Un informe realizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el que evalúa la auditoría externa del Antel Arena, dio cuenta de que en el proceso de su creación se violaron “principios y normas de conducta”.
Además, el documento expresa que “si bien en marzo de 2015 existió una estimación de costos” de US$ 56.500.000, el costo total de la obra fue de US$ 119.721.147, por lo que existe “una diferencia entre lo previsto y lo gastado de US$ 63.221.147”.
Esto denota “la carencia de un presupuesto operativo o plan general de negocio completo que reflejara toda la información financiera que debió tener en cuenta la empresa pública para enfrentar el proyecto en cuestión”.
A su vez, el órgano anticorrupción entiende que “la gestión del proyecto fue parcial en todo momento, desde que ‘no contempló el aspecto financiero’ del mismo”. De hecho, argumenta que “la propia consultora contratada por Antel no pudo establecer un análisis de flujo de fondos, lo que impide constatar si aquellos resultaron suficientes para la ejecución del proyecto, señalando que ‘no tuvieron acceso al presupuesto general del proyecto por razones de confidencialidad’”.
Al respecto, la Junta explica que consultó a quien fuera gerente general de Antel en la época acerca de si había un presupuesto financiero general del proyecto en el que se estimara el total de la inversión, pero su respuesta fue que, si tal documento existió, él no tuvo acceso al mismo.
En tanto, luego de evaluadas las contrataciones públicas realizadas por Antel en el marco de la construcción, instalación y funcionamiento del Antel Arena, la Jutep concluye que “la administración no se sujetó al ordenamiento jurídico vigente, vulneró los principios generales de derecho que rigen al obrar administrativo y los específicos de la contratación administrativa que dispone el Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera)”.
“No resulta difícil calificar negativamente el proceder de la administración en cuanto al respeto de los principios de eficiencia y eficacia y al manejo de los recursos públicos puestos a su custodia. El sistema inadecuado o inexistente de control interno falló, pues de haberse ejercido correctamente en atención a una obra de semejante porte, seguramente hubiese evitado algunos de los resultados negativos que se han evidenciado en las labores de auditoría”, añade el fallo.
Por último, el órgano estatal considera que “la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines estuvo ausente en este proyecto, conforme a la evidencia lograda por el auditor externo”.
