Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería
El titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) conversó con CRÓNICAS acerca del nuevo mecanismo de fijación de tarifas que comenzará a regir próximamente para los combustibles. Al respecto, Paganini subrayó que “la reforma de los combustibles impactará en una reducción de los costos nacionales” y aseguró que el proceso tomará unos tres años. En la misma línea, indicó que este camino permitirá potenciar la competencia en la cadena de distribución y estimó que actualmente “hay muy bajos niveles de competencia porque una vez que uno tiene la estación de servicio instalada, el resto del partido está jugado”. Además, se refirió a la sobrecontratación de energías renovables que complica a UTE y afirmó que el Ministerio apuesta a una nueva revolución energética de la mano de la descarbonización de los combustibles y del hidrógeno verde.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
– ¿Cómo encontró el Ministerio al asumir y qué destaca del trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo del primer año de gestión?
– Encontramos al país en una determinada situación que es bastante conocida. Había una cierta problemática que se arrastraba de varios años anteriores al cambio de Administración, sobre todo en lo que hace específicamente a la competitividad y, por lo tanto, a la capacidad de crecimiento productivo a largo plazo, genuino y sostenible.
En esta línea, ya estaba en el compromiso de la coalición de gobierno el ir generando condiciones de mayor competitividad, lo cual requería temas macroeconómicos, como estabilizar las cuentas del Estado para evitar que terminen repercutiendo en un atraso del dólar. En la medida en que uno financia déficit con deuda, lo que termina pasando es que eso impacta en el tipo de cambio. En ese sentido, el compromiso del gobierno con generar ahorros y con la austeridad era una política general que iba más allá del Ministerio.
Por otro lado, queríamos trabajar sobre algunos mercados estratégicos para el país que impactan en los costos de producción, que básicamente son la energía y las telecomunicaciones, además de generar condiciones más propicias para el desarrollo de industrias y la minería.
Sin embargo, el 13 de marzo tuvimos la declaración del comienzo de la epidemia del covid-19 que nos obligó a cambiar el foco y avanzar a velocidades diferentes a las que hubiésemos querido en algunas cosas.
En lo que tiene que ver con la política económica, por ejemplo, hemos tenido que incrementar el déficit para dar cobertura a todo lo vinculado a la salud, y en ese sentido la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, fue muy clara en que para atender a la situación del covid-19 van a estar todos los recursos necesarios.
Las condiciones económicas no son las mejores para la competitividad aún y hemos tenido que generar ahorros en una cantidad de aspectos para poder financiar el gasto en salud, pero también con un déficit creciente.
Por otro lado, empezamos a trabajar desde el Ministerio y con las empresas públicas vinculadas al Ministerio para ir consiguiendo mejoras en los procesos que terminen redundando en menores costos, pero son procesos de mediano y largo plazo porque requieren ahorros genuinos de costos, no artificiales, donde uno lo que hace es patear la pelota para adelante.
En ese sentido, se trabajó para incluir en la Ley de Urgente Consideración (LUC) algunas estructuras de reforma de algunos mercados de energía, sobre todo de los combustibles, y al mismo tiempo se ha trabajado para apoyar nuevas inversiones en el país y se está avanzando en una segunda transformación energética.
La reforma de los combustibles impactará en una reducción de los costos nacionales vinculados a la producción de combustibles en el país, en todo lo que es su distribución y comercialización, en un proceso que va a demorar tres años.
Por otro lado, se avanza con las condiciones del mercado eléctrico, sobre todo el mayorista, para que pueda funcionar y haya mejores condiciones de competitividad en lo que es energía eléctrica para la producción. También se avanzó en poder generar condiciones para la exportación de energía, y por suerte fueron favorables. A su vez, se trabaja en conseguir el aprovisionamiento de gas natural para la central térmica que permitirá bajar los costos en años de sequía.
También está el desarrollo de políticas más pensando en el futuro, como es la introducción del hidrógeno verde.
Fue un año de muchos impulsos, pero es momento de sentar el comienzo de un proceso y no todavía de ver los resultados. Hubo bastantes interferencias por la pandemia porque el Ministerio también distrajo una parte de sus impulsos en que las empresas públicas vinculadas apoyen de distintas maneras a los sectores especialmente damnificados y que le den su apoyo a la plataforma digital del Estado para lograr cosas como que los call centers de covid funcionaran rápidamente.
– En este periodo se hizo mucho foco en los combustibles. Su precio está sujeto al petróleo y no se puede obviar que subió un 30% entre diciembre y marzo. El gobierno decidió postergar la decisión de un aumento en el precio final por la coyuntura, pero ¿se sabe cómo se llevarán a cabo esos aumentos y dentro de cuánto urgirá hacerlo?
– Tenemos diseñado un mecanismo nuevo de fijación de tarifas que se discutió en la aprobación de la LUC y después se presentó una hoja de ruta al Parlamento.
Este mecanismo pretende darle más transparencia al sistema y menos margen de discrecionalidad a la Administración a la vez de generar las señales adecuadas para que los distintos actores de la cadena busquen una mejora de eficiencia.
Todo ese proceso está enlentecido porque nos agarró el pico de la pandemia y se resolvió, por ahora, no ajustar el precio de los combustibles, que en este mecanismo y en el mecanismo tradicional requiere un ajuste dado el aumento de su principal insumo, que es el petróleo, que se incrementó, efectivamente, en el orden del 30% -ubicándose entre US$ 50 y US$ 65 el barril Brent- entre diciembre y marzo. Además, es un insumo que se paga en dólares, con lo cual la fluctuación de la moneda también impacta. Todo eso habrá que reconocerlo a la brevedad.
Cuando arranquemos por reconocer la situación también vamos a comenzar con el nuevo mecanismo; son cosas independientes, pero el Estado se va a privar de la posibilidad de usar los combustibles para recaudar. Va a haber un mecanismo transparente basado en los precios de importación de los combustibles por un lado y reconociendo los demás costos que tiene el sector para llegar hasta el consumidor final en un proceso que haga todo más eficiente.
El mecanismo va a funcionar en poco tiempo. Hoy el sacrificio que hace Ancap por no ajustar es del orden de los US$ 30 millones en un mes común. Claramente el ente no puede sostener esa pérdida muchos meses.
Hay que transparentar primero que Ancap cobre lo que debería cobrar un importador y, al mismo tiempo, reconocer los sobrecostos que tiene Ancap que otro importador no tiene, por ejemplo, que estamos subsidiando el supergas y para hacer frente a este subsidio hay que ponerle un sobrecosto al combustible líquido. Cosas similares suceden porque se está mezclando más etanol que el exigido por la ley y hay otros costos que terminan impactando ahí.
Nosotros manejamos que al principio íbamos a empezar con el precio de importación, que sería el precio del importador llevado al consumidor final, es decir, agregándole todos los costos nacionales necesarios más un factor «X» que estimamos en el orden de los $3 para que Ancap pueda estar en condiciones de competir y no comprometerse económicamente. Pero ese X es en el que debemos trabajar para poder bajarlo a cero en los próximos tres años.
También pensamos en eliminar la exigencia de mezclar biodiesel nacional en los combustibles -hoy la normativa vigente establece que se debe incorporar un 5% en el gasoil- lo que economizaría en aproximadamente $1.8. Esos cambios no están en el X sino en el precio de paridad de importación, pero eliminar la mezcla del biodiesel requiere de una ley que retire esa exigencia.
Hay algunos otros cambios que pueden venir en relación con el fideicomiso del transporte colectivo; son $3.48 más IVA que se le cobra al gasoil también. El subsidio del transporte colectivo es necesario pero se podría financiar de otra fuente y en eso estamos. Es un proceso y todo termina en unos pocos pesos pero que, sumados, terminan cumpliendo el objetivo de bajar los costos nacionales. El petróleo no lo vamos a controlar, lo que hicimos este mes fue totalmente excepcional. Ancap tiene que aumentar los combustibles para hacer frente al aumento del precio del petróleo.
“El subsidio del transporte colectivo es necesario pero se podría financiar de otra fuente”
– ¿Cómo espera que repercuta esta nueva metodología en la cadena de distribución?
– Hay que lograr que se introduzcan en toda la cadena reglas de juego que impulsen a una mayor eficiencia. La cadena de distribución secundaria está compuesta por los sellos: Axion, Petrobras (próximamente DISA) y Ducsa, los estacioneros y los fletes que hacen la logística del combustible hasta el destino.
Hay que partir de la base de que estamos cambiando quién es el que regula. Hasta el día de hoy regulan los contratos que Ancap tenía- que ahora no están vigentes- con cada uno de los sellos. Los contratos establecían, por ejemplo, cuántas estaciones de servicio pueden tener, cómo habilitar o trasladar estaciones y demás.
En esa regulación hay muy bajos niveles de competencia porque una vez que uno tiene la estación de servicio instalada, el resto del partido está jugado. Si yo estoy en un lugar con mucho tránsito voy a vender muchos litros, y si estoy en otro lugar menos concurrido no y es la única variable que realmente importa porque el producto es el mismo, el precio y las condiciones también. Finalmente, lo único que importa es dónde estoy.
Reconociendo que no se pueden hacer cambios bruscos en un sector que tiene contratos a largo plazo y que la gente requiere previsibilidad| para ir manejando las inversiones razonablemente y sabiendo lo que va a pasar, nos damos un plazo de tres años para que el sector vaya cambiando sus reglas de juego. Eso nos puede permitir algún otro ahorro para lograr un combustible más competitivo.
Hoy la logística está manejada por los distintos actores pero, por ejemplo, el flete lo paga todo Ancap. Eso quiere decir que en el fondo no hay nadie realmente interesado en optimizar la logística más allá de Ancap. Si uno de los sellos tuviera que manejar su logística, de repente haría una inversión en tanques para llevar camiones cargados y grandes a esos tanques y otros más chicos a cada estación haciendo acopio en esos tanques y no simplemente llamando a Ancap. Es un ejemplo pequeño, pero muestra por qué hay que buscar incentivos para que cada uno se preocupe de manejar mejor su parte.
– En esta oportunidad se descartó la desmonopolización de los combustibles. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cree que en un futuro es viable que se vaya hacia esta modalidad?
– Yo creo que Ancap puede estar en competencia. Las empresas públicas han demostrado que compiten, como lo hace Antel, el Banco de Seguros y el Banco República, y les va bien porque estos incentivos para ser más eficientes vienen dados por el propio consumidor que elige qué combustible comprar o qué compañía telefónica contratar.
Esos incentivos redundan en mejoras para el ciudadano, que es el consumidor final.
En ese sentido, a nosotros nos parece bien la libre importación de combustibles; así estaba en el programa de gobierno del Partido Nacional. Ahora, estamos en un gobierno de coalición que discutió intensamente el tema y se llegó a la conclusión de poner a Ancap en esta competencia virtual, y es lo que vamos a implementar.
– En la campaña hubo un compromiso de tener tarifas más competitivas a nivel regional. ¿Es posible sostener esto con la pandemia de por medio?
– Yo diría que lo que queremos es conseguir condiciones de menores costos reales, genuinos, no solamente por decreto porque después el problema explota en otro lado, por ejemplo, en una empresa pública.
Queremos mejores condiciones de competitividad, algunas tienen que ver con situaciones macroeconómicas otras con ir bajando costos y son transformaciones que llevan su tiempo.
Estamos trabajando en ese compromiso de campaña, creemos en él y se trata de lograr mejoras genuinas de costos, no es artificial y por lo tanto da trabajo; hay que ir paso a paso.
– ¿Cuánto complicaron los contratos y compromisos asumidos por la gestión anterior tanto a nivel del Ministerio como de empresas públicas?
– Depende del área. En el caso de los contratos de energía renovable, siempre dijimos que el mecanismo elegido de hacer contratos de libre despacho para conseguir que generadores privados se instalen en el país es correcto. En la medida en que da la seguridad de vender toda la energía, la inversión se transforma en atractiva en un mercado que es monopólico y es comprador. Si uno finalmente está a merced de que no le compren, la inversión no la hace si no hay un contrato a largo plazo y con la confianza que generan los contratos uruguayos, se generó una condición válida. Lo que pasa es que se sobrecontrató.
Además, hicieron todo de golpe cuando en energía renovable uno puede ir más gradualmente porque los parques eólicos son unidades productivas de pequeño porte. Se puede hacer un parque de 50 megas hoy y otro dentro de unos años, no tiene que hacer 1.000 megavatios en el mismo periodo de gobierno, que fue lo que se hizo con los privados. Además, se construyó un parque de 450 megas de UTE, y se contrató con UPM y se contrataron parques solares. El resultado son 1.800 megas de energías renovables contratados a determinados precios que en ese momento parecían adecuados, pero la energía renovable ha ido bajando y ahora son caros.
En definitiva, tenemos un montón de contratos en dólares que inciden fuertemente en el costo de la demanda uruguaya y son costos a los que UTE tiene que hacer frente y que complican. Nos hubiera gustado que su hubiera ido más despacio y que no se sobrecontratara, más allá de que nos pareció bien la transformación de la matriz energética que fue parte de un acuerdo multipartidario que se dio en el 2010 y que hablaba de 500 megas de eólica.
– Más allá de la política de austeridad con la que ha sido consistente el gobierno, ¿hay algún proyecto en el que quiera invertir especialmente el Ministerio?
– El Ministerio quiere generar condiciones de inversión tanto para las empresas públicas como en el sector privado.
Una de las cosas que más nos importa es poder entrar en la segunda transformación energética, que es la que nos permite descarbonizar el transporte. Hasta ahora hemos eliminado los combustibles fósiles en un 98% en la generación de energía eléctrica, pero esa es una parte de la energía del país; después hay industria, transporte y demás. Dependemos en un 37% del petróleo que no es un número alto comparado con otros países, pero es mucho para seguir dependiendo del petróleo.
Avanzar en esa dirección implica inversión como también buscar esquemas para fomentar el transporte eléctrico en general, pero para el transporte de carga la solución es el hidrógeno verde que permite recorrer distancias mayores y Uruguay quiere estar en esta transformación. Por eso estamos apoyando un piloto de hidrógeno verde para el transporte que se va a licitar este año, buscando consorcios privados que se interesen y apostando a otras aplicaciones de hidrógeno verde que puede llegar a ser un rubro de exportación importante en el mediano y largo plazo dado que permite empaquetar la energía eléctrica, transformarla en hidrógeno y llevarla a otro lado, y así regenerar la energía eléctrica; es una forma de exportar energía renovable. Queremos fomentar la inversión privada y desarrollar la inversión pública para acompañarla.
– ¿Se plantean algún plazo para la revolución energética?
– La introducción de vehículos eléctricos es lenta porque tiene que ver con la renovación de las flotas y estas se renuevan cada 15 o 20 años, y en el hidrógeno verde aún más porque es una tecnología que está en pleno desarrollo y es más costosa. Hay que pensar en 15 o 20 años. En los acuerdos internacionales Uruguay se comprometió a eliminar los combustibles fósiles de la matriz para el 2050.
Más industrias, más competitividad
Consultado acerca de su visión sobre el avance de la competitividad nacional, el ministro Omar Paganini destacó que “son valiosos” los proyectos que impulsan una mejor infraestructura carretera y fluvial.
En relación a la actualidad de una de las industrias más pujantes, Paganini subrayó: “Desde el punto de vista de la agroindustria estamos vislumbrando una etapa interesante en el precio de los commodities que nos permite pensar en más desarrollo en esas áreas que pueda derramar en toda la economía”.
En la misma línea, estimó que Uruguay es un país que tiene “buena tecnología, buenas plataformas y buen capital humano que permite ser atractivos y competitivos para industrias de más tecnología como en el sector de las TIC´s” y apuntó que, más allá del buen posicionamiento que el país tiene en este rubro, aún es posible crecer más.
“Hay que pensar también que no solo por el lado de la baja de costos se es competitivo, también se es por el lado de la agregación de valor. Uruguay lo ha hecho en el agro y también ahí viene otra parte que es encontrar nuevos mercados, algo en lo que Uruguay también está trabajando”, reflexionó.
