José Olivera, secretario general de Fenapes
Luego de un año “conflictivo” para la educación, tal como lo calificó en entrevista con CRÓNICAS el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, se espera un escenario complejo para el nuevo año, que incluso podría generar más conflictos que los que tuvieron lugar en el 2015. Esto se debe, entre otras cosas, a la falta de negociación con el gobierno de la educación, y a la discusión presupuestal que se llevará a cabo en los próximos meses. Por otro lado, el dirigente sostuvo que la incapacidad profesional, producto del cambio de autoridades en el gobierno de Mujica, afecta la gestión educativa.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-¿Qué balance hace del 2016 en lo que respecta a Secundaria y a la educación en general?
-Fue un año conflictivo, por lo menos en tres aspectos que para nosotros son sustanciales. Uno es la vinculación con la administración, tanto con el Codicen (Consejo Directivo Central) de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) como con Secundaria.
En el 2016 hubo varios meses de negociación con el CES (Consejo de Educación Secundaria) y con el Codicen, que se terminaron laudando en el Ministerio de Trabajo porque había un sistemático desconocimiento al marco normativo laboral por ambos Consejos, conflicto que llevó incluso a que esto se planteara a nivel parlamentario en dos comisiones –la Comisión de Educación y Cultura de Diputados y la Comisión de Legislación del Trabajo de la misma Cámara-.
En Uruguay vimos un avance de leyes que tendieron a promover la negociación colectiva, la sindicalización, la salud laboral, pero después en la práctica hubo problemas de aplicación, reitero, por un sistemático desconocimiento de la administración de su existencia.
Esto hizo que no pudiéramos darle atención a otros temas con las propias administraciones, particularmente con Secundaria como estaba previsto, porque había un conflicto que había que dilucidar de alguna manera.
El segundo elemento que nos preocupa como sindicato es el ajuste fiscal y los recortes presupuestales en ANEP particularmente, en el entorno de los 793 millones de pesos. En un presupuesto que era insuficiente se decidió hacer recortes, y hoy estamos viendo las consecuencias.
-¿Por ejemplo?
-Desde hace ocho años, ante la carencia de un salario vacacional de los trabajadores de la ANEP, se distribuyen distintas partidas fijas con distintas fuentes de financiamiento, que si bien no configuran un salario vacacional, contribuyen al descanso y al ocio del trabajador.
Sin embargo, el Codicen en el 2016, producto de los ajustes y de la pérdida de esos 793 millones de pesos que sufrió la ANEP, que afecta especialmente a Secundaria y a UTU para este año, destinó todos los fondos que tenía no ejecutados a suplir los recortes, pero dejó a los trabajadores sin esa partida de fin de año.
Esa es una consecuencia directa del ajuste fiscal, que nosotros denunciamos en su momento y se nos dijo que no era así, incluso en el Parlamento para lograr el apoyo de algunos legisladores oficialistas que se oponían a esos recortes, se votó la creación de una Comisión que iba a buscar fondos para cubrir los recortes.
-¿Qué pasó después?
-Lo que estamos viendo hoy en la práctica es que los organismos en los cuales hubo recortes, están apelando a más recortes o haciendo una especie de colecta interna para cubrir los compromisos que se tienen hacia adelante, porque la plata de afuera no va a llegar, por lo tanto el ajuste se termina trasladando a los trabajadores.
-¿Cómo afectaron a Secundaria esos recortes?
-Los recortes se pueden ver en la no extensión de liceos de tiempo extendido o de tiempo completo. Había un cronograma de pasaje de centros educativos a esas dos modalidades, que hoy no se está aplicando y no se va a aplicar porque no hay recursos.
Esto es contradictorio porque hay un discurso de universalizar la educación media, extender el tiempo pedagógico en la educación media de ciertas zonas del país, pero una vez que estaban los recursos, al día siguiente se recortaron, por lo que no se va a poder aplicar lo que estaba proyectado.
La tercera preocupación del sindicato es la falta de discusión en torno a las políticas educativas a mediano y largo plazo. Uruguay ha carecido en los últimos 30-40 años de una concepción de la política educativa como parte de un consenso político y social que reúna amplios respaldos del conjunto de la sociedad, y ha entrado en la lógica de políticas educativas de partidos.
Esto significa que lo que se haga con la educación depende de quién maneje el Poder Ejecutivo y a quiénes éste coloque al frente de los organismos de la educación, en especial de la ANEP, entonces cada cinco años estamos ensayando. Y después se generan por los partidos grandes acuerdos que si no se financian materialmente y no se concretan en políticas, van a ser imposibles de aplicar.
Hoy la pretendida universalización de la educación media en algunos casos suena más a masificación, porque las instituciones educativas no tienen la capacidad de albergar a todos los jóvenes que debieran, por la sencilla razón de que no hay centros educativos suficientes, ahí ya tenemos un problema.
Además, con el objetivo de mejorar los índices de promoción y retención, cada vez se está facilitando más el pasaje por el sistema educativo sin que eso implique un proceso formativo real y el aprendizaje de los estudiantes. Eso lo vemos en Primaria, en Secundaria, en UTU, y creemos que estas cosas debemos discutirlas en serio porque los números pueden ser brillantes hoy, pero estamos hipotecando el futuro del país.
Nos parece tardía la convocatoria al Congreso de la Educación que lanzó el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en noviembre, y vemos difícil su desarrollo durante el 2017, un año donde además por iniciativa del gobierno vamos a tener que rediscutir todo el tema presupuestal para los próximos tres años, lo que va a ser el foco de atención por lo menos hasta julio-agosto, y va a quitar margen para discutir sobre políticas educativas.
-¿Cómo quedó el diálogo con los Consejos?
-Después de las instancias en el Ministerio de Trabajo y el Parlamento, llegamos a un acuerdo que permitió ir a un proceso de elección de horas entre noviembre y diciembre en el caso de Secundaria, en un ámbito bipartito, que tuvo como resultado que al 31 de diciembre cerca del 95% de las horas lectivas estaban adjudicadas. Pero tenemos problemas de otro tipo.
-¿Cuáles?
-La falta de negociación particularmente con el Codicen, que había sido el motor del conflicto, llevó a que el Codicen implementara una serie de acciones sin la debida comunicación y participación de los colectivos docentes, como el proceso de inscripciones, que hoy implica un serio problema para el inicio de cursos de este año.
-¿Cuál fue el error en ese caso?
-Hubo una muy mala decisión del Codicen de que las inscripciones se hicieran a través de una página web desde Primaria, en vez de utilizar lo que funcionaba bien, que era un correcto sistema de inscripciones que se hacían en los propios centros educativos. Esto generó problemas importantes que van a impactar directamente en la organización del inicio de cursos.
El Codicen no puede universalizar propuestas cuando desconoce cómo se hacen las cosas y sin medir las consecuencias que su aplicación pueda generar.
Además, en el Codicen no hay voluntad de discutir nada, porque lo que está haciendo es seguir a rajatabla las recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que está planteando prácticamente una nueva institucionalidad para la enseñanza pública en el marco de la ANEP.
Hay un informe recientemente publicado de la OCDE que habla sobre la revisión de los recursos educativos en Uruguay, donde se plantean algunas líneas de acción que hoy el Codicen está llevando a cabo sin discutirlas con nadie.
Un organismo que no genera propuestas innovadoras, no las pone en discusión y lo que hace es limitarse a implementar lo que los organismos internacionales le dicen, pierde soberanía. Esto es algo que la ANEP no quiere debatir, de hecho ha sido muy difícil poder generar espacios de discusión sobre políticas que están en curso.
-¿Cómo cree que esto podrá afectar a los estudiantes?
-El problema es que hay políticas que se están llevando a cabo con una concepción focalizada, que van a terminar hipotecando el futuro y la continuidad educativa de los estudiantes.
En 2015 acordamos con el CES la necesidad de evaluar y discutir la reforma curricular de Ciclo Básico para los próximos años, pero a los pocos meses el Codicen abortó esa posibilidad, y hoy plantea un marco curricular de referencia nacional que nadie entiende cuál es su contenido y cómo se puede plasmar eso en una propuesta curricular para Secundaria.
Da la impresión de que se está discutiendo de políticas educativas, pero se está haciendo en forma fragmentada, en distintos lugares, por parte de distintos actores, cuando lo lógico sería generar un espacio de articulación política y social, que hoy está faltando.
-O sea que el Codicen obstaculizó la reforma proyectada.
-Sí. El Codicen, que debiera dar mayor margen de autonomía a los Consejos Desconcentrados como Primaria, Secundaria, UTU, que son los organismos encargados de la ejecución de las políticas, está centralizando cada vez más, lo que también es contradictorio porque hay un fuerte discurso de descentralización, de empoderamiento de las instituciones educativas, pero la toma de decisiones y la planificación están siendo cada vez más centralizadas en el Codicen.
-¿Esto también se da por iniciativa de la OCDE?
-Exacto, es un mandato que le impone la OCDE, que dice que el Codicen debe asumir y centralizar toda la definición de la política educativa y su evaluación y seguimiento, ordenando a los Consejos Desconcentrados que sean menos instrumentadores, lo cual implica una nueva ingeniería institucional.
Según la Ley de Educación, las propuestas curriculares deben surgir de los Consejos Desconcentrados, y el rol del Codicen es aprobarlas, pero no generarlas. Hoy estamos en un proceso contrario al que marca la ley, acorde con el lineamiento que plantea la OCDE.
-¿Qué expectativas tiene Fenapes con respecto a la discusión presupuestal de este año?
-Son esas cosas que uno no entiende… se siguen varios mandatos que vienen de la OCDE, excepto el de la inversión presupuestal. Uruguay es uno de los países que está por debajo de la media de inversión educativa de América Latina, y ni qué hablar de los países que integran la OCDE, según la cual debe aumentar significativamente la inversión.
Ahora, seguimos en el margen del 4,7% del PIB destinado a la educación, incluso agregando conceptos que antes no eran considerados parte del presupuesto educativo, como el Plan Ceibal, la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación), el Instituto Pasteur.
Esto está muy lejos del compromiso electoral del Frente Amplio (FA) de llegar al 6% del PIB para la educación, guarismo que nosotros dudamos que se pueda alcanzar si se mantiene la actual política económica.
Sobre las expectativas, se podría avizorar un escenario bastante complejo que puede generar una situación de conflicto de la misma importancia o más importante que la que hubo en el 2015.
“El gobierno quedó rehén de las disputas internas del FA”
-¿Qué opina de la gestión del FA en materia educativa?
-Hay muchas acciones de gobierno que no estaban estipuladas en ningún programa de la fuerza política, que hoy se llevan a cabo.
-¿Por ejemplo?
-La puja interna del gobierno sobre si la reforma se hacía desde el MEC con [el exsubsecretario de Educación, Fernando] Filgueira a la cabeza o desde la ANEP con la figura de Wilson Netto [presidente del Codicen], no estaba en ningún programa. Sin embargo, todos fuimos testigos de que esto pasó.
Mientras Filgueira planteaba un marco curricular común que sí estaba en el programa del FA, desde el Codicen, en esa puja interna que hubo en el gobierno, Netto impulsó la idea del marco curricular de referencia nacional, cuyos contenidos nadie los conoce.
Entonces, el gobierno muchas veces queda rehén de las disputas internas de la fuerza política en términos de programa, de actores, y termina tomando medidas que no estaban contempladas o que están a medio camino con respecto a lo que se prometió en la campaña electoral.
-¿Esas disputas afectaron el manejo de la educación?
-Esa es la clásica historia del FA en el gobierno de la educación, una fuerza política que desde hace varios congresos no puede aprobar un documento común en torno a la educación. Obviamente que las contradicciones internas se ven reflejadas en la administración de la educación. Esto no es nuevo, pasó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, pasó en el gobierno de José Mujica y vuelve a pasar ahora.
-La semana pasada, la diputada blanca Graciela Bianchi dijo a CRÓNICAS que “tenemos gente muy incapaz al frente de los Consejos”. ¿Qué opinión le merece?
-Yo creo que los problemas de gestión en la ANEP son evidentes por varios factores, la capacidad profesional es uno de ellos. Hubo cambios de autoridades en la ANEP y en Secundaria en los últimos años, sobre todo en el gobierno de Mujica, que evidenciaron eso.
