Ayer jueves, el Directorio de UTE tomó conocimiento de la Resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) referida a Gas Sayago. En comunicado oficial al que accedió CRÓNICAS se informa que la empresa pública remitirá la información al Juzgado del Crimen Organizado de 2° Turno, a través del abogado Jorge Barrera.
La resolución que la Jutep, que analizó ayer jueves el directorio de UTE, concluye que “existe responsabilidad de UTE y Ancap en la fase previa a la constitución de Gas Sayago en cuanto a que no se pudo constatar la existencia de estudios integrales de prefactibilidad y factibilidad que permitieran una adecuada toma de decisiones.
A raíz de este fallo, en la tarde de ayer, el directorio de UTE envió un comunicado oficial al que tuvo acceso CRÓNICAS informando que el caso se elevará a la justicia y argumentando la decisión con algunos pasajes del comunicado que le presentó la Jutep.
Entre ellos se destaca que los directorios de las empresas públicas “habiendo tenido en distintos momentos el poder-deber de reconsiderar su viabilidad, fundamentalmente al perder al socio estratégico (Argentina); o ante las previsiones realizadas por los propios organismos de cuantiosas pérdidas o desvíos, como por ejemplo las diferencias entre lo estimado en inversiones y lo contratado; o al momento de firmar el Acuerdo de Terminación con el consorcio de GNLS S.A, ejecutando la garantía de U$S 100 millones en 2015, persistieron en la continuidad del proyecto a todas luces inviable con el consecuente daño a la Hacienda Pública”.
También la Jutep concluyó que, “una vez creada Gas Sayago, se puede constatar que existió una relación de dependencia entre el ente instrumental y los órganos estatales, por lo que estos tenían el deber de controlar la gestión de la sociedad anónima. A tal punto existía la dependencia referida que algunos miembros de los directorios de los entes eran designados como miembros directos de la sociedad anónima, por lo que al ejercer su rol en ésta no perdían su calidad de funcionarios públicos y los regían las normas y principios de ética de la legislación vigente aplicable a servidores públicos”.
En otro tramo de la resolución, la Jutep, hace referencia a que “estuvieron ausentes los principios de la buena administración tanto en la gestión financiera como en el uso de procedimientos idóneos para alcanzar los fines”.
La Jutep afirma también que se puede sostener razonable y objetivamente que la gestión general del proyecto fue deficiente y esto implicó transgresión a las normas y principios éticos tanto de raigambre constitucional, como legal y reglamentario, todo lo cual puede resumirse en la violación del principio de legalidad. Conforme a la normativa vigente, la violación a dichos principios puede constituir falta administrativa y consecuentemente aparejar sanción, una vez sustanciados los eventuales procedimientos disciplinarios que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados por las acciones u omisiones en la gestión del Proyecto Regasificadora.
Sin sentido
Semanas atrás, el expresidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, declaró como indagado en la causa de Gas Sayago y aseguró que el Lava Jato fue el tsunami que arrasó con el proyecto, concepto que compartió el expresidente de la República, José Mujica.
A este respecto, el abogado de la causa, Jorge Barrera, dijo en rueda de prensa: “Si la culpa es de OAS y Lava Jato, ¿por qué siguieron con Gas Sayago cuando se conocía que no funcionaba?”.
El abogado apuntó que el informe confirma las hipótesis que se plantearon al comienzo de esta investigación, en el entendido que existe un perjuicio económico grande para el Estado uruguayo, “que ha sido la consecuencia de un obrar caprichoso y arbitrario», dijo Barrera.
El representante legal enfatizó que el informe plantea que se afectó el «principio de legalidad», que fue lo que llevó a UTE a realizar la denuncia correspondiente. «Existieron instancias en las cuales se pudo discontinuar el proyecto», puntualizó.
