A raíz de las distintas renuncias de jerarcas a sus cargos públicos para llevar adelante su campaña electoral y las distintas acusaciones que surgen al respecto de utilizar las direcciones de empresas públicas como “trampolín” político, CRÓNICAS dialogó con el abogado constitucionalista Martín Risso y los politólogos Daniel Chasquetti, Antonio Cardarello y Daniel Buquet. Los entrevistados coincidieron en que no existen casos de que un director de una empresa pública haya alcanzado la presidencia, y Buquet señaló que esta discusión “deteriora” el debate público.
Las restricciones y plazos para la postulación a la presidencia generan cada año electoral olas de renuncias de directores de entes e intendentes. En el caso de los directores de empresas y entes autónomos, la renuncia debe presentarse un año antes del acto electoral, y en el caso de los intendentes hasta tres meses antes.
En octubre, a un año de las elecciones, renunciaron a sus cargos por estos motivos Robert Silva, director de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y Gabriel Gurméndez, director de Antel, mientras que en noviembre renunció Guzmán Acosta y Lara, director de Telecomunicaciones y en diciembre Álvaro Delgado, secretario de Presidencia. A futuro, se espera la renuncia de Javier García, ministro de Defensa; Yamandú Orsi, intendente de Canelones; y Carolina Cosse, intendenta de Montevideo.
Las reglas de juego
Al respecto de las restricciones para postularse a la presidencia, el politólogo Daniel Chasquetti comentó que el dilema se basa en que la persona podría estar usando su gestión para promocionarse y resaltó que hay quienes opinan que esto está mal, porque “podría estar desatendiendo sus funciones para hacer campaña”, o por el hecho de que la visibilidad que le da el cargo le podría dar una ventaja frente a la competencia, y “generar un desequilibrio”. Aun así, el politólogo fue cauteloso en aclarar que no es claro si efectivamente descuidan sus tareas.
A nivel histórico, todos los expertos consultados mencionaron el ejemplo del nacionalista Alberto Volonté, cuya gestión de UTE en los años noventa propulsó su carrera electoral -aunque eventualmente no ganó-. Sobre la restricción específica de renuncia con un año de antelación para directores de empresas públicas, el politólogo Antonio Cardarello explicó que surgió porque “se supone que son cargos más de carácter técnico y que tendrían que estar un poco más alejados de la actividad política, como no es el caso de ministros y legisladores”.
El abogado constitucionalista Martín Risso explicó que la actual regulación pretende que personas que están ocupando determinados cargos de autoridad o de posibilidades en materia económica y que pueden incidir en la vida de las personas, “no aprovechen” esos cargos en su favor durante la campaña electoral.
A su vez, con respecto a la regulación con la que cuenta el país, el especialista especificó que el hecho de que el presidente tenga la inhibición de presentarse a una reelección y de no poder participar de la propaganda política de carácter electoral, “no son aspectos frecuentes” en el derecho comparado.
El caso de la dirección de empresas públicas
Sobre la importancia que estas candidaturas de directores de empresas públicas tienen en el ámbito electoral, Chasquetti señaló que “de todas maneras, no existen antecedentes de que eso sea tan importante para los ciudadanos como para volcarse masivamente hacia alguna persona”. “Ha habido algunos jerarcas que han tenido políticas exitosas, pero que no dieron saltos muy grandes”, aunque “al tener más visibilidad pública, la población comienza a percibirlos como actores políticos”, concluyó el politólogo.
Por su parte, Daniel Buquet consideró que quienes están en el gobierno deben mostrarle a la gente las buenas repercusiones de su gestión, y recordó el caso de Carolina Cosse cuando se postuló para la intendencia de Montevideo, que distintos actores políticos la acusaron de utilizar su cargo como “trampolín”, para ejemplificar los casos donde se genera “distorsión”.
“Cosse se vio obligada a decir que no iba a usar un cargo público para promover su carrera política, pero los políticos al fin y al cabo promueven su carrera porque se dedican a eso”, concluyó. El politólogo sentenció “que el debate político pase por ahí lo deteriora”, porque “en realidad cuando los políticos desempeñan sus cargos deberían hacerlo lo mejor posible, y si lo hacen bien la gente los vota”. Esto, según Buquet, es “la esencia de la democracia”. Aun así, tuvo cautela en decir que esto no aplicaba para quienes tuvieran actos de amiguismo o corrupción en sus funciones.
Por su parte, Risso criticó esta intención de algunos de “usar la intendencia como trampolín para la presidencia”, y opinó que los intendentes no deberían poder postularse a otro cargo electivo. “Este uso de la intendencia desnaturaliza el régimen constitucional. Si a una persona se la vota como intendente es para que desempeñe el rol durante cinco años, no para que lo haga un rato y después piense en su candidata presidencial”, postuló el constitucionalista.
