Un paquete de 33 artículos referidos a la seguridad pública, pertenecientes a la Ley de Urgente Consideración (LUC), vigente hace más de un año, es defendido por la coalición de gobierno como garantía para la seguridad de la población, mientras que la oposición considera fundamental su derogación. En este contexto, diputados de ambos sectores, que integran la Comisión Especial de Seguridad de la Cámara de Representantes, expresaron sus opiniones en diálogo con CRÓNICAS.
Por Luana María Rizzo | @LuanaMariaR
Los artículos de la LUC asociados a la seguridad pública son 33. La normativa está vigente hace más de un año y el Frente Amplio (FA) y organizaciones sindicales buscan derogarla a través del mecanismo de referéndum. La convocatoria está prevista para el próximo 27 de marzo.
En el apartado de seguridad se aumenta el alcance de la legítima defensa y se le atribuyen nuevas potestades a la policía, con el objetivo de otorgarles un mayor respaldo para ejercer su labor. La ley posibilita a los agentes a llevar a comisaría a los ciudadanos que no porten su identificación y los habilita a realizar registros a personas o vehículos.
Adicionalmente, mantiene los antecedentes de los menores de edad ante delitos graves e incrementa las penas en crímenes como homicidio, abuso sexual, y violación.
Asimismo, elimina la libertad anticipada para algunos delitos como copamientos, extorsiones y rapiñas, limita la aplicación del régimen de semilibertad, endurece las penas para ciertos crímenes vinculados al abuso sexual, la ocupación indebida de espacios públicos y el narcotráfico, aparte de excluir los delitos graves de la posibilidad de redimir pena por estudio o trabajo.
Al mismo tiempo, crea sanciones por agresiones al personal de salud, el transporte y la educación, eleva de dos a cuatro horas el tiempo que la policía tiene para interrogar antes de comunicarse con el fiscal de turno y establece el trabajo obligatorio para los reclusos.
La ley castiga el encubrimiento, la resistencia al arresto, el ataque a los efectivos policiales, las fugas de los presos y la destrucción de bienes de la policía y de las cárceles.
Números más favorables
El diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, planteó a CRÓNICAS que la derogación de estos artículos implicaría tener una Justicia “mucho más débil” e injusta. “Creo que los delincuentes, tanto los menores como los mayores de edad, se sienten fortalecidos desde ese lugar, se sienten impunes; no hay leyes que los penalicen en cuanto a la gravedad de sus actos y es un descontrol, como ha sucedido hasta ahora”, remarcó.
El legislador destacó que los artículos más importantes son los asociados a la legítima defensa, la resistencia al arresto, la defensa de la propiedad o inmueble y el mantenimiento de las penas en el caso de los menores. A su vez, recalcó que los números de seguridad que hoy son más favorables se deben a la LUC. Y agregó que “esta ley ya rige hace más de un año y medio y ha ayudado mucho a que bajen los delitos”, dato que considera muy relevante.
En referencia a los dichos de la oposición con respecto al abuso policial y el gatillo fácil, Andújar discrepó y aseguró que eso no ha sucedido. “El gatillo fácil es una leyenda, es un cuento, no existe. Los números demuestran que no ha sucedido y que no ha habido modificaciones que sean relevantes a partir de la entrada en vigencia de la LUC”, expresó. En tanto, mencionó que con la LUC disminuyeron los casos de delincuentes abatidos.
Abuso policial
Por otro lado, el diputado del FA, Nicolás Lorenzo, consideró que con la LUC “no se le dan garantías a nadie”.
Como tema principal del debate en materia de seguridad, el representante nacional nombró la discrecionalidad policial. Explicó que la misma genera ambigüedad por las diferentes interpretaciones que puedan tener los policías, lo que podría producir falta de garantías para los mismos y para la sociedad civil.
“Hemos tenido una serie de denuncias de abuso policial, justamente por esa dualidad de criterio que se puede llegar a entender por parte de cada uno de los agentes policiales”, sostuvo, y añadió que habrá diferentes formas de accionar según lo que entienda cada policía.
En referencia a la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada para ciertos delitos, el parlamentario frenteamplista expresó que se está condenando de por vida a las personas, quitándoles la posibilidad de la reinserción en la sociedad.
El diputado explicó por qué este paquete de medidas de seguridad debe ser derogado y subrayó como principales dos problemáticas. La primera es la superpoblación del sistema carcelario. “Se estima que se va a llegar a 20.000 personas privadas de libertad, lo cual es un absurdo para la población que tenemos”, argumentó. El segundo problema, comentó, es el enfrentamiento que podría generarse en la sociedad, debido a las ambigüedades que se presentan en el tema anteriormente mencionado de la discrecionalidad policial. “Para que esto no ocurra tienen que derogarse los artículos”, concluyó.
