Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU)
Una política de Estado en infraestructura, que trascienda a las administraciones, es uno de los principales anhelos que el presidente de la Cámara de la Construcción tiene para su sector. Ya en el ejercicio de su segundo periodo al frente de la CCU, O´Neill conversó con CRÓNICAS acerca de diversos temas que atañen al sector, entre ellos, la importancia de la obra pública para reactivar la economía, generar empleo y apalancar el desarrollo del país. “En los países desarrollados el porcentaje del PIB destinado a la inversión en infraestructura es el doble o más que el que tenemos nosotros”, sostuvo el titular de la gremial empresarial. En este sentido, las sugerencias del Banco Mundial refieren a una inversión para el sector de entre el 4% y el 6% del PIB, y Uruguay está en el entorno del 2%. “Es un camino que tenemos que recorrer”, aseguró O´Neill.
El Menú En la confortable cava de Panini’s, O’Neill degustó salmón grillé bañado en salsa de mango, acompañado de puré y verduras de estación que acompañó con agua mineral.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
– Renovó su cargo al frente de la Cámara de la Construcción. ¿Qué objetivos tiene para esta nueva gestión?
– Nos toca asumir este segundo periodo en un momento muy particular de la historia del país porque estamos en plena pandemia. La emergencia sanitaria ha tenido un impacto muy grande a todos los niveles, también en la economía; por lo tanto, es un desafío grande trabajar como venimos haciendo para la sostenibilidad de la situación sanitaria impulsando una campaña de vacunación en la industria, con todos los protocolos, pero también pensando en el día después de la pandemia. En este marco, hay desafíos muy importantes que tienen que ver con la inversión, tanto pública como privada.
Entendemos que para la reactivación económica y para la generación de empleo, que es uno de los principales problemas que tiene el país, es muy importante la inversión pública en obras de infraestructura.
La inversión en infraestructura tiene una condición, que no se ve tanto en la privada, que es el derrame que su actividad conlleva a lo largo y ancho del país; es algo muy positivo.
En ese sentido, nos parece que hay mucho por hacer. Somos conscientes de que el país atraviesa una situación fiscal muy compleja, que esta nueva administración viene atacando, y eso lo entendemos; es algo que condicionó la Ley de Presupuesto, pero también insistimos en la necesidad de buscar otras alternativas por fuera del presupuesto para financiar la inversión pública.
En estos días hemos tenido noticias del fideicomiso para los asentamientos que se incluye en la Rendición de Cuentas; es una iniciativa que saludamos y que nos parece positiva, pero hay que seguir buscando instrumentos para más inversión pública. Es el camino que muchos países han emprendido como forma de salir de la pandemia y creemos que es muy necesario.
– ¿Cuánto representa la inversión pública en el total?
– En la última década la inversión pública ha representado aproximadamente el 30% del total de la inversión en construcción. Es un tercio de la inversión total por lo que cuando eso se resiente evidentemente se resiente el sector.
Hoy el sector está en un momento bueno porque hay inversión privada muy importante, como la de la tercera planta de celulosa -tanto en la planta como en la terminal portuaria-, con una cantidad de obras conexas vinculadas a la inversión donde se destaca, fundamentalmente, el Ferrocarril Central, que si bien es una obra pública, tiene un financiamiento privado. Todo eso impulsa a la actividad.
También se empieza a ver el efecto de las medidas que tomó el Poder Ejecutivo en el 2020 respecto a la vivienda promovida y a los proyectos de gran dimensión económica en la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), lo cual ha sido muy positivo y ha dado un gran impulso a los proyectos de ese tipo de vivienda. Pero cuando terminen las grandes inversiones de la plantas de celulosa y del Ferrocarril Central el horizonte no está claro, y por eso insistimos en la importancia de contar con un plan de infraestructura potente, que genere esa inversión necesaria para impulsar la economía y para dar trabajo a los uruguayos.
La infraestructura no solo es importante en este momento de reactivación pospandemia, sino que son inversiones necesarias para el desarrollo. Aportar a la infraestructura es apostar al desarrollo.
Las infraestructuras mejoran la competitividad en su base porque optimizan los costos de transporte o mejoran la comunicación. Es lo que pasó, por ejemplo, con la fibra óptica, que permitió que en la pandemia pudiésemos hacer home office y eso fue porque hubo una inversión en infraestructura que lo hizo posible.
Una política de Estado en infraestructura que trascienda a las administraciones reactiva la economía, genera empleo y apalanca el desarrollo del país.
En este sentido, en los países desarrollados la inversión en infraestructura es el doble o más del porcentaje del PIB que tenemos nosotros. Hay sugerencias del Banco Mundial que están entre el 4% y el 6% del PIB; Uruguay está en el entorno del 2%. Es un camino que tenemos que recorrer.
Si bien es cierto que tenemos un tema con el déficit fiscal, también lo es que estamos en un mundo de tasas bajas donde los créditos para este tipo de inversiones van a ser por varios años a tasas bajas. Es un buen momento para dar un salto en la infraestructura del país.
– ¿Ve intenciones de que se profundice la inversión en obra pública?
– La Ley de Presupuesto reflejó que el país tiene un déficit fiscal importante y una pandemia en curso. La inversión pública en la Ley de Presupuesto es más bien contractiva, decrece y esa no es una buena señal, pero entendemos que es lo que se podía manejar en el momento de elaborar el presupuesto nacional; por eso nosotros insistimos en los instrumentos que se puedan desarrollar de modo extra presupuestal. Ahora se incorporó este fideicomiso para los asentamientos en la Rendición de Cuentas, que bienvenido es. Hay cosas que se están manejando por el lado de la iniciativa privada que podrían decantar y transformarse en obras. Son procesos que llevan su tiempo y entendemos que sería bueno que el gobierno tenga un plan rector en infraestructura. Para la CCU siempre ha sido una bandera aspirar a que la infraestructura sea una política de Estado porque es algo que conlleva procesos largos, de años, que trascienden una administración. Sería muy bueno que Uruguay hiciera de la infraestructura una política de Estado pero, mientras tanto, al menos tener un plan de infraestructura integrador que planifique y permita dar señales claras al sector privado porque, de esta forma, el mismo responde, invierte en maquinaria y mantiene su personal dado que hay expectativas ciertas de trabajo.
Nos parece que hay más por hacer y también hay un aspecto asociado más a la gestión de la lentitud de los procesos en los organismos públicos. También hemos pensado que sería bueno tener alojado el brazo ejecutor en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) que, como organismo público que se rige por el derecho privado, puede hacer las cosas en otros plazos y eso ayudaría para poder ejecutar proyectos más rápido en los años próximos, lo que va a ser muy necesario. Creemos que queda mucho por hacer.
– ¿Ha habido respuestas a estos planteos?
– Hemos tenido intercambios pero no confirmaciones. Siempre estamos para colaborar, dar ideas y poner materia gris y esfuerzo, pero todavía hay cosas que no se han concretado.
– ¿Cómo ha evolucionado el sector en este año?
– En 2020, a pesar de la pandemia, no tuvimos destrucción de puestos de trabajo. El sector mantuvo la ocupación; el promedio de 2020 es casi idéntico al de 2019, lo que es una muy buena noticia. Fue el único sector de actividad que creció en 2020 a pesar de la pandemia impulsado por las inversiones ya mencionadas.
En este 2021 vamos a crecer en la ocupación porque, además de esas inversiones, se suman otras vinculadas a la vivienda; entonces este primer trimestre ya marca crecimiento y seguiremos con esa tendencia.
El promedio anual de ocupación es de 44.000 o 44.500 trabajadores. Este año esperamos estar por encima de eso- entre 45.000 y 50.000, 47.000 en promedio-, lo cual es una muy buena cosa dada la situación que atraviesa el país, ya que según los últimos datos del INE del mes de mayo hay 180.000 desocupados.
– Hubo un ida y vuelta con la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, por la obra histórica que llevará a cabo el ente con la empresa china Machinery Engineering Corporation por la ausencia de empresas nacionales, y ella contestó que el 80% de la mano de obra será uruguaya. ¿Qué reflexión hace de este episodio?
– Esto surgió ya en el periodo anterior, esta administración lo continuó, pero es algo de hace algunos años, y según entendemos, nació mal porque por exigencia de los financiadores se puso un requisito de que las empresas para ofertar debían tener grado inversor. No hay ninguna empresa nacional que cumpla esas condiciones. Además, la inversión se hace a través de un fideicomiso, entonces se hacía una invitación a los cotizantes. Se invitó a unos nueve oferentes y se terminaron presentando tres ofertas, pero eso dejó a todas las empresas nacionales sin la posibilidad de ser oferentes directos.
Es cierto que algunas empresas participaron con subcontratistas de empresas extranjeras, pero lo que nosotros decimos es que en el país hay capacidad instalada para ejecutar la obra. No es lógico que en una obra nacional, que en definitiva se termina pagando con recursos nacionales, se excluya a las empresas nacionales como posibles oferentes. Fue una decisión tomada en la anterior administración que ahora se completó.
En el proceso de licitación hay tres ofertas, una es esta empresa que tiene un precio de mano de obra muy inferior a la de las otras ofertas y, según nuestros cálculos, insuficiente para la ejecución de la obra, cosa que también le advertimos a UTE en su momento.
Nosotros señalamos, en primer lugar, la mala decisión de restringir la posibilidad de que las empresas nacionales puedan trabajar y advertimos sobre este punto de que nos preocupa que se haya ido con un precio de mano de obra por debajo de lo que entendemos que es el costo de la obra. Ha habido situaciones similares en otros países de América Latina en los que se ha recurrido a personal extranjero y demás. Nos parece importante que eso se controle durante el proceso de ejecución.
La presidenta de UTE informó que una exigencia del contrato era que el 80% de la mano de obra sea nacional, bienvenido ese dato. Simplemente entendemos que sería una mala práctica que otros organismos del Estado repitan este procedimiento; esperamos que no, y que en el proceso de ejecución de la obra se hagan todos los controles que se hacen a todas las obras tanto públicas como privadas.
– ¿Preocupa la falta de acuerdos políticos entre el Frente Amplio y el Partido Nacional en el entendido de que obstaculiza la aprobación de fideicomisos para algunos departamentos, como es el caso de Canelones o Rocha?
– Sí, preocupa y mucho. Nosotros entendemos que la inversión en infraestructura, en obra pública, es muy importante en este momento para dinamizar la economía y generar empleo.
No podemos perder de vista que hay 180.000 uruguayos que hoy no tienen trabajo y ese es un problema que va a seguir azotando, porque además de las dificultades económicas está todo el tema de la reconversión laboral y la revolución tecnológica que va generando cambios en el mercado de trabajo.
Los fideicomisos de las intendencias son un instrumento de financiamiento y nos parece fundamental que se aprueben, que salgan adelante.
En Rocha, la Junta Departamental no aprobó el fideicomiso que propuso el intendente, y entendemos que en Canelones se está planteando una situación similar.
Queremos dejar en claro que para nosotros es muy importante que esas iniciativas prosperen. Por tanto, exhortamos a que los partidos políticos busquen los acuerdos necesarios para que esto se materialice y lo que se priorice, en un momento tan particular como este de salida de la pandemia, sea justamente elevar la mirada y que todos tiremos juntos en la misma dirección para que se puedan realizar esas obras muy importantes para los departamentos, pero muy necesarias también para generar empleo en un momento tan difícil.
Esperamos que esta situación se resuelva y que todas las intendencias que tengan intención de avanzar en esa línea lo puedan hacer.
– Desde la óptica de la construcción, ¿cómo imagina la reactivación de la economía pospandemia?
– Nosotros pensamos que la construcción es uno de los motores de esa reactivación; en realidad ya lo está siendo. Fue el único sector que creció en el 2020 y es de los que lo hizo en el primer trimestre de 2021; no destruimos puestos de empleo en el 2020 y este año vamos a crecer. Cuando hablamos de la importancia de más planes de inversión y más alternativas de financiamiento es porque estamos convencidos de que es un sector muy importante en ese sentido.
Hay un estudio del Ceeic (Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción) que muestra que cada inversión en la construcción se multiplica por cuatro en la economía. Entendemos que es uno de los sectores fundamentales para esa recuperación.
Sin conflicto
En los últimos días, UPM 2 superó un conflicto sindical que se mantuvo durante casi tres semanas. “Es un conflicto cuyas razones son difíciles de entender y que parece excesivo para lo que estaba en juego, pero confiamos en que de ahora en más se vuelva a encaminar la normalidad como venía desde hace un año y pico”, reflexionó el presidente de la Cámara de la Construcción.
Se trata de la inversión privada más importante de la historia del país que al día de hoy ocupa en el entorno de 5.000 trabajadores. “Algo más de 4.000 en la planta y cerca de 500 en la terminal portuaria, pero después están las obras conexas”, precisó O´Neill.
Esas cifras representan alrededor del 10% de la ocupación del sector. “No podemos decir que explica toda la actividad, pero con este porcentaje sí se puede afirmar que es una inversión muy importante que hay que atender”.
Al respecto de la conflictividad en el sector, O´Neill recordó la importancia de que el año pasado la CCU haya firmado un convenio colectivo por tres años. “Pedimos salirnos del convenio puente de un año para negociar, el Poder Ejecutivo acompañó esa propuesta y logramos un convenio colectivo a tres años, que es un plazo bien interesante”, sostuvo.
Para el presidente de la gremial empresarial esta acción tuvo una incidencia directa en el comportamiento de la conflictividad. «La mayor parte de la conflictividad se disipa, eso da confiabilidad, estabilidad y certezas en todo lo que hace al desarrollo del sector», apuntó. En este contexto, hizo la salvedad de que siempre hay algún punto de conflictividad en alguna obra en particular pero que no se ve afectado el sector en su conjunto.
