Felipe Algorta, director de UTE en representación del Partido Nacional
En línea con el compromiso de campaña de la coalición multicolor de auditar cada lugar del Estado, UTE se apresta a investigar a fondo las cuentas de Gas Sayago, la empresa creada para construir la planta regasificadora, que nunca se concretó. Entrevistado por CRÓNICAS, el director del organismo dijo que “existen sospechas” de corrupción en torno al fallido proyecto, el cual, según dijo, sigue generando gastos al día de hoy.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-¿Con qué objetivos asumió en el Directorio?
-El objetivo es representar al Partido Nacional en el Directorio. Para mí es un gran honor estar en una empresa tan importante como UTE, que funciona a lo largo y ancho del país.
Nosotros tenemos un norte que es la mejora de la gestión, porque entendemos que en el ámbito empresarial siempre hay lugares donde hay que mejorar lo que se hizo, pero también hay que proyectar lo que se viene.
En ese sentido, la UTE está pensando en el día de mañana, ofreciendo nuevos servicios, porque si bien es una empresa de electricidad que está en todo el país, los tiempos van cambiando, la tecnología va creciendo y UTE tiene que pensar en cómo se va a posicionar de cara al futuro.
Hay un montón de proyectos que sería muy importante que pasaran a ser parte del tronco principal de la empresa, como la movilidad eléctrica. Se han dado algunos pasos… UTE tiene la flota privada más grande de vehículos eléctricos. Hay un plan piloto de ómnibus eléctricos, porque no solamente se trabaja en la energía limpia, sino que se aprovecha la energía disponible, más barata, en horarios de la noche, que es cuando los vehículos se cargan.
-¿Cuáles son los fundamentos de la propuesta de auditoría en Gas Sayago, la empresa creada para la construcción de una regasificadora en la segunda administración del Frente Amplio (FA), sobre lo cual ya hay una denuncia penal?
-Las auditorías son un compromiso de gestión del nuevo gobierno. Gas Sayago es una de las herencias malditas del FA. Es una empresa privada que crearon UTE y Ancap, dos organismos públicos, o sea que se actuó muy mal y con pocos controles, con fondos públicos.
Hemos visto el trabajo de la comisión investigadora; eso está en Crimen Organizado, pero UTE, que es dueña del 80% del paquete accionario de Gas Sayago, también es responsable de los gastos que hasta el día de hoy genera la compañía y que seguirá generando hasta tanto no se pueda cerrar.
-¿Cuál es el estimado de los gastos que genera al día de hoy?
-Gas Sayago está gastando 125.000 dólares por mes en el alquiler de un predio a la ANP, de un depósito. A su vez, se está gastando en servicios jurídicos, sobre todo, de los estudios que están llevando adelante los litigios en contra de la empresa, y también en cuestiones de funcionamiento, como la vigilancia en la zona donde era el obrador de Gas Sayago.
Hay cosas que están pendientes, como el desmantelamiento de los pilotes que están en frente a Gas Sayago, en Punta Sayago. Retirarlos va a demandar varios millones de dólares. Además, se están pagando y se pagarán impuestos por un gasoducto que se hizo especialmente para este proyecto, que nunca se utilizó ni se va a utilizar. Aparte de lo que costó esa obra, la misma tiene que aportar por Impuesto al Patrimonio.
Gas Sayago no produjo absolutamente nada en estos 10 años, solamente realizó gastos en distintas cuestiones. Eso fue parte de lo que ameritó que en su momento se enviaran las actuaciones a la Justicia.
-¿A qué adjudica que no se haya podido concretar el proyecto en estos años?
-Esa pregunta es la que queremos que se nos conteste con documentación a la vista en la auditoría de gestión que hemos promovido. Se manejan cifras, pero no tenemos total certeza de cuánto se gastó.
En el año 2010, los distintos partidos políticos firmaron un documento para trabajar en el cambio de la matriz energética. En ese entonces se hablaba de incorporar gas y a raíz de eso fue que se empezó a hablar de Gas Sayago.
El problema es que el volumen de este emprendimiento superaba infinitamente lo que Uruguay necesitaba, o sea que no había quien pudiera consumir lo que se iba a generar. Inclusive algunos informes indican que UTE y Ancap ya habían advertido al gobierno de que no iban a utilizar ni un 10% de lo que se produjera allí.
En ese momento se manejó que Argentina podía consumir la energía que se produjera a través de la regasificadora, pero nunca hubo un solo documento donde ese país se comprometiera a ello. En ese caso yo creo que el proyecto debería haber sido binacional y no de una empresa privada creada por dos organismos estatales con tan poca certeza de que realmente se podía concretar.
El proyecto avanzó, pero ya se veía que la cosa no iba a funcionar. Incluso se negoció con Shell para que se hiciera cargo de este emprendimiento, o sea que hace cinco años ya había fracasado el proyecto original. Sin embargo, se siguió adelante. Nos hemos acostumbrado a ver que si el Estado pierde 10 o 15 millones de dólares no es tanta plata y no pasa nada.
-¿Con el FA se refiere?
-Sí, exacto, porque se perdió mucho dinero en muchísimos emprendimientos que hoy, de a poco, cada uno está ameritando su propia auditoría, como el Antel Arena. Son millones de dólares, y si estaba presupuestado 40 y después salió 100, seguimos adelante.
Se perdió de vista el buen manejo del dinero público que hoy vemos, cuando realmente escasea, lo necesario que es. Estas auditorías marcan la intención de que no vuelva a pasar, esa es la razón principal.
-¿En torno a Gas Sayago y la regasificadora, cree que se puede hablar de mala administración o también de ilícitos?
-La propia comisión parlamentaria hablaba de irregularidades, de posibles ilícitos, de evidente mal manejo de los fondos públicos. Gas Sayago llegó a tener hasta dos gerentes generales; una empresa que nunca llegó a producir nada en 10 años, con una escala salarial bastante por encima de la media en el ámbito privado.
Gas Sayago debía hacer el relevamiento de los suelos en los cuales se iba a construir el muelle para el barco regasificador, y esos estudios fueron tan mal hechos, que cuando fueron a trabajar en el territorio se encontraron, entre otras cosas, con un barco hundido que no había sido detectado.
Se contrataron consultorías por millones de dólares, por ejemplo, para establecer cuál era el mejor lugar para instalar el emprendimiento. Se le dio la espalda a la propia consultoría contratada, que decía que el sitio donde actualmente está ubicado no era el conveniente, porque estaba cerca del canal portuario, porque había que dragar más de lo necesario y eso iba a generar mayor gasto. Sin embargo, se instaló en ese lugar.
Se tomaron decisiones bastante dudosas. Llama la atención cómo se dio el proceso de adjudicación a la empresa francesa (GDF Suez), que después subcontrató a OAS habiendo otras empresas postuladas. Fue una decisión que se tomó en mucho menos de un mes y el anuncio lo hizo el presidente de la República antes de que Ancap y UTE tomaran conocimiento.
También hay duda respecto a la propia contratación de OAS, una empresa que estuvo involucrada en los actos de corrupción en Brasil por el Lava Jato y a la que se le adjudicó la construcción de ese gasoducto y esa interconexión, que se hizo y que no sirve para nada.
-¿Usted tiene sospechas de corrupción?
-Las sospechas existen, sí. No podría decirte nombre y apellido, pero hay una clara duda respecto al manejo de este proyecto en general. Si esta auditoría de gestión arroja cosas que tengamos que agregar a la Justicia, por supuesto que lo vamos a hacer.
“Fue acertado el camino de las energías renovables; el error fue que se sobreinvirtió en eólica”
-El gobierno del FA se comprometió a pagar a los propietarios de los parques eólicos por 20 años por toda la energía producida, aunque no la utilice. Recientemente, El Observador informó que UTE pagó 142 millones de dólares en seis años por energía que no usó. La semana pasada, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, dijo a CRÓNICAS que el componente eólico dentro de la nueva matriz eléctrica es sobredimensionado para la demanda actual de energía. ¿Qué opinión le merece?
-Creo que fue acertado el hecho de transitar por el camino de las energías renovables, eso no está en discusión y además fue un acuerdo de todos los partidos. El error que vemos es que se sobreinvirtió en energía eólica. Esta es muy variable, entonces tenés que invertir en otras fuentes que te permitan tener estabilidad.
Hoy el país no utiliza toda la energía y los caminos para solucionar ese tema son dos: atraer inversiones que requieran mucho consumo de energía, y la exportación.
En los últimos años ha habido un muy mal relacionamiento entre autoridades uruguayas, argentinas y brasileñas, que no ha permitido generar a largo plazo un negocio de compra y venta de energía que pueda evitarle al Uruguay pagar costos por energía que no consume.
Se sobreinvirtió y se pagó mucho, pero hoy no está en el horizonte cambiar eso ni rever contratos, porque eso generaría incertidumbre para quienes están pensando en invertir en Uruguay y nos podría hacer mucho daño.
Sin duda que hay excedente de energía. En el Directorio de UTE estamos trabajando para contar con toda la información al respecto, ya que un director planteó auditar el manejo de la generación de energía de los últimos años (en referencia a Enrique Pées Boz, quien representa a Cabildo Abierto). La mayoría del Directorio optó por ser más cauta y ver toda la información que UTE tiene disponible para después, eventualmente, sacar otras conclusiones.
