Luego del paso de Néstor Campal por la Comisión Investigadora de Financiamiento de partidos políticos de la Cámara Baja, el diputado frenteamplista Alejandro Sánchez admitió a CRÓNICAS que quedó demostrada “la falsa opinión de la oposición” y planteó que podría haber un financiamiento encubierto de parte de los medios de comunicación hacia una fórmula política determinada.
El diputado oficialista, Alejandro Sánchez, vicepresidente de la Comisión Investigadora de Financiamiento de partidos políticos, en diálogo con CRÓNICAS, aseveró que esta tiene una intencionalidad política de echar ‘un manto de sospecha’ y que luego, cuando se demuestra que “determinadas acusaciones son falsas”, la difusión de los resultados es menor que la de la denuncia.
En este orden, el frenteamplista observó que actualmente se vive un momento de “pos verdad”, donde se emiten acusaciones sin mucho fundamento, ante las cuales la Justicia luego no encuentra elementos para investigar.
“Hay un tipo de intención de carácter electoral y político, por eso para nosotros es importante investigar y que se conozca”, expresó.
Además, dijo que existe una contradicción, puesto que los partidos políticos que cuentan con representación parlamentaria se están investigando a sí mismos. “Pareciera ser que no es el mejor de los casos cuando estamos investigando el financiamiento de nuestro partido y el de las campañas que nos trajeron al Parlamento”, comentó.
Fripur
La Comisión comenzó su trabajo de relevamiento por la empresa Fripur. Es por esto que el pasado lunes los legisladores recibieron al ex director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Néstor Campal. Sánchez, aseguró que “quedó demostrado” que los permisos de pesca de la empresa Fripur fueron otorgados por gobiernos no pertenecientes al Frente Amplio. En este sentido, señaló que el primer permiso de la instalación tuvo lugar en el año 1974, renovándose en 1984 y en 1987. Los permisos de pesca para que los buques accedieran a determinados tipos de pescado llegaron en la década de 1990, agregó.
“La planta fue autorizada por otros gobiernos. Lo que buscó la Intendencia de Montevideo fue una localización en el marco del ordenamiento territorial”, expresó. Además, dijo que queda demostrado que Fripur es una empresa “muy importante” desde el punto de vista de la exportación, y añadió que tenía “un punto y medio del Producto Bruto Interno y 2.000 trabajadores”.
Sánchez comentó que durante los gobiernos frenteamplistas hubo “determinados problemas”, ocasionados a partir de cambios de criterios bromatológicos que emplea la comunidad europea que obligaron a Fripur a realizar “determinadas transformaciones”.
Asimismo, consideró que las multas recibidas estuvieron asociadas al cumplimiento de las normativas bromatológicas y aseguró que no se ha demostrado hasta el momento ningún elemento que pueda establecerse como una decisión subjetiva de parte por algún organismo público, como la Dirección Nacional de Medio Ambiente o la Intendencia de Montevideo, que esté relacionada con el financiamiento que realizara dicha empresa a algún partido político.
“La empresa ha colaborado, como muchas compañías, a varios partidos en Uruguay”, agregó, aunque señaló que aún no está claro a cuáles, dado que se encuentran a la espera de los balances de la Corte Electoral que integran las declaraciones juradas de los partidos políticos respecto a los financiamientos de las campañas. “Históricamente ha hecho contribuciones a distintos partidos políticos, pero no tenemos los montos ni los elementos”, expuso.
Con la citación de Campal, Sánchez aseguró que quedó demostrada “la falsa opinión de la oposición”, referida a la contaminación. “De las presunciones que tenía la oposición, con respecto a que las decisiones de la Intendencia habían estado orientadas de manera subjetiva, quedó claro que ese no es el caso”, dijo.
Ley de Financiamiento
El Frente Amplio presentará una Ley de Financiamiento de partidos políticos. En este sentido, Sánchez señaló la necesidad de actualización de la principal normativa que vele, en primer lugar, por prohibir el financiamiento de empresas a los partidos políticos. “Hay que agregar elementos de transparencia y precaución, porque si una empresa dona a un partido, puede ser que luego haya un interés para que se tomen decisiones posteriores”, manifestó.
Además, dispone la posibilidad de crear una partida para el financiamiento que provenga de cargos de confianza y de cargos efectivos de los partidos políticos. En esta línea, dijo que los cargos tendrían un impuesto en el orden del 20% de sus ingresos. Además, se plantean incentivos vinculados a la promoción de género y la posibilidad de que el pago que realice el Estado por cada voto tenga alguna bonificación para aquellas listas que involucren a más mujeres, con el fin de acentuar las políticas de igualdad.
Respecto a la comercialización de la publicidad, el legislador subrayó que desde la última elección nacional “hay una diferencia clara” en el cobro a determinados partidos políticos, y ejemplificó que el Partido Nacional fue quien pagó más barato el minuto en televisión, mientras que el Frente Amplio lo abonó al doble. “Podría ser un financiamiento encubierto de parte de los medios de comunicación hacia una fórmula determinada”, observó.
Tanto a través de tarifas, como de aranceles, debería existir una porción de publicidad gratuita para partidos, opinó, pero recalcó que se deben establecer “reglas claras” para que no hayan beneficios económicos por parte de empresas de comunicación hacia ningún partido”.
