La Rendición de Cuentas que elaboró el Poder Ejecutivo está enfocada en la atención a la primera infancia, la erradicación de los asentamientos y la reactivación del empleo, según han anunciado las autoridades. Sin embargo, desde la oposición advirtieron que el proyecto continúa con una línea de recortes y priorización del ajuste fiscal, lo que acentuaría el incremento de la pobreza y el desempleo.
En concordancia con un objetivo que se había trazado la coalición de gobierno, el proyecto de ley establece un incremento presupuestal anual de 50 millones de dólares para atender los problemas de la primera infancia, a través de un programa que va a contar con la participación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). De esa manera, la atención se focalizará en la alimentación, la educación y la salud de los niños de cero a tres años.
El diputado del Partido Nacional (PN), Sebastián Andújar, explicó a CRÓNICAS que la importancia de este plan radica en que hoy el 21% de las personas bajo la línea de pobreza se encuentran en el segmento etario entre los cero y cinco años, por lo cual esa población necesita un cuidado especial para poder asegurar su desarrollo.
El Frente Amplio (FA) anunció que apoyaría la dotación de mayores recursos a la primera infancia. Sin embargo, el diputado perteneciente a la fuerza política, Gustavo Olmos, expresó a CRÓNICAS que “los 2.500 pesos que se van a otorgar a 65.000 hogares que tienen niños de entre cero y tres años, consumen prácticamente 44 de los 50 millones de dólares”.
Es por esto que a la coalición de izquierda le preocupa cómo hará el gobierno para conseguir los recursos para otras medidas igual de necesarias. Por ejemplo, “había jardines de infantes y centros CAIF que venían construyéndose desde el período anterior, cuyas obras finalizaron en 2020 y 2021, pero en el presupuesto no hay asignación de fondos para su funcionamiento, materiales, equipamiento ni docentes”, remarcó.
Erradicar los asentamientos
En otro orden, la iniciativa legislativa establece la creación de un fideicomiso destinado a brindar soluciones al problema de los asentamientos en Uruguay. Al respecto, Andújar explicó que en algunos casos donde la tierra lo permita, se prevé la regularización de los establecimientos, mientras que en otros en los cuales la situación sea más crítica, se realizará una relocalización de las familias, generando nuevas viviendas en lugares más adecuados.
El propósito de esta resolución es atender la falta de saneamiento y de condiciones de higiene óptimas de las personas que viven en esa realidad, donde los niños carecen de servicios de salud, de educación y alimentación. Para ello, se busca mejorar esta problemática desde el punto de vista estructural.
Sobre este punto se generó una polémica, dado que un artículo en la Rendición de Cuentas faculta al Poder Ejecutivo a descontar parte de las partidas que por mandato constitucional reciben las intendencias, en caso de que estas no cumplan sus tareas de “policía edilicia”, es decir, no eviten la formación de nuevos asentamientos. No obstante, los legisladores de la coalición multicolor y el Ministerio de Vivienda llegaron a un acuerdo para modificar esta medida, que fue rechazada categóricamente por los intendentes tanto oficialistas como opositores.
El problema del empleo
Otra de las grandes metas que se propone el gobierno con este proyecto de ley tiene que ver con la promoción del empleo, para la cual se dispone una inversión por única vez de US$ 8.000.000, destinada a generar políticas focalizadas en jóvenes de 15 a 29 años, en adultos mayores de 45 años y en personas con discapacidad.
De acuerdo con Andújar, la tasa de desempleo y, como consecuencia, el aumento de la pobreza, configuran dos de las situaciones más críticas que vive el país. “Si bien esto venía de antes de asumir este gobierno, la pandemia lo potenció mucho más y el Estado tiene que reaccionar para poder frenarlo”, aseveró.
En tanto, en el FA consideran que las políticas de empleo que incluye la Rendición de Cuentas son muy “limitadas”. Según dijo Olmos, la partida de US$ 8.000.000 equivale a la tercera parte de lo que costó el Plan de Jornales Solidarios. Este fue destinado a abarcar 15.000 trabajadores que durante seis meses obtendrán un ingreso de 12.500 pesos nominales. “Si hubiésemos querido incorporar en ese programa a todos los que solicitaron el ingreso, que fueron más de 200.000 uruguayos, habríamos utilizado 50 veces más recursos de los que están previstos en este proyecto de ley”, graficó el legislador.
Recursos en caída
El diputado Olmos advirtió que la iniciativa elaborada por el Ejecutivo continúa con una línea de recortes y priorización del ajuste fiscal, con una caída en la ejecución presupuestal en todos los ministerios, excepto en Salud Pública. “El fundamento es de mayor eficiencia, pero en realidad el grueso de la baja del gasto se explica por la caída de los salarios públicos y de las pasividades en términos reales, y por la no inversión en algunas áreas, como en vivienda”, lamentó.
Añadió que tras la pandemia aumentaron los usuarios de ASSE, aunque no hay asignación de nuevos recursos, lo que implicará un deterioro de la calidad asistencial, al tener que atender a más gente con menos fondos.
A su vez, sostuvo que Secundaria plantea que, en el quintil de menor nivel socioeconómico, sólo el 28% de los estudiantes lograron seguir los cursos en forma virtual en el momento de la suspensión de la presencialidad, y no hay políticas ni asignaciones presupuestales para recuperar a esa población que ha abandonado los estudios.
Expectativas diferentes
En lo relativo a las proyecciones del gobierno sobre la evolución de las principales variables de la economía, como el PIB y el empleo, Olmos aseguró que “no tienen sustento”, pues “no explican cómo va a suceder”. Como ejemplo mencionó que las autoridades “esperan que la economía crezca un 3,5%, pero la encuesta del Banco Central de expectativas económicas da 2,65%, y ningún operador estima más del 3%”. Por lo tanto, indicó que “el aumento de la pobreza, de la informalidad y las personas en situación de calle, van a tender a permanecer durante mucho tiempo si no se implementan políticas agresivas en ese sentido”.
Por el contrario, Andújar afirmó que “esta es una Rendición de Cuentas social”, con un fuerte enfoque en las poblaciones más vulnerables. “Antes del Presupuesto, el FA dijo lo mismo, que éramos muy optimistas (en las expectativas), y a las pruebas me remito: todas las metas fiscales fueron alcanzadas, y en medio de una tormenta mundial”, argumentó.
En la misma línea, agregó que los niveles de pobreza a fines de 2020 eran iguales a los de fines de 2019. “La diferencia fue que durante el 2020 atravesamos una pandemia y pudimos mantener esos guarismos, o sea, el trabajo que ha hecho el gobierno para que la situación fuera mucho menos grave de lo que podía haber sido, fue exitoso”, concluyó.
