Gustavo Zubía, fiscal penal y vicepresidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay
Aunque el sistema judicial permanece expectante ante la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que se llevará a cabo en julio, el fiscal Gustavo Zubía no es tan optimista. En entrevista con CRÓNICAS, explicó que si bien está de acuerdo con la reforma, el futuro sistema mantendrá algunas libertades que el Estado otorga a los delincuentes en forma “no racional”, y que son las que determinan que hoy Uruguay tenga un bajísimo porcentaje de presos. A su vez, afirmó que la solución a la inseguridad no pasa por poner más policías, sino que es fundamental cambiar las leyes y exigir que se cumplan las penas actuales.
El menú El Dr. Zubía degustó salmón chileno acompañado de cremoso de maíz y vegetales baby con vinagreta de tomate, cilantro y lima, y para beber eligió agua mineral con gas. A la hora del postre, optó por flan casero con dulce de leche, que acompañó con café.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-¿Cómo evalúa los hechos de violencia e inseguridad sucedidos el año pasado?
-No es una evaluación diferente a la de años anteriores. Las cifras podrán crecer o decrecer, pero todo se inscribe dentro de lo que en los últimos años ha sido el crecimiento en materia de inseguridad.
Eso no asustaría si tuviéramos los instrumentos para responder a ese crecimiento, lo que asusta es que no los tenemos en absoluto, y eso se percibe, entre otras cosas, en que al ciudadano común el sistema judicial cada vez le es menos interesante desde el punto de vista de la resolución de sus conflictos penales.
Eso se observa en forma sistemática con la dificultad para conducir a los juzgados a las víctimas y a los testigos, que antiguamente comparecían hasta con entusiasmo para brindar su testimonio para lograr la sanción de un culpable.
Hay un descaecimiento en el nivel de convencimiento del sistema judicial; las víctimas y los testigos sienten que el sistema judicial y el sistema de persecución penal en su conjunto, no les dan las expectativas o las garantías de que su testimonio sirva.
-Pasa incluso que se denuncia mucho menos de la cantidad de delitos que se cometen.
-Y si bien eso sucede siempre, yo últimamente estoy notando que es mayor el número de no denuncias.
-¿Qué estimaciones se manejan?
-Los criminólogos calculan que cada tres delitos cometidos, se denuncia uno. Son cifras negras, no podemos tener la certeza, pero la sensación que uno tiene en los juzgados al interrogar a las víctimas es que muchas veces llegan cuando la cosa es grave, es decir, que no denunciaron otros delitos de los que fueron víctimas anteriormente; también hay víctimas que le dicen a la Policía que no van a ir a declarar.
-¿Por qué motivos suele pasar esto?
-Cuando empiezas a conversar con las víctimas o los testigos sobre la falta de interés en ir al juzgado a declarar, empieza a aparecer esa sensación de descreimiento en el sistema, es decir, creer que el sistema no persigue.
-¿Pesan los tiempos de espera en esos casos?
-Los tiempos de espera yo creo que siempre van a existir porque el sistema recoge mucha cantidad de temas, además de que la cantidad de agentes del sistema judicial es escasa frente al número de personas que hay.
-¿Cuántos son?
-Para un millón 800 mil habitantes, que es aproximadamente la población de Montevideo, hay cuatro jueces penales –en una semana- y un equipo de 12 fiscales con sus asesores. Eso te da un juez cada 450 mil personas, y es poco comparado con otros países del mundo, donde se calcula que cada 50 mil habitantes tiene que haber juez y fiscal.
-¿Qué implicaría tener más?
-Si hubiera más agentes yo creo que habría más recepciones de andamiento de las denuncias que se formulan.
Hoy son los jueces los que determinan qué casos llevan al juzgado y qué casos no, mientras que en el futuro sistema, con el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que se prepara para este año, van a ser los fiscales los que van a determinar qué casos plantear ante el juez y cuáles no.
Ahí tenemos una de las razones por las cuales puede haber demoras, pero de todas formas las demoras no son tan graves, aunque creo que tiene que haber más agentes judiciales.
-¿El hecho de que no tengamos suficientes agentes judiciales responde a un tema presupuestal?
-Responde a un tema presupuestal básicamente, y a un Estado que ahorra pero no siempre ahorra en lo que se debe ahorrar.
“Rehabilitar a un preso es como fumar 40 años de tu vida y exigirle al médico que te quite el cáncer”
-¿Cree que será positiva la reforma del CPP en ese sentido?
-Yo en principio estoy de acuerdo con la reforma, para mí va a ser positivo modificar el sistema. Hoy tenemos un inquisitivo mixto, donde es el juez el que hace la instrucción, con participación de los fiscales, y el nuevo sistema va a ser el acusatorio.
Yo estoy completamente de acuerdo con el sistema acusatorio, con la oralidad, con un sistema que agilite, donde los fiscales tengan a su cargo la investigación, pero no estoy de acuerdo con determinados institutos procesales que se van a trasladar del actual sistema al nuevo.
-¿Por qué no?
-Porque la base del sistema penal es la persecución de delitos. De los delitos denunciados, hay un esclarecimiento de un 5%, y de ese 5%, cuando llega el momento del procesamiento, por leyes procesales benignas solamente el 52% es procesado con prisión. Entonces, a la cárcel va el 2% de culpables de los delitos denunciados –no de los cometidos, que son más-.
Cuando se habla del hacinamiento, hablamos de cárceles hacinadas con el 2% de personas responsabilizadas. Si nuestras cárceles están hacinadas con el bajísimo nivel de resolución de delitos y de prisionización que tenemos, ¿qué cárceles tendríamos que tener si tuviéramos mayores niveles de detención y sanción?
Por otro lado, yo creo que nuestro gran problema es el bajo nivel de sanción penal que tenemos.
-¿Cómo se soluciona?
-Se soluciona con una reforma del sistema legislativo y de los institutos liberatorios, es decir, hay que evitar esa libertad que hoy el Estado está otorgando a delincuentes en forma no racional. Y esos sistemas de libertades se trasladan al nuevo Código.
-¿El hacinamiento pesa en la cantidad de procesamientos sin prisión?
-Pesa, porque el argumento central de los defensores es: “¿A mi cliente que cometió un hurto lo vas a enviar a la cárcel, que es una escuela de delito, y vas a determinar que en su vida pueda seguir cometiendo delitos?”. Esa reflexión que los defensores hacen diariamente motiva muchas veces que hasta los fiscales pidan el procesamiento sin prisión.
Eso podría ser racionalmente aceptable, pero la realidad es que el delincuente aunque nunca haya tenido una caída a nivel del sistema judicial, ya conoce perfectamente todas las reglas, vericuetos, beneficios. El delincuente ya sabe todos estos beneficios y los aprovecha, le son rentables. Yo insisto en que delinquir es negocio, el que delinque ya sabe que tiene un montón de beneficios que lo van a favorecer. De hecho, muchas veces el propio delincuente exige que como es primario sea procesado sin prisión.
Uno piensa que la condición de primario en la vida se tiene una sola vez, pero no. Tenemos beneficios a tal punto que la condición de primario se recupera por un instituto que se denomina suspensión condicional de la condena.
Si alguien comete un delito leve y el juez estima que le puede dar el beneficio de la suspensión condicional de la pena, y por un año no comete un nuevo delito, obtiene ese beneficio en la sentencia y vuelve a ser primario. Entonces puede cometer delito, obtener ese beneficio, volver a ser primario, volver a tener los beneficios de ser procesado sin prisión; es una locura.
Esto demuestra que el sistema penal no está sancionando, y eso no es casual, es por un tema básicamente filosófico. En el siglo XX surgió un movimiento de no punición de delitos que tiene varias raíces: ideológicas, filosóficas, económicas, políticas, y también de gestión, porque a ningún Estado le sirve tener muchos presos porque el preso es un problema.
-Pero ¿es más problemático el preso que el delincuente que está afuera?
-De acuerdo a mi criterio, el Estado tendría que asumir esos problemas y no pasárselos al ciudadano.
Este movimiento de no punición se observa no solamente en el aspecto penal, sino en el educacional. Hay una enorme cantidad de escuelas en materia pedagógica y de psicología que abordan el tema de la no sanción de la persona en el caso del niño, del adolescente.
“A ningún Estado le sirve tener muchos presos porque el preso es un problema, pero el Estado tendría que asumir esos problemas y no pasárselos al ciudadano”
Entonces, cuando empieza a descaecer en todos los niveles el deber de sanción ante lo indebido, eso termina afectando al sistema penal. Y muchas veces se sueña con rehabilitar y se descarta el sancionar.
-¿Usted no cree que sea posible la rehabilitación?
-No es posible. Podrá haber y existen casos de rehabilitaciones, pero son pocos.
-¿No es posible por qué?
-Vamos a quitarle el “re”… la habilitación esencial tendría que venir por parte de los organismos normales del Estado: la escuela, los mecanismos de asistencia social y la familia –que es un componente del Estado aunque no sea dependiente de él-.
Cuando no te vienen las pertinentes direcciones por parte de los organismos del Estado o de la familia, imaginate lo que es soñar que un establecimiento como una cárcel te pueda dar aquello que no te dio el Estado en el momento de la habilitación. Es como fumar 40 años de tu vida y exigirle al médico que te quite el cáncer.
-Por lo que dice, es partidario de que la cantidad de presos aumente, pero según informó a CRÓNICAS el comisionado parlamentario del sistema carcelario, Juan Miguel Petit, Uruguay tiene uno de los índices de presos más altos de América Latina, que corresponde a 300 presos cada 100 mil habitantes. ¿Qué opinión le merece?
-Opino que el Dr. Petit, una persona a la que le tengo aprecio y con quien he debatido intensamente, maneja mal las cifras.
-¿Por qué?
-Principalmente porque Uruguay no tiene la sanción más grave que se le puede imponer a una persona: la pena de muerte. Entonces, hacer estadísticas del mundo sin contar los países que tienen pena de muerte, los que tienen cadena perpetua, y empezar a contar nada más que por número de presos, me parece un mecanismo –con todo el respeto para Petit- falaz.
A mí no me pueden decir que el nivel de prisionización es más alto cuando en otros países a los individuos los matan. Las estadísticas de Petit no son bien realizadas. Está mezclando zanahorias con tornillos.
-El fiscal general Jorge Díaz dijo a CRÓNICAS que “nuestro proceso penal no respeta los derechos humanos, no solamente por la prisión preventiva, sino también porque los jueces penales no son imparciales”. ¿Coincide con esa apreciación?
-No comparto que los jueces no sean imparciales. A mí como fiscal no me dan la razón en muchísimas oportunidades. Y la prisión preventiva va a seguir existiendo en el nuevo Código, no podemos demonizarla como si fuera un instituto fácilmente descartable. En todo sistema penal es imposible el juzgamiento inmediato y hay situaciones que ameritan el encarcelamiento del sospechoso por la gravedad de los hechos.
“Falta firmeza del Poder Legislativo para cambiar las leyes”
-Ha sido muy crítico con las penas que hoy rigen para los delincuentes. ¿Por qué razones?
-Se me ha interpretado mal. No soy crítico con las penas, sino con su aplicación. Yo no quiero penas más severas, quiero que se cumplan las penas que hay.
Por las estadísticas que te decía hoy, la mitad de los sentenciados son procesados sin prisión. Después tenés el que fue a la cárcel porque tenía antecedentes, en el papel decía que tenía que cumplir 18 meses y en la realidad cumple cuatro.
Entonces, por el procesamiento sin prisión, la mitad de sentenciados no cumple nada. De la otra mitad, que son los procesados con prisión, por el beneficio de la libertad provisional, un 50% –25% de sentenciados- cumple la cuarta parte de la pena. Y al que se le impone una pena más o menos severa, tiene el derecho a la libertad anticipada –a partir de la mitad de la pena puede salir-, y si no sale tiene el derecho a la salida transitoria, al descuento de días por estudio, por trabajo. Es una demencia.
Al que se le aplica pena de penitenciaría tiene la gracia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), los mecanismos de prescripción y el mecanismo que más critico y que se mantendrá en el nuevo sistema, que está legislado en el artículo 295 del nuevo Código, que es la libertad condicional.
-¿Por qué es el que más critica?
-Porque en el actual sistema, que es malo, se procesa con prisión y cuando llega la sentencia al final del proceso, como la persona ya cumplió algunos meses de prisión, se aplica la libertad condicional: como ya estuvo presa y no cometió nuevo delito, queda en libertad, aunque no pagó el saldo de la condena.
“No tenemos los instrumentos para responder al crecimiento de la inseguridad”
El tema es que en el nuevo Código, en el sistema acusatorio, en el 90% de los casos el procesado va a estar libre hasta que llegue la condena, pero se mantiene la libertad condicional. Quiere decir que está libre durante los meses del proceso, y si no comete nuevo delito, sigue libre.
He solicitado en la Cámara de Senadores y en la de Diputados que modifiquen ese artículo. En la misma línea que yo, están la Fiscalía General y varios catedráticos y jueces, e inexplicablemente sigue vigente.
El Artículo 295 dice que la libertad condicional es un beneficio que se otorga a la persona que recibe la sentencia estando en libertad, y en otro artículo agrega: siempre y cuando no hubiera cometido nuevo delito y se obtuviera información a través de la Policía de que la persona tiene una actividad, lo que se consigue con un papel firmado por “el dieguito” que dice que está haciendo tal o cual “changuita”.
-¿Los sistemas acusatorios de otros países son diferentes en ese aspecto?
-Sí, la barbaridad es que el sistema acusatorio uruguayo sea atípico con respecto a los otros sistemas acusatorios, en los que cuando cae la sentencia la persona cumple, aunque después pueda salir antes por otros mecanismos.
-¿Falta firmeza por parte del Poder Legislativo para cambiar las leyes?
-Sí.
-¿Es el único responsable? Porque para muchos legisladores el problema radica justamente en el sistema judicial.
-Creo que todos tenemos una cuota. El sistema legislativo tendría que modificar la legislación punitiva, que no quiere decir subir penas, sino hacer que se cumplan las que hay. El sistema judicial tendría que tener mucho más presente la necesidad de la sanción y no la conmiseración al momento de imponer las sentencias. El Poder Ejecutivo tendría que insistir con proyectos de ley.
-¿Y el rol de la Policía?
-Es muy importante pero no es donde radica el problema.
-Mucha gente tiende a culpabilizarla.
-Para la gente todo se soluciona con más policías, patrullas, estoy completamente en desacuerdo. Tiene que haber policías, pero el gran problema es legislativo, sancionatorio y filosófico. Mientras el uruguayo no cambie su percepción de que hay que sancionar para convivir, que no se queje.
No le carguemos tanto las tintas al sistema policial, porque una vez que se captura al delincuente se le da un tratamiento muy benigno, y la responsabilidad está enormemente centrada en el sistema legislativo y en el judicial, no en el policial.
La Policía captura, le cuesta mucho, y después de ese gran esfuerzo el 50% de los capturados son procesados sin prisión, otro 25% recupera su libertad en cuatro meses y el otro 25% va por la libertad anticipada, medidas transitorias, reducción de la pena. Pero cuando se captura hay que sancionar. Si el papel dice 18 meses, que se cumplan, y si después la cosa funciona bien veremos cuánto se le descuenta.
“Espero que el ciudadano haga sentir a los legisladores su disconformidad con el sistema”
-¿Considera que el sistema judicial es transparente?
-No. Necesitaría tener mucha publicidad para intensificar sus virtudes y disminuir sus defectos, porque cuando todos los ojos miran lo que se está haciendo, generalmente se hace mejor.
-¿El nuevo Código va a ayudar en esto?
-El nuevo Código habla de publicidad, después hay que ver cómo se lleva al campo de operaciones en concreto. Yo creo que los procesos deben ser absolutamente públicos, con presencia del público que desee estar en la sala, con el respeto necesario que el juez va a tener que imponer en ese caso. Ese es el mejor mecanismo para observar cómo funcionan las cosas. Problemas va a haber porque no estamos acostumbrados a eso, pero va a mejorar la calidad de todos los operadores.
-Planteó que a ningún Estado le sirve tener presos, pero ¿ve posibilidades de revertir la realidad que ha descrito como consecuencia de los sistemas de benignidad?
-Las posibilidades las veo a través del desasosiego del ciudadano con respecto a todo nuestro sistema, y sobre todo al procesal penal. El ciudadano también proyecta sobre la Policía ese desasosiego, yo lo proyecto más sobre las normas penales, el Parlamento y la operativa del sistema judicial.
-¿Cuáles son, en resumen, los beneficios que usted cree que hay que modificar?
-La enorme cantidad de procesamientos sin prisión no corresponde. La libertad provisional –que se da durante el proceso- hay que darla pero sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas de los que la pidan. La libertad condicional, gracias a la cual la persona está en libertad hasta recibir la condena y después sigue en libertad, es una locura. La libertad anticipada también hay que restringirla.
“No tenemos suficientes agentes judiciales porque el Estado no siempre ahorra en lo que debe ahorrar”
Los sistemas de salidas transitorias, de redención de pena por estudio y por trabajo, hay que reverlos; no puede ser que por el mero hecho de estudiar, una persona deje de cumplir una sanción por homicidio. El mecanismo de la suspensión condicional de la condena, por el que se vuelve a ser primario, lo tenemos que modificar, así como la gracia de la SCJ, los niveles de prescripción que tenemos y otros institutos.
Seguimos en un entorno filosófico de conmiseración con el delito, equivocado. No estamos poniendo límites claros, estamos como los padres que no saben poner límites ni a sus hijos, ni a su perro.
La delincuencia nunca se va a terminar, pero debemos dar satisfacción a las víctimas, que sepan que si se captura poco a los delincuentes es un problema de posibilidad, pero al que se captura que se le aplique la pena.
Hoy las víctimas sienten que el sistema no sanciona, que no las respalda, y eso le quita legitimidad. Mis esperanzas están en que el ciudadano, por los medios que pueda, haga sentir a los legisladores su disconformidad con el sistema y que éstos modifiquen las leyes procesales penales.
