Dra. Adriana Berezan, presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio
«Se dice por ahí que hay muchos institutos liberatorios, pero hasta que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) no empiece a andar, no sabemos bien cómo van a funcionar», afirmó a CRÓNICAS la Dra. Adriana Berezan, presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio. Dijo, además, que para obtener la libertad anticipada -que seguirá en vigencia con el sistema acusatorio-, el privado de libertad debe cumplir con muchas exigencias, y que últimamente se está otorgando en casos excepcionales. Por otra parte, Berezan advirtió que en la próxima Rendición de Cuentas deberán brindarse recursos a la Defensa Pública, porque de lo contrario, la institución tendrá que enfrentar serios problemas.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-Dentro del Poder Judicial se han manifestado diversas opiniones en cuanto a la conveniencia de que el nuevo Código entre en vigencia en julio. ¿Qué piensa la Asociación de Defensores al respecto? ¿Está todo pronto para la reforma?
-Depende de lo que uno interprete como todo pronto. Si fuera el 100%, creo que no lo vamos a estar nunca porque la perfección es imposible. Si fuera lo mínimo imprescindible que hay que tener, eso está. Yo creo que el Poder Judicial ha hecho un esfuerzo enorme, ha apostado desde lo tecnológico, ha intentado estar al día con las obras, que por razones ajenas a la intención de la institución no van a estar prontas.
Pero ya todos sabíamos que los recursos humanos en relación a la Defensa Pública, que se acordaron en Torre Ejecutiva el año pasado, eran lo mínimo de lo mínimo. Entonces, lo mínimo está, y además hay otra cosa: nadie puede decir a priori qué va a pasar a partir del 16 de julio, es pura teoría.
-¿Y en cuanto al texto legal?
-Así como está tampoco es perfecto, y en eso sí debería apostarse a la perfección porque en la reforma del año pasado quedaron algunas cosas bastante dichas a medias.
-¿Significa que era mejor lo anterior?
-Yo creo que sí, que el texto hasta el año pasado no sería lo acusatorio estrictamente que se pretende, pero tenía algunas cosas más claras. Con la reforma algunas cosas quedaron poco claras, y ahí si corremos un riesgo, que es la interpretación. Los Códigos deben tener sus normas lo más claramente dispuestas posible para que los operadores no tengamos que interpretar.
¿Qué se está pretendiendo con esta ley que se ha definido como de implementación? De los más de 50 artículos que están a estudio del Parlamento, hay más de 30 en los cuales lo único que se debe modificar es una palabra. Por ejemplo, ante la pretensión de derogación de la libertad condicional, todas las referencias donde dice “condicional”, hay que eliminarlas.
-¿Están preparados los defensores para la reforma?
-Creo que los defensores en materia penal estamos preparados porque hace años que lo venimos haciendo, por lo tanto acá no va a haber improvisación. Creo que con los recursos que hay se van a poder cubrir las vacantes, y eventualmente podrá ingresar algún defensor nuevo, pero en general los defensores penales tienen muchos años de experiencia y conocen mucho el Derecho de fondo. Además, traen largos años de buena pelea entre dos operadores contra uno: el fiscal y el juez resolviendo por un lado con la misma lectura, y la defensa desde el otro lado con una lectura diferente.
-En ese sentido ¿cree que los fiscales están aptos para cumplir su nuevo rol?
-Es claro cómo el fiscal va a actuar, que es nada más y nada menos que el que va a investigar, el que va a llevar de la acción penal pública su pretensión al juez para resolver. Pero yo no soy quién para opinar si están o no preparados, tengo entendido que sí.
-¿Qué piensa de una posible prórroga?
-Yo temo las prórrogas porque nunca vamos a estar conformes. Y está bueno que no lo estemos para poder demandar más y mejor, pero si no probamos, no sabemos dónde vamos a estar.
-¿No considera que sea necesario postergar la implementación?
-Seguramente yo peco de absoluta y excesivamente optimista, pero confío en el sistema de Justicia. Si el argumento de la prórroga es que el texto legal no va a estar aprobado, creo que algunos artículos deberían aprobarse necesariamente, y otros quizás no. Si es por no estar preparados, ahí abro un gran signo de interrogación… me pregunto si en dos meses nos van a dar la preparación que no nos dieron durante años, y no tengo la respuesta.
Todos y cada uno de los operadores sabemos desde el 1º de enero del 2015 que este texto iba a estar vigente a partir del 1º de febrero del 2017, entonces, hoy nadie puede ignorarlo. Y los que tenían acceso a la promoción de las reformas legislativas no debieron esperar hasta hoy, porque la crítica actual es que esto debió resolverse, cuando estuvimos dos años para resolverlo.
“En el nuevo Código algunas cosas quedaron poco claras, y ahí corremos un riesgo, que es la interpretación”
-Por lo que decía hoy, para el nuevo Código tienen lo mínimo indispensable. Pero ¿la cantidad de operadores judiciales va a ser suficiente para el sistema acusatorio?
-En lo que respecta a defensores, vamos a llegar con absolutamente el mínimo de los mínimos. Esto tiene que resolverse sí o sí en esta Rendición de Cuentas para tener creación de más cargos.
-¿Esa carencia puede peligrar la aplicación del Código?
-No. Por lo menos a nivel de Defensa Pública, cada vez que se han generado recursos humanos, los últimos que hemos tenido número suficiente hemos sido los defensores, y cada vez que se han aprobado leyes que tuvieron un impacto en la población, en los últimos que han pensado ha sido en los defensores púbicos.
-¿Por ejemplo?
-La Ley de Violencia Doméstica del 2002, que se aprobó con los mismos defensores públicos que había, y aun así la sacamos adelante.
-¿Qué opina sobre esa falta de recursos?
-Estoy absolutamente en desacuerdo con eso, porque yo detesto ver a los defensores, especialmente en el Interior, trabajar prácticamente en actitud de esclavitud. El mismo defensor atiende violencia doméstica, un proceso de divorcio, una incapacidad, eso no puede ser, porque nos genera un volumen que nos está bajando la calidad, y si hay algo que los defensores de todas las materias no estamos dispuestos a sacrificar, es la calidad, que se resiente ante la ausencia de cantidad.
Estos primeros seis meses de aplicación los vamos a poder sostener así porque, como ha pasado en todos los países que han aplicado la reforma, va a haber un descenso en la actividad jurisdiccional. Ahora, si en la Rendición de Cuentas de este año no se prevén los recursos imprescindibles, ahí sí vamos a tener serios problemas. También hay un período de impasse de alguien que no existe, que es la víctima; esa gran ausente de hoy, va a tener muchos derechos, pero la única forma de poder ejercerlos va a ser a través de la Defensa Pública.
“Las reformas procesales penales no están pensadas para que la gente esté presa”
–El fiscal general, Jorge Díaz, dijo a CRÓNICAS que si el nuevo Código mantiene la libertad condicional, eso va a traer impunidad. ¿Qué opinión le merece?
-Yo no comparto para nada eso porque para mí la impunidad es mucho más amplia y con un sentido mucho más profundo de lo que puede ser la libertad condicional. Cuando hablamos de impunidad estamos hablando de alguien que ni siquiera pasó por la vereda del Juzgado Penal, eso es la impunidad, cuando no se persigue, no se investiga, no se procesa y no se condena.
La libertad condicional es una forma de cumplir la pena en libertad ambulatoria. ¿Qué significa esto? Que la persona fue procesada, cumplió la prisión preventiva como medida cautelar por determinados motivos, cumplido eso se la excarceló, y cuando se la condenó había una serie de razones por las que no era necesario que cumpliera el saldo de la pena en la cárcel, y por eso se le concedió la libertad condicional.
-¿No habría que derogarla en el nuevo sistema?
-Yo sigo sin tener claro si realmente es un instituto que hay que derogar de este nuevo CPP. Se dice por ahí que hay muchos institutos liberatorios, pero hasta que esto no empiece a andar, no sabemos bien cómo van a funcionar.
Se dice que nadie va a ir privado de libertad en medida cautelar, eso no es así porque está previsto que el hecho de tener un antecedente, ya sea abierto o con sentencia ejecutoriada, ya va a hacer presumir que la persona podrá fugarse para no estar a disposición del proceso, porque conoce las consecuencias del mismo.
Entonces, yo realmente dudo mucho que alguien que tenga antecedentes penales, que no tenga un trabajo estable, y que a su vez esté en situación de calle como el 50% de los procesados hoy, vaya a ser sometido al nuevo proceso penal en libertad ambulatoria. Esa persona va a ir con la medida cautelar de la prisión preventiva.
-¿Y con respecto a la libertad anticipada?
-La libertad anticipada funciona a partir del cumplimiento de la media pena. Si un recluso tiene los dos tercios de la pena cumplida, buena conducta en el establecimiento, un buen informe de Inacri (Instituto Nacional de Criminología), el juez de la causa dice que sí y el fiscal de Corte también, hay que concederle la libertad anticipada. Son cinco elementos sumatorios. Pero ¿qué está pasando desde hace más de un año? Con cuatro elementos positivos, la Fiscalía General de la Nación está diciendo que no.
-¿Por qué razón?
-Pasa eso cuando el privado de libertad no tiene salida transitoria, que es un elemento que lo prueba en un régimen muy acotado de libertad ambulatoria, es decir, cómo se maneja, cómo cumple, pero que es absolutamente discrecional de los jueces, no es algo que estén obligados a conceder, y el 90% de los jueces penales de todo el país no las conceden porque los fiscales tampoco lo hacen, y cuando el fiscal dice que no, es muy difícil que el juez diga que sí. Entonces, que la gente no tenga miedo, este país no está liberando presos.
“Si en la Rendición de Cuentas de este año no se prevén los recursos imprescindibles, ahí sí vamos a tener serios problemas con el nuevo Código”
-¿Y a través de la redención de la pena por trabajo y estudio?
-La redención de la pena por trabajo y estudio se aprobó con la Ley de Humanización del Sistema Penitenciario en el año 2006, y ha hecho nada más y nada menos que cumplir con una norma constitucional que dice que las cárceles no serán para mortificar a los privados de libertad y que el trabajo es algo que dignifica a los seres humanos.
Ese instituto dice que toda persona privada de libertad tiene derecho a trabajar y a estudiar, hay algunas cárceles que realmente son un ejemplo de eso, por lo general las del Interior, que son relativamente chicas, y ha demostrado que a la persona que decide trabajar o estudiar en la cárcel, le cambia la vida, incluso hay muchísimos que aprenden a leer y escribir.
Por último, quiero dejar en claro que las reformas procesales penales no están pensadas para que la gente esté presa, sino para tener procesos transparentes, rápidos, públicos, para que la gente entienda, y para reservar la cárcel para situaciones realmente graves.
