Guido Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto
Pasado más de un año y medio de gobierno, en más de una oportunidad se han hecho públicas las diferencias a la interna de la coalición multicolor sobre determinados temas. Esto “se habría evitado” si hubiera existido un ámbito de negociación integrado por todos los socios, de acuerdo con Manini. Sin embargo, lamentó que el presidente Luis Lacalle Pou haya “demostrado” no tener interés en conformar ese espacio. Por otra parte, el líder de Cabildo Abierto (CA) afirmó que el problema de la seguridad está muy lejos de ser resuelto y enfatizó en la importancia de atender las dificultades que atraviesan las mipymes.
El menú: En la cava de Panini’s, el legislador degustó risotto de camarones, zucchini, zest de lima, cream cheese y langostinos grillados, que acompañó con agua mineral.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
–En la última entrevista con CRÓNICAS, dijo que no había un ámbito para que todos los socios de la coalición pudieran intercambiar opiniones. Ha habido algunas reuniones puntuales, pero ¿por qué todavía no se ha conformado ese espacio? ¿Sigue siendo la intención de CA?
-Entendemos que un espacio de ese tipo puede ser bueno para una coordinación más afinada en el tratamiento de los grandes temas. Se sigue trabajando con reuniones personales entre el presidente y los dirigentes de los distintos partidos. Yo, cada vez que tengo algún tema para conversar con él, voy y lo hablamos, pero es cierto que ese ámbito no se ha creado y eso a veces lleva a que haya descoordinación en determinadas medidas o actividades, o a que salgan a la luz fricciones o diferencias en los enfoques, que perfectamente se podrían haber limado antes de presentarse.
-¿En qué casos cree que ameritaba una reunión previa, por ejemplo?
-A veces hay diferencias en cuanto a algún proyecto o negociación. Ha habido casos muy sonados, como el tema del puerto, los aeropuertos, donde si hubiera habido una conversación entre los líderes de los partidos en un ámbito apropiado, se habrían evitado ciertos ruidos cuando tomaron estado público con los hechos consumados; incluso se podrían haber mejorado algunas cosas o haberse hecho de otra forma. Hubiéramos querido que esas negociaciones se trataran de distinta manera; no coincidimos con lo que se trató, y esas discrepancias podrían haberse evitado si hubiera habido un marco adecuado.
–¿Se le ha vuelto a plantear esto al presidente?
-Yo no se lo he planteado, pero sé que lo ha hecho el Partido Colorado. Indudablemente, el presidente no tiene ningún interés en formar una mesa de diálogo al más alto nivel entre los socios de la coalición, eso es lo que ha demostrado.
-En sus recorridas por el Interior, ha dicho que en algunas cosas el gobierno actúa lento, según consignó La Diaria. ¿En qué aspectos cree que debería tener más celeridad?
-El área que nos preocupa particularmente es la seguridad, donde hemos planteado la necesidad de llevar a la policía más cerca del vecino, de reforzar las comisarías de barrio y de campaña. Esto no significa más efectivos policiales, sino una redistribución. Durante los 15 años de gobierno frenteamplista se ha ido retirando a la policía del contacto con la gente. Yo llegué a ver comisarías de campaña con un letrero que decía: “Abrimos tal día”. Ese vaciamiento que ha habido hay que revertirlo si queremos cambiar la realidad.
El otro tema que planteamos con énfasis es el trabajo obligatorio para todos los presos. Es la única forma de cambiar la realidad dantesca que se vive en las cárceles, donde aparte de la violación constante de los derechos humanos de los recluidos, cuando salen en libertad, no están rehabilitados, siguen sin hábito de trabajo, sin habilidad, sin dinero, por lo tanto, son candidatos a reincidir en el delito; es un círculo vicioso que no tiene solución si no se toman medidas drásticas. Si bien se está yendo en esa dirección, no se está haciendo al ritmo necesario para cambiar una realidad que nos está golpeando muy duro.
-¿El problema está lejos de ser resuelto?
-Nadie puede pensar que el problema de la seguridad está resuelto, al contrario, estamos todos convencidos de que no lo está, es necesario hacer algo significativo. Por eso hay que hacer una inversión para que se pueda hacer trabajar a los 14.000 presos. Esto se aplica en otros países y la reincidencia ha bajado drásticamente.
-Pero no hay coincidencia sobre este punto con el resto de los partidos.
-Hay coincidencia en que los presos deben trabajar, pero no en la obligatoriedad. Se habla de que hay tratados que se estarían violando, pero yo entiendo que cuando el país necesita determinada solución, esos tratados no pueden atarnos de manos.
-Desde la campaña electoral, CA puso el foco en la necesidad de hacer auditorías, advirtiendo que se constatarían irregularidades de la gestión anterior. ¿En qué está eso?
-Nosotros somos críticos del poco impulso que se les ha dado a las auditorías e investigaciones de lo actuado en las administraciones anteriores. En los pocos casos en los que se han hecho auditorías de gestión en serio –en algunos, a instancias nuestras-, se ha terminado con una denuncia penal en la Justicia porque se han encontrado elementos que hacen pensar en la posibilidad de la existencia de delito, como en Gas Sayago. Pero son muy escasos comparado con todo lo que se puede investigar.
Estamos haciendo pedidos de informes al Ministerio de Transporte (MTOP) sobre determinadas rutas que se inauguraron y a los tres meses estaban destrozadas, donde no se debe haber cumplido con los requisitos que estaban en los pliegos. Hemos pedido esa información, pero no la hemos recibido completa. Hay temas en Casinos, en distintos lugares, y estamos recopilando información para llevar a la Justicia, ya que creemos que hay que clarificar qué ha pasado con ese manejo tan desprolijo de los fondos de todos los uruguayos.
-¿A qué adjudica la lentitud con respecto a las auditorías?
-En algunos lugares es inexplicable. Cuando asumió este gobierno, en el MTOP se dijo que no se iban a hacer auditorías por falta de recursos, pero es un Ministerio que amerita que se hagan, y lo mismo sucedió en otras reparticiones del Estado. Nuestro director en la ANP (Daniel Loureiro) planteó, y finalmente se aceptó, una auditoría de lo actuado en el puerto en torno a todo lo que se denunció en la interpelación al ministro (Luis Alberto Heber), donde se habló de un manejo con apariencia delictiva de las concesiones a una empresa violando la ley. Se van a disponer los recursos para esa auditoría; queremos saber la realidad de los hechos.
-¿Está satisfecho con las medidas implementadas para paliar la situación de las pymes o considera que se debería hacer más?
-Hay que profundizar esas medidas. Si bien fueron en la dirección correcta, quedamos con gusto a poco; se tiene que hacer mucho más para darles oxígeno a las mipymes y generar condiciones para que puedan desarrollarse. Ha habido un golpe muy grande por la pandemia; se les ha dado algún beneficio, pero no se ha atendido la realidad completa, el daño total que han sufrido. Hay muchos sectores que aún siguen con serios problemas para poder subsistir.
Entre las propuestas que le entregamos al presidente en febrero, estaba la exoneración de impuestos, o sea, que el Estado no esté arriba de una empresa que recién nace, hasta que llegue a un determinado número de empleados o pase cierto tiempo, cuando pueda caminar con firmeza. Hoy el Estado representa una pesada carga para todas las mipymes que surgen y así aumenta el sector informal.
Nosotros vamos a proponer una reforma tributaria. La que se hizo en el año 2006 castiga o grava al trabajo y no al capital; los que pagan los impuestos son los trabajadores, no los grandes capitalistas, a quienes generalmente se los exonera de todo tipo de impuestos, y hay que revisar eso.
-Justamente, CA ha planteado que hay que revisar el régimen de exenciones fiscales de la Comap. ¿Cuáles son las propuestas en ese sentido?
-Hay exoneraciones fiscales que obedecieron a una realidad en un determinado tiempo, pero que han permanecido. En su momento, para que viniera una empresa extranjera a Uruguay, había que darle todo tipo de exoneraciones, porque si no, no venía, por los costos estructurales que tiene el país. Entonces, en vez de atender la situación estructural, se le daban beneficios a esa empresa, con el compromiso de que iba a dar equis cantidad de puestos de trabajo, que después no eran tales.
Hay que considerar a la empresa nacional con la misma óptica con la que se considera a un inversor extranjero, porque el trabajo nacional es fundamental para solucionar el problema del empleo. Si a Conaprole se le diera el 10% del beneficio que se le da a UPM, por ejemplo, se generarían muchísimos más puestos de trabajo, se arraigaría mucha más gente en el Interior y aumentarían significativamente las exportaciones. Hay que revisar las exoneraciones y reasignarlas a empresas nacionales o mipymes que están en sus primeras etapas.
-¿Qué medidas de estímulo al empleo cree que el gobierno debería llevar adelante? ¿Está bien encaminado en ese tema?
-En la medida que las mipymes empiecen a tener oxígeno y que el productor familiar pueda tener números que le permitan mantenerse y dar trabajo, ese es el camino para que se vayan generando los puestos de trabajo en el sector privado. Ahí es muy importante el rol que pueda desempeñar el Banco República como un banco de fomento, es decir, tiene que financiar proyectos que sean viables y que generen empleos.
-¿Cuáles son sus prioridades en términos de crecimiento económico? ¿Qué debería hacer el país para recuperar las tasas de crecimiento y la competitividad?
-Tenemos que atender los problemas que generan la baja competitividad actual. Hay costos estructurales carísimos para el país que hay que apuntar a llevar a los niveles de la región. Aquí hay mayores obligaciones fiscales que en otros países, hay un tipo de cambio que se utiliza como herramienta para bajar la inflación y que hace que los costos en dólares suban año a año. Tenemos una inflación en dólares superior a la de cualquier país de la región y del mundo, y eso lleva a que se especule con capitales que vienen transitoriamente a hacer su negocio, aprovechando esa situación. Hay que manejar el tipo de cambio con criterios que apunten a mejorar la competitividad y controlar la inflación de otra forma.
-CA ha hecho énfasis en la necesidad de implementar una política de fronteras para mitigar el problema de los comercios de esas zonas. ¿Qué opina de las medidas tomadas por el gobierno en ese sector?
-Nosotros presentamos una minuta al Poder Ejecutivo de exoneración tributaria a los productos uruguayos que se venden de este lado de la frontera, en el entendido de que eso acercaría los precios con los de los vecinos y no significaría una renuncia fiscal, porque hoy, como la gente va a comprar al otro lado, no se está cobrando por ello. Se tomaron medidas de exoneración o baja de alguna tarifa, pero no se atendió el problema. Hay que aplicar una política de precios de frontera. Hemos propuesto un proyecto en esa línea, pero no ha habido medidas contundentes. Si queremos evitar la debacle del comercio fronterizo, falta mucho por hacer.
CA difiere con el Poder Ejecutivo sobre reclamo de cableoperadores
-¿Cuál es la postura de CA con respecto a la Ley de Medios? El País informó que su fuerza política trancó el proyecto, entre otras cosas, porque no acepta que se habilite a las empresas de cable de Montevideo a ofrecer internet. ¿Es así?
-CA quiere que los cableoperadores del Interior tengan la capacidad de transmitir datos por cable como parte de su negocio. Lo propusimos en la Ley de Rendición de Cuentas para adelantar camino, pero el Poder Ejecutivo entendió que, o se les daba a todos, incluidos los de Montevideo, o a nadie.
-¿Por qué considera que se les debería dar esa potestad solo a los del Interior?
-Porque representan una pequeña porción del mercado de la transmisión de datos. En cambio, si se les da a todos, eso puede afectar seriamente los números de Antel, que factura unos 400 millones de dólares al año por transmisión de datos. Las tres empresas privadas que manejan los cables de Montevideo son el 90% del mercado.
-¿El proyecto no tendría los votos de CA entonces?
-Estamos dispuestos a votar si podemos acordar una fórmula por la cual Antel sea resarcida por los clientes que va a perder cuando se habilite a los privados. Hay gente que recorre el Interior tratando de convencer a los cableoperadores de que la culpa la tiene CA, cuando la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo, que no quiere habilitar a los del Interior primero y después negociar con los de Montevideo con una fórmula de resarcimiento a Antel –que hizo la inversión de la fibra óptica y todo el cableado-.
