Cristina Lustemberg, diputada del Frente Amplio
Lustemberg, que desde 2018 promovió un proyecto de ley de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia que fue aprobado recientemente, tiene claro que se trata de un paso “importante”, porque genera “como una política de Estado” para abordar la pobreza infantil. Así lo manifestó en entrevista con CRÓNICAS, en la que además destacó que a Uruguay le cuesta “mucho” reformar su Estado de manera eficiente y que en el país hay un gasto público social “pro adulto”, por las características de la población y por la “potente robustez” de la seguridad social.
Por Mateo Castells | @teocastells
Menú: La entrevistada degustó risotto de hongos con maíz crocante y lascas de parmesano, que acompañó con jugo de naranja natural. De postre, optó por hojaldre de manzana con helado.
-Diputados sancionó finalmente su proyecto de ley sobre garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, luego de que el Senado haya implementado un aditivo que establece que no se eliminen los fondos para la infancia aprobados en la Rendición de Cuentas pasada. ¿Cómo interpreta eso? ¿Interfiere en el proyecto original?
-No tiene ninguna variación, al contrario. Se trata del artículo 20, que fue la propuesta que hicieron los legisladores de la coalición de gobierno, para que se armonice todo lo que la ley promueve con el fondo de infancia. Nosotros estamos de acuerdo. Creo que fue una muy buena señal de parte del sistema político, que antes de iniciarse el receso parlamentario previo a las elecciones del 27 de octubre, podamos lograr este consenso, que ya venía desde la Cámara de Diputados. Ahora, lo importante es que se reglamente de parte del Poder Ejecutivo y, sobre todo, por el diseño que tiene la ley, es importante que esté reglamentada porque crea un mecanismo presupuestal que ordena todo lo que se invierte en programas de impacto donde hay niños y adolescentes. Es un paso importante haber aprobado esta ley, porque genera como una política de Estado para abordar la pobreza infantil. A veces a nivel político decimos que queremos tal tema como política de Estado y eso no se materializa.
-¿Cómo dialoga este proyecto con las propuestas de reducción del tamaño del Estado?
-El proyecto de ley no genera estructura para el Estado. En cada uno de los programas de todos los partidos está, por suerte, la pobreza infantil como prioridad. El objetivo más desafiante que tenemos en el país son los casi 157.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza, donde también la pobreza está feminizada, que es otro de los indicadores que más nos interpela. El 90% de la pobreza medida por ingresos en nuestro país está concentrada en hogares donde hay niños y adolescentes, donde hay mujeres a cargo. Entonces, esta ley genera un gabinete, pero son los ministros en sus competencias quienes actúan, no se genera otra estructura. En la discusión de la ley hubo una posible observación, que representantes del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad de la República (Udelar) dejaron constancia que no tiene ningún dejo de inconstitucionalidad, porque la ley no toca ninguna de las competencias de ninguno de los ministerios ni instituciones involucradas. La ley ordena y crea este mecanismo presupuestal, que nos permite ordenar la inversión actual y la dispersión de programas, que llegan por diferentes instituciones, generando una estrategia nacional única, con una planificación quinquenal. El acuerdo interpartidario que se plasma en esta votación permite continuidad, porque en los temas de infancia y adolescencia en Uruguay, el impacto directo a veces no se ve a corto plazo. Que el país mantenga una estrategia de trabajo que vaya más allá de quien gobierne, va a permitir tener una lógica de impacto más a mediano y largo plazo y trabajar estos temas que vienen de hace mucho tiempo.
-Teniendo en cuenta que es un problema multifacético y con cierta complejidad para abordarlo, ¿es acertado hablar de cifras sobre cuánto se necesita invertir?
-No. Lo primero que hace la ley es organizar y evaluar lo que ya está hecho para prever dónde hay que tener mayor impacto presupuestal. Hay que prever que hay que invertir más del gasto público social en hogares con niños y adolescentes. Las propuestas de Unicef y cada uno de los programas de los partidos políticos muestran que hay que invertir más en transferencias monetarias y hacer determinadas asignaciones presupuestales. Es indiscutible que hay que invertir más, pero lo que hace la ley es ordenar lo que ya está para prever en el próximo presupuesto, a dónde hay que apuntar y hacer aumentos presupuestales.
-¿Por qué cree que hubo tanta demora en la aprobación de esta ley?
-Las causas son varias. Primero, Uruguay tiene una invisibilidad, excepto ahora en campaña electoral, de este tema. Es un ejemplo de reformar el Estado desde las necesidades que tienen las personas, para obligarlo a ser más eficiente en tiempo real, porque lo que implementa la ley permite ver dónde existen vacíos presupuestales o dónde se superponen programas. A Uruguay le cuesta mucho reformar su Estado de forma eficiente. Se viene haciendo mucho desde la creación de los centros CAIF en 1988, pero estamos viendo que el impacto no es el que la sociedad precisa, porque si fuera así, no tendríamos las cifras actuales.
-¿Y a qué atribuye los niveles actuales de pobreza infantil que tiene el país?
-En cada crisis macroeconómica que ha tenido Uruguay, los hogares más afectados siempre fueron los hogares con niños y adolescentes. En las crisis de 1982 y 2002 y en la pandemia, se disparó la pobreza concentrada en hogares con niños. Cuando empiezan a mejorar estos indicadores de recuperación macroeconómica, el impacto que tuvo en esos hogares fue difícil revertirlo. Tiene múltiples variables y acá no hemos tomado en cuenta el impacto que tiene invertir o no invertir en los niños y las consecuencias que se desparraman hacia el resto de aspectos, como la seguridad y la educación. Uruguay tiene un gasto público social pro adulto, por las características de la población y por la potente robustez de la seguridad social. El 25% del gasto público se empieza a invertir cuando los niños están insertos en la educación escolar y hay menos inversión en educación inicial y primera infancia.
-La ley plantea optimizar y monitorear el gasto público destinado a infancia y adolescencia. ¿Se está gastando mal hoy?
-Para la pobreza infantil hay más de 500 programas que se superponen, hay déficits de cobertura y dificultades en el diseño y en la inversión, producto de no tener una estrategia nacional. Hoy es tangible que hay superposición de programas o programas que no funcionan. La ley deja en evidencia esa superposición, porque a veces hay programas de hace 30 años que hoy no están impactando en la población y hay que reformularlos porque son recursos del Estado que no están teniendo el impacto adecuado.
-Además de la educación, otra arista determinante en este problema es la inseguridad y el avance que ha tenido el narcotráfico en los barrios. ¿Cómo se incentiva a un niño o adolescente a que estudie y se forje un futuro, cuando en su barrio hacer mandados para narcotraficantes, por ejemplo, le ofrece mayores posibilidades e ingresos económicos que si termina el liceo?
-Justamente por esto es que los temas de infancia tienen que traer consigo un conjunto de medidas. Los temas de inseguridad no se resuelven solamente desde el punto de vista más punitivo si no se acompañan con otras medidas de convivencias y cohesión social. Desde hace muchos años se sabe que es importante trabajar en los temas de infancia y con un Estado presente a nivel territorial, facilitando que las familias accedan al mundo del trabajo y a una educación de calidad. Atacar este tema necesita un conjunto de medidas. No solo implica cerrar bocas de pasta base, también hay que controlar el lavado de activos y tener acciones que impidan que el narcotráfico siga avanzando. No es que uno estigmatice la pobreza con determinados temas de delictividad, porque los problemas del delito o de consumo problemático atraviesan a toda la sociedad. Pero sí es verdad que las maestras te dicen que se les hace muy difícil el trabajo, porque a veces a los niños los usan de mulas para transportar droga y ganan más que sus padres que están vinculados al mundo del trabajo.
-¿Cree que el país no incentiva a los niños y adolescentes a estudiar y forjarse un futuro?
-Las dificultades que tienen los jóvenes para acceder al mercado laboral y los indicadores de desempleo son mucho más altos en personas jóvenes. Quienes trabajan en una reforma del Estado, de todas las orientaciones políticas, visualizan esta ley como un incipiente de empezar a ordenar el presupuesto por problema y poder tener una ejecución transversal de todos los temas. Los niños, al igual que los privados de libertad, no votan y no son agentes de presión sobre la sociedad, ni para que se invierta más ni para poder tener su propia voz. Los temas de infancia no son dimensionados.
-El enfoque dual, de prevención y represión que implementó este gobierno, ¿fue adecuado a esta realidad?
-No es del todo adecuado, porque si así lo fuera, no tendríamos las cifras que tenemos hoy. Creo que hay algunas acciones que han sido pertinentes, como la incorporación de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que permite una acción más potente y coordinada, que impacte en una persona privada de libertad y pueda insertarse en la sociedad. Si bien tenemos un problema de salud mental grave, también hay programas del Mides vinculados a esta problemática que no tienen el impacto en la cobertura, pero tal vez en el diseño pueden tener algún tipo de impacto. Aun así, hay que tener algo más potente que ese enfoque.
-Con esta ley se plantea una suerte de acuerdo país para la pobreza infantil, como usted hace mención. ¿Por qué no pensar también en acuerdos en otros temas trascendentes para la población, como lo es la seguridad o la educación, que son temas en los que se suele hablar de acuerdos?
-Falta tener madurez a nivel parlamentario y político para tener acuerdos. Solo hay que mirar lo que costó esta ley, que empezó a gestarse en 2018 y se terminó de aprobar recién en 2024, en un tema que no hay un político que diga que los niños no importan.
“En los temas más importantes del país, tendríamos que lograr un piso mínimo de acuerdos”
-¿Se politizan por demás los temas importantes para la población?
-Sí. Yo soy una frenteamplista que defiende las propuestas y acciones que vienen de la mano del programa del FA, pero puedo acordar en temas conceptuales con otras improntas. En los temas más importantes del país tendríamos que lograr un piso mínimo de acuerdos.
-¿Y en el FA existe esta postura de generar acuerdos?
-Sí. De hecho, es una de las cosas que me identifican con Yamandú Orsi. Además, hay ejemplos de esto a nivel parlamentario. En la Rendición de Cuentas pasada, con el FA apoyamos la mayoría de las medidas que fueran para mejorar la mayoría de las cosas que impactan en la población.
