La Comisión de Constitución y Legislación volvió a discutir la creación de la figura delictiva del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, con propuestas desde Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio (FA). El último también cuenta con un proyecto de fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que no llegó a tratarse este año. CRÓNICAS consultó sobre el tema a los senadores por el FA, Charles Carrera y Silvia Nane, y al senador por CA, Guillermo Domenech.
Por: Catalina Misson
La tipificación del delito por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos es fuente de polémica a nivel internacional desde hace más de medio siglo. Según lo expuesto por el doctor Julio Lens, docente en la Universidad Católica del Uruguay, en la comisión el mes pasado, “no hay consensos ni voces unánimes en materia de la conveniencia y regularidad de este tipo de creaciones legislativas”, pero aún así existe “una tendencia absolutamente marcada” de la incorporación de esta figura, tanto en Latinoamérica como en Europa. La discusión en Uruguay es un paso hacia la actualización y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de corrupción.
El proyecto del FA contó con media sanción en el 2022, y ahora está actualizado. Tanto la propuesta del FA como la de CA fueron analizadas por expertos en la materia, y discutidas con los integrantes de la comisión. Las dos tienen tres componentes en común: que haya crecimiento patrimonial, que sea significativo, y que sea injustificado. El problema principal que planteó la doctora Susana Sotto, de la Universidad Claeh, es que en cuanto a la injustificación, “se crea una presunción relativa de ilicitud solamente por el hecho de no haber declarado un aumento patrimonial, convirtiendo una omisión administrativa en un delito”, lo que “violaría el principio de inocencia” porque “el funcionario no debe verse en la necesidad de producir la prueba de que es inocente”.
Además, se discutieron elementos de los proyectos que se superponen con legislaciones ya existentes, problemas en la redacción sobre el órgano competente en la intimación, y que el proyecto del FA no define qué es “significativo”. Sobre lo último, el doctor Martín Risso, de la Universidad Católica del Uruguay, apuntó que si bien CA “tiene la ventaja” de haber explicitado un parámetro, “puede ser complicado” el hecho de ver como significativo un 30% del patrimonio. “En un patrimonio de millones de dólares, es difícil llegar a ese crecimiento, y en otro el 30% puede ser el cambio de un vehículo. Se tiende a usar cifras fácilmente constatables”, justificó Risso. Lens, por su parte, opinó que la ley integral contra el Lavado de Activos establece que la cifra límite por defraudación tributaria es de UI 1:000.000 –US$ 140.000- lo que podría ser “un umbral sensato” para el enriquecimiento ilícito.
En diálogo con CRÓNICAS, el senador frenteamplista e integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, Charles Carrera, aseguró que “es importante tener herramientas de lucha contra la corrupción pública”, por lo que el FA busca que se aprueben una serie de proyectos como el de financiamiento de los partidos políticos, el de fortalecimiento de la Jutep y el de enriquecimiento ilícito, al que se le dio prioridad. El legislador dijo que “el viejo Código Penal tiene fallas”, y que éste se trata de un delito por el que “hace muchos años las instituciones internacionales llaman la atención al Estado uruguayo” para su tipificación.
Carrera no comparte el inciso final del proyecto cabildante “que presume el delito de enriquecimiento ilícito por no presentar la declaración jurada inicial”, y considera que eso “debe juzgarse como ya se juzga, con la retención de sueldo o la imposibilidad de ser candidato en las próximas elecciones”. Lens refirió a esto en la Comisión, y señaló que “la sola no presentación de la declaración jurada inicial, sin que se verifique un incremento, podría tratarse de una ausencia de transparencia respecto del funcionario” pero “no es de una gravedad tal como para ameritar la respuesta penal”. Carrera opinó que “se debe comprobar que un funcionario público se ha enriquecido a través del poder público”, por lo que entiende que hay que “buscar el equilibrio entre lo que es la tipicidad y la legalidad y no invertir la carga de la prueba”.
La senadora frenteamplista Silvia Nane dijo a CRÓNICAS que los proyectos que están llevando adelante son respuesta a un problemática que trasciende el polémico caso del senador nacionalista Juan Sartori. “La presidenta de la Jutep nos contó que tienen un sótano lleno de declaraciones juradas que no pudieron analizar. Sartori es un pedacito, quién sabe cuántas cosas más están pasando”, advirtió. Por esta incapacidad administrativa, Nane entiende que “hay que ponerse a trabajar en serio” y brindarle a la Jutep herramientas tecnológicas que les permitan sistematizar la información, tal como sucede en los casos de análisis de fraude bancario, así como más capital humano capacitado y “de una probidad ética y moral a prueba de todo”.
Hoy la Jutep depende del Ministerio de Educación y Cultura. Nane agregó que también se busca que ésta tenga mayor autonomía, que “no esté sujeto a ninguna autoridad”, y que “el directorio no se conforme por cuota política”, con un funcionamiento similar al de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sobre los puntos mencionados, el senador cabildante Guillermo Domenech coincidió: “Es obvio que la Jutep necesita más presupuesto y que hay que fortalecerla desde el punto de vista de los técnicos con los que debe contar, sobre todo con gente con formación jurídica y quizás en materia contable”.
REC
¿Para cuándo?
Domenech dijo a CRÓNICAS que el proyecto de enriquecimiento ilícito “solo tuvo una sesión” este año, y que para 2024 “seguramente se van a juntar las dos propuestas porque son bastante parecidas”, aunque “no se habló expresamente de ello”. Con respecto al proyecto de fortalecimiento de la Jutep, la senadora Liliam Kechichian confirmó que “quedó en el orden del día pero no se llegó a tratar, por lo que “queda para marzo del año que viene”. Nane dijo que el presupuesto para la Jutep “se planteó en la rendición de cuentas pero no pasó nada”, y que “la Comisión de Constitución y Legislación tiene un funcionamiento lentísimo para algunas cosas”, a pesar de funcionar todo el mes y tener mayor cantidad de miembros que lo normal.
