El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, alertó por los supuestos perjuicios que padecería el país si se cumpliera el contrato firmado por el gobierno con la petrolera Shell para la construcción de una planta regasificadora en territorio uruguayo.
En setiembre del año pasado, el gobierno firmó un “memorando de entendimiento” con la multinacional Shell, con el objetivo de negociar un posible proyecto para construir una nueva terminal de regasificación. El documento fue aprobado por el Directorio de Ancap y el de UTE –con el voto contrario de los directores de la oposición-, dado que la parte en representación de Uruguay es Gas Sayago, que había sido conformada por ambas empresas públicas para llevar adelante la obra de la regasificadora en Puntas de Sayago que quedó trunca.
Según consta en el acuerdo al que accedió CRÓNICAS, “Shell y Gas Sayago han estado en discusiones con respecto al posible desarrollo de una terminal de regasificación de GNL (gas natural licuado) en Uruguay, con la intención de vender gas a clientes en Uruguay y Argentina”.
Se expresa, además, que “Shell y/o sus afiliadas tendrán el 100% de los derechos de utilización de la capacidad de la terminal”, lo que llamó la atención del nacionalista Pablo Abdala, puesto que “no está claro cuál sería el beneficio que obtendría Uruguay a cambio”, comentó en conversación con CRÓNICAS.
Es por esto que luego de la firma del trato solicitó explicaciones, pero no obtuvo respuestas. Realizó pedidos de informes que no fueron contestados, y acordó con la ministra de Industria, Carolina Cosse, su comparecencia a la Comisión de Industria para el pasado 6 de diciembre, pero ella canceló la reunión a último momento. Llegado el receso parlamentario y dado que Cosse no fijó nueva fecha, Abdala promovió un llamado a sala en el marco de la Comisión Permanente, que se llevará a cabo el próximo viernes 9 de febrero.
Sin derechos
El legislador explicó a CRÓNICAS que si bien se trata de un contrato preliminar, se establecen definiciones que si fueran las bases de la solución final, eso le generaría un grave perjuicio al país, en razón de que los resortes fundamentales de ese acuerdo implican otorgarle a Shell los bienes materiales necesarios para que construya una planta regasificadora, sin licitación ni ley habilitante y sin un rédito explícito para nuestro país.
“Yo creo que en este caso se requeriría incluso una autorización legal, porque esto perfora el monopolio de Ancap en materia de combustibles líquidos y de carburantes, entre ellos, los gaseosos. En esas condiciones se estaría configurando un monopolio privado en favor de esta empresa internacional. Es decir, Shell construiría la terminal, y para eso el Estado le otorgaría el espacio físico y todos los bienes materiales que quedaron del proyecto anterior, los derechos sobre el uso del suelo y hasta la autorización ambiental, lo cual es polémico porque se trata de una obra distinta”, argumentó.
Criticó, a su vez, que según este documento no se le asegura al país el acceso al gas natural. De hecho, en una de las cláusulas se afirma que “las partes se esforzarán por crear una prioridad para los servicios de la terminal, para satisfacer la demanda interna de gas para los usuarios uruguayos en los acuerdos relevantes de venta de gas pertinentes a dichos usuarios”. Esto quiere decir, para el parlamentario, que Shell y Uruguay “harán esfuerzos a los efectos de abastecer la demanda, cuando esa debería ser la primera condición”.
“El gobierno está intentando a toda costa que se construya una regasificadora para compensar el fracaso del proyecto anterior”.
La ministra Cosse explicará el alcance y los fundamentos de esta decisión en la Comisión Permanente el 9 de febrero. Consultada por CRÓNICAS al respecto, prefirió no dar declaraciones antes de la interpelación.
Además de conocer a fondo las razones del gobierno para firmar este contrato, el segundo objetivo que persigue Abdala con el llamado a sala es intentar detener que el memorando continúe su curso si es que el fin del Poder Ejecutivo es su cumplimiento tal cual se firmó. “Si esto desemboca en lo que dice el contrato, cosa que es presumible, para el país sería un daño muy grave e implicaría ceder parte del patrimonio nacional a cambio de nada. Sería [una planta] para uso y provecho de Shell, no la regasificadora del Uruguay”, lamentó.
Finalmente, opinó que “el gobierno está intentando a toda costa que se construya una regasificadora para compensar el fracaso del proyecto anterior y así no tener que reconocer las pérdidas que ha sufrido el país”.
