En julio se publicó la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Paralelamente, casos como el de Sebastián Marset ponen en duda la profundidad que tiene en nuestro país el funcionamiento del crimen organizado. Para hablar de esta problemática, CRÓNICAS contactó a Ricardo Gil Iribarne, extitular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), y Leonardo Costa, abogado y asesor en prevención de lavado de activos.
El trabajo presentado por el consultor Alejandro Montesdeoca en el mes de julio contó con la coordinación de la Senaclaft y el apoyo del Banco Central del Uruguay (BCU). Según se destacó en los sitios oficiales, este material sirve de actualización del informe denominado de la misma manera, publicado en junio de 2017. Además, será tomado como “base” para la elaboración futura de una “Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
Consultado por estos nuevos datos, Gil Iribarne comentó que reflejan lo que ya sabían los que han hecho un seguimiento del tema. Explicó que, si bien las normas que se tienen al respecto no muestran grandes debilidades, su aplicación deja mucho que desear.
El contador señaló que el dato importante tiene que ver con resultados, pero en ese sentido, en la actualidad se procesan muy pocas condenas y decomisos de bienes, escenario que toma gravedad cuando paralelamente se llevan adelante un gran número de imputaciones por los delitos conocidos como precedentes a esta práctica.
En concreto, el informe habla de 8.286 personas imputadas por delitos precedentes, desde febrero de 2019 hasta setiembre de 2021. En este mismo período tuvieron lugar 240 imputaciones por delitos de lavado de activos.
Costa coincidió con tal visión, y apuntó a que está claro que se puede advertir una debilidad cuando hay muchas causas por delitos precedentes, y estas ni siquiera se traducen en investigaciones de lavado de activos.
Gil Iribarne, teniendo en cuenta la presente dinámica de control de este delito, concluyó que Uruguay “está generando condiciones para atraer al lavado de activos”, ya que el crimen organizado siempre está atento a los lugares donde “hay más debilidad”, y el país hoy la está mostrando.
Como uno de los puntos positivos del último tiempo, Costa destacó la creación en la pasada Rendición de Cuentas de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Mostró al respecto la esperanza de que se revierta la actual tendencia, aunque no dudó en señalar que la misma tiene carencias de personal. Aseveró además que la falta de recursos aplicados no es parte solo de este organismo descentralizado, sino que también llega a la Senaclaft y al BCU.
Un problema que implica responsabilidades
Gil Iribarne explicó que Uruguay se encuentra inserto en el sistema del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), una organización intergubernamental que se ocupa, entre otras cosas, del combate y la prevención del lavado de activos en esta parte del mundo. Dentro del escenario de responsabilidades, el expresidente de la Jutep señaló que el Gafilat está mostrando en varias partes de la región problemas de efectividad. A raíz de esto, agregó que el grupo se encuentra en la etapa final de una ronda de evaluaciones donde por primera vez se tiene en cuenta la efectividad.
Sin embargo, el especialista fue claro en que desde Uruguay no se le puede echar la culpa al Gafilat, ya que a la interna del país se han realizado una serie de cambios que han debilitado el sistema. Dentro de los motivos que contribuyen a esta suerte de atenuación del control de este tipo de delitos, el entrevistado mencionó las declaraciones de algunas autoridades que le quitan importancia al tema, como la falta de coordinación interinstitucional a la interna del seno estatal.
Aclaró que a pesar de que se haya creado una Fiscalía Especializada, no se van a obtener resultados hasta que la misma no logre tener una correcta coordinación con, por ejemplo, la policía, la Senaclaft, el BCU o la DGI. Desde esa perspectiva, profundizó en que existe en el sistema una “falta de liderazgo” y una debilidad en cuanto al personal que específicamente conozca cómo investigar esta problemática.
En cuanto a lo que tiene que ver con las más recientes medidas de política de seguridad, tanto Costa como Gil Iribarne destacaron la ausencia de herramientas para el tratamiento de la problemática de lavado de activos en las medidas pertenecientes a la “Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva”. Al respecto de esta ausencia, Gil Iribarne afirmó que “tocar la economía del delito es mucho más efectivo que agarrarse a los tiros con los delincuentes”.
Momento de Rendición de Cuentas
Los entrevistados recordaron que en la pasada Rendición de Cuentas se cambió lo que se establecía en el artículo primero de la Ley Integral Contra el Lavado de Activos del año 2018. En el mismo se designaba al prosecretario de Presidencia como presidente de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, pasando ahora a quedar el cargo en manos de alguien que sea designado por el presidente. Tanto Gil Iribarne como Costa cuestionaron este cambio, entendiendo que se trata de una señal de que el sistema político no le está dando a la problemática la suficiente importancia. El abogado se detuvo en la actual Rendición, donde destacó algunos puntos positivos como la designación de recursos para agregar 15 funcionarios a la Senaclaft y, por otra parte, la inclusión de las sociedades anónimas deportivas como sujetos obligados.
