UI)?
-Esto viola la normativa internacional. Si Uruguay fuera evaluado hoy, sería observado por eso. Esta es una de las cosas que hay que cambiar. Antes el tope era US$ 4.000 y ahora ronda los US$ 150.000, me parece que una cifra acorde sería US$ 20.000. ¿Qué ventaja da la aplicación de esto? Nadie va a dejar de lavar, pero sí va a brindar la posibilidad de tener una trazabilidad, que va a servir cuando se investigue. Si no se le saca jugo a la herramienta, se puede cambiar la ley y seguir igual que ahora, sin obtener un solo resultado.
