Diego Durand, vicepresidente de Ancap
En 2012, cuando Argentina se bajó del proyecto de la regasificadora, “el negocio se acabó”, dado que era el principal socio comercial. Sin embargo, “se siguió caprichosamente gastando dinero hasta 2019”, afirmó el jerarca entrevistado por CRÓNICAS. Además, dijo que en el medio hubo otras señales que indicaban que la iniciativa ya no tenía razón de ser, como un informe del auditor externo de Gas Sayago, la empresa creada para la concreción de la obra, que alertaba por su “riesgo” e “incertidumbre”.
-UTE y Ancap han denunciado presuntas irregularidades relacionadas con Gas Sayago. ¿Qué conclusiones se pudieron sacar hasta el momento?
-Nuestro deber respecto de la situación de Gas Sayago y en virtud de toda la información que Ancap le proporcionó a UTE para la auditoría de gestión que hizo, fue poner en conocimiento de la Justicia los hallazgos y hechos nuevos. Si no lo hubiéramos hecho, habríamos cometido un delito.
UTE presentó una denuncia, Ancap la amplió, y en el ejercicio de mi función ratificamos la denuncia y aportamos información y actas de directorio de la secuencia histórica de cómo comenzó la idea de la regasificadora, hasta las acciones que se tomaron. Hubo directores que se oponían a que se siguiera gastando y generando este proceso.
-¿Cuándo cree que se debió haber frenado la inversión y por qué?
-Hubo distintos episodios que fueron ocurriendo, que fueron demostrando diferentes cosas. Al principio pudo haber habido mala gestión. En 2011 se hizo un memorando de entendimiento entre los presidentes de Uruguay y Argentina, que era nuestro principal socio e iba a invertir dos millones de dólares en virtud de ese acuerdo. En 2012, cuando el país vecino se bajó, el negocio se acabó. Además, ellos empezaron a decir que iban a poner una regasificadora y a competir con nosotros, entonces, eso ya era una señal.
También hay un documento de UTE de 2013 que hacía referencia a una rentabilidad negativa.
Más tarde, en 2015, se fue Gaz de France y dejó todos los caños ahí, o sea, prefirió pagar una multa de 100 millones de dólares e irse. A esto se le suma que el auditor externo de Gas Sayago –que llevaba la contabilidad- dijo ese mismo año que la empresa estaba en riesgo, que había incertidumbre del negocio.
Entonces, ya se había gastado mucho dinero y se siguió caprichosamente con el proceso sin razón hasta 2019.
-¿A qué atribuye la definición de continuar con la obra, pese a estas advertencias?
-Entiendo que la Justicia tendrá que investigar eso, pero es algo que rompe los ojos. Es decir, no tenía sentido, era un “querer hacer” a toda costa, sin importar las consecuencias. Fue una conducta arbitraria, caprichosa, contraria a la lógica y a la razón, y un “no me importa, la hago igual”.
Eso fue lo que terminó generando todos los daños y perjuicios al erario, que los pagamos todos los uruguayos, y esos costos y sobrecostos se trasladaron a los precios históricos de los combustibles de la época y son un lastre que recibimos y que vamos a tener que seguir pagando. Estamos hablando de entre 30 y 40 millones de dólares que todavía no se pagaron y lo vamos tener que hacer todos nosotros, a consecuencia de un negocio que no tenía ninguna razón de ser cuando ya en 2015 estaba claro que no iba a funcionar.
-¿Cuáles son los gastos que más le llamaron la atención?
-Lo cierto es que nunca ingresó un peso en Gas Sayago, pero se gastaron 211.657 dólares en alimentación, 246.690 dólares en maestrías y posgrados y 289.836 dólares en viajes al exterior. ¿Y para qué viajaban si el auditor les decía que el negocio no era viable? ¿No era momento de aflojar un poco y repensar la situación, o actuar con normas de debida administración?
Las empresas vinculadas a Ancap tienen normas de buena administración, principios de igualdad y de competencia. En este caso, Gas Sayago tiene una peculiaridad muy especial: en los hechos, es una empresa estatal, porque los clientes, los fondos y las garantías eran públicos, incluso avalados por la Presidencia de la República de la época. Si era todo tan público, ¿por qué no se creó una empresa pública? ¿Por qué se creó una sociedad anónima? ¿Para pasar todos estos gastos? Por eso, cuando esta administración asumió y aparecieron estos hallazgos, entendimos que teníamos que denunciar.
“Se hicieron maestrías y profesionalización de los empleados de Gas Sayago cuando no tenía clientes ni socios, no estaba en marcha y era ineficiente”.
-¿Por qué cree que no se pudo concretar el proyecto de la regasificadora?
-Ya desde que nació era un proyecto de gran riesgo, aunque los responsables del negocio de la época decían que iba a dar ganancia. En el viaje que se hizo a Seúl (Corea), al que fueron los gerentes generales, dijeron que la empresa era exitosa y que era del Estado uruguayo, o sea que esto avala mis expresiones en cuanto a que era una empresa estatal. Y hacían gastos con tarjetas corporativas, transferencias, cheques.
Son muchísimos los gastos. Hubo un viaje a los Países Bajos, pero todavía no ha aparecido el informe del directorio de ese viaje. Hay gastos incluso en un restorán de primera línea, con estrella Michelin. Se compraron perfumes para el Día de la Secretaria. Si querés hacer un regalo, hacelo con tu plata, no con la de la empresa, cuando los salarios eran por encima de la media.
¿Para qué hacían maestrías y profesionalización de los empleados si la empresa no tenía clientes ni socios, no estaba en marcha, era ineficiente? ¿Por qué seguían gastando? Eso es lo que no se entiende.
Además, se hizo una fiesta en un club para los funcionarios de Gas Sayago, que eran 25, con sus parejas, que la pagamos todos los uruguayos. ¿Por qué tenés que llevar a tu pareja a una fiesta? Primero, no tenés nada que festejar. Segundo, fue una fiesta a la que acudieron 51 personas. Se autorizó y se pagó. El problema es la conducta que se manejaba.
-¿Qué espera de la Justicia?
-Yo creo en la Justicia y quiero pensar que irán a fondo. Una situación muy peculiar es la de OAS, que ya cobró 54 millones de dólares y tiene un juicio de alto riesgo por 30 millones de dólares; aún no se pagó, pero OAS se llevó casi la totalidad de la garantía que se cobró.
Si uno va al lugar y ve la cantidad de piedras que hay, se pagó flete, se compró la piedra, y está ahí, abandonada. ¿Qué destino se le va a dar a todo eso? Hay que gastar plata para sacar esa piedra de ahí y darle otra utilización. No solamente se derrochaba, sino que dejaron un problema para las administraciones que vendrían después.
-Otra auditoría de Ancap detectó la existencia de unas bombas de riego abandonadas en un galpón de la planta de ALUR de Capurro, que fueron compradas en 2008 por un millón de dólares. ¿Qué reflexión le merece?
-Fue una desidia total. Tomamos conocimiento de esa situación y trabajamos sobre la información. Esas bombas fueron adquiridas en 2008-2009 y después la administración posterior, presidida por Marta Jara, trató de venderlas y sacárselas de encima, pero no lo logró.
Lo mismo que pasó con el horno: se compraban las cosas, se dejaban ahí, en abandono, es decir, la plata se gastaba, pero después no se instalaban. Tanto la forma como los procedimientos generaron un problema, porque esas bombas podrían haber solucionado mucho de la problemática del norte. ¿Para qué comprás bombas por un millón de dólares y las tenés ahí abandonadas y no hacés la instalación? Ese tipo de manejo es inconcebible.
–El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, afirmó a CRÓNICAS que “la pérdida de foco” en los combustibles llevó al ente “a cierto descontrol” en las administraciones pasadas. ¿Coincide?
-Sí, comparto lo que dijo el presidente. La esencia de Ancap es refinar y abocarse a los combustibles. El desarrollismo mágico, estos derroches, la compra de un horno de 54 millones de dólares que nunca instalaron y quedó abandonado, forman parte de cómo se manejaban.
Esa plata la puso toda la ciudadanía uruguaya, porque los sobrecostos que tenía Ancap los pagaba la gente, o sea, el barril de crudo bajaba a 40 dólares y los combustibles se mantenían constantes o al alza, pero esa manera de aumento de los combustibles se terminó. Lo que nosotros estamos haciendo es gestionar, optimizar, transparentar, sincerar, comunicar a la población y administrar correctamente.
-En campaña el presidente prometió que bajarían las tarifas, pero ha habido varios aumentos de los combustibles.
-Hay una ley vigente por la cual los precios de los combustibles los fija la Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua), que determina el precio de paridad de importación, y luego lo define el Poder Ejecutivo.
Lo que dijo el presidente de la República en campaña fue en referencia al modo de aumento de combustibles, de que cuando el crudo bajaba, aumentaba el precio del combustible; eso se acabó. La nueva forma implica que, si el crudo baja, va a bajar, y si el crudo aumenta, va a aumentar. Esto está relacionado con el mercado internacional y con el dólar –nosotros compramos en dólares y vendemos en pesos-. Eso es la transparencia total.
Luego, están los sobrecostos de Ancap. Por ejemplo, el portland, GLP y ALUR no eran eficientes. ¿Qué hicimos nosotros? Gestionamos, y en un año ya hemos logrado ahorros solamente en los precios y en el tema con los productores, de 600.000 dólares. Es decir, se está administrando muy bien.
“Antes se compraba sin saber lo que había”
Consultado sobre cuáles son las prioridades del organismo en este momento, el jerarca comentó que el rumbo que se marcaron fue gestionar bien en todas las áreas, optimizar, generar mecanismos de control y establecer una unificación en el trabajo con las empresas vinculadas a Ancap.
En ALUR, por ejemplo, explicó que no había inventarios de mercaderías, por lo cual no se sabía los bienes con los que se contaba. “Hemos detectado que hay 4.000 artículos que no tienen rotación; antes se compraba sin saber lo que había”, criticó.
Agregó que se trata de cuestiones que uno debe trabajar en cualquier empresa privada, como tener control sobre el negocio, gestionar correctamente, optimizar y avanzar.
A su vez, dijo que Ancap está trabajando en el hidrógeno, que es “el combustible del futuro”.
“No corresponde que se hagan ocupaciones, que hoy son ilegales”
En los últimos meses, el sindicato de trabajadores de Ancap ha llevado adelante varias medidas sindicales. Con respecto a la relación que ha tenido el gremio con las autoridades del organismo, Durand aseguró que desde el directorio han estado siempre abiertos al diálogo y se han generado instancias de encuentro en ese sentido.
“Hay que dejar en claro que la empresa es de todos los uruguayos. El sindicato tiene su rol y nosotros tenemos otro papel, que es la defensa y la correcta gestión de los fondos públicos de toda la ciudadanía. Esto es lo que se ha establecido. Muchas veces el sindicato plantea atribuciones o cuestiones ideológicas, pero exceden al ámbito de Ancap, a lo que es la gestión”, explicó.
En tanto, señaló que “no corresponde que se hagan ocupaciones, que hoy son ilegales”, y que, si hay un ámbito de negociación en el Ministerio de Trabajo, no está bien que no se respete y se ocupe, como ocurrió en ALUR.
