El titular de Trabajo fue entrevistado por CRÓNICAS al respecto de la reforma de la seguridad social y las consecuencias de que el proyecto en cuestión no sea aprobado en este período. Por otro lado, consultado sobre la recuperación del salario real, dijo que el gobierno se enfrentó a dos grandes problemas: la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. “Nosotros dijimos que a medida que la situación mejorara, íbamos a recuperar el poder adquisitivo del salario y ese compromiso está vigente”, sostuvo el jefe de la cartera.
Por Antonella Aguinaga | @antoaguinaga15
-¿Qué apreciaciones tiene al respecto de la reforma de la seguridad social?
-Como ministro de Seguridad Social y como dirigente del Partido Independiente (PI), en ambos roles estuvimos directamente vinculados al proceso, tanto en la etapa de la comisión de expertos como en la elaboración del anteproyecto y el proyecto de ley. En la primera etapa hubo un representante del PI que participó activamente, tuvo una comisión de trabajo que formuló propuestas y modificaciones que fueron incorporadas. Nos sentimos plenamente identificados. El Ministerio también estuvo muy vinculado a través del director de Seguridad Social, Daniel García Zeballos.
-El pasado miércoles 23 de noviembre en conferencia sostuvo que las jubilaciones crecerán entre 18 y 20%. ¿A qué atribuye este aumento?
-El promedio total de las jubilaciones del BPS, dependiendo cuáles sean los supuestos que se manejen en la simulación, hablan de un 16%. Eso significa que en el análisis por deciles de ingresos jubilatorios hay distintas situaciones, pero en todos los casos hay una mejora o situación de equivalencia. El crecimiento con la aplicación de los criterios que planteamos implica eso. Son otros los casos de las cajas paraestatales y los servicios de retiro, donde va a ocurrir una reducción de ingresos porque son cajas que tienen criterios más favorables que las reglas de juego generales. En el caso del 50% de las jubilaciones más bajas, su aumento se debe a la incorporación de un componente que es un monto agregado al cálculo del promedio. En las jubilaciones altas, al postergar la edad de retiro, el aporte de capitalización individual que la persona realiza a las AFAP es mayor, por lo tanto, impacta positivamente en las remuneraciones finales. En el caso de los sectores de deciles medios, la diferencia es más baja porque los niveles de acumulación de ahorro individual son más bajos.
-Por otra parte, al comienzo del planteo de la reforma, el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que este es un proceso que llevará unos 20 años. ¿Para cuándo considera que se van a ver resultados?
-Por las características que tiene el proyecto de ley, todas las personas que hoy tienen 50 o más años no van a tener ningún efecto de la reforma, salvo un beneficio que es la posibilidad de jubilarse y seguir trabajando. Para los menores de 50 años, el cambio va a ser la edad de retiro, que sería a los 65, y para ellos va a haber una tasa de reemplazo similar o mejor a la que actualmente existe.
-Los gobiernos anteriores habían insistido en realizar una reforma. ¿Por qué cree que no ocurrió?
-Eso habría que preguntarle al gobierno del Frente Amplio (FA), porque el problema de la sostenibilidad fiscal del régimen de seguridad social se empezó a apreciar a partir de algunos cambios que se hicieron en 2008, donde el gobierno flexibilizó requisitos jubilatorios y empezaron a aumentar. Ese ritmo de incremento no estaba previsto, por lo que empezó a aumentar el déficit. Además del problema estructural, que tiene que ver con que cada vez vivimos más años y nacen menos niños, la suma de esos dos factores explicaron la necesidad y eso lo sostuvieron todos los partidos en la campaña electoral del 2019. Todos dijimos que el próximo gobierno iba a tener el desafío de encarar la reforma. El FA lo reconoció siempre, lo dijeron tanto Danilo Astori como José Mujica, mientras gobernaron reconocieron que tenían que hacerlo, pero lo dejaron para más adelante.
-También se ha hablado del posible costo político que podría traer una reforma de este tipo por el aumento de la edad de jubilación. ¿Qué opiniones tiene al respecto?
-Las reformas jubilatorias, en general, no son demagógicas. Es decir, no generan impacto de beneficios en la gente, aunque en este caso creo que, por ejemplo, el subsidio a las jubilaciones más bajas, la posibilidad de que los jubilados sigan trabajando sin la necesidad de estar en negro, son cosas positivas que me parece que van en la dirección de la equidad. Se está construyendo un sistema que de aquí a 20 años será un sistema único de seguridad social y no como hoy que cada caja paraestatal o servicio de retiro tiene reglas diferentes, en general, bastante más favorables. Cuando mirás el conjunto, las reformas generan temores y desconfianza de que los jubilados se vean afectados cuando en realidad no va a ser así, por eso se habla de un costo político. Yo creo que hay argumentos suficientes para demostrar que la reforma es adecuada.
-En ese sentido, ¿considera que el gobierno está siendo claro con la información que brinda sobre el tema?
-Estamos haciendo todo el esfuerzo. Quizás uno puede preguntarse si no hay que hacer más esfuerzo para que se entienda mejor. Es un tema muy árido y complejo de entender, esas cosas generan dificultades para alcanzar el apoyo o la aprobación de la gente. Si esto se trabaja y se explica de manera lo más simplificada posible, me parece que va a ser entendido.
-¿Qué expectativas tiene si sale la reforma?
-Tengo la tranquilidad y la certeza de que va a ser un paso para el país en el objetivo de garantizar un sistema sostenible y más justo en materia jubilatoria. Es importante que la gente sepa y sienta que el sistema está firme y que responde con suficiencia y abarcabilidad.
-¿Qué podría pasar si no sale?
-Va a quedar pendiente, no es nada dramático, simplemente que el próximo gobierno va a tener mucha menos chance de resolver. Va a tener menos margen y plazos más acotados. En este proyecto de ley, estamos hablando de un proceso de convergencia de los regímenes a 20 años. Cuanto más demoremos en aprobar una reforma de estas características, estos plazos se van a volver más repentinos, obviamente es preferible lo que estamos haciendo nosotros.
“Hay una tendencia a la recuperación del empleo que parecería que se está retomando”
-¿Qué balance hace del empleo en lo que va del año?
-El empleo a fines del año pasado tuvo una recuperación muy firme que nos colocó en los niveles de algunos indicadores incluso en mejor posición que antes de la pandemia. Durante los primeros meses de este año, tuvo una línea ascendente, luego tuvo una situación de estabilidad y, ya que todavía no tenemos los datos de noviembre, octubre nos está mostrando una tendencia a la recuperación del empleo que parecería que se está retomando, pero hay que esperar a ver qué pasa en noviembre y diciembre.
La “amnesia” de Fernando Pereira
-El gobierno tiene como objetivo la recuperación salarial. ¿Para cuándo está previsto llegar a esa meta?
-En el plan de gobierno no estaba previsto que ocurriera una caída del salario real, que es consecuencia directa del escenario de la pandemia. Tanto Uruguay como el mundo sufrieron una situación de cataclismo que afectó particularmente al empleo. Por este motivo, en julio del 2020 acordamos algo que está bueno mencionar, porque a veces parece que Fernando Pereira sufre de amnesia, porque cuando era presidente del PIT-CNT firmó un acuerdo en el que se aceptaba que si la economía caía iba a haber una caída del salario real, cosa que ocurrió: el salario se afectó por la pandemia.
Nosotros dijimos que a medida que la situación mejorara, íbamos a recuperar el poder adquisitivo del salario y ese compromiso está vigente. El único problema adicional que tuvimos fue que cuando todavía no había terminado la pandemia ocurrió como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania una suba de precios en todo el mundo. El precio de los alimentos, la energía y demás, hace más difícil la recuperación del poder adquisitivo del salario porque genera un empuje inflacionario y se vuelve complejo recuperar eso.
-¿Cuál es la situación actual?
-Por un lado, en el caso de los funcionarios públicos, firmamos un acuerdo con COFE, con el sindicato de la enseñanza y en general con el sector público, por el que se establece un cronograma de recuperación del poder adquisitivo que garantiza que en lo que va de este año y para el final del gobierno se haya recuperado el poder adquisitivo.
-¿Y en el caso del sector privado?
-Ahí la realidad es heterogénea y tenemos un poco más de trabajadores privados que negocian su salario con el Consejo de Salarios que en julio de este año registraron una situación de no pérdida o de una pérdida menor al 1%. La otra mitad es donde tenemos el escenario más afectado porque responde a las situaciones de mayor dificultad de recuperación. Nuestro objetivo es que en la próxima ronda de Consejo de Salarios, en julio del 2023, se acuerde una pauta que signifique la recuperación completa del poder adquisitivo perdido. De ese modo, habremos llegado a cumplir nuestro compromiso de recuperación.
De todas maneras, todavía no ha terminado el año, pero algunos datos podrían establecer que el 2022 va a cerrar con un Índice Medio de Salarios que marca un proceso de recuperación, tenue todavía. Es algo que lamentablemente la oposición viene diciendo de manera reiterada, que por tres años consecutivos va a haber pérdida del salario real. Creo que esto va a ser desmentido por los hechos, pero vamos a esperar a que termine el año y cuando aparezcan los números lo confirmaremos.
