Rodolfo Saldain, coordinador de la reforma de seguridad social
Quien redactó la actual reforma de seguridad social, impulsada por el gobierno de Lacalle Pou, tiene claras las consecuencias que tendría una eventual aprobación del plebiscito que propone el PIT-CNT, pero destaca una: en caso de aprobarse, sería una “enorme barrera” para que Uruguay logre niveles “mínimamente razonables” de desarrollo económico en lo inmediato. Así lo explicó Rodolfo Saldain en entrevista con CRÓNICAS, en la que además dijo que, si se quiere atender a los jubilados que están en hogares pobres, se debe pensar en una política más focalizada.
Menú El especialista degustó merluza grillé con puré de papa y calabaza, que acompañó con Coca-Cola Zero. De postre optó por ensalada de frutas y más tarde eligió café.
Por Mateo Castells | @teocastells
-¿Cuál entiende que es la principal consecuencia que tendría la aprobación del plebiscito de la seguridad social?
-La principal consecuencia, en caso de prosperar, sería una enorme barrera para que Uruguay logre niveles mínimamente razonables de desarrollo económico en lo inmediato. Eso significa que difícilmente Uruguay logre satisfacer el conjunto de demandas que están sobre la mesa, además de las que van a venir, asociadas a múltiples políticas públicas, desde cuidados de larga duración a personas mayores hasta temas de infancia y de educación. La aprobación del plebiscito realmente compromete severamente las oportunidades de mejorar los actuales niveles de crecimiento económico, lo que es imprescindible para poder mantener el Estado de bienestar que ha caracterizado a Uruguay. Seríamos más pobres de lo que somos hoy.
-Uno de los puntos centrales que hace a lo que menciona, es la necesidad a la que aluden distintos especialistas de aumentar el IVA para financiar lo que está escrito en la papeleta. ¿Qué números maneja usted al respecto?
-En esto hay consecuencias inmediatas desde el punto de vista financiero y consecuencias mediatas. Las inmediatas no pasan tanto por un tema fiscal, sino que están asociadas al financiamiento del sector público, lo que tiene que ver con la posibilidad que ha tenido Uruguay de colocar sus títulos de deuda en un mercado muy dinámico y con muy bajas tasas. Si prospera el plebiscito, va a estar en cuestión quién le va a prestar dinero a Uruguay y a qué precio. Lo primero es porque hoy un gran proveedor de recursos para el financiamiento del sector público son las AFAP, que colocan allí buena parte de sus activos, lo que ha llevado a que cambie la composición de moneda del endeudamiento uruguayo, pasando a tener una parte muy importante en moneda nacional en lugar de dólares, lo que ha beneficiado mucho a los titulares de las cuentas, porque están recibiendo un interés y una rentabilidad asegurada.
-¿En ese caso aumentarían las tasas de interés? ¿Qué estimaciones hay al respecto?
-Si se consiguiera alguien que prestara esos fondos, no va a ser a las tasas actuales, por lo que el próximo gobierno tendría un mayor gasto de intereses del orden de los US$ 500 millones, lo que va a tener un impacto grande en las asignaciones presupuestales, que no es déficit fiscal, que ese es otro problema. Después, sí viene un problema de desfinanciamiento, que será mucho más rápido de lo que estiman los promotores de la iniciativa e incluso los estudios hechos. Todos los estudios están partiendo de la base de que la confiscación del ahorro equivale aproximadamente a US$ 23.000 millones, lo que no va a ser así, porque al día siguiente de que prospere el plebiscito, los títulos de deuda pública uruguaya no van a valer eso. De la misma manera que ni bien mejoró el grado inversor, los títulos mejoraron su cotización y mejoró el ahorro de las personas en sus cuentas de AFAP, rápidamente eso será absorbido por Banco de Previsión Social (BPS), que a diferencia de lo que dicen algunos de los promotores, por cada peso de mayor ingreso que se le da al BPS con esta hipotética reforma, se le ponen varios pesos de mayor gasto. Esto significa que lo que ya era una situación fiscal muy comprometida, se agrava sustancialmente. Allí es donde aparece el dilema de cómo financiar esto y hay algunos dentro de los promotores de la iniciativa que han optado por decir que la vida dirá, que es la peor forma de pensar una política pública con impacto de largo plazo.
-Oddone, para referirse al día siguiente de aprobado el plebiscito (en ese hipotético caso), utilizó la metáfora de aterrizar el avión con los cuatro motores prendidos fuego. ¿Usted cómo cree que se aterriza el avión en esa situación?
-Lo que hay que hacer es evitar que se prendan fuego los motores. Como dijo Lacalle Pou, si el niño va a tocar la ortiga, hay que decirle que no la toque. Acá lo que está en cuestión es lo que ha sido una falta de capacidad y rigor político del Frente Amplio (FA) de conducir al conjunto de sus partidos.
-La izquierda ha apuntado, a lo largo de los últimos años, a la eliminación de las AFAP. ¿Cree que esto va en línea con una cuestión ideológica?
-Decididamente en el FA ha habido dos puntos de vista respecto al régimen mixto. Uno muy crítico, que ha pensado en la eliminación de las AFAP, y otro no tan crítico, que reconoce que es un régimen que puede tener necesidad de mejoras. Hay algunos sectores dentro del FA que incluso votaron la reforma de 1995 y hay otros que, incluso no habiéndola votado, han sido defensores de este régimen. Creo que hay una puja de los sectores más opuestos y más tendientes a la estatización total, liderados por el Partido Comunista (PC), sobre los demás sectores. Allí hay un problema que el FA laudó con la libertad de acción de sus fuerzas políticas, que es una forma de más o menos decir que no puede marcar una posición al respecto.
-Todos los candidatos, en mayor o menor intensidad, se han pronunciado en contra, y diversos especialistas de ambos lados han advertido sobre los peligros que tiene esta reforma, pero, aun así, la mayoría de encuestas sitúa la intención de voto de esta propuesta en el entorno del 40% ¿Por qué cree que la población no termina de interiorizar las consecuencias que se advierte que tendrá este plebiscito?
-Hay un mensaje de parte de algunas de las fuerzas políticas que es relativamente ambiguo. El expresidente Mujica ha sido muy crítico al respecto y lo calificó como un caos y Yamandú Orsi ha ido en un sentido similar, pero de forma más tenue, haciendo que el mensaje sea ambiguo y para nada claro. Días atrás se publicó una encuesta que daba cuenta que la mayoría de los votantes del FA piensa que sus líderes están a favor de la iniciativa, lo que muestra que el mensaje no está llegando claro. Eso, a nivel de los partidos de la coalición, es distinto y el mensaje es más claro. En definitiva, hay cierta debilidad en el mensaje de parte del FA.
-También, entre quienes se oponen a la propuesta y quienes la defienden, se manejan y se muestran distintos números. ¿Por qué ocurre eso?
-Esto ocurre porque el texto está muy mal hecho y muy mal escrito. El hecho de las dos miradas tiene que ver con la equiparación de pensiones y jubilaciones al Salario Mínimo Nacional. El texto al respecto es claro y establece que ninguna pensión o jubilación podrá ser inferior al valor del Salario Mínimo Nacional. Cuando se advirtió que eso no era algo viable, los promotores empezaron a decir que era algo a nivel de cada persona y se pasaron por alto que solo en BPS hay 130.000 personas que cobran más de una jubilación o pensión. Está mal pensado y hecho con orfandad de información respecto de cómo funciona el sistema y qué características tiene. Y si a eso le agregamos que en la Caja de Profesionales más del 70% tiene más de una jubilación y en la Caja Militar ronda el 30%, es algo que muestra que es muy común que haya más de un beneficio, porque hay pluralidad de actividades que las personas desarrollan y ahí es donde está la diferencia. Uruguay tiene un 10% de la población en situación de pobreza y son 10.000 los jubilados que integran ese 10% y, si queremos atender a los jubilados que están en hogares pobres, tenemos que hacer una política más focalizada, y no esto que es una perdigonada que la hace inviable.
-¿Cuál sería esa política más focalizada?
-Si se quisiera hacer una política más focalizada, debería ser una decisión parlamentaria de asignación presupuestal y el instrumento más potente es el que está diseñado en la última reforma, que es el suplemento solidario, que toma en cuenta el conjunto de ingresos de la persona a partir de un diseño similar al de un impuesto negativo a la renta. A partir de un determinado valor base, se hace un descuento de una determinada tasa, en función de lo que la persona autofinancia con su aporte y se le paga el complemento.
-¿Cree que es sintomático que se hayan juntado 430.000 firmas aproximadamente para plebiscitar una reforma de la seguridad social?
-Eso está en línea con lo que surgió de estudios de opinión pública que se hicieron durante el proceso de reforma, que marcaban la existencia de un número no menor de personas afines a recurrir a un procedimiento de democracia directa, que cambiaba bastante su punto de vista luego de que recibían información de calidad. El número final de firmas no es un número confirmado, porque el nivel de rechazo fue insólitamente alto y no está muy claro cuántas firmas se presentaron. Lo que habrá que evaluar es, una vez conocido el resultado del 27 de octubre y aun en la hipótesis de un rechazo, cuán significativa ha sido esa adhesión a esta muy mala iniciativa del PIT-CNT y, en función de eso, habrá que considerar opciones de política, aunque todavía es prematuro para profundizar en ello.
-¿Se politizó por demás la seguridad social en este período?
-No, me parece razonable que sea un tema que tenga un alto contenido político, porque es muy sensible y no nos podemos olvidar de que, solo en el apartado jubilatorio, Uruguay tiene 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y estamos todos los uruguayos involucrados.
“La reforma aprobada tuvo a la persona humana en el eje”
-Con el paso del tiempo, con las críticas que recibió y la experiencia que se recabó encima de la mesa, ¿cambiaría algo de la reforma actual, de la que usted fue redactor?
-La reforma aprobada tuvo a la persona humana en el eje. Ahora escuchamos que en esta iniciativa se establece expresamente que la previsión social es un derecho humano, y es algo que está reconocido en el artículo 2 de la Ley 20.130, donde también se establece un principio central, que es el principio de igualdad: que, ante una misma contingencia, las personas reciban un beneficio de iguales características, sin dejar de reconocer que hay algunos sectores de actividad que tienen particularidades que ameritan un tratamiento diferencial. Como resultado de esto, luego de terminado el período de convergencia, a partir del 2043 todas las cajas van a liquidar de la misma manera la jubilación, que hoy es algo muy heterogéneo. Eso parece ser una virtud muy importante, pero quedan temas pendientes. Hay algunos que están en la propia ley, como la creación de dos comisiones con plazos para expedirse después de instaladas, que supongo que será en el próximo gobierno. Una será para analizar todas las bonificaciones de servicios que existen y otra para todas las exoneraciones de aportación patronal. Eso es un elemento muy importante y es parte de la agenda futura. También quedó fuera de la reforma la aportación patronal del sector rural, que es muy diferente a las del régimen general. En las recomendaciones de la Comisión de Expertos se proponía un determinado ajuste provisorio, que no prosperó. Allí hay algo a revisar.
