La gremial de la construcción privada atraviesa una realidad prometedora y sus inquietudes han sido bien recibidas y atendidas por el gobierno nacional, según dijo a CRÓNICAS el jerarca de la institución. De todas maneras, lamentó que la burocracia todavía tenga un enorme peso y enlentezca las inversiones al punto de que se echen para atrás. Por otra parte, resaltó el crecimiento que ha tenido la vivienda promovida e instó a “hincarle el diente” al problema de la productividad.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-¿Cómo define la realidad actual del sector de la construcción privada?
-Acostumbrados a la queja perenne, idiosincrasia de nuestro país, deberíamos quejarnos. Pero no lo haremos porque no compete, sencillamente. La realidad es auspiciosa y hemos tenido en el gobierno nacional total receptividad a las inquietudes de la asociación, tanto en vivienda promovida como en megaproyectos. Tal vez no fue total, pero sí en un enorme porcentaje.
Hubo pequeños disensos, lógicos entre dos partes, pero fuimos escuchados, como también lo fuimos por las Intendencias de Canelones, Montevideo y Maldonado. En el caso de Montevideo con suerte dispar: es el departamento más grande y el tema de los permisos de construcción no tiene la fluidez necesaria. En Maldonado sí marchan muy bien al igual que en Canelones. Pero resalto la actitud de la Intendencia de Montevideo, desde la intendenta Carolina Cosse hacia abajo, con buen talante para escuchar, ponderar, discutir y ejecutar en lo pertinente.
-¿Qué lectura hace de la gestión del gobierno, en términos generales, en lo que va del mandato?
-Del 1 al 10, un 8. Y no me refiero solamente al manejo de la pandemia, ponderado urbi et orbi. Claro, si me ocupara de nuestro sector solamente, sería un 9, pero la pregunta está hecha en términos generales.
Aquí ha habido un gobierno disruptivo en distintos aspectos. Desde la Ley de Urgente Consideración (LUC) y su imposición, pasando por la estricta regla fiscal, en el manejo de los entes con otra diligencia pese a tanta adversidad y el cambio que se propone en la educación.
Podrá haber matices o disensos, pero es valor entendido que la educación debe cambiar pese a la negativa a esta altura nociva de los gremios. Subyace en el fondo un tema ideológico netamente: lo privado contra lo público. Y aquí importa el alumno, bajo la impronta que sea.
-¿En qué aspectos considera que todavía se está en el debe?
-Estamos en el debe en la manida reforma del Estado. Se dice que para el año que viene comenzarán a verse pequeños logros. Es indispensable; la burocracia sigue jugando su partido y los trámites enlentecen las inversiones de manera poco comprensible. Es una maraña de sellos que desestimula no solamente al promotor privado en nuestro metier, sino en términos generales.
Finalmente, es valor entendido que la reforma jubilatoria no admite dilación. Veremos los acontecimientos, pero el gobierno también ha sido disruptivo en la misma, puesto que puso el tema arriba de la mesa. No daba para más.
-¿Hubo dificultades a la hora de solicitar la quita de topes para los proyectos de vivienda social? ¿Qué importancia tienen estos en el contexto actual?
-No las hubo porque el presidente electo en aquel entonces, Luis Lacalle Pou, se constituyó en un “preguntómeno”. Él y el prosecretario nombrado antes de asumir, Rodrigo Ferrés, entendieron que ese tope había ralentizado notoriamente el ingreso de viviendas promovidas y que el mercado estaba muy quieto.
-¿Por qué sucedía esto?
-Porque, si bien se continuaban las obras en marcha, ingresaban pocos proyectos nuevos. Una vez quitado el tope, la cosa se revirtió y viene cumpliendo su tarea, con inversión, mejorando notoriamente la ciudad en distintos barrios alejados de la costa, con demanda de mano de obra, lo que implica un círculo verdaderamente virtuoso.
La vivienda promovida es la “vedette” del sector actualmente, con números más que auspiciosos.
-¿Cuántos proyectos se han desarrollado?
-Estamos hablando de más de 1.050 proyectos promovidos desde que se instauró la ley en el año 2011, con casi 31.000 viviendas activas (promovidas y en estudio). Además, el futuro es por demás halagüeño, donde seguramente seguirán presentándose proyectos de promotores compatriotas y de otras regiones.
-¿Qué rol juega hoy la extensión del plazo para megaproyectos y el descenso del nivel de inversión, pedido que se le hizo al presidente?
-En primer lugar, descendió la cifra de inversión. Anteriormente, la mayoría de los promotores no llegaba al mínimo exigido. Hoy, con una inversión que anda en el entorno de los US$ 2.500.000, ya se puede calificar. La extensión del plazo refiere a que un proyecto inmobiliario no es lo mismo que confeccionar una camisa. Es decir, es un proceso largo que va desde organizar un grupo inversor o no necesariamente, comprar terreno, ver la gente de la que se dispone, profesionales, entre otras cosas, lo que muchas veces determinaba que el plazo anterior no alcanzaba.
-¿Usted entiende que debería extenderse aún más ese plazo?
-Se pospuso un año; nos hubiera gustado un poco más, sí, pero cuando se tiene tanta receptividad no se puede exagerar en los pedidos.
-¿Cuáles son los principales desafíos del sector actualmente?
-¿Te acordás de la trilogía del expresidente Mujica, “educación, educación, educación”? Yo diría “productividad, productividad, productividad”. La gran diferencia entre los países desarrollados y los que no lo son, según el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), obedece precisamente a este tema, a la falta de productividad. Y se nota cómo la misma ha mermado de un tiempo a esta parte. Hasta ahora nos hemos pasado en retórica y el asunto se conversa, pero no hincamos el diente como se debería para instrumentarla como es debido.
-¿Qué proponen como asociación en este sentido?
-Le hemos propuesto al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, la creación de un Instituto de la Productividad, integrado por hombres y mujeres idóneos en el tema, un organismo imparcial que pueda juzgar de la misma manera. En nuestro sector el asunto no es fácil de dilucidar, habiendo empresas muy grandes, otras no tanto y también de las que son bien pequeñas. Ayudaría a la productividad la flexibilidad laboral, que permita ceñir el trabajo a la realidad y no guiarse por normas obtusas que no se condicen con el momento presente.
-¿Hay algún aspecto relevante que crea que no se está trabajando como se debería por parte del gobierno?
-En lo que concierne a la vivienda privada, yo diría que no. Sí en cuanto a desmalezar la burocracia. Esta ha hecho perder negocios inmobiliarios millonarios porque inversores que no son del metier no entienden las demoras interminables y terminan por llevar sus petates a otro rubro. Nos consta de proyectos que se han paralizado. Creo que ese es el nudo gordiano hoy del sector. Sucede mucho no solamente a nivel del gobierno central, aunque lo venimos aceitando, sino también —y soy recurrente— a nivel de las intendencias, sobre todo de la capitalina, pese a la muy buena voluntad exhibida.
“Hizo bien el gobierno en poner el tema de la seguridad social para su dilucidación”
-¿Cuál es su opinión sobre el trabajo que se viene haciendo para la reforma del sistema previsional?
-Para nada soy versado en el tema, ergo, no puedo ahondar al respecto. En nuestro sector no incursiona la ley en cuanto a los años, habida cuenta que la construcción es un trabajo pesado, riesgoso, que enfrenta las inclemencias del tiempo. El trabajo del Dr. Rodolfo Saldain, erudito, muy versado, es encomiable, y además ha abierto las puertas para que le sugieran modificaciones. Es imperativo, es la hora de hincarle el diente; aquí no se miden los costos políticos. Hizo bien el gobierno en poner el tema para su dilucidación.
La disconformidad de Appcu con el proyecto de ley de negociación colectiva
-¿Qué comentario le merece el proyecto de negociación colectiva que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento?
-En términos generales, es correcto, con una omisión donde discrepamos con el diligente ministro Mieres. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) sugiere que la negociación debe ser bipartita, excepto en el tema de los mínimos salariales, pero luego las partes deben consensuar sin la presencia del gobierno. En el proyecto aludido se hace caso omiso a esto y sigue interviniendo el gobierno como una tercera parte, con el argumento de que es una práctica ancestral y no se iba a cambiar. Disentimos. Distinto es el caso en donde las partes no se ponen de acuerdo y allí solicitan la intervención del gobierno para dilucidar. En los demás aspectos, ultraactividad, entre otros, estamos totalmente de acuerdo.
