Con la llegada a la Justicia uruguaya del exhorto sobre una eventual injerencia brasileña en la adjudicación de OAS en la obra de Gas Sayago, el caso volvió a ponerse bajo focos. Ahora la tensión se centra en el fiscal Luis Pacheco, quien luego de analizar las numerosas páginas, decidió solicitarle a la jueza encargada del caso que lo archive. Esto se contrapone a la posición de las partes denunciantes, donde tanto UTE como Ancap solicitan poder acceder al documento. CRÓNICAS dialogó con Felipe Algorta, director de UTE, quien analizó el escenario y apuntó a que por el momento siguen de cerca lo que pueda acontecer.
En noviembre de 2016 comenzó un caso que hasta hoy sigue dando de qué hablar. En aquel momento, el entonces diputado frenteamplista Gonzalo Mujica, fue el voto clave a nivel parlamentario a favor de investigar la denuncia de la entonces oposición sobre la adjudicación realizada en 2013 por parte de la empresa paraestatal Gas Sayago. En concreto, la misma involucra la instalación de una planta regasificadora por parte del consorcio internacional GNLS, conformado por GDF Suez y la japonesa Marubeni, el cual a su vez subcontrató a la compañía brasileña OAS. Las suspicacias surgen expresamente a razón de la adjudicación a esta última, la cual se había visto anteriormente involucrada en escándalos de corrupción en su país.
Este caso pasó formalmente a la Justicia a mediados de 2021, cuando la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el abogado penalista Jorge Barrera, presentaron en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado una denuncia penal para que se investigaran eventuales irregularidades en las inversiones y gastos de Gas Sayago. Tiempo después, de parte de Ancap, se decidió acompañar esta demanda judicial.
El último giro notorio en este caso apareció cuando la Justicia recibió la respuesta del exhorto sobre una eventual injerencia brasileña en la adjudicación de OAS en la obra. Concretamente, se trata de un informe que consta de 300 páginas, al cual reclaman en este momento tener acceso tanto desde Ancap como de UTE. Esta información llegada desde el vecino país apunta, en concreto, a la intervención de un jerarca del equipo del gobierno de Dilma Rousseff sobre la gestión de quien fuera en aquel momento el presidente de la República, José Mujica.
Esto se hizo público por parte del entonces diputado nacionalista Pablo Abdala, quien fue el impulsor de la denuncia parlamentaria en 2016, donde también presentó un escrito de la justicia brasileña. En el mismo quedó asentado que un empresario denunció que el exministro de Industria del gobierno brasileño, Fernando Pimentel, hizo gestiones ante el gobierno de Mujica para lograr que OAS fuera contratada.
Luego de la llegada de este informe, el fiscal del caso, Luis Pacheco, comunicó que considera que el mismo no brinda información relevante y, por lo tanto, le pidió a la jueza especializada en Crimen Organizado y encargada del caso, María Helena Mainard, que lo archive. Ante este escenario, según reveló El País, el abogado de Ancap, Gustavo Bordes, había presentado tres escritos en los que pidió que se gestionen más pruebas, entre ellas la citación de cinco testigos y que las partes puedan tener acceso al informe.
Por otra parte, CRÓNICAS se comunicó con el otro denunciante, UTE. En concreto, le consultó sobre la situación al director por el Partido Nacional, Felipe Algorta. El jerarca confirmó que tampoco han logrado acceder a esta nueva información y que, por el momento, le han solicitado a su abogado defensor, el penalista Jorge Barrera, que intente hacerse de tal documento para su análisis.
Concluyó que, en la actualidad, se mantienen “expectantes de la información que vino de Brasil, como también de lo que va a definir la jueza”. Por lo pronto, señaló que no se tiene en carpeta ningún otro paso, y que a partir de lo que ocurra en estos dos aspectos se decidirá cómo seguir.El director del ente evitó hacer valoraciones sobre el posible impacto de estos datos. En particular, apuntó a que es solo el fiscal quien ha podido acceder y, por lo tanto, el único que por el momento puede hacer un análisis al respecto. Dentro de la misma tónica y bajo una posición de expectante espera, destacó que “hicimos lo que teníamos que hacer”, y que ahora todo queda en manos de la jueza y el fiscal.
