Tenían las expectativas puestas en que durante los gobiernos del Frente Amplio (FA) se avanzaría en memoria, verdad y justicia con respecto a los crímenes cometidos en la dictadura. Sin embargo, entienden que el progreso ha sido muy lento e insuficiente, y no creen posible que la situación se revierta, al menos, en el corto plazo.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
Representantes de algunas organizaciones dedicadas a impulsar la reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y la búsqueda de los detenidos desaparecidos, señalaron, entrevistados por CRÓNICAS, que hay un debe por parte del gobierno en esta materia, aunque destacaron como principal obstáculo al Poder Judicial.
Para Mariana Mota, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no se ha puesto el énfasis necesario sobre la búsqueda de los desaparecidos, debido a que faltó coordinación, además de que la tarea de reclamar por la aparición de sus restos, siempre terminó quedando en manos de las víctimas o de familiares.
Se refirió también a que la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en su mayoría, considera que estos delitos no son de lesa humanidad sino comunes, por lo que aplica la prescripción, y eso hace que se entorpezca el proceso.
“Las causas en realidad tienen otra finalidad: determinar los responsables de los hechos y sancionarlos conforme a la Ley Penal, y eso no tiene que ver solamente con los desaparecidos, sino también con los autores de otros delitos de lesa humanidad”, apuntó. De todas formas, remarcó que cuando no hay un pronunciamiento acorde con la normativa internacional que rige en Uruguay –porque ha sido ratificada y es obligatoria-, entonces “la Justicia tampoco tiene un objetivo de avanzar en esto”.
La Dra. Mota entiende que esto implica una falta de actuación de la Justicia, lo que obstaculiza las investigaciones y, eventualmente, la obtención de elementos que puedan ayudar a la búsqueda.
Un tema de voluntad política
Desde la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos realizan el mismo reclamo. De hecho, uno de sus miembros, Ignacio Errandonea, sostuvo que es evidente que la SCJ ha sido un escollo en el desarrollo de este asunto, en la medida en que no concibe a los delitos en cuestión como de lesa humanidad y que no pone empeño en investigar. “En todos los juicios que ha habido, la carga de la prueba siempre ha corrido por nuestra cuenta; en ninguno de los casos hubo una investigación seria desde el punto de vista judicial”, criticó.
El vocero atribuyó la postura de dicho órgano jerárquico a la falta de voluntad política, en el entendido de que el hecho de interpretar que los delitos cometidos en dictadura no son de lesa humanidad, es una posición política. Señaló, a su vez, que “el Poder Judicial ha sido cómplice de la no búsqueda de los desaparecidos y el no avance de las causas judiciales”.
Una herida abierta
En Crysol, la asociación que nuclea a los ex presos políticos –a quienes les brinda asesoramiento respecto de sus derechos a reparación, salud y todo lo relativo al trabajo en memoria y justicia-, comparten la inquietud de que el esclarecimiento de la situación de los detenidos desaparecidos es una gran herida abierta de la sociedad uruguaya.
Su presidente, Gastón Grisoni, lamentó que se haya progresado muy lentamente. “La sanción de estas situaciones corresponde al Poder Judicial, que tiene el monopolio exclusivo en este tipo de investigaciones”, subrayó. Si bien reconoció que durante varias décadas éste estuvo impedido de actuar debido a la vigencia de la Ley de Caducidad, afirmó que una vez restablecida la pretensión punitiva del Estado, se ha avanzado muy poco porque el propio poder estatal no ha actuado como debería para llevar a cabo las indagaciones correspondientes.
“El gran obstáculo es el Poder Judicial. Hay una correlación mayoritaria en la SCJ desde que asumió [como presidenta] la Dra. Elena Martínez, que ha tomado partido por los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos. La mayoría integrada por Martínez, Jorge Chediak y Eduardo Turell, considera que estos crímenes no son de lesa humanidad, que ya están prescriptos, y optan –en una materia donde siempre hay dos bibliotecas- por proteger no a las víctimas sino a los victimarios, precisamente, de las graves violaciones”, denunció Grisoni. Es por esto que no tiene ninguna expectativa de que la situación se revierta con la actual integración de la SCJ.
Lo que dice la Suprema Corte
Consultado por CRÓNICAS acerca de estas acusaciones, el ministro de la SCJ, Dr. Chediak, se excusó de hacer algún comentario sobre opiniones de terceros en este tema, y explicó su postura. “Aquí hay principios jurídicos muy importantes en juego, que hacen a la esencia del derecho penal democrático. Básicamente, los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal más gravosa –consagrados expresamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica-”, indicó.
En lo concreto, declaró que los delitos de lesa humanidad fueron aprobados en la legislación interna del Uruguay desde el año 2006, y son imprescriptibles. Sin embargo, esa categoría de delitos solo existe, en su opinión, para el futuro, por lo cual no puede aplicarse retroactivamente a hechos cometidos con anterioridad, que deben ser juzgados conforme a las tipificaciones delictuales, penas y plazos de prescripción vigentes al momento en que se cometieron.
“Eso es básicamente lo que he plasmado en mis extensas discordias cuando he estado en minoría, y en las sentencias en las que formé parte de la mayoría”, puntualizó.
“La teoría de Fernández Huidobro era absolutamente irracional y absurda”
El abogado especializado en Derechos Humanos y dirigente frenteamplista, Daoiz Uriarte, expresó en diálogo con CRÓNICAS que si bien se consiguieron cosas importantes en materia de verdad y justicia, hay aspectos en los que no se ha podido avanzar. “El gobierno ha tenido voluntad”, aseguró, pero lamentó que es difícil obtener las pruebas ya que no se puede obligar a los militares a que digan dónde están los desaparecidos.
En la misma línea, opinó que si el FA no hubiera llegado al gobierno, no se habría avanzado de la forma en que se hizo. En ese sentido, recordó que la primera administración del presidente Tabaré Vázquez “perforó” la Ley de Caducidad, permitiendo que se juzgara a los militares, a diferencia de lo que sucedía en los períodos anteriores.
Durante el segundo gobierno de la coalición, “la teoría que se desarrollaba desde ciertos sectores que habían integrado el MLN, y en particular, del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, era que esto había sido un enfrentamiento y que los caídos eran víctimas de una guerra”, enfatizó. No obstante, aseguró que esa posición es “absolutamente irracional y absurda”, puesto que los enfrentamientos armados duraron hasta el 72, y en ese año ya todo el MLN estaba desarmado y sus principales dirigentes, presos. Entonces, en realidad la dictadura a quien atacó fue a los grupos políticos, fundamentalmente a los de izquierda, agregó.
Uriarte fue el impulsor y uno de los redactores del primer proyecto de interpretación de la Constitución y de eliminación de la Ley de Caducidad, aquel proyecto que fracasó por el voto negativo del diputado fallecido Víctor Semproni.
“Para los que somos defensores de los derechos humanos, esto no es un tema de venganza, sino de justicia. Nuestro deber es seguir investigando porque se lo debemos a las víctimas y a la historia. No puede volver a ocurrir. Cada vez que alguien pide que vuelvan los militares, tiene que generar la reacción de todo el sistema político”, manifestó.
Finalmente, aseveró que no se ha investigado de la forma en la que se debió haber hecho, dada la actitud no proactiva del Ministerio de Defensa en el gobierno del expresidente José Mujica.
