Después de la imputación de ocho trabajadores de la empresa Friopan, el abogado de la empresa Andrés Ojeda, dijo a CRÓNICAS, que el caso marcó un antes y un después en la jurisprudencia relacionada a las ocupaciones. Por otro lado, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira dijo que “judicializar conflictos termina – de un lado y del otro- generando las peores circunstancias”.
Esta semana la Justicia imputó a ocho trabajadores de la empresa Friopan, quienes en 2019 ocuparon la planta de panificados. En aquella oportunidad, se difundió un video donde se veía cómo los trabajadores habían dejado estropear la mercadería que se encontraba en las máquinas lo que ocasionó a la empresa la pérdida de 2.000 kilos de masa.
Para la audiencia habían sido citados nueve trabajadores, de los cuales solo se presentaron ocho que resultaron imputados por un delito de daño agravado.
El noveno citado no fue imputado porque faltó a la audiencia y se está evaluando si fue correctamente notificado. De haber sido así, en la próxima audiencia de formalización el trabajador deberá ser conducido a dicha instancia por la fuerza policial.
En entrevista con CRÓNICAS, el abogado de la empresa, Andrés Ojeda, expresó que este caso marcó un antes y un después en la jurisprudencia relacionada a las ocupaciones.
“El precedente está; el hecho de que se formalice una investigación contra funcionarios por incumplir deberes de cuidados en el marco de una ocupación ya quedó”, indicó.
Para el profesional el mensaje de fondo es que “quien ocupa también tiene obligaciones”. Indicó que hay una responsabilidad por omisión, porque los trabajadores eran plenamente conscientes de cuáles eran las consecuencias de dejar las masas en las maquinas.
En esa misma línea, según el abogado, al momento de la ocupación hubo una conversación entre el dueño de la empresa y los ocupantes en la que el empresario les solicitó que le dieran tiempo de sacar la mercadería que estaba en la maquina o que la sacaran ellos. La respuesta de los trabajadores habría sido: “nosotros sabemos lo que tenemos que hacer; ustedes se van”.
“Quien entra y ocupa tiene que tomar recaudos y pasa a ser garante de la situación que está gobernando, que es la ocupación”, remarcó Ojeda.
Por otro lado, el abogado expresó que la Fiscalía argumenta que la pérdida de ventas y otras cuestiones son consecuencia de cualquier ocupación.
Por tanto, el caso llega a estas instancias no porque se haya dado una ocupación- los trabajadores están en pleno derecho de hacerlo- sino por los daños que sucedieron en ella.
Otros en la misma situación
Acerca de si otros empresarios le habían consultado por situaciones similares, Ojeda dijo que recibió llamados en los que le comentaban que estaban acostumbrados o pensaban que “este tipo de desmanes producidos en el marco de una ocupación era algo que estaban obligados a tolerar y la realidad es que no”.
“Uno puede ocupar, pero no puede dejar que se rompan o pierdan las cosas por no tomar recaudos mínimos”, reflexionó el abogado.
La posición del PIT-CNT
En este contexto, CRÓNICAS se contactó con el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, quien manifestó que la posición del PIT-CNT es clara: “judicializar conflictos termina- de un lado y del otro- generando las peores circunstancias”.
Consultado acerca de si sigue pensando que una ocupación “mal utilizada es un golpe a la organización», Pereira dijo que sí, pero aclaró que es un tema aparte del caso judicializado.
“Lo sigo pensando, pero no tiene nada que ver con lo penal”, puntualizó.
