Álvaro Garcé, asesor en seguridad de Todos – Partido Nacional
Fueron 29 las propuestas que el Partido Nacional (PN) presentó en el diálogo sobre seguridad convocado por el presidente Tabaré Vázquez en 2016. Luego de dos años, el principal asesor de Luis Lacalle Pou en esta materia, lamenta que no se tuvieran en cuenta. Por otra parte, explica a qué se debe la crisis existente en las cárceles, ámbito en el que, asegura, “el gobierno está perdiendo la lucha contra la delincuencia”.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-¿Qué diagnóstico hace de la inseguridad en Uruguay?
-La inseguridad atraviesa el peor momento de toda la historia, y esto está comprobado por las cifras de los delitos en sus distintas formas, particularmente, los más violentos. Otro componente de ese panorama muy complicado está dado por el sistema carcelario, donde existe una situación muy difícil y es evidente la cantidad de muertes y de hechos violentos, sobre todo, en los últimos tres años.
-Justamente, el Ministerio del Interior (MI) difundió hace muy poco cifras récord de rapiñas y homicidios. ¿Qué evaluación hace al respecto?
-Antes de que el Ministerio señalara que iba a presentar cifras históricas relativas al aumento de los delitos, todos sabíamos que en los últimos tiempos se había producido un claro deterioro de la situación de inseguridad, más allá de la supuesta mejoría que presentaban los resultados el año pasado, y que nos generaban dudas.
-¿Por qué?
-Porque no conocíamos los criterios para la elaboración de esas cifras, no teníamos acceso a su confección, es decir, acá no existe una auditoría independiente como sí hay en otros países. Además, nos resultaba muy preocupante que muchos ciudadanos alertaran respecto de un posible manejo de esos números. Por ejemplo, decían que habían sido rapiñados, pero que administrativamente les habían calificado el delito como hurto con destreza. Entonces no parecía una verdadera muestra de la realidad esa supuesta mejoría.
Por otra parte, creo que a partir de los últimos 12 o 15 meses, incluso antes de la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal, fue evidente la tendencia al deterioro de la inseguridad. Concretamente, la cifra de homicidios es un indicador muy claro al respecto, porque no hay posibilidad alguna de manipularla.
-Después de tantos años de haber sido comisionado parlamentario del sistema carcelario, ¿podía llegar a prever la situación actual que mencionaba en ese ámbito?
-No. A comienzos de este período, en la Ley de Presupuesto, se vio que el sistema carcelario no iba a ser una prioridad de esta administración. En aquel momento señalamos que existía un riesgo de retroceso y de pérdida en aquellos aspectos en los cuales se había mejorado tan trabajosamente y con muchas dificultades.
-¿Qué rubros se vieron afectados?
-Se había mejorado en materia de infraestructura y en el ingreso de nuevos funcionarios, pero todo eso se perdió cuando se le quitó la prioridad. A su vez, yo creo que el problema mayor fue que se desmanteló el sistema de seguridad carcelario, y eso explica por qué existe esta crisis de violencia, donde ha habido en los últimos tres años un incremento de los hechos violentos y de las muertes, como nunca antes.
Mientras el gobierno prometió no solo bajar en un 30% los hurtos y rapiñas, sino también disminuir a un 30% la reincidencia –lo cual parecía un objetivo imposible de alcanzar-, le quitó la prioridad a esta área. En definitiva, no solo no va a lograr esa meta, sino que además le entregará al próximo gobierno, sea del partido que sea, un sistema carcelario en crisis.
Lo curioso es que en este contexto el gobierno plantea la transferencia de las cárceles a un instituto descentralizado que dependa del Ministerio de Educación y Cultura, lo que francamente no resulta oportuno desde el punto de vista de la coyuntura, ni parece estar acompañado por la adopción de medidas reales en esa dirección. Simplemente, el proyecto de ley es una declaración de propósitos poco realista y dudo que el próximo gobierno lo pueda cumplir, más allá de cuál sea el partido al que le toque gobernar.
-Esta crisis que describe de las cárceles, ¿mejoraría solamente con más recursos?
-No. Creo que el componente fundamental no es lo presupuestal, porque se ha aumentado el presupuesto del MI. El problema grave es la gestión, que en el caso de las cárceles implica, además, un componente que es la falta de liderazgo y de una política penitenciaria. Lo que ha habido en los últimos años ha sido un cúmulo de medidas, en muchos casos de carácter reactivo frente a determinadas situaciones, pero no parece haber un rumbo claro.
Por otro lado, es preocupante la ausencia de autoridad y de cumplimiento de la ley del sistema carcelario. Es decir, hoy las cárceles son espacios sin ley donde el crimen organizado tiene todas las facilidades para actuar, los grupos organizados pueden comunicarse con el exterior a través de celulares, y a pesar de que el MI conoce la situación, no toma ninguna medida.
En este contexto, si no existe una lucha frontal contra el crimen organizado, es muy difícil que haya resultados consistentes en materia de seguridad. Y las cárceles hoy están constituyendo, justamente, uno de los ámbitos donde avanza el delito y donde este gobierno está perdiendo la lucha contra la delincuencia.
-El lunes pasado, Copsa y TPM realizaron un paro sorpresivo por las rapiñas que han sufrido últimamente las diversas líneas que transitan la ruta 8, la ruta 101 y Aeroparque. ¿Cómo analiza esa situación?
-Ese episodio constituye una expresión del hartazgo de mucha gente respecto de la situación de inseguridad. No es el único, porque ha habido cortes en la ruta Interbalnearia, en la ruta 3, en Salto. Es decir, ha habido múltiples manifestaciones espontáneas de gente que está más que disconforme, enojada e indignada por la inseguridad, y que está comenzando a reaccionar de esa manera.
El problema más grave, más allá de la comprensible reacción de la gente, sucede cuando se pierde la confianza en el Estado como institución capaz de administrar justicia y prevenir el delito. Allí tiende a reaparecer la tentación de la justicia por mano propia, y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad organizada; es una expresión de crisis del Estado de Derecho.
“El objetivo de vivir sin miedo lo compartimos”
-Como asesor en seguridad del sector Todos del PN, ¿cómo se prepara de cara a la próxima campaña electoral?
-Ha comenzado ya un trabajo del equipo técnico. En este momento se está analizando la situación de la inseguridad y se está avanzando hacia la proposición de líneas generales, que luego serán complementadas con la propuesta de medidas concretas.
Varias de esas líneas ya han sido anticipadas, por ejemplo, a través de los planteos del senador Lacalle Pou, los legisladores del sector y de todo el PN en materia de seguridad. Por tanto, hay un amplio conjunto de medidas que ya han tenido planteo parlamentario.
Además, en ocasión del diálogo de 2016 en la Torre Ejecutiva con el resto de los partidos de la oposición y con el gobierno, el PN presentó 29 propuestas concretas sobre seguridad que lamentablemente no fueron atendidas. Es más, si se hubiesen adoptado algunas de las medidas que propusimos, tal vez hoy la situación no sería tan grave.
Es evidente que hay una necesidad de restablecer la vigencia de la ley, el ejercicio de la autoridad, y de ir hacia una reforma de las cárceles, con el propósito de que no sean espacios de organización y perpetración de delitos, sino que sean lugares aptos para la resocialización.
-¿Qué piensa del plebiscito que el senador Jorge Larrañaga impulsa hacia las próximas elecciones?
-Sin duda que el objetivo de vivir sin miedo, que es la consigna de la campaña, lo compartimos. Es una preocupación absolutamente legítima, pero entendemos que el medio elegido no es el más conducente para revertir la crisis de seguridad.
A nuestro juicio, lo que se debe hacer es fortalecer políticamente y jurídicamente a la Policía Nacional, al igual que a la administración de justicia, antes que tender hacia un mayor involucramiento del Ministerio de Defensa. De todas maneras, esta cuestión de la elección de los medios es un punto opinable porque existe un objetivo que es compartido, que tiene que ver con darles mayores niveles de seguridad a todas las personas.
