En entrevista con CRÓNICAS, Martín Vallcorba dijo que en este período de gobierno ha habido un aumento en la desigualdad y un incremento “claro” en los números de pobreza infantil, pero también reconoció que el control de la inflación es un “logro importante”, pese a la “contracara” del atraso cambiario, y destacó la situación actual del empleo. El economista afirmó que la propuesta para la seguridad social del PIT-CNT se trata de un esfuerzo presupuestal “imposible” de financiar y subrayó que el déficit fiscal actual del 4% “no es sostenible”.
-¿En qué se diferencia el país actual del país que dejó el Frente Amplio (FA) en 2019?
-La principal diferencia está en la situación social. Cuando uno compara los últimos datos disponibles de la pobreza de 2023 con los de 2019, hay un aumento claro, en particular, de la pobreza infantil. Hay un claro deterioro de un indicador social importante. Otra diferencia que noto es en la desigualdad. Ha habido un aumento de la desigualdad en este período, que es consistente con cualquiera de los indicadores que se mire. Recientemente, parte de la discusión se ha trasladado a cómo evolucionaron los ingresos de los hogares, y en la comparación de 2023 con 2019, lo que se observa es que, en promedio, la situación está empatada y prácticamente no hubo una mejora. Pero cuando uno empieza a analizar dentro de ese promedio cómo fue la evolución por nivel de ingresos, lo que se ve es que el único quintil que mejoró sus ingresos es el 20% de mayores ingresos. El restante 80% de la población está peor en 2023 que lo que estaba en 2019. Todos estos indicadores no dan una pauta de que, a nivel de la evolución social, no estamos mejor, sino que estamos un poco peor.
-¿A qué responden, a su entender, estos factores?
-No se le pueden achacar a la pandemia estos resultados, porque en principio influyó y también a nivel de la producción y los ingresos tuvo un efecto negativo que después se revirtió, pero en el cómo se redistribuyó esa caída y la recuperación posterior, es donde influyen las políticas públicas. Por ejemplo, en cuanto a la evolución de los ingresos, según los distintos tramos de ingresos de los hogares, no hubo ninguna política específica que apuntara a atender la situación de los salarios más sumergidos. No hubo políticas específicas orientadas a mejorar el salario mínimo nacional, a mejorar las pasividades mínimas, que mejoraron apenas en el margen, no hubo en los lineamientos que el Ejecutivo presentó para las negociaciones en los Consejos de Salarios aspectos específicos para los salarios más sumergidos, que fueron cosas que existieron en los gobiernos del FA. Es más, cuando se mira el programa de gobierno del Partido Nacional (PN) y el “Compromiso por el País” de la coalición, se observa que en esta materia hay una afirmación que dice que se iba a poner foco en que los trabajadores no pierdan poder de compra y que se iba a apuntar a mejorar la situación de los salarios más sumergidos. Pero cuando se mira qué políticas se implementaron, nada de eso se hizo y los resultados están a la vista. Los sectores con ingresos más bajos son a quienes les ha ido peor en este período. Y otro indicador de este deterioro es la cantidad de personas que cobran menos de $ 25.000 como salario líquido, que hoy hay 100.000 trabajadores más en esta situación.
-¿Y qué evalúa positivamente de este gobierno?
-Si desde la oposición solo ponemos la atención en las cosas negativas, perdemos un poco de credibilidad. Creo que hay dos temas donde hemos tenido mejores resultados en este período. El primero es la inflación. Tener una inflación más baja que la que teníamos en 2019 o la que tuvimos en promedio en los 15 años de gobierno del FA es un logro importante a consolidar de cara al próximo gobierno. También, esto tiene su costado negativo, porque esencialmente la inflación bajó y el tipo de cambio se fue para abajo, además de que perdimos competitividad. En definitiva, la baja de la inflación se explica esencialmente por el retraso que tuvo el tipo de cambio respecto a lo que ocurrió con el dólar en el resto del mundo. El otro dato positivo de este gobierno tiene que ver con el empleo. Los últimos datos muestran que se han logrado recuperar no solo los empleos que se perdieron durante la pandemia, sino también aquellos que se perdieron durante el último gobierno del FA. Para medir qué tan vigoroso está el mercado de trabajo, no solo hay que mirar la cantidad de ocupados, sino la proporción de personas en edad de trabajar y que están efectivamente ocupadas. La tasa de empleo está mejor que el último gobierno del FA y está en niveles similares a la de 2016, pero todavía lejos de lo que fue el récord de 2014. De nuevo, como con la inflación, hay aspectos que matizan estos resultados. Los empleos que se crearon durante 2023 son de relativa baja calidad y mayoritariamente informales. Se trata de empleos de bajos ingresos y de poca carga horaria, que es consistente con el aumento de la informalidad y del subempleo de 2023. Aun así, en términos de informalidad, tenemos niveles mejores, con una informalidad más baja que la que teníamos en 2019.
-Cambiando de tema, dentro del FA hay un sector muy importante que está promoviendo un plebiscito para derogar la actual reforma de seguridad social. Todos los estudios hechos al respecto indican, entre otras consecuencias, un aumento inmediato de gasto público del orden del 1,5% sobre el PIB. ¿Qué lectura hace de esto?
-Tengo una visión muy crítica de este plebiscito. Creo que es una mala propuesta y no la acompaño. Dentro de los sectores que yo asesoro también tienen una posición crítica respecto de esta iniciativa y lo mismo ocurre con la candidatura de Yamandú Orsi. Es una muy mala propuesta, lo cual no quita que la reforma de la seguridad social aprobada por este gobierno no tenga problemas. Entonces, ¿por qué se genera esta movida? Yo creo que hay varios factores que lo explican, y en particular los problemas que genera la propia reforma y las cosas que la implementada por este gobierno no contempla. El aumento de la edad de retiro a 65 años es una mala iniciativa planteada tal como está en la reforma, pero no quiere decir que debamos fijar la edad de retiro a los 60 años. Hay razones asociadas a la evolución de la demografía que llevan a pensar que es necesario ajustar la edad de retiro. La realidad es que muchas personas no van a llegar a los 60 trabajando, tanto porque la actividad en la que trabajan no se los permite como porque los propios cambios en el mercado de trabajo llevan a que las empresas sustituyan trabajadores de mayor edad por personas jóvenes. En mi opinión, se debería habilitar a que, más allá de la edad normal de retiro a los 65 años, exista una causal de retiro anticipada a los 60. El otro problema de la actual reforma es que no ataca las inequidades en el financiamiento. Todo el peso de la reforma recae sobre los trabajadores, cuando hay inequidades en el financiamiento que debieron ser contempladas, en particular, el bajo nivel de aporte patronal que tiene el sector agropecuario.
-Pero, en contrapartida con esto que plantea, esta reforma sí atacó otras inequidades…
-Yo no tengo ningún inconveniente en reconocer aspectos positivos de esta reforma. El unificar los distintos subsistemas en un sistema previsional común es un avance muy positivo de la reforma, porque eliminar regímenes particulares hace que todos tengamos un régimen común, que reduce inequidades que el sistema anterior tenía. También focaliza mejor los subsidios de los sectores de ingresos más bajos, a partir del suplemento solidario que creó esta reforma. Ahora, junto con eso, tenemos varios problemas. Pero una ley con problemas se debe ajustar con otra ley y no con una reforma constitucional. Lo que está planteado en la iniciativa del PIT-CNT no son temas que ameriten ser incorporados en la Constitución.
-¿Se vuelve ingobernable el país con esta reforma aprobada?
-Tiene un impacto fiscal muy significativo, que genera un costo que es muy elevado. De manera inmediata, fundamentalmente por el efecto de la equiparación de las pensiones y las jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional, tiene un costo de unos US$ 1.500 millones. De acá a 20 años esto implicaría un gasto adicional de unos US$ 4.000 millones por año, que es más que el presupuesto que hoy se destina a toda la enseñanza pública. Se trata de un esfuerzo presupuestal que es imposible de financiar y pagar. Aun asumiendo que hipotéticamente es posible financiarlo, desde una perspectiva de izquierda, creo que la prioridad del gasto no deberían ser las jubilaciones y pensiones, porque el país tiene una infinidad de problemas que son prioritarios antes que el gasto previsional.
-En el FA insisten en que hay que aumentar los recursos para los programas de atención a la primera infancia y también en educación, entre otros, para reducir la pobreza infantil, y usted ha destacado esta prioridad. A su vez, se ha dicho desde su partido que no hay forma de bajar el gasto público ni de reducir el número de funcionarios públicos. O sea, queda la vía de aumentar impuestos. ¿En qué impuestos se está pensando?
-El FA no está proponiendo, en su programa, un aumento de la carga tributaria, y en el congreso del partido hubo una propuesta que iba en esta dirección que no fue aprobada. Lo que sí hay es una orientación respecto a readecuar el diseño del sistema tributario, dándoles mayor peso a los impuestos directos en detrimento de los impuestos indirectos. Hay una propuesta explícita de avanzar en la dirección de un IVA personalizado y fortalecer la imposición directa, que es la más progresiva y es la que tiene mayor fortaleza para discriminar la capacidad de pago. Ahora, la situación fiscal actual es esencialmente la misma que en 2019. Hoy tenemos el mismo déficit fiscal que teníamos en 2019. Y es más, por temas de que ha aumentado la llamada deuda flotante, que son gastos pendientes de pagar, y porque han aumentado los gastos que no se registran fiscalmente, uno podría decir que la situación fiscal que tenemos hoy es peor que la de 2019. Si en el 2019 Arbeleche señalaba que había luces rojas en la situación fiscal, hoy debería estar absolutamente preocupada por la situación actual, porque desde el punto de vista fiscal es la misma y, en materia de deuda, es peor que la que teníamos en 2019. Desde mi punto de vista, ni teníamos luces rojas antes, ni tenemos luces rojas hoy, lo cual no quita que tanto en el 2019 como ahora sea necesario consolidar la situación fiscal. La situación fiscal actual con un déficit del 4% no es sostenible.
“Hay muchos gastos que se realizan por fuera del perímetro fiscal”
-Mujica dijo que en el próximo período de gobierno se deberán pagar obras de infraestructura ejecutadas en este gobierno. ¿Hay algún ajuste del gasto público previsto?
-Este no es un mecanismo que haya implementado este gobierno. Es un mecanismo que empezó en la salida de la crisis de 2002 y que fue ideado por Isaac Alfie. Esto implica que hay muchos gastos que se realizan por fuera del perímetro fiscal, básicamente a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y la Corporación Vial del Uruguay (CVU), que son gastos que no forman parte de las estadísticas ni fiscales ni de deuda. Se registran cuando se pagan, no cuando se compromete el gasto. Esto es así y no es nuevo, pero lo que sucede es que este gobierno hizo un uso mucho más intensivo de este mecanismo y, por lo tanto, hay compromisos que asumen los próximos gobiernos, que son mucho más importantes que los que tenía este gobierno cuando asumió. Y esto compromete la capacidad de gasto futuro y hace a los escasos márgenes que tenemos desde el punto de vista fiscal.
