Julio de Brun, expresidente del Banco Central del Uruguay
En una extensa entrevista con CRÓNICAS, Julio de Brun destacó que para hacer reformas micro debe existir una estructura dedicada a ellas, que es “lo que faltó en esta administración”, y que se deberá tomar como eje la mejora de la inserción internacional para ajustar regulaciones e implementar medidas para bajar “el costo Uruguay”. Sobre esto, el entrevistado destacó que “hay mucho” para hacer a nivel local para disminuir costos y avanzar en la apertura al mundo. Agregó que desde el Partido Colorado apuntan a la reducción del gasto público como porcentaje del producto para liberar recursos.
-Parece existir cierto consenso entre el Frente Amplio (FA) y la coalición al respecto de los desafíos económicos que el país afronta de cara a los próximos cinco años, como tener mayores tasas de crecimiento, una inflación baja, las cuentas ordenadas y, como punto principal, atacar la pobreza infantil. Sin embargo, existen algunos matices sobre cómo abordar esto. ¿Usted cómo ve estas diferencias?
-Los problemas que usted menciona son los problemas que tiene el país y en estos temas no hay buenos ni malos. Todos queremos lo mismo: un país que crezca, donde todos tengan oportunidades y donde los problemas estructurales que traban el crecimiento y generan desigualdad, se puedan superar. Y en la medida en que la izquierda en Uruguay ha abandonado aquellos viejos conceptos de la inflación productiva, el déficit bueno o el déficit fiscal malo, o el no pago de la deuda externa, y ha convergido hacia lo que son los principios básicos de la disciplina macroeconómica, en materia de estrategia de crecimiento y en pensar en cómo se logran esas cosas, es donde aparecen las distintas visiones. Estas disonancias tienen que ver con la estructura de incentivos que se introducen en la sociedad, para que el sector público y el sector privado converjan en la obtención de una mejora para la sociedad.
-¿Cuál cree que sería una política económica adecuada a implementar de cara a los próximos cinco años, teniendo en cuenta principalmente la llevada a cabo por este gobierno?
-Creo que hay que preservar el mantenimiento de algunos equilibrios macroeconómicos básicos y, en esa línea, hacer los ajustes necesarios tras los desvíos fiscales que ha habido en este período respecto de lo previsto, especialmente tras los shocks que tuvo la economía por el covid-19 y la diferencia cambiaria con Argentina, para tener una situación de superávit primario. Esto va a permitir tener la deuda pública en una tendencia decreciente hacia el futuro y, de esa manera, lograr consolidar la situación fiscal en Uruguay. Eso, a su vez, le dará coherencia a la política monetaria en lo que tiene que ver con seguir avanzando con la reducción de la inflación.
-¿Considera que es momento de hacer reformas micro en el país?
-Por supuesto. Algunas experiencias de diseño institucional que hubo en el pasado, que sobre todo en los gobiernos del FA se abandonaron, habría que retomarlas.
-¿Por ejemplo?
-Como el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, que se había introducido en la Ley de Presupuesto de 1995, que tenía como cometido coordinar todos los procesos de reestructura y mejora en la gestión pública y evaluar todas las regulaciones y la fijación de tasas y precios en la economía. Para hacer esas reformas micro debe existir una estructura dedicada a ello que esté especializada, que es lo que faltó en esta administración. Se tuvo el propósito y la intención, pero faltó la dedicación en la ejecución, porque la experiencia muestra que esto solo se logra cuando hay un equipo de gente especializado y dedicado plenamente a esto.
-¿Y qué reformas micro considera urgentes?
-Desde el punto de vista de la gestión y de la administración, existe la necesidad de mejora continua. La tendencia en el mundo es la digitalización y Uruguay tiene la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), que es algo que debe estar más incorporado a los procesos de funcionamiento de la administración en el día a día. También, el énfasis debe estar, como se viene marcando en varios instrumentos digitales para el uso de la administración pública a nivel internacional, en una gestión más orientada a resultados. Tenemos alguna experiencia piloto en la utilización de bonos de impacto social, que buscan fundamentalmente la combinación y la asociación del sector público con el sector privado, principalmente en la implementación de diversas políticas sociales, como puede ser el empleo juvenil, la rehabilitación de personas privadas de libertad, la pobreza infantil o la mejora de la escolaridad y las tasas de egreso en secundaria. Hay indicadores sociales que se pueden mejorar mediante la cooperación entre el sector público y la sociedad civil. De esa manera, se generan mejores herramientas para visualizar el presupuesto público de forma tal que se den los resultados para el contribuyente. Nuestra idea es que en el diseño del presupuesto del año 2025, se constituya una reserva y se realice una sustracción de lo que son los fondos disponibles en algunas áreas estratégicas que abarcan varias de las políticas sociales que mencioné, de tal manera que solo se puedan utilizar en la medida que se diseñen bajo este tipo de instrumentos, que fue una de las carencias que tuvimos en este período. Como esto no estaba previsto en el presupuesto, posteriormente fue más difícil de implementar a lo largo del período de gobierno. Ya con la experiencia de algunos programas piloto, la idea es, para la próxima administración, poder hacer mejoras por ese lado. Después, para todo lo asociado a ajustar regulaciones y a implementar mejoras que hacen al abatimiento del costo Uruguay, además de este diseño institucional, creo que se debe tomar como eje lo que es la mejora de la inserción internacional. Uruguay tiene, además de los acuerdos parciales de comercio, mucho para hacer internamente, porque el país califica muy mal en todos los indicadores de acceso al comercio internacional, justamente por todos los costos que rodean la actividad comercial y su apertura al mundo, principalmente en las redes de transporte. Lo que tenemos en el plan de gobierno es la generación de un Port Community System al estilo de lo que existe en el puerto de Valencia o el puerto de Valparaíso, por ejemplo, donde no solamente hay un proceso de digitalización y de conexión a las redes de transporte internacional, sino que además hay una redefinición del sector público y de todo lo relacionado al comercio exterior, que tiende a abatir costos y mejorar tiempos. Todo eso forma parte de lo que es una agenda de reformas del Estado.
-Mencionaba la apertura económica, un tema al que el país suele estar atado a voluntades externas. ¿Qué tiene que hacer el país internamente para no depender de factores ajenos?
-Eso es algo que hay que seguir trabajando. A veces hay que trabajarlo a nivel de acuerdos más generales y otras a nivel de acuerdos más puntuales, que permitan un mejor relacionamiento y clima de negocios entre un país y otro. En materia de intangibles, hoy hay menos dificultades para celebrar acuerdos porque se basan en acuerdos de derechos de propiedad, regímenes de inversión y tratamientos tributarios, donde hay menos posturas contrarias. Y Uruguay en materia de intangibles tiene ventajas competitivas de las que se podría aprovechar haciendo acuerdos de inversiones, por ejemplo. Pero hay mucho para hacer internamente para abatir los costos y mejorar la inserción internacional del país, donde a veces Uruguay, a pesar de los aranceles y las distancias con el resto del mundo, algunos costos de operativa comercial son tan altos que son equivalentes a tener tarifas arancelarias prohibitivas o a estar en el fin del mundo, desde el punto de vista de conectividad comercial. Hay mucho para hacer internamente, sin depender de las voluntades de otros países.
-Uno de los ejes de la campaña para las internas de Gabriel Gurméndez, a quien usted asesoró, apuntaba a una considerable reducción impositiva. ¿Cómo se articuló esto en el programa de gobierno de Ojeda?
-La idea sigue siendo la misma, más allá de que en el diseño del programa haya que conciliar las propuestas de los distintos sectores. Apuntamos a ir por un camino de reducción del gasto público como porcentaje del producto que vaya, de alguna forma, liberando recursos que a la larga pueden repercutir en una reducción de impuestos. Mejorando la eficacia del gasto público es que uno logra ese tipo de resultados.
-¿A qué se apunta específicamente?
-A la reducción de IRPF y IASS. La idea sigue siendo que, desde el punto de vista de los incentivos a la formación de capital humano en Uruguay, el IRPF es como un tiro en el pie. Por otro lado, desde el punto de vista de lo que es la cooperación intergeneracional, hay muchos hogares donde el mantenimiento de un niño depende de la jubilación de un abuelo, que es una de las razones por la que ponemos énfasis en apuntar a una reducción en el IASS. Estas propuestas siguen estando sobre la mesa, como también la necesidad de adaptar a Uruguay en materia de tributación internacional a los desafíos que plantean las tendencias en materia de imposición a la renta, que nos obligan a tener una tasa competitiva. Esto va a requerir que haya recursos disponibles para tener un sistema tributario más razonable en este contexto de mucha competencia internacional en materia tributaria.
“El principal factor que explica la pobreza infantil es la falta de posibilidades de empleo de los jefes de hogar”
-¿Qué postura tiene al respecto de la propuesta del PIT-CNT para reducir la jornada laboral sin pérdida salarial?
-En un país con problemas de costos laborales altos, forzar un proceso de reducción de jornada laboral en este momento, no tiene sentido y va a contramano de lo que uno busca como país que quiere generar condiciones de competitividad y sobre todo mejorar el empleo. El principal factor que explica la pobreza infantil es la falta de posibilidades de empleo de los jefes de hogar. Si queremos promover la creación de empleo, la reducción de la jornada laboral va en el sentido opuesto. Y cuando una de las prioridades es atacar el problema de la pobreza en Uruguay, combinarlo con este tipo de iniciativas es como poner dos ventiladores en sentido contrario.
“En estos cinco años, más allá del covid-19 y los distintos shocks, tenemos el empleo en una tendencia creciente”
-¿Dónde residen las mayores diferencias entre el país actual y el del 2019?
-La principal diferencia está en términos de lo que se puede visualizar en datos. Uruguay llegó a 2019 con un modelo de crecimiento, si es que se lo podía llamar de esa manera, agotado, luego del boom de los commodities, y con un estancamiento y pérdida de empleo sistemática. Esto hacía insostenible la política salarial y la situación cambiaria. En estos cinco años, más allá del covid-19 y los distintos shocks, tenemos el empleo en una tendencia creciente, y el ingreso de los hogares, que venía en una tendencia decreciente, hoy ha vuelto a retomar una tendencia creciente. En esa dinámica de ir en caída hacia fines de 2019 e ir en proceso de recuperación en 2024, está la diferencia fundamental de lo que es la situación en este momento y las perspectivas para el futuro. Lo que tenemos que resolver son los problemas estructurales del país, que permitan que ese crecimiento en los ingresos de los hogares sea lo más igualitario posible.
