Daniel Martínez Escames, diputado del Partido Nacional, dialogó con CRÓNICAS acerca de la importancia de la reforma del sistema previsional y los caminos posibles para llevarla adelante. Además, apuntó contra quienes valoran el “costo político” que puede tener una medida como el aumento de la edad de jubilación por encima de la necesidad que tiene el país de buscar una solución al problema de sustentabilidad que padece la seguridad social.
“Nuestro país es reconocido como líder en protección social en la región. La seguridad social, derecho humano fundamental, ha sido un instrumento central de integración y cohesión de nuestra sociedad. Este logro resulta del esfuerzo de muchas generaciones y descansa sobre las espaldas de las futuras. El desafío de preservarlo y adecuarlo a las nuevas realidades requiere la certeza de que las promesas se puedan cumplir y que todos tengan en forma justa un acceso adecuado a los beneficios”. De esa manera comienza el documento elaborado por la comisión de expertos designada para diseñar las bases de análisis de la reforma de la seguridad social.
Este reto obliga al sistema político a actuar en consecuencia, de acuerdo con el diputado Martínez Escames, quien considera que es imperioso reformar el sistema porque hay que darle la sustentabilidad que ha ido perdiendo año a año. De hecho, recordó que desde 2008 existe una tendencia creciente del nivel de tributos y de la asistencia financiera que debe brindar el Estado para sostenerlo y que hoy está en un monto que es difícil de mantener.
En ese sentido, opinó que, si no se hace esta reforma, cada vez habrá que volcar más decenas de millones de dólares al sistema, que se generan por más impuestos destinados al presupuesto del BPS para el pago de jubilaciones y pensiones. “Ello, sin tomar en cuenta la asistencia financiera a otras cajas que están cada vez en peor situación financiera”, agregó. Dijo también que es importante aprovechar el proceso de reforma para corregir algunas “injusticias”, entre las que se destaca que cada peso que aportan los trabajadores genera un “beneficio” diferente según dónde se haga.
El momento es ahora
A su vez, apuntó que el momento de hacerlo “es ahora”, por dos motivos fundamentales. El primero es la urgencia que hay en resolver este problema que cada vez afecta más la salud económica del país. “Si no concretamos en breve un proceso de reforma, corremos el riesgo de tener que utilizar todo el espacio fiscal que genere el crecimiento económico para financiar el sistema de seguridad social y, si no hay incremento de las finanzas públicas, la situación puede hacerse insostenible y requerir sucesivos ajustes fiscales”, explicó.
En segundo lugar, sostuvo que cuanto antes este tema sea encarado, habrá mejores chances de hacer una transición lenta, de entre 15 y 20 años. En la reforma de 1995, ese proceso “duró un año y poco y fue muy duro”, rememoró. Por ende, si se comienza en este momento, será posible hacer una transición mucho más extensa y, por tanto, menos agresiva, aseguró.
Según su visión, mientras más se demore la búsqueda de soluciones, posiblemente se acorten los plazos para transiciones “suaves”, y los ajustes pueden ser más “bruscos”, generando “inequidades relevantes” entre las generaciones que logren alcanzar una pasividad por el régimen vigente y aquellas que ingresen en el proceso de reforma.
Polémica por la edad de jubilación
Consultado sobre cuáles son los principales caminos que se pueden seguir para hacer frente a esta reforma, el legislador afirmó que una de las medidas acordadas en la comisión de expertos y que tuvo mayor repercusión pública fue la de elevar la edad de jubilación en forma gradual hasta llegar a un mínimo de 65 años. “Para algunos esta es una medida antipática que puede tener un costo político y social significativo. Esa mirada es bastante egoísta porque la edad de retiro debe discutirse con una visión que vaya más allá del sistema previsional y de la sustentabilidad financiera”, aseveró.
En esa línea, señaló que el efecto de la demografía es “muy fuerte” y plantea diversos desafíos, entre ellos, resolver cómo sostener el crecimiento económico en el mediano y largo plazo con una población envejecida, puesto que, como la gente vive más, aumenta la población de mayor edad.
Esto, asimismo, hace que la descendente cantidad de activos en relación a los pasivos genere problemas de sostenibilidad y justicia entre generaciones, “porque un número menor de activos deberá financiar poblaciones de pasivos cada vez más grandes y por más tiempo”, indicó Martínez Escames.
“En Uruguay, en 1950 había casi ocho personas de entre 15 y 64 años por cada persona de 65 y más años. Hoy son cuatro y en 2050 se estima que serán menos de tres”, alertó. Añadió que el país necesita que la población activa aumente, por lo que “es indispensable que los adultos mayores que sean capaces de permanecer trabajando, decidan hacerlo, aunque estén en edad de jubilarse, y para ello hay que incentivarlos a adoptar esa actitud de todos los modos posibles”.
De igual forma, considera que hay que permitir que los jubilados que hoy tienen prohibido volver a la actividad en la misma caja, puedan iniciar una nueva labor compatible con la jubilación.
Una reforma que garantice derechos
El nacionalista expresó que si la sociedad uruguaya se informara de todos los aspectos que involucra una reforma de la seguridad social, exigiría a los políticos que la lleven a cabo, no precisamente para defender a los jubilados, sino para que el futuro de todos los uruguayos sea posible. A su entender, “no puede haber justicia entre diferentes generaciones sin un sistema de previsión social que equilibre el esfuerzo que se deberá afrontar en los tiempos futuros”.
Por otro lado, declaró que una base indispensable en la que deberá reposar cualquier reforma que se proponga es que debe dar tranquilidad a los actuales beneficiarios de que sus derechos están garantizados, de igual manera que se asegurarán los derechos de quienes están próximos a acceder a ellos.
“Estoy plenamente de acuerdo con lo que planteó la comisión de expertos, de que es necesario revisar diversos aspectos del sistema previsional uruguayo, tal como lo han expresado múltiples gobernantes en los últimos años, para que siga siendo una gran herramienta de protección y cohesión social”, concluyó.
