El diputado del Partido Nacional (PN), Álvaro Viviano, quien fuera director por la oposición en el período pasado del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), conversó con CRÓNICAS acerca de la realidad actual de los menores infractores. Afirmó que por carencias presupuestales deben convivir adolescentes con mayores de edad, algo que la ley no permite. También se refirió a los cambios de la ley de urgencia relativos a la minoridad.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
Desde su creación a fines de 2015, cuando el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) dejó tener bajo su responsabilidad las medidas privativas de libertad, el Inisa no ha podido cumplir en su totalidad con lo que mandata el Código de la Niñez y la Adolescencia. Hoy el organismo administra penas de adolescentes, pero también de personas mayores de edad que ingresan siendo menores y permanecen en el sistema hasta cumplir todo el castigo.
Eso hace que jóvenes de 15 o 16 años deban convivir con individuos que pueden llegar a tener 22 o 23. Esto, para Viviano, desde el punto de vista programático requiere dos ópticas diferentes y, en lo que respecta a la internación, se necesitan lugares separados, como la propia normativa lo establece. “Eso no se ha podido lograr y es lo que hay que seguir intentando”, aunque “implica apoyaturas presupuestales que permitan tener edificios apropiados para la población de esta edad”, explicó el parlamentario.
La aparición del Inisa como organismo especializado fue un avance en la materia y trajo consigo un impacto positivo en el tratamiento de este rango etario. De hecho, los niveles de internación han bajado mucho, indicó el exdirector del instituto. Hoy hay unos 280 adolescentes privados de libertad.
El no cumplimiento de la ley vigente es un debe importante que tiene que ser saldado, de acuerdo con Viviano. Por esto entiende fundamental que se empiece a conversar sobre posibles medidas a tomar. Por ejemplo, que se destinen asignaciones presupuestales especiales para adherir a lo que pide la norma, para que los mayores de 18 sean internados en lugares independientes a los ámbitos de los menores.
De los 280 adolescentes internados, 120 son mayores de 18, lo cual responde a una cuestión “estrictamente presupuestal”. En ese aspecto, el representante nacional espera poder trabajar en este período de gobierno.
El aumento de las penas
El proyecto inicial de ley de urgente consideración proponía duplicar penas para los menores infractores que cometieran delitos gravísimos, subiéndose, de esa manera, a 10 años de privación de libertad. Varios meses atrás, la expresidenta del Inisa, Gabriela Fulco, había advertido que, si eso sucedía, el sistema colapsaría por la carencia de capacidad locativa y presupuestal, según un informe del programa Todo Pasa de Océano FM.
Sin embargo, la redacción fue modificada y se elaboró otra propuesta más “equilibrada”. Para ello, tal como sostuvo Viviano, se consideraron las reglas especiales en función de la protección del interés superior del adolescente, donde Uruguay debe respetar diferentes convenios suscritos a nivel internacional. También se tomaron en cuenta recomendaciones específicas de órganos que trabajan en la materia, entre ellos, Unicef y el Comité de los Derechos del Niño.
En el proyecto final, que se encuentra en Diputados, se mantienen los cinco años de pena máxima, aunque se trate de delitos gravísimos, con excepción de los “delitos verdaderamente graves, de alarma, donde sobrevienen cuestiones patológicas muy complejas”, señaló el nacionalista. Se trata, entonces, de delitos como el homicidio agravado y muy especialmente agravado, y el abuso sexual especialmente agravado.
“Eso se alinea a los criterios que rigen para el Derecho Penal Juvenil y da respuesta a una de las cuestiones más complejas y críticas que la sociedad pedía, que era penar especialmente aquellas situaciones muy complicadas”, agregó.
La semana pasada, el fiscal de Homicidios, Juan Gómez, afirmó en entrevista con CRÓNICAS: “Si un joven de 17 años, 11 meses y 20 días, sale con otro joven de 18 años y cinco días, y cometen una tropelía como asaltar y matar a una persona, el mayor de edad se enfrentará a una pena mínima de 15 años, y el menor, por cuestiones de días, con el mismo raciocinio, estará expuesto a nada más que cinco años de medidas educativas. Entonces, ese tipo de situaciones en delitos muy graves como el que le estoy señalando, merecen una consideración de mayor entidad como respuesta para una sociedad más sana”.
Sobre eso, Viviano opinó que un caso de ese tipo estará contemplado en la nueva norma, por lo cual el delincuente podrá llegar a tener hasta 10 años de privación de libertad. Aunque admitió que quizás la solución acordada no sea perfecta, consideró que, de algún modo, resguarda al sistema de la necesidad de tratar de manera diferente a los adolescentes.
Por último, el legislador aseveró que es necesario perfeccionar y profesionalizar el sistema penal juvenil, pero hoy ese segmento etario “no es el factor de mayor problema” en materia de seguridad y sí lo es la población adulta.
