El diputado colorado Conrado Rodríguez respondió a los dichos de Alfredo Asti sobre la derogación de la obligatoriedad de la ley de Inclusión Financiera. Aseguró que no se trata de coartar libertades, sino todo lo contrario. Añadió que la ley no cumplió con la meta de eliminar la informalidad, pero sí el gobierno pudo recaudar más “porque esa era la verdadera meta”.
Días pasados, Alfredo Asti, dirigente de Asamblea Uruguay, publicó en su cuenta de Twitter una lista de lo que entiende como desventajas en caso de derogar la obligatoriedad de la ley de Inclusión Financiera actual. De cara a esos dichos, Conrado Rodríguez, diputado colorado y uno de los impulsores de las modificaciones de esta ley, dijo en diálogo con CRÓNICAS que las ideas fundamentales del Frente Amplio al impulsar la normativa no fue la de eliminar la informalidad o la evasión fiscal, sino que se trató de recaudar más.
Uno de los ítems que Asti planteó fue que si bien hoy la ley es obligatoria, existen zonas rurales en la que no lo es, ya que se entiende que no están dadas las condiciones para manejarse con tarjetas, pero que, sin embargo, al eliminarse la obligatoriedad, la cifra crecerá más debido a que los empleados se verán obligados a aceptar el pago en efectivo. Por su parte, Rodríguez aseguró que no se trata de una desventaja, porque se puede optar por percibir el pago de manera bancaria. “No comprendo por qué se dice que se excluye a trabajadores. Por el contrario, creo que se amplía la gama de posibilidades de pago”.
El diputado enrabó el análisis del dirigente al tema de la evasión fiscal: “Si justamente lo que se quería era evitar la evasión fiscal, ¿por qué se dejaron zonas del país y localidades sin abarcar? ¿Esto quiere decir que en esos lugares no hay evasión o no es importante el control sobre la misma? No. Esto quiere decir, justamente, que el tema evasión para el gobierno no era tan importante en su lucha”, fundamentó.
Por otra parte, Asti aseguró que actualmente los bancos están obligados a crearles cuentas gratuitas a los trabajadores para percibir el salario por allí, pero que si eso se deja de lado, “aumentaría la discriminación con los sectores más vulnerables”. En ese sentido, Rodríguez afirmó que no derogará la ley, sino la obligatoriedad de la misma, por lo tanto “la posibilidad de pagar remuneraciones dentro del sistema financiero va a seguir estando y claramente las instituciones van a proveer de los servicios necesarios para poder vehiculizar el pago a los trabajadores. No puede haber una crítica en ese sentido”.
En otro de los puntos, el dirigente añadió que una obligación actual es no aceptar el pago en efectivo en la compra de inmuebles, vehículos y operaciones patrimoniales de sociedades anónimas. Aseguró que eliminar esto “significa perforar fuertemente el esquema de lucha contra el lavado de activos». El diputado respondió que en el proyecto de ley que presentó en agosto de 2019, la derogación de la obligatoriedad se excluye a las normas que tienen que ver con la lucha de lavado de activos y otro tipo de delitos. “En ese caso cuando Uruguay haya suscrito determinados convenios internacionales para luchar contra estos delitos, obviamente esa normativa se cumplirá, porque de lo contrario Uruguay tendría responsabilidad internacional”.
Rodríguez expresó que no se opone al avance de la tecnología ni con la posibilidad de que la gente pueda optar por el sistema financiero, pero considera justo que aquella persona que entienda que le complica más estar en el sistema, pueda optar por los medios de pago tradicionales.
Una idea ciudadana
El diputado recordó que hace algunos años el FA decidió flexibilizar la obligatoriedad de la inclusión financiera, lo hizo con los pagos de prestaciones jubilatorias y pensiones. “En parte se tomó la decisión debido a reclamos de la oposición, pero por otro lado fue un llamado de la sociedad civil por completo”, dijo.
Por otra parte, remarcó que la caída de la obligatoriedad de la ley, “bajo ningún concepto” afectaría normas que vayan más allá de pagos de remuneraciones simples. “Si se habla de que la derogación profundizaría la evasión, entonces no se entiende por qué el propio FA hizo modificaciones en la ley de inclusión financiera a la hora de flexibilizar la obligatoriedad”, reflexionó.
Remarcó, además, que la ley no resolvió la informalidad, que en el país sigue existiendo, “es decir que no fue un instrumento hábil para derrotarla”. Aseguró que “poner en tela de juicio la libertad de las personas a cambio de una mayor recaudación -que fue el objetivo principal del FA con esta ley-, es un dilema que rápidamente tenemos que dirimir, estando siempre a favor de la libertad, y ese es un principio fundamental”.
