Óscar Andrade, secretario general del Sunca
Hace un año se encuentra en el Senado una iniciativa que tiene como fines el ingreso de personas discapacitadas al sector laboral privado, y el cumplimiento de las leyes vigentes que regulan su trabajo en la función pública. Aunque fue aprobada por unanimidad en Diputados, en la Cámara Alta se paralizó. “Hay una estrategia de dilatar el tratamiento del tema”, aseguró a CRÓNICAS el dirigente del PIT-CNT, Óscar Andrade, que es la cara visible de una campaña de recolección de firmas para que el proyecto se vote este año. “Si lo importante es que la ley le quita libertad de contratación plena a una empresa, somos unos miserables”, criticó, y destacó que la lucha principal en este asunto es “el cambio cultural”.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-En agosto de 2015, cuando era diputado por el Partido Comunista, presentó un proyecto de ley para regular el trabajo de las personas con discapacidad en el sector privado, que establece que las empresas con 25 o más trabajadores, deben tener un 4% de discapacitados en sus plantillas. Esto mismo ya está regulado en el ámbito estatal y no se ha cumplido. ¿Qué asegura que en este caso va a ser diferente?
-Ese debate lo dimos con mucha intensidad en la interna sindical. Tenemos normas que promueven el trabajo de los discapacitados en la actividad pública desde el año 1973 –la primera colocó un cupo del 2%, que más tarde otra ley aumentó al 4%-, pero hay un gran incumplimiento.
-¿Qué cifras se manejan?
-Ha entrado una de cada cuatro personas con discapacidad de las que deberían haber entrado, y no hay sanciones a las empresas públicas que incumplen con esta norma.
-¿El proyecto que hoy está en el Senado busca ese cumplimiento?
-Busca empujar las dos cosas. El gran problema es que la mayoría de los uruguayos todavía tiene un abordaje de las circunstancias de discapacidad equivocado, asociado a la caridad. Según Pronadis (Programa Nacional de Discapacidad), solamente un 32% de las personas con discapacidad termina la escuela; eso es porque el sistema educativo no está pensado para ellos.
-¿Cómo pensar en el trabajo, entonces, si no hay condiciones para la formación?
-Justamente, a veces se nos dice que no hay personas con discapacidad con la formación suficiente, pero nosotros somos quienes las estamos limitando en ese sentido. ¿Es culpa de la persona que el acceso a la educación sea más complicado? Hay un componente muy fuerte de la discapacidad que está en que construimos socialmente un estándar para algunos, y desde ahí les vulneramos los derechos humanos.
Según el censo de 2011, la población de discapacitados se ubica arriba de 500.000, y los datos más moderados, de la Encuesta Continua de Hogares, señalan que son cerca de 300.000. En cualquier caso, aunque cumpliéramos el 4% de ingresos al Estado, la mayoría de las personas con discapacidad no accedería al trabajo. O sea, hay que pelear por ese cumplimiento, pero es insuficiente.
-¿Por eso se propone incorporar al sector privado en esto?
-Sí. Al principio, desde el sindicato, empezamos a pelear por lo privado sin ley. En 2010 comenzamos a negociar con empresas el ingreso de personas con discapacidad. Ese año entraron dos, y esa cifra fue creciendo. El año pasado ingresaron 74 compañeros con discapacidad, cuando entre 2015 y 2016 accedieron al empleo público 61 personas. Quiere decir que entraron menos en todo el Estado en dos años, que en la construcción en uno.
“Ha entrado una de cada cuatro personas con discapacidad de las que deberían haber entrado, y no hay sanciones a las empresas públicas que incumplen con la ley”
Entonces, hay una gran falta de voluntad. Si yo hago un llamado y pongo un límite de edad, una formación muy alta y muchos requisitos, es porque no quiero encontrar. Lo que hay que entender es que se tiene que cumplir, y si falta algo de formación, trabajar en eso y generar condiciones, porque la prioridad es la inclusión; todo lo demás es accesorio, y ahí está el debate.
Hay que pelear por el cumplimiento pleno de la ley vigente, por el cambio cultural, que es lo más importante, y por nuevos derechos, que son necesarios, como licencias para los padres de los discapacitados que requieren intervenciones.
-¿Tener una nueva norma va a propiciar ese cambio cultural?
-Sí. Sin haber votado la ley, ya ha ayudado. Parte del clic que hay que hacer en la cabeza tiene que ver con que nosotros somos responsables de que los discapacitados estén como están, no por falta de solidaridad, sino porque empujamos a una sociedad que solamente permite un estándar donde el que tiene un problema físico queda afuera.
-En su pasaje por el Parlamento puso este tema en agenda, y el proyecto fue votado por unanimidad en Diputados. Sin embargo, en el Senado ni siquiera se trató. ¿El FA podría haber apoyado más la iniciativa?
-¡Sí, claro! Si estamos lanzando una campaña de firmas no es porque estamos felices con el compromiso que se le puso al proyecto en el último año. Nosotros intentamos que no fuera un proyecto del FA, sino de todos los sectores políticos.
-De todas formas, hoy el proyecto está muy lejos de ser una prioridad del sistema político.
-Tiene que ser, estamos trabajando para que sea. En las últimas semanas nos reunimos con el Ministerio de Trabajo, a los efectos de empezar a resolver las diferencias que puedan existir.
-¿Qué diferencias se han planteado?
-Por un lado, hay una visión de que el proyecto construye mayor rigidez laboral, y por lo tanto obstruye la competitividad. El otro punto de vista es que esta iniciativa atiende derechos humanos que están vulnerados. Si lo importante es que la ley le quita la libertad de contratación plena a una empresa, significa que somos unos miserables.
-¿Por qué se paralizó cuando llegó al Senado?
-Yo tengo varias interpretaciones. Esta ley contó desde la primera hora con un rechazo feroz, por lo menos, de las dos cámaras empresariales más grandes. Cuando fueron al Parlamento, nos criticaron en el sentido de que no había existido diálogo social suficiente para trabajar la norma. Nosotros dijimos que estábamos dispuestos a abrir una puerta de diálogo para recibir sus aportes, pero como los conocemos, sabemos que es una chicana para que no se vote nunca.
-¿Por qué lo dice?
-Porque pasaron seis meses y no llegó nada. No vamos a poder llegar a ningún acuerdo; no hay norma posible si el arranque de la discusión es que la libertad de contratación es innegociable. Después de eso, en el 2016, plantearon lo del diálogo social a nivel de Consejos de Salarios, pero no se avanzó en ningún texto alternativo. Yo tengo claro que lo que hay es una estrategia de dilatar el tratamiento del tema.
“El cambio no va a ser sencillo, pero vale la pena”
-El miércoles 27 se lanzó la campaña “Yo apoyo una ley de empleo para personas con discapacidad”. ¿Cuál es el objetivo?
-Nosotros queremos demostrar en poco tiempo que hay un amplio respaldo de la sociedad a esta iniciativa, que es una parte importante. Igualmente, sabemos que si se vota la ley, el problema no se va a resolver al otro día. Hay que seguir trabajando en su reglamentación, en su control, en su aplicación y en la batalla cultural.
-¿Cómo va la recolección de firmas?
-Vamos en el entorno de las 100.000, con decenas de miles de papeletas distribuidas que todavía no han retornado.
-¿Cómo ha visto la respuesta de la sociedad?
-Muy bien. La mayoría de la gente tiene un abordaje equivocado sobre este tema: el de la caridad. Pero una vez que se le plantea que el discapacitado no merece lástima, sino que se le reconozcan sus derechos, lo entiende. Generar ese cambio no va a ser sencillo, pero me parece que vale la pena.
